Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-03-2017

La organizacin constata la denegacin de indemnizaciones pese al derecho de las vctimas
Amnista Internacional seala la impunidad de buena parte de los atentados del GAL y la ultraderecha

Enric Llopis
Rebelin


Adems de los atentados de ETA, durante la Transicin proliferaron en Espaa las bandas armadas de extrema derecha. El Batalln Vasco Espaol, la Triple A (Alianza Apostlica Anticomunista), Grupos Armados Espaoles, Accin Nacional Espaola, Guerrilleros de Cristo Rey, Grupo Antiterrorismo ETA... En el periodo 1983-1987 actuaron los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberacin), quienes perpetraron torturas, secuestros, extorsiones y el asesinato de 27 personas de las que una decena no mantenan vinculacin con ETA. Fue una organizacin clandestina en la que participaron miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y pistoleros a sueldo, que bajo el conocimiento de altos cargos del Gobierno -Jos Barrionuevo, Ministro del Interior; o Rafael Vera, director de la Seguridad del Estado, ambos condenados por el secuestro del ciudadano Segundo Marey- llevaron a cabo atentados indiscriminados. La descripcin de los hechos se incluye en el informe Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, justicia y reparacin en el contexto del Pas Vasco, publicado por Amnista Internacional en febrero de 2017.

Aun reconociendo que result imposible acopiar todos los datos, otro informe, en este caso publicado por el Gobierno Vasco en 2008, sobre Vctimas del terrorismo practicado por grupos incontrolados, de extrema derecha y del GAL, cifra en 74 los atentados cometidos por estas organizaciones, con un resultado de 66 personas asesinadas y otras 63 heridas. Adems de los 24 muertos y 27 heridos atribuidos al GAL, el documento agrega 18 vctimas mortales y otros tantos heridos al Batalln Vasco Espaol. El Informe-Base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (2013), entre cuyos autores figura la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ofrece una perspectiva ms amplia. En el periodo 1960-2013 da cuenta de 94 muertos y 764 heridos por las fuerzas de seguridad, as como de 73 personas muertas y 426 heridas a manos de bandas parapoliciales y de extrema derecha.

Todas las vctimas de vulneraciones de los derechos humanos tienen derecho a investigaciones prontas, exhaustivas, independientes y sin ningn tipo de discriminacin, defiende Amnista Internacional. El informe sobre la situacin procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014, encargado por el Gobierno Vasco y publicado en 2014, realiza el siguiente balance: de los 27 asesinados perpetrados por los GAL, se habran dictado 12 sentencias (cuatro de ellas por tribunales franceses), un sobreseimiento, nueve archivos y en cinco procedimientos seguidos por tribunales franceses se desconocera la situacin procesal. El 37% de los casos permaneceran sin aclarar (sobresedos y archivados). La Audiencia Nacional espaola dict la ltima sentencia en mayo de 2011, y en ella absolva al expolica Miguel Planchuelo de la comisin de dos atentados en el sur de Francia, en 1986. Amnista Internacional seala que, a partir de las informaciones publicadas por el Ministerio del Interior y su cruce con el informe sobre la situacin procesal, un 61% de las vctimas del Batalln Vasco Espaol, la Triple A, los Grupos Armados Espaoles y los Guerrilleros de Cristo Rey habran percibido algn tipo de indemnizacin.

Sin embargo, el documento Afrontar el pasado para construir el futuro manifiesta su preocupacin por el hecho de que a algunas vctimas se les hayan negado las compensaciones, con el argumento de que pertenecan a organizaciones que practicaban la violencia. En muchos casos estas afirmaciones no han sido siquiera probadas en un tribunal, aade Amnista Internacional. Para pronunciar su negativa, el Estado espaol dice apoyarse en lo establecido por el Convenio Europeo sobre indemnizacin de delitos violentos, en vigor desde 2002. Algunos de los afectados plantearon los correspondientes recursos ante la Audiencia Nacional, que en 14 casos deneg la solicitud de las vctimas y en otros cuatro -tres por atentados del Batalln Vasco Espaol y otro de los GAL- estim su peticin. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, en el verano de 2015 vctimas del GAL y de organizaciones de extrema derecha reunidas en el colectivo Egiari Zor, afirmaron su intencin de recurrir ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con el fin de acceder a las indemnizaciones, inform la Agencia Efe.

Amnista Internacional dedica un captulo del informe a las torturas, en el que manifiesta su preocupacin por las denuncias recibidas desde la dcada de 2000 hasta la actualidad. La organizacin continu recibiendo denuncias crebles de casos de tortura y malos tratos dentro del contexto de la lucha contra ETA, subraya el documento. Tambin recuerda que en 2003 ya se hizo eco de la clausura por orden judicial del diario Egunkaria y la detencin de diez personas con el sostn de la legislacin antiterrorista. Ante las denuncias de tortura por parte de la Guardia Civil, el gobierno de Aznar respondi con amenazas de querella; sin embargo, en 2010 -pasados siete aos del cierre del diario- la Audiencia Nacional absolvi a cinco de los encausados, entre ellos el director Martxelo Otamendi. Tras llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el periodista logr que se condenara al Estado espaol por no haber investigado de manera efectiva- las denuncias de vejaciones y malos tratos, as como una compensacin de 24.000 euros.

Realizado a instancias del Gobierno de Euskadi, el Proyecto de Investigacin de la tortura en el Pas Vasco (1960-2013) identifica y recoge documentacin sobre ms de 4.000 personas que denuncian haber padecido torturas o vejaciones en este periodo. El informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminologa y cuyos resultados preliminares se presentaron en junio de 2016, declara sin ambages: Las vctimas de tortura no han tenido un reconocimiento social ni jurdico efectivo, ni se ha llevado a cabo una poltica de reconocimiento o reparacin adecuada. Se da la circunstancia que la mayora de los casos denunciados (el 76%) se produjeron supuestamente durante la democracia (entre 1978 y 2014). Pese a los desmentidos y contrainformaciones oficiales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conden al Estado Espaol por incumplir sus obligaciones contra la tortura y su prevencin en diferentes ocasiones. Al menos en cuatro casos de ciudadanos vascos (2002, 2003 y 2011), tres de Navarra (2009 y 2011) y uno de Catalua (1992). Amnista Internacional recoge estos datos en su documento de febrero de 2017: Indicaran que la tortura ha supuesto una extendida y persistente violacin de los derechos humanos en Espaa, respecto a las personas detenidas en rgimen de incomunicacin; adems las medidas de prevencin han resultado ineficientes o ineficaces. En mayo de 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emiti otra sentencia condenatoria (Asunto Beortegui Martnez contra Espaa) por no investigar las torturas denunciadas en un juzgado de Pamplona.

No hay informacin oficial y sistematizada, por lo que se trata de realizar aproximaciones a partir de las diferentes investigaciones. El Informe-Base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013) apunta 19 sentencias, en relacin con 31 personas torturadas durante el periodo de incomunicacin. De los diferentes procesos, seala el documento, 27 agentes terminaron indultados. El estudio del Instituto Vasco de Criminologa menciona 21 casos con sentencia condenatoria, y un total de 50 condenados. Hace quince aos Amnista Internacional ya trataba de explicar lo que ocurra con las resoluciones judiciales (informe Acabar con la doble injusticia, de 2004). Hay sentencias firmes y condenatorias por delitos de torturas, cuyos responsables fueron absueltos por prescripcin, o en los que no se identific a los responsables directos. Aada la organizacin de derechos humanos que la situacin de impunidad se agrava cuando las autoridades evitan proporcionar informacin sustancial sobre las investigaciones, si es que ha habido alguna.

El informe destaca la falta de reparacin a las vctimas de la tortura por parte del Estado espaol. Los afectados se topan con barreras como la falta de identificacin de los supuestos responsables o la negativa del Estado, en muchos casos, a afrontar la responsabilidad civil subsidiaria. Amnista Internacional ha sealado reiteradamente la insuficiencia de la Ley del Estatuto de la Vctima (2015) y la falta de ayudas pblicas. Frente a la inhibicin del ejecutivo central, el Gobierno Vasco ha indemnizado a una parte de las vctimas. En julio de 2016, el Tribunal Supremo emiti un veredicto reseable. Anul una sentencia anterior de la Audiencia Nacional, y orden la celebracin de una nueva vista en la que se examinaran pruebas que en su da no acept la Audiencia. El quid del asunto radica en determinar si el ciudadano Iigo Zapirain sufri torturas al permanecer incomunicado tras su detencin, en marzo de 2011. La sentencia del Tribunal Supremo agrega otro elemento significativo. Recuerda las observaciones del Comit contra la Tortura y el Comit de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre una posible impunidad y la falta de investigaciones eficaces sobre la tortura.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter