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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-03-2017

Honduras
Elecciones y narcotrfico

Javier Suazo
Alainet


Los y las hondureas se aprestan a concurrir a elecciones primarias el prximo domingo 12 de marzo de 2017, donde se elegiran a los candidatos a la presidencia de la Republica, diputados y alcaldes por los partidos Liberal, LIBRE y Partido Nacional. Son elecciones atpicas, ya que participa como candidato por el Partido Nacional el actual presidente de la Republica, Juan Orlando Hernndez, amparado en un fallo ilegal de la Corte Suprema de Justicia que autoriza la releccin presidencial violando la Constitucin de la Repblica.

 

Pero tambin ocurren en una coyuntura donde se ha denunciado por una miembro de la banda de narcotraficantes, los Cachiros, la participacin del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), el actual Ministro de Seguridad del presidente Hernndez, Julin Pacheco Tinoco, diputados del partido nacional y liberal y alcaldes, haber recibido fuertes sumas de dinero para permitir la cada de avionetas con drogas y la proteccin de la carga, acompaado del otorgamiento de contratos para la construccin de obras de infraestructura a las empresas propiedad de dicha banda criminal.

 

Como sucede en estos casos, todos los imputados niegan los cargos, aun cuando son resultado de un testigo confeso y arreglos en una Tribunal de Justicia Norteamericano en un caso donde se juzga a un hijo del expresidente Lobo Sosa, declarado culpable y que guarda prisin en EEUU. A criterio del Ingeniero Salvador Nasralla, coordinador del PAC y virtual candidato de la Alianza Opositora (LIBRE, PAC y PINU-SD) a la presidencia de la Republica para las elecciones generales de noviembre de 2017, conformada para evitar la releccin y dictadura de JOH; los imputados deben enfrentar dichos cargos en el pas del norte, para demostrar su inocencia

 

Es tambin una oportunidad para los miembros de la Maccih, orientando y asesorando a la Fiscala de la Repblica para conocer y desarrollar este tipo de investigaciones en el pas, partiendo de la confesin del testigo. La Fiscala, incluso, en este caso, debe limpiar su imagen de ente subordinado a la presidencia de la Republica y garantizar un proceso investigativo transparente y apegado a la Ley. Lo mismo puede decirse de los tribunales de justicia y la Suprema Corte, que para muchos solo ha servido de arriero en el caso de las extradiciones de narcotraficantes.

 

En el frente poltico es donde se han producido ms reacciones. En el caso del partido de gobierno, la defensa de sus miembros cuestionados por estar coludidos con el crimen organizado es permanente, aun cuando va apareciendo nueva informacin que compromete ms a los imputados. Se le considera una campaa de la oposicin poltica para afectar la imagen del presidente Hernndez, restar votos y empaar su triunfo. La esperanza es que tambin se investigue, antes de las elecciones primarias, a dirigentes del partido liberal, ya que el narcotrafico no tiene color poltico. Algunos dirigentes de este partido no se han pronunciado an, pero las denuncias involucran a diputados actuales y aspirantes a la reeleccin. En el caso de LIBRE, no existe temor en su dirigencia poltica que sean investigados sus candidatos, por cuanto muchas de las imputaciones que se hacen ocurrieron despus del golpe de Estado (junio de 2009).

 

Una lectura rpida del problema del narcotrfico en el pas y la coyuntura poltica, refiere al acelerado proceso de deterioro de los partidos e institucionalidad pblica, copada por el narcotrfico mediante la captura de los dirigentes polticos. En Honduras ha surgido una demanda inusual por aspirar a cargos de eleccin popular, incluso a sabiendas que los salarios pagados son menores a los ingresos que se obtienen por el trabajo privado. Implica un fuerte gasto en publicidad y propaganda, e incluso contribuciones no despreciables al partido (compra de la candidatura). Ello es extensivo a los funcionarios pblicos, que responden a los intereses de los polticos y narcotraficantes, ms que a las demandas y necesidades de la poblacin.

 

Ligado a ello, destaca la mezcla. Polticos, funcionarios pblicos y militares como avanzada de apoyo a las actividades del narcotrfico y la venta de drogas. Se ha denunciado la colusin del delito, donde participan policas, polticos y empleados del gobierno. Es un sistema integrado donde uno protege, otro vende influencias y tuerce la justicia y otro hace los mandados.

 

Desde la perspectiva de la sociedad civil, el problema es mucho mayor, ya que la prensa nacional meditica reviste con un bao de pureza y honestidad la imagen de polticos, militares y narcotraficantes, al grado de dudar de su culpabilidad sin tomarse la libertad de conocer la informacin de los juicios y aquella suministrada por la prensa internacional. Igual sucede con las iglesias que aceptan contribuciones monetarias sin investigar la procedencia de los fondos. Incluso, en algunas iglesias evanglicas, las personas imputas son destacados dirigentes invitados como conferencistas.

 

La Academia ha acompaado muy poco los estudios sobre los impactos y efectos del narcotrfico en la economa y sociedad hondurea, ms all de la denuncia y de la informacin de prensa. No hay estudios serios y documentados sobre impactos directos en la dinamizacin de las economas locales, los deportes y el turismo; compra de tierras, uso y explotacin de los recursos naturales. Asimismo, en la destruccin de las economas familiares, la prostitucin, la venta y consumo de droga en los colegios, la migracin, sicariato, extorsin y la corrupcin generalizada.

 

Este tema debe estar presente con ms fuerza en las campaas polticas de 2017, donde los dirigentes de los partidos deben presentar su hoja limpia a la nacin y adems propuestas de cmo combatir y reducir los impactos negativos del narcotrfico en Honduras. La comunidad internacional, hoy ms que nunca debe estar vigilante y ejercer presin a los gobiernos para transparentar los procesos de cambio en una incipiente democracia como la hondurea.

 

Hay que empezar por tomarle la palabra al presidente de los EEUU, de no asignar recursos del gobierno y pueblo norteamericano a narco estados y gobiernos corruptos, son muy valiosos para desperdiciarlos en una coyuntura de perdida creciente de empleo y competitividad global.

 

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184004


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