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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-03-2017

La penalizacin del consumo en tiempos de clera
Consumir y castigar

Jorge Vicente Paladines
Rebelin


[] alguien que consume marihuana no es un criminal, no tienen que meterlo preso, es como que si mandes preso a un alcohlico [] el joven o el adulto que va a tener gramos de marihuana se va a ir preso?, es un absurdo, es un retroceso, incluso es inconstitucional porque es retroceder en derechos.

Rafael Correa, Enlace Ciudadano 511, sbado 4 de febrero 2017

[] considero que la tenencia o posesin de sustancias estupefacientes o psicotrpicas para uso o consumo personal debera ser aplicada nicamente cuando el consumidor la mantenga y la use en su domicilio; no es una salvedad para que el consumidor pueda pasear y consumir libremente y sin tapujos el estupefaciente en cualquier lugar que desee.

Rafael Correa, Exposicin de Motivos, Proyecto Reformatorio al COIP, lunes 13 de febrero 2017


La poltica de drogas de la Revolucin Ciudadana no se caracteriza precisamente por su coherencia. De cara a la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales de 2017, el Presidente de la Repblica present un proyecto de ley para reformar la legislacin penal e incluir como delito al porte o tenencia de drogas de uso ilcito en el espacio pbico, restringiendo de forma exclusiva su uso al mbito privado o residencial. Se espera con ello responder al clamor ciudadano que relaciona al consumo como un factor crimingeno, y donde la poltica ve la necesidad de responder con mayor contundencia al microtrfico en el contexto de la campaa electoral y de las encuestas (tiempos de clera). A continuacin, me permito exponer a breves rasgos algunas reflexiones sobre el contenido tcnico as como del entorno poltico de este polmico proyecto de reforma penal.

La naturaleza prohibicionista del proyecto

El lunes 13 de febrero de 2017 a menos de seis das de las elecciones presidenciales de la primera vuelta, el Presidente de la Repblica, Ec. Rafael Correa, present ante la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) para incorporar dentro del artculo 220 el siguiente inciso:

Tal tenencia o posesin debe limitarse a la residencia del consumidor. No se podr alegar la no punibilidad de la tenencia o posesin de sustancias estupefacientes o psicotrpicas para uso o consumo personal en zonas donde se encuentren centros educativos, lugares de trabajo, parques, centros religiosos o lugares pblicos similares. El tal caso se aplicar la sanciona aplicable a la mnima escala (Transcripcin textual)

La propuesta del Ejecutivo parte del paradigma prohibicionista de la guerra contra las drogas, es decir, con un nfasis quijotesco que supone que algn da se dejarn de consumir drogas en todo el planeta. Al margen de que este axioma pueda parecer tico, en la prctica de las polticas pblicas no se puede partir de una posicin que desconozca al uso de drogas como un hecho social. Sera como exigir que para evitar el contagio de VIH se prohban las relaciones sexuales. Por el contrario, los usos de drogas lcitas e ilcitas responden a fenmenos que no solo se articulan con la criminalidad y el mercado, sino tambin con mbitos mucho ms subjetivos como los epidemiolgicos y etnogrficos. De hecho, una poltica integral debe no solo asumir un ethos de prevencin a fin de disuadir o evitar posibles consumos y contactos con las drogas, sino tambin reconocer los usos existentes a fin de promover programas de reduccin de daos (harm reduction).

El paradigma prohibicionista ha entrado en una profunda crisis por su tctica belicista de asociar a la seguridad como respuesta central a los denominados usos indebidos o libres. Los costos sociales dan como resultado una cuenta de miles de muertes por mano de los carteles y otros tantos bajo el monopolio legtimo de la violencia de los estados existen 33 pases que an mantienen la pena capital, una cifra mayor frente a la producida por las sobredosis y la letalidad de las mismas sustancias que se dicen combatir. Este terrible enclave se ha convertido en aliento para la poltica del presidente filipino Rodrigo Duterte, quien argumentando que las drogas son un problema de seguridad, avala las ejecuciones extrajudiciales de ms de 7042 personas en las calles de este pas, de una cuenta que sigue in crescendo [1].

A ello se suma el aparecimiento de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), algunas introducidas bajo la forma de euforizantes legales dentro de un jugoso negocio farmacutico que se ampara en la prescripcin mdica, psiquitrica o teraputica. De forma subterrnea, las drogas legales podran producir los denominados efectos zombis a partir de la dispensacin de frmacos como Celexa o Paxil, los cuales son aplicados incluso sobre un segmento de la poblacin infantil diagnosticada terriblemente como hiperactiva.

El prohibicionismo es doblemente falaz. Por una parte, promete erradicar a sangre y fuego a las organizaciones criminales y a los mercados ilcitos de drogas. Por otra, pretende regular su distribucin requerida para la atencin mdica. Pero en ambos propsitos hay desigualdades. Los mercados ilegales innovan cada vez ms sus estructuras y actores, dentro de redes del narcotrfico capaces de deteriorar an ms a los estados y sus sociedades; a la vez, no existe un debido equilibrio para la importacin mdica de opiceos entre los pases del primer mundo y frica o Amrica Latina, condenando a nuestros habitantes al camino del trfico o a padecer sus enfermedades sin ninguna alternativa. Quienes mantienen este rgimen observan al Sur como catico, degradante y violento.

Restringir el uso de drogas ilcitas en el espacio pblico no hace ms que reforzar este paradigma a partir de su peor herramienta para disuadirlo: el sistema penal. De manera alguna la crtica se ampara en el fundamentalismo del consumo o en la ingenuidad de que ste sea inocuo, sino en lo inapropiado del instrumento para normarlo. Si para fumar cigarrillo o ingerir bebidas alcohlicas existen disposiciones administrativas que regulan los espacios, el uso de drogas ilcitas bien pudo ponderarse a travs de reglas similares, es decir, sin echar mano del encarcelamiento y confundir al consumo con un crimen, pues el proyecto podra castigar hasta con tres aos de prisin a la tenencia o posesin para su uso en el espacio pblico.

El origen de esta radical propuesta se halla en el cabildeo que meses atrs hiciera la Secretara Tcnica de Drogas (SETED) con algunos Gobiernos Autnomos Descentralizados (GADs) del pas. Los municipios de Zaruma, Portovelo (El Oro) y Durn (Guayas) fueron los pioneros en restringir el uso de drogas con nfasis en las ilcitas en el espacio pblico a travs de ordenanzas como la GADMCD-2016-003-O del 31 de mayo de 2016 de Durn. Aunque estas disposiciones no remiten al sistema penal a los consumidores, sus sanciones adems de las multas emplean medidas que de igual forma restringen la libertad de los infractores, como lo son los denominados trabajados comunitarios a travs del uso de la fuerza pblica, una especie de trabajos forzados bajo una identidad correccional.

Al no haber alternativas, la raigambre de este tipo de polticas sera moral y abstencionista. Se asume al espacio pblico como el lugar del no-adicto, quien adems es excluido del derecho a la ciudad y discriminado de cualquier ambiente social. Si para el uso de alcohol se establecen zonas de consumo legal, para el uso de drogas ilcitas se relega a sus usuarios a la clandestinidad. Todo lo contrario a lo que Holanda hizo hace ms de veinte aos con los denominados Coffee Shops, donde se regulan los espacios para el uso de cannabis hasta por 5 gramos; as como las afamadas salas de consumo para el uso asistido de drogas como la herona y metadona en pases como Suiza, donde lo importante es mitigar los efectos de sus prcticas insalubres como son el intercambio de las mismas jeringas, el contagio de enfermedades y las sobredosis. No cabe duda que en este tipo de polticas el enfoque moral y abstencionista jams contribuira a reducir la exclusin social, pues sera simplemente una negacin de la realidad.

Adems del riesgo de ser discriminado, el usuario de drogas ilcitas est lleno de estigmatizaciones. No necesariamente un consumidor es un adicto o usuario dependiente o problemtico. Esta gradacin corresponde a debates que an se mantienen inconclusos en los campos de las ciencias sociales y de la psiquiatra. Sera como concebir bajo el rtulo de drogodependientes a los ciudadanos alemanes que beben cerveza al final de la jornada laboral, o a los bolivianos que mastican hojas de coca. Por el contrario, los usos experimentales, ocasionales o poco frecuentes de drogas como cocana o cannabis no siempre se practican en frente de otras personas o en el seno familiar. Su uso puede corresponder a una prctica individual y reservada de la autonoma de la voluntad, como sucede con la masturbacin. De ah que salir de casa puede ser una forma de no acentuar el estigma, de mantener en privado las prcticas del consumo e incluso de exteriorizarlas en endogrupos.

En este sentido, el proyecto se convierte en un cheque en blanco al cerrar y abstraer la prohibicin de los lugares donde se penalizara la posesin o tenencia para el consumo. No queda estrictamente claro qu significa:

a) Las zonas: distritos, barrios, cuadras, calles, esquinas, etc.?

b) Donde existan centros educativos: escuelas, colegios, universidades, centros de capacitacin, etc.?

c) Lugares de trabajo: fbricas, corporaciones, mercados, informales, ambulantes, buhoneros, calles, etc.?

d) Parques: plazas, zonas verdes, bosques, etc.?

e) Centros religiosos: iglesias, mezquitas, puntos de adoracin, crucifijos pblicos, obras de arte religiosas, El Panecillo, etc.?

f) O, lugares pblicos similares.

La ltima categora ampla la prohibicin a cualquier forma de espacio pblico. Con ello, quienes no posean vivienda o mantengan como su hbitat los puentes o las plazas (habitantes de la calle) estn a merced del sistema penal. Se trata de grupos que no tienen las caractersticas de los mandos medios o lderes de las organizaciones criminales a las que se asocian dentro de los imaginarios colectivos. Se develan entonces notorias diferencias socioeconmicas entre quienes pueden ejercer un legtimo consumo bajo un techo y quienes no. As, a los pobres no solo las drogas les pegan ms duro, sino tambin sus polticas.

El proyecto va en contra de la misma corriente del gobierno

Las adicciones son un problema de salud pblica. Al Estado le corresponder desarrollar programas coordinados de informacin, prevencin y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrpicas; as como ofrecer tratamiento y rehabilitacin a los consumidores ocasionales, habituales y problemticos. En ningn caso se permitir su criminalizacin ni se vulnerarn sus derechos constitucionales Artculo 364 de la Constitucin de la Repblica (Cursivas fuera del texto).

La Revolucin Ciudadana tiene la proeza de haber reformado el instrumento ms anacrnico y punitivo en materia de drogas de nuestra historia contempornea: la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas de 1990 (Ley 108). Se trata de un proceso que tiene olas y contraolas. Dentro de sus olas, es decir, en direccin de una corriente progresista de la poltica de drogas, pueden encontrarse:

i) el indulto a las mulas del narcotrfico de 2008;

ii) la prohibicin de criminalizar el consumo del artculo 364 de la Constitucin de la Repblica de 2008;

iii) la no renovacin del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) de los Estados Unidos en Manta de 2009;

iv) la poltica de umbrales (primeras tablas) para no criminalizar a los consumidores de 2013;

v) la renuncia a las preferencias arancelarias como compensacin a la guerra contra las drogas (ATPDEA) de 2014;

vi) la proporcionalidad de las penas y los umbrales que identifican las escalas del castigo para el trfico (segundas tablas) de 2014;

vii) la nueva ley orgnica de prevencin integral de 2015; y,

viii) el proyecto de ley de cannabis medicinal o teraputico presentado por la Presidencia de la Asamblea Nacional en 2016.

Se trata de ocho pasos que de alguna manera construyeron una alternativa real a la guerra contra las drogas desde componentes polticos de reduccin de daos. Sin embargo, estas olas se descomponen mediante contraolas que vuelven a posicionar al prohibicionismo como el lugar real de nuestra poltica de drogas. As, pueden encontrarse:

i) la reduccin y contrarreforma de los umbrales que identifican las cantidades y tipos de sustancias para el trfico en septiembre de 2015;

ii) el aumento de las penas para los traficantes de mnima y mediana escala en octubre de 2015;

iii) la jurisprudencia de la Corte Nacional (Resolucin No. 0012-2015) para acumular las penas por tipos de drogas hasta por 40 aos de encarcelamiento en octubre de 2015; y,

iv) el proyecto de ley para penalizar la tenencia o porte de drogas en el espacio pblico en febrero de 2017.

La reciente contraola socava uno de los smbolos ms importantes que puso en juego la Revolucin Ciudadana: la prohibicin de criminalizar el consumo establecido en el artculo 364 de la Constitucin de la Repblica. Este principio se convirti en un referente para Amrica Latina y la sociedad civil en pro de los Derechos Humanos, que durante aos ha intentado proscribir cualquier forma de arremeter al libre desarrollo de la personalidad dentro de marcos regulatorios cada vez ms democrticos y garantistas.

Colombia encontr un estndar similar con la afamada sentencia 221 de 1994 de su Corte Constitucional; mientras Argentina lo hizo dentro del Fallo Arriola de su Corte Suprema en 2009. La prohibicin de criminalizar el consumo se convirti en una de las vanguardias ms importantes del constitucionalismo latinoamericano, hacindole frente al Rgimen Internacional de Control de Drogas (RICD), el cual dentro de sus contradicciones tambin ha tratado de imponer las convenciones de la guerra contra las drogas sobre las que tienen estricta relacin con los Derechos Humanos [2].

La culpa de es las tablas y del gobierno que las hizo

A lo largo de la reciente campaa electoral de primera vuelta gran parte de los candidatos enjuiciaron la utilidad de las denominadas tablas, es decir, de las cantidades de umbrales (CU) creadas para legitimar la posesin o tenencia de drogas de uso ilcito, cuyo objetivo es evitar la criminalizacin proscrita en el artculo 364 de la Constitucin ecuatoriana. Su reproche tiene un claro componente poltico: responsabilizar al gobierno de un aparente fracaso en su poltica de drogas y, por ende, de su gobernabilidad. De esta forma, se han relacionado a las adicciones con el trfico, dos problemas cohesionados ahora bajo el mismo sermn securitista.

Los umbrales son parmetros tcnico-polticos que tienden a proteger del sistema penal a los consumidores. Por una parte, gozan de cierto respaldo cientfico debido a la letalidad de una sustancia frente a otra. As, en Ecuador el alcohol puede estar entre las drogas de mayor letalidad por sus efectos psicosociales; sin embargo, dependiendo del pas y de cmo se construya el ndice de letalidad (por salud, por efectos sociales, por accidentes, por militarizacin, por encarcelamiento, etc.), se sabe que desde el enfoque epidemiolgico y la ilicitud la herona es la droga de mayor letalidad y atrapamiento, seguida de la pasta base de cocana (no cocana) y las metanfetaminas [3]. La lista tambin coloca en categoras nada menores al alcohol y tabaco, quedando atrs drogas como la marihuana y el peyote.

El enfoque epidemiolgico informa a la poltica pblica de salud por dnde se debe comenzar en caso de usos prevalentes. No existe ningn estndar mundial que establezca la cantidad de droga que una persona puede usar, debido a que las prcticas de consumo dependen del tipo y calidad de las sustancias, el grado de tolerancia y la capacidad fsica de sus usuarios, los entornos sociales del consumo, as como los hbitos y frecuencias adems de las formas de hacerlo (fumar, esnifar, inyectar), etc.

Por otra parte, los umbrales (tablas) tambin parten de decisiones polticas. Aquello depende del nivel de discusin por sustancias en el debate pblico, as como de la visin econmica de los hacedores de la poltica pblica en funcin de regular los mercados ilcitos. De ah que en el objetivo de evitar la criminalizacin del consumo los umbrales responden a estrategias que sirven para:

i) distinguir la posesin de la oferta,

ii) determinar los grados de penalidad; y,

iii) alejar a la justicia penal como nica respuesta [4].

Los umbrales no cuestionan el cmo y las formas de adquisicin de drogas para el consumo. Dejan abierta inconclusa en realidad la puerta para la regulacin, pues no hay tenencia o posesin para el consumo sin aprovisionamiento en algn mercado.

Pas

Umbral de cannabis en gramos

Australia

Entre 15 y 50 gramos (en cuatro estados)

Colombia

20 gramos

Espaa

200 gramos (para un uso de 5 das)

Estados Unidos

28,45 gramos (California y doce estados ms)

Finlandia

15 gramos

Holanda

5 gramos

Mxico

5 gramos

Paraguay

10 gramos

Portugal

La cantidad necesaria para el consumo hasta por diez das

Uruguay

40 gramos mensuales

Ecuador

10 gramos

Los umbrales se concretizan por la prohibicin de criminalizar el consumo, pues una simple norma o principio no garantiza que el sistema penal se dedique a atrapar consumidores. De hecho, an es latente la sospecha de que en nombre de la lucha al narcotrfico se hayan pescado a verdaderos consumidores confundidos por traficantes. Se trata de una aguda intuicin que merece un mayor anlisis y evidencia. La respuesta a este acertijo est en descubrir si los sistemas penales pudieron probar las actividades de trfico (contrabando) detrs de una simple tenencia o posesin de drogas de uso ilcito; en otras palabras, que la tenencia o posesin no se haya convertido en la nica prueba en contra de los detenidos.

En Ecuador al igual que otros pases de la regin como Bolivia la tenencia o posesin ha sido establecida como tipo penal y como supuesto verbo rector del trfico. El artculo 62 de la derogada Ley 108 (tenencia o posesin) fue la norma ms usada por las agencias de seguridad y justicia para procesar a la mayora de las personas detenidas por delitos relacionados con las drogas. Esta misma filosofa se reproduce de una simple lectura del artculo 220 del vigente COIP, asociando al trfico como un delito que se manifiesta por actividades de tenencia o posesin.

El mantenimiento de esta hermenutica viola lo consagrado en el artculo 3.4(a) de la misma Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas de 1988, que expresamente seala que la criminalizacin de la posesin se deber realizar solo cuando sta tenga como inters alguna de las actividades de trfico. Aquel estndar, de obligatoria y jerrquica aplicacin para Ecuador goza del mismo rango de nuestra Constitucin segn el artculo 424, no hace ms que exigir a los sistemas penales que demuestren el trfico, pues de no hacrselo se estara penalizando a un consumidor detrs de un legtimo acto de tenencia o posesin.

En la prctica habra nada ms que una ambivalencia entre lo rezado en los principios y la aplicacin de los sistema penales. Se plasmara as la siguiente premisa contrafctica: a) queda prohibida la criminalizacin del consumo; pero, b) la posesin o tenencia para el consumo s es un delito. Con ello, el consumo se protege nicamente en la imaginacin de sus usuarios.

Los umbrales pueden ser incmodos en las acciones de las agencias de seguridad y justicia. Por una parte, pondran en duda su histrico trabajo de haber detenido a poseedores como traficantes. Por otra, exigiran una mayor labor y sagacidad en su investigacin. Las cantidades de umbrales no significan una determinacin o frontera entre el consumo versus el trfico como delito, sino un parmetro o referencia. Hacia arriba, cabran consumos que asimismo deben ser protegidos de su criminalizacin. Hacia abajo, puede haber actividades de trfico que se camuflan en los mrgenes del umbral para el consumo.

Generalizar la ltima premisa sera como invalidar la excarcelacin legal de una persona que, habiendo cometido un delito y cumplido su pena, debera seguir encerrada bajo el argumento de que podra volver a delinquir. An con el riesgo de que el narcotrfico intente encubrir sus actividades bajo los umbrales, su funcin tiene un fin ms noble que la distorsin social que pudiera tener al momento de su aplicacin. No obstante, la legitimidad de los umbrales sucumbe ante el reproche del riesgo a la (in)seguridad. As, y para complacer esta posicin, sera un riesgo mayor de que los traficantes se protejan como usuarios de drogas a que los consumidores deban ser confundidos como traficantes.

No ha quedado lo suficientemente claro que Ecuador tiene dos umbrales (tablas). El primero, creado en 2013 con el fin de establecer las cantidades-parmetros para evitar la criminalizacin del consumo. El segundo, creado en 2014 a partir del COIP con el fin de diferenciar los tipos de trfico al que prefiero denominar como escalas de castigo. Se trata de dos objetivos distintos: a) proteger a un consumidor del sistema penal, b) determinar las penas dependiendo de la cantidad y tipo de sustancia para el trfico. Al no haber un punto de diferencia ambos umbrales se confunden en los pisos de la criminalizacin. Si para el consumo se establece una referencia de 0 hasta 10 gramos de cannabis, su criminalizacin en el segundo umbral construyo en su momento una penalidad mnima entre 0 y 300 gramos (gr.) para su sancin trfico a mnima escala, invadiendo hacia abajo a los diez gramos bajo una premisa de sospecha penal. Por ello, el ltimo inciso del artculo 220 del COIP dice textualmente:

La tenencia o posesin de sustancias estupefacientes o psicotrpicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no ser punible.

Su cuestionamiento desde la seguridad convirti a los umbrales en el blanco de la poltica. El mismo presidente Rafael Correa asoci los graves problemas del consumo de herona (la hache) con las cantidades establecidas en las escalas de castigo. An no ha quedado clara la evidencia que haya demostrado tal hiptesis; sin embargo, s fueron evidentes que sus dudas se fundaron en una sospecha de seguridad, es decir, de traficantes camuflados como consumidores [5]. De esta forma, el presidente de la repblica enjuici lo siguiente en el Enlace Ciudadano 440:

Queremos acabar con la droga entre los jvenes? Habr que meter preso a los microtraficantes... He exigido que haya sanciones ms fuertes para los microtraficantes He pedido que la tabla (de penas) sea mucha ms estricta para el caso de la 'H', que est destrozando a nuestros jvenes, y la dosis mnima sea cero. Y ms all de esa dosis, se vaya (el infractor) ms de un ao de crcel y haya prisin preventiva, para que esa gente no vuelva a las calles a envenenar a nuestros jvenes Vamos a rectificar totalmente esta malhadada, equivocada tabla (de trfico), para tener tolerancia cero con la herona (05/09/15, cursivas me corresponden) [6].

Tanto en el primer como segundo (dilogo) debate presidencial, previos a las elecciones de primera vuelta del 19 de febrero de 2017, los candidatos criticaron a las tablas sin precisar si se trataba de los umbrales de consumo o de las escalas de castigo. Se lleg incluso a rotularlas como las tablas de Alianza Pas, es decir, del movimiento oficialista, tal como lo dijera reiteradamente el candidato Abdala Bucaram Pulley. Su trasfondo fue similar al reproche que en 2015 hiciera el mismo presidente Rafael Correa, lo que nos llev a una contrarreforma que redujo las cantidades y aumentara las penas.

Se reformaron las escalas de castigo en nombre de la prevencin a la herona, aunque la reduccin oper a todas las sustancias del umbral. Si antes hubo una confusa frontera entre consumo y trfico, se traslapa an ms la cortina de la criminalizacin sobre el umbral del consumo. De esta forma, el cannabis podra significar un consumo si se posee entre 0 a 10 gr., pero tambin delito (trfico a mnima escala) si se porta entre 0 a 20 gr., y an ms con el agravante de si no se llega a probar con claridad el trfico.

Polticamente las tablas quedaron hurfanas. No hubo un solo discurso de la oposicin que haya salido en defensa de su funcin. A pesar de la propia contradiccin de haber calificado a las tablas como malhadadas, el presidente Rafael Correa trat de sostener dentro del contexto electoral su utilidad para evitar la criminalizacin de los consumidores y responder as a la oposicin que haca lea del rbol cado. Ahora dijo:

[] alguien que consume marihuana no es un criminal, no tienen que meterlo preso, es como que si mandes preso a un alcohlico [] el joven o el adulto que va a tener 5 gramos de marihuana se va a ir preso?, es un absurdo, es un retroceso, incluso es inconstitucional porque es retroceder en derechos. (Enlace Ciudadano No. 511 del 04/02/17)

Solo as la recientemente creada Secretara Tcnica de Drogas (SETED) emprendi una interesante pero quiz tarda campaa donde se trata de explicar para qu sirven las tablas [7]. Su mensaje, no obstante, puede acercarse al prohibicionismo, pues no se reconoce a la tabla como un medio que tambin legitime el derecho a consumir drogas de uso ilcito, sino como una frontera entre la criminalizacin y el tratamiento. En ambos axiomas se reprocha al consumo como un libre ejercicio de la autonoma de la voluntad, es decir, se dice que no habr crcel pero tampoco libertad plena porque habra sometimiento a rehabilitacin.

Se combaten a las drogas o a los drogadictos?

El entorno de las elecciones presidenciales en Ecuador, as como la gestin de la poltica pblica de estos ltimos aos, se encuentran transversalizados de alguna forma por el quehacer sobre drogas. No se trata solamente de la poltica de drogas sino de las drogas en la poltica [8]. Se desarrolla, por tanto, un conjunto de imaginarios polismicos de difcil procesamiento para el Estado. Es ah donde la agenda de seguridad arroja de forma centrfuga a las agencias de la gobernanza civil hacia uno de los extremos: el prohibicionismo. Es decir, descoloca del centro de la poltica de drogas (salud) a los funcionarios encargados de hacerla.

El cambio repentino del discurso del gobierno en la poltica de drogas no deja vislumbrar un escenario firme y coherente sino, por el contrario, un conjunto de toma de decisiones voltil e inseguro. No es ningn secreto que muchos gobiernos de Amrica Latina toman sus decisiones a partir encuestas de opinin, suponiendo que es parte de un ejercicio democrtico. Pero las transformaciones sociales no siempre tienen las mismas dinmicas de los imaginarios pblicos. El matrimonio de parejas del mismo sexo, el aborto, la reduccin de las penas en delitos de baja cuanta o la regulacin de las drogas no gozan de un apabullante respaldo popular.

El gobierno de opinin funda sus decisiones en la medicin de las principales demandas ciudadanas. La mano dura contra las drogas puede convertirse en la ms importante patologa urbana de la misma forma que las necesidades bsicas insatisfechas, donde la venta minorista y el consumo difcilmente se desagregan para merecer abordajes distintos. Se cree entonces que atacando lo uno se soluciona lo otro; es decir, con la misma vara que se usa para combatir a las drogas se combate de paso a los drogadictos.

El proyecto de reformas al COIP prohbe la tenencia o posesin de drogas como actividad necesaria para su uso. Se descarta fcticamente el derecho a drogarse, desconociendo incluso que para hacerlo dentro de espacios residenciales se necesite trasladar por el espacio pblico. Si lo que se pretende es atacar a los narcotraficantes, en el fondo no se hace ms que invalidar al consumidor como sujeto de derechos (guste o no). Se entendera entonces que el objetivo poltico es prohibir el consumo mediante la criminalizacin de la tenencia o posesin con este fin, un golpe frontal al artculo 364 de la Constitucin ecuatoriana. Aquello se reconfirma en la misma Exposicin de Motivos de este proyecto, donde el presidente de la repblica de forma expresa seala:

[] considero que la tenencia o posesin de sustancias estupefacientes o psicotrpicas para uso o consumo personal debera ser aplicada nicamente cuando el consumidor la mantenga y la use en su domicilio; no es una salvedad para que el consumidor pueda pasear y consumir libremente y sin tapujos el estupefaciente en cualquier lugar que desee.

Sostener que no cabe la criminalizacin porque se permite el consumo en los domicilios equivaldra a crear una dimensin subterrnea o area para su abastecimiento como un puente areo al mejor estilo del cuarto sector en la Berln de la posguerra. Se debe reconocer que el proyecto de reformas comenz con un techo inconstitucional cuando al menos pudieron establecerse otro tipo de medidas para regular el consumo en los espacios pblicos, echando mano de sanciones menos drsticas como las administrativas. Su entorno es electoral, por ello la elevada imprecisin de sus motivos y pretensiones que podran llevar a un encarcelamiento de hasta tres aos a sus infractores.

La aparicin del sistema penal dentro de las lgicas del consumo de drogas de uso ilcito no solo puede presentarse de forma grosera. A fines de los aos ochenta, en los Estados Unidos se comenz a experimentar una peligrosa alianza entre el derecho penal y la salud pblica a travs de las denominadas Cortes de Drogas o Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD). Mediante este tipo de programas se genera un sistema de premios y castigos para forzar a un consumidor a rehabilitarse bajo la amenaza de condenarlo penalmente. As, se somete a una persona sospechada/procesada tcnicamente inocente de la comisin de un pequeo delito a aceptar tratamiento teraputico; de no hacerlo o de no rehabilitarse, se levanta la suspensin del proceso judicial, con lo cual habra altas probabilidades de ser condenado y sometido a un encarcelamiento convencional.

Este tipo de programas es muy seductor para quienes hacen poltica pblica de drogas bajo el paradigma prohibicionista. Su marketing social difcilmente encontrara resistencia en la ciudadana, pues el sistema penal no hara ms que brindar ayuda a los adictos a travs de una especie de justicia teraputica. Por ende, quiz detrs del ruidoso proyecto de reformas al COIP no haya que una pretendida introduccin a las Cortes de Drogas, un programa donde los consumidores podran ser tratados como delincuentes a travs de un lenguaje maquillado en viceversa.

El fin de la Revolucin Ciudadana?

Las contraolas de la poltica de drogas no hacen ms que reflejar la incongruencia de todo un proceso poltico al final del segundo perodo de gobierno. Esta no era la caracterstica que posicion a la Revolucin Ciudadana a nivel mundial, al menos mediante contundentes decisiones como el indulto a las mulas del narcotrfico o la descriminalizacin constitucional del consumo de drogas ilcitas, medidas que bien pudieron ser comparables con otras como el asilo poltico a Julian Assange, es decir, en una lnea de subalteridad frente a la hegemona de otros estados.

Un ao despus de celebrada la 30 Sesin Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (UNGASS en sus siglas en ingls), cuya resolucin final invita a la mesura y uso proporcional de los sistemas penales, Ecuador decide destruir el smbolo ms importante de los derechos en materia de drogas: el artculo 364 de la Constitucin de la Repblica. As, y a puertas de celebrarse la segunda vuelta electoral, el proyecto para penalizar la tenencia o porte para consumo no hace ms que corresponder a la clera de un notorio escenario poltico, en el que quiz lo peor no sea perder una eleccin sino la misma identidad

Notas:

[1] La guerra contra la droga en Filipinas avanza a un ritmo de mil muertos por mes, en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/25/actualidad/1485342069_135670.html (acceso 18/02/17)

[2] El Rgimen Internacional de Control de Drogas (RICD) est conformado por tres convenciones y tres rganos: a) La Convencin nica sobre Estupefacientes de 1961, la Convencin sobre Sustancias Psicotrpicas de 1971 y la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas de 1988; y, b) La Comisin de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalizacin de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

[3] Sobre las drogas ms puntuadas por su dao total, vase el estudio de D. J. Nutt, L. A. King, L. D. Phillips y el Comit Cientfico Independiente sobre Drogas, titulado como Drug harms in the UK: A Multicriteria Decision Analysis. Este estudio se public en una de las revistas ms importantes a nivel mundial en la materia: The Lancet - No. 376 (9752), 2010, pp. 1558-1565.

[4] Genevieve Harris, Condenados por los nmeros: cantidades de umbral en polticas de drogas, TNI y IDPC, msterdam y Londres, 2011, pp. 4-8.

[5] Para la poltica, la justificacin de repentina de sus cambios en la materia no se basan en que los consumidores puedan ser confundidos por microtraficantes, sino que los traficantes se camuflen ahora como consumidores. Vase: http://www.elcomercio.com/actualidad/polemica-consumo-drogas-casa.html (Acceso 26/02/17)

[6] Vase: http://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-anuncia-tolerancia-cero-tenencia.html (Acceso 05/09/15).

[7] Vase: https://twitter.com/Prevendrogas_Ec/status/837067543479267333 (Acceso y captura de pantalla 04/03/17)

[8] Frase esgrimida por Hernn Castillo Bujase en conversatorio Poltica de drogas en Ecuador tras un ao electoral: posibles escenarios, Friedrich Ebert Stiftung, Quito (23/02/17).

Jorge Vicente Paladines es profesor de Criminologa y Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador. Miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD). E mail: [email protected] / Twitter @JorgePaladines El presente artculo se encuentra tambin disponible en la versin de www.labarraespaciadora.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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