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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-03-2017

Libertad para los presos polticos de la polica comunitaria

Gilberto Lpez y Rivas
Rebelin


El sistema de seguridad y   justicia establecido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Polica Comunita- ria (CRAC-PC) en el estado de Guerrero, ha estado sujeto a un acoso constante desde todos los mbitos de gobierno, fuerzas armadas y de seguridad, que en colusin con los aparatos judiciales han criminalizado a sus integrantes, quienes han sido encarcelados, acusados de diversos delitos inventados o equiparados, constituyndose en los presos polticos de los pueblos indgenas por parte del Estado mexicano.

Un ejemplo paradigmtico de esta violacin sistemtica y permanente del artculo 2 constitucional, el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaracin Universal de los Derechos de los Pueblos Indgenas es el caso del dirigente comunitario Arturo Campos Herrera, actualmente preso, quien acorde con documentos de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaa de Guerrero, se forja como lder indgena en la comunidad uu savi de San Felipe, municipio de Ayutla de los Libres, donde naci, y a la que regres despus de diversas experiencias educativas y formativas, comprometindose a transformar una realidad lacerante de miseria, marginacin y violencia.

En 1997 participa en la Organizacin Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, siendo elegido comunitariamente coordinador de este esfuerzo organizativo. Arturo Campos Herrera se comprometi a fondo en la defensa de los derechos de los pueblos, denunciando valientemente en 1998 una masacre de siete campesinos por parte del Ejrcito, en la poblacin de El Charco, municipio de Ayutla, que supuestamente colaboraban con el grupo guerrillero Ejrcito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), misma que a la fecha ha quedado impune, a pesar de estar este caso en la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, Arturo Campos fue quien se manifest, en 2001, en defensa de las indgenas mephaa Valentina Rosendo Cant e Ins Fernndez Ortega, quienes fueron violadas por elementos del Ejrcito Mexicano.

Con estos antecedentes, que muestran las cualidades morales y el compromiso de defensa de los pueblos de este dirigente indgena, es lgico suponer que, ante la invasin de los territorios por el crimen organizado y la complicidad comprobada de todas las autoridades del Estado mexicano, Arturo Campos fuera sealado como uno de los principales responsables de que los pueblos de su municipio y sus alrededores pasaran a formar parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Polica Comunitaria, establecindose el 22 de diciembre de 2012 en la comunidad na savi de la Concordia, la Casa de Justicia de El Paraso, municipio de Ayutla.

Para un Estado criminal, como el mexicano, la organizacin autnoma de los pueblos indgenas para garantizar su seguridad e impartir justica es considerada una amenaza inaceptable, por lo que el 21 de agosto de 2013, las fuerzas represivas, en un operativo conjunto, ingresaron a la Casa de Justicia de El Paraso y tomaron presos a ms de 60 autoridades comunitarias, algunos de ellos trasladados a penales de mxima seguridad. El primero de diciembre de ese ao, el propio Arturo Campos fue detenido, acusado de dos secuestros inexistentes, ya que las supuestas vctimas eran, en realidad, personas que haban sido acusadas de diversos delitos (homicidios, violaciones y narcomenudeo, entre otros) y estaban, en consecuencia, siendo procesadas en la Casa de Justicia de la CRAC-PC.

Son tan grotescas e infundadas las acusaciones contra Arturo Campos, que incluso los jueces de diversas instancias han resuelto en su favor, pues ha sido demostrado que no pertenece a grupo criminal alguno y que, por el contrario, los hechos se inscriben en el contexto de la aplicacin de los sistemas normativos de justicia de los pueblos indgenas amparados en la Constitucin y en el marco jurdico internacional.

Tlachinollan informa que la autoridad federal estableci en un fallo favorable al amparo, lo siguiente: a). Que la polica comunitaria es un sistema de seguridad en el que las comunidades eligen a sus policas. Su presencia en la zona ha contribuido a disminuir los ndices delictivos b). La polica comunitaria tiene un marco normativo que la reconoce y le da legalidad y legitimidad () c). Por estas razones, la actuacin de la polica comunitaria en el ejercicio de sus funciones debe ser homologada a actos de autoridad. d). Las imputaciones contra Arturo Campos deben ser analizadas de manera amplia e integral, en un contexto multicultural y pluritnico propio de las comunidades indgenas del municipio de Ayutla, pues lo que en los pueblos mestizos puede no ser una conducta ilcita, en la cosmovisin de los pueblos si puede eventualmente constituir un hecho ilcito que amerite detencin. e). Las declaraciones de los que imputan reconocen las instituciones comunitarias y sus estructuras organizativas, tales como casas de justicia, trabajo comunitario, polica comunitaria, coordinadores, comandantes, entre otros

No obstante que los jueces reconocen estas realidades de los sistemas normativos indgenas, Arturo Campos sigue preso como una demostracin palpable de la impunidad y discrecionalidad con que actan las autoridades. Es evidente que en este caso, como en otros muchos en el pas, se trata de un preso poltico y de conciencia que pretende ser sometido y neutralizado, pasando por encima del cacareado estado de derecho, y pretendiendo impedir el ejercicio de las garantas colectivas de los pueblos indgenas por la va de su criminalizacin. Nuevamente, el Estado mexicano incurre en un desvo ilegal e ilegtimo de poder para agredir a los pueblos indgenas e impedir su libre determinacin y autonoma.

Libertad a todos los presos polticos de la CRAC-PC!

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/10/opinion/018a1pol

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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