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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-03-2017

Garantas y control constitucional en Cuba
Dnde estamos y hacia dnde podemos ir?

Raudiel F. Pea Barrios
Cuba Posible


Pocos son los temas en que socilogos, filsofos, politlogos y juristas estamos de acuerdo, mxime si se trata del tan llevado y trado tema de los derechos humanos. Para unos, los derechos civiles y polticos son fundamentales y, por tanto, tienen preponderancia sobre los econmicos sociales y culturales. Otros, entre los cuales me incluyo, asumen los derechos como nicos, progresivos, indivisibles, interdependientes, e inalienables; resultando imposible la ponderacin de algunos de ellos por sobre los dems.

Lo mismo ocurre con el poder del Estado. Desde los orgenes ms rancios de la teora liberal burguesa se ha defendido, y hoy sigue siendo as, la famosa triparticin de poderes; mientras que la postura de la llamada teora socialista del Estado y el Derecho se ha basado en defender su unicidad, solo aceptando la diferenciacin de funciones entre los rganos estatales.

No obstante lo anterior, si en algo han venido ponindose de acuerdo los tericos de las ms diversas reas del conocimiento, corrientes ideolgicas y escuelas de pensamiento, es en considerar que el solo reconocimiento jurdico de los derechos no basta para su adecuada tutela. La articulacin de garantas, en especial jurdicas y materiales, para la proteccin de aquellos resulta esencial. Lo mismo ocurre hoy con la nocin del control sobre la actuacin del aparato estatal, pues aceptemos o no la posibilidad de dividir el poder, articular mecanismos de control es clave para una adecuada defensa de la Constitucin y los derechos de la ciudadana.

El punto de partida debe ser, a mi juicio, aceptar que el reconocimiento constitucional de un derecho constituye su primera garanta, y que la posibilidad de controlar el quehacer del Estado tambin deviene en mecanismo garante de aquel. Claro est que para llevar hasta las ltimas consecuencias la primera parte de la idea precedente, se requiere comprender el carcter de norma suprema que tiene la Constitucin en cualquier ordenamiento jurdico. Este es el primer paso necesario para entender a cabalidad lo que se quiere decir cuando se clama por su aplicabilidad directa. Hoy la nocin de que la Carta Magna es la disposicin normativa ms importante, y que el acatamiento de sus postulados resulta una clave del ideal democrtico, es fundamental en todos los rdenes.

La Constitucin no es una mera exposicin de principios programticos (normatividad), ni es norma de acompaamiento cuando se aplican a un caso concreto otras disposiciones. Es ante todo una ley; la ms importante de todas por sus contenidos y por los mecanismos empleados para ser adoptada e incorporada al ordenamiento (superioridad). Su aplicacin es imprescindible, sobre todo cuando existe un vaco legislativo ante determinada situacin fctica; o cuando se vulneran derechos por ella reconocidos.

Y es en este extremo donde primero podemos apreciar las falencias al respecto, en la actualidad. Nuestro texto constitucional ha dejado de ser aplicado por los tribunales y otras autoridades jurisdiccionales ante los casos que conocen. Como se dice en el argot jurdico: no se falla con la Constitucin en la mano.

Aunque todos sabemos del no-reconocimiento formal de la jurisprudencia como fuente de Derecho en el pas, tambin a muchos nos preocupa que no existan ni siquiera criterios de sala a partir de la interpretacin de los contenidos constitucionales. Pensemos en cunto enriquecera la cultura jurdica nacional y el quehacer de nuestros rganos judiciales, que al catlogo de derechos reconocidos hoy pudiera aadirse, por solo poner un ejemplo, el derecho a la no discriminacin, a partir de la interpretacin del artculo 42 constitucional. Es cierto que no est reconocida la denominada clusula abierta de los derechos, a diferencia de los textos de 1901, 1940 y muchos otros a nivel mundial. Esta parte de aceptar el carcter progresivo de los mismos, as como evita acudir a la reforma para incorporar otros, apoyndose en ejercicios interpretativos de los jueces. Pero la carencia de dicha clusula no es obstculo para lo que hemos explicado, pues amn de esto y de que no se pueda hablar de una incorporacin de derechos a la Constitucin, s existiran pronunciamientos judiciales que den contenido a principios acogidos por el magno texto.

A lo anterior hay que aadir el escaso conocimiento de no pocos funcionarios (a todos los niveles), de lo que est establecido en la ley de leyes nacional. Eso supone no solo incompetencia, sino la posibilidad de actuaciones administrativas ajenas al principio de legalidad y casi siempre vulneradoras de derechos. Quizs el ejemplo ms elocuente de esto sea el constante llamado de Ral Castro al perfeccionamiento de nuestra institucionalidad que, entre otros muchos males, est afectada por la permanencia de decisores que no manejan los contenidos constitucionales.

Smense tambin nuestros problemas en materia de acceso a la justicia, pues muchos procesos contra la administracin no tienen posibilidad de acudir a la va judicial. De ah que cuando se adopte determinada decisin por el ente administrativo que resolvi respecto a un caso, vulnerndose un derecho constitucional, el ciudadano quede en franco estado de indefensin y desprotegido ante la intervencin estatal. Pensemos en los actuales procesos de la llamada disponibilidad laboral que se desarrollan en las nuestras empresas, y tendremos un ejemplo claro sobre este ltimo aspecto.

Otra cuestin importante es que la base ideolgica y filosfica que se sigui para la configuracin de los contenidos constitucionales estuvo nutrida (y, de hecho, con vistas a la reforma por venir me temo que lo sigue estando), por la denominada Teora del Estado de Todo el Pueblo. La misma llev a considerar que los derechos reconocidos eran fruto de un proceso revolucionario, lo cual es cierto, pero de igual forma implic que aquellos no fueran concebidos para ser oponibles al Estado socialista (artculo 62 constitucional).

Se pens que nuestra administracin y las autoridades estatales, en sentido general, no se extralimitaran en el ejercicio de sus funciones. Pero si esto ocurra bastaba con el ejercicio del derecho a dirigir quejas y peticiones (artculo 63). Todo ello implic, a mi juicio, y de conjunto con otros factores, un escaso desarrollo de garantas procesales para la defensa de los derechos. Apenas se incorpor el habeas corpus en la Ley de Procedimiento Penal y no en la Constitucin, como debi haberse hecho a partir de que uno de sus fundamentos es lo preceptuado en el artculo 59 respecto al derecho a la defensa.

La lgica de lo expuesto en el prrafo anterior sirvi para que nuestro texto pusiera especial nfasis en las garantas materiales, pero se han obviado algunas en el terreno de lo estrictamente jurdico, vinculadas con derechos civiles y polticos. Las remisiones que se hacen a las leyes de desarrollo en materia de libertad de expresin y de prensa, as como con respecto a la libertad de credo y las relaciones Iglesia-Estado, siguen pendientes. Parece ser que nadie se ha dado cuenta en la estructura de poder que muy pronto habrn pasado 25 aos desde la reforma de 1992, un cuarto de siglo, y ah siguen, como la Puerta de Alcal, esos preceptos constitucionales sin desarrollar.

En materia de control ha ocurrido ms de lo mismo. La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se le encomend la tarea de controlar la constitucionalidad de las leyes, decretos leyes y dems disposiciones, ha demostrado a carta cabal su inoperancia en este sentido. Resulta ilgico pensar que un rgano que se rene dos o tres veces mximo en un ao pueda hacer algo ms eficaz; sobre todo si a los defectos estructurales del sistema sumamos otros ms subjetivos, como la escasa capacitacin de muchos diputados en los ms acuciantes problemas de nuestra realidad. Adems, el propio actuar de la ANPP no ha estado exento de cuestionables decisiones, como pudiera ser la adopcin del actual Cdigo de Trabajo (que est viciado, en mi opinin, por doquier de inconstitucionalidad, y considera al trabajo como un derecho).

Del resto de los mecanismos no hay mucho que decir. Similar inoperancia ocurre con el control que, como parte de preservar la legalidad, realiza la fiscala. En el caso del sistema de tribunales, estos deben cumplir con lo establecido en la Constitucin (artculo 5 de la Ley de los Tribunales) y, por tanto, deben intervenir en su defensa. Pero no existen procesos especiales para la proteccin de los derechos de la ciudadana. Por tanto, en la dinmica poltico-jurdica nacional actual no se puede esperar mucho de los mecanismos de control como garantas jurdicas de los derechos.

Sin embargo, como el ttulo de este trabajo implica exponer no solo lo que tenemos sino lo que podramos tener para ir hacia delante, concluir proponiendo algunas ideas al respecto. Un punto de partida lgico sera el replanteamiento de algunos fundamentos filosficos que nos han llevado a concebir los derechos como no oponibles al Estado. Creo que nuestra experiencia ha demostrado, con creces, que en la construccin del socialismo se cometen errores, que pueden afectar los ms preciados bienes de la persona humana. Asumiendo esto, podremos entonces comprender la necesidad de tutelar el acceso a la justicia como va para la judicializacin de la defensa de los derechos en su totalidad. Tambin se requerirn nuevas leyes procesales en sede de los derechos, sobre todo constitucionales.

Habr que acabar de establecer en ley las reglas del juego respecto a determinados preceptos, siempre con respeto de los lmites establecidos por la propia Constitucin. Pudiera valorarse la inclusin de la denominada Reserva de Ley, al menos cuando de derechos y garantas se trate. Especifico que me refiero a ley en sentido estricto, es decir, al fruto del acto normativo desarrollado por la ANPP. No me parece procedente la intervencin de otro rgano (digamos, el Consejo de Estado, va Decreto-ley), tratndose de una materia tan sensible como aquella, y considerando que el legislativo cubano es un rgano de legitimidad originaria. Esto ltimo significa que sus miembros son electos por voto popular.

Por ltimo, pero no menos importante, se hace necesario resaltar el carcter de norma superior de la Constitucin, as como la adecuada definicin de la jerarqua de las fuentes formales del Derecho en Cuba. A la par, debieran establecerse principios generales y rectores para la interpretacin de los contenidos de la ley fundamental, que se constituiran en pautas de accin y control; asegurando la eficacia directa de los postulados constitucionales. Todo esto complementado por una Sala de lo Constitucional o de Garantas Constitucionales dentro del Tribunal Supremo Popular, como espacio a donde podra acudir la ciudadana ante vulneraciones de sus derechos, convirtindose en la ltima voz en esta materia y garanta jurisdiccional concreta.

En fin, queda mucho por hacer en esta temtica y hoy estamos ms ocupados en conceptualizar el modelo econmico que el poltico-jurdico, as que tendremos que esperar. Solo precisar que nada de lo escrito en estas lneas podr decirse que no est inspirado en ideas socialistas. Y no expreso esto como una declaracin de principios, pues sencillamente no se pueden estar haciendo todos los das. Lo digo para que se entienda que ser socialista es, creo yo, un ejercicio de eterna inconformidad, y yo soy un manifiesto inconforme en este tema y muchos otros.

Fuente: http://cubaposible.com/garantias-control-constitucional-en-cuba/



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