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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-03-2017

La Jurisdiccin Especial para la Paz
Impunidad para la Fuerza Pblica?

Federico Andreu
Razn Pblica


Un tratamiento especial

Durante las negociaciones en La Habana, el gobierno anunci de modo reiterado que los agentes del Estado recibiran un tratamiento especial.

Tiempo despus el Acuerdo Finaltanto en la versin de agosto como en la revisada de noviembre de 2016 estableci en el punto Jurisdiccin Especial para la Paz que los agentes del Estado seran objeto de un tratamiento especial, simultneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario.

Las lneas generales de ese tratamiento fueron enunciadas por el presidente Santos en varios discursos ante el estamento militar en diciembre de 2015, pero extraamente nunca fueron publicadas en el sitio web del alto comisionado para la Paz.

El hecho es que, en agosto de 2016, junto con el Acuerdo de La Habana se conoci el Anexo II sobre los tratamientos penales especiales para agentes del Estado. Segn la Presidencia de la Repblica, este era resultado de una decisin autnoma e integral del gobierno que no fue objeto de negociacin alguna en la mesa de negociacin de La Habana. No obstante, varios de los lineamientos de ese rgimen especial fueron pactados en la mesa y plasmados en el Acuerdo.

La Jurisdiccin

La ley que establece la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) no ha sido expedida hasta el momento.

Sin embargo, la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnista, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones, as como el Decreto 277 de 2017 que regula su implementacin, establecen el tratamiento especial y los beneficios que se les podrn conceder a los agentes del Estado.

En resumen, la JEP tendr bsicamente dos funciones:

  1. Renunciar a perseguir penalmente a los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o sealados de cometer conductas punibles por causa, con ocasin o en relacin directa o indirecta con el conflicto armado; y
  2. Procesar a los agentes del Estado que hayan cometido crmenes de lesa humanidad, genocidio, graves crmenes de guerra, toma de rehenes u otra privacin grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparicin forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustraccin de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de menores, entre otros.

Aunque al tratarse de agentes del Estado no se habla de amnista o indultos, el mecanismo de renunciar a la persecucin penal tiene efectos similares. Es ms, la JEP no es solo una jurisdiccin penal: est facultada para anular o extinguir la responsabilidad o la sancin disciplinaria, fiscal o administrativa correspondiente al delito que se renuncia a perseguir penalmente.

Puertas para la impunidad

Varios aspectos del tratamiento a los agentes del Estado bajo la JEP son problemticos, cuando no incoherentes o incompatibles con el derecho internacional. Algunos de ellos ya fueron sealados por Camilo Umaa en un artculo publicado en Razn Pblica. No obstante, cabe sealar otros:

Estas ltimas como fue constatado en numerosos casos de ejecucin extrajudicial o desaparicin forzada, as como en el escndalo de las chuzadas del DAS muchas veces hacen parte de la preparacin de un crimen mayor, pero se han investigado separadas de l. En el caso de las chuzadas, por ejemplo, varios funcionarios fueron condenados solo por interceptaciones y actividades ilegales de inteligencia, cuando estos delitos no eran ms que actos preparatorios de un crimen de lesa humanidad bajo la modalidad de persecucin poltica.

De este modo se abre el camino a la impunidad para agentes del Estado involucrados en paramilitarismo o en actividades ilcitas de inteligencia destinadas a preparar la comisin de crmenes que el Estado no puede renunciar a perseguir.

El punto no es insignificante. Aquellos miembros de la Fuerza Pblica que fueron procesados o condenados por negarse a ejecutar rdenes que implicaban la comisin de crmenes (como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas) o la colaboracin con grupos paramilitares, o aquellos que tomaron medidas para que esos delitos fueran investigados por la jurisdiccin penal ordinaria, no podran beneficiarse de la renuncia a la persecucin penal.

Ese sera el caso del capitn y exjuez de instruccin penal militar Alexander Corts, quien investig 55 casos de falsos positivos y los remiti a la jurisdiccin penal ordinaria.

No sobra recordar que, segn el derecho internacional, los funcionarios tienen el derecho y el deber de negarse a obedecer o ejecutar rdenes que impliquen violaciones de los derechos humanos. Igualmente, el Estado tiene la obligacin de garantizar que estos funcionarios no sean perseguidos ni sancionados penal o disciplinariamente por ello.

Pero en el derecho internacional no existen graves crmenes de guerra, sino que frente a cualquier crimen de guerra el Estado tiene la obligacin irrenunciable de perseguir, juzgar y sancionar a sus autores. As mismo, segn el derecho internacional, un crimen de guerra no tiene que ser cometido de forma sistemtica ni como parte de una poltica o un plan para ser considerado como tal: basta con que se cometa la conducta ilcita, aunque haya sido de forma aislada.

De este modo, este nuevo concepto incluido en la Ley 1280 abre una inmensa puerta para que numerosos crmenes de guerra queden impunes.

Esto es incompatible con el principio del derecho internacional segn el cual en situaciones de conflicto armado el ser humano est bajo la proteccin tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos, y la ilegalidad de una conducta debe ser valorada de acuerdo con estas normas. Adems, la referencia a las reglas operacionales de la fuerza pblica y la presuncin de legalidad de las acciones de los agentes estatales son ambiguas y abren un camino para la impunidad.

En efecto, como sealaron los excomandantes de la Fuerza Pblica en su carta dirigida al presidente Santos, por reglas operacionales deben entenderse los reglamentos, manuales y directivas de las Fuerzas Militares que se presume de hecho estar totalmente acordes con la legalidad. Varios de esos lineamientos consideran blanco legtimo a sectores de la poblacin civil, ordenan el desplazamiento interno de poblacin, promueven la prctica de la desaparicin forzada y las ejecuciones extrajudiciales u ordenan crear grupos paramilitares. La Directiva 29 de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional es un ejemplo de esto.

Pretender que esos reglamentos, manuales y directivas establezcan los criterios para determinar si ciertas conductas son un delito, y presumir que estas reglas operacionales son legales, va en contra de cualquier intento de hacer justicia.

El Acuerdo condiciona la responsabilidad penal del superior a que este tuviera el conocimiento basado en la informacin a su disposicin antes, durante y despus de la realizacin de la respectiva conducta criminal, as como el control efectivo de la respectiva conducta.

No obstante, segn el artculo 28 del Estatuto de Roma y otras normas internacionales, la responsabilidad penal del superior se aplica igualmente cuando ste, aunque no haya tenido la informacin, estaba en una posicin de control sobre sus subordinados por la cual l debera saber que el crimen se iba a cometer, se estaba cometiendo o se haba cometido. Es lo que la jurisprudencia penal internacional llama el conocimiento inferido.

Adicionalmente, tanto el Estatuto de Roma como las dems normas internacionales se refieren al control efectivo del superior sobre sus subordinados, no sobre su conducta. As, el Acuerdo de la Habana define el principio de responsabilidad penal del superior de forma restrictiva y contraria a lo establecido por el derecho internacional y abre una puerta ms para la impunidad.

En su Declaracin de principios de junio de 2014, el gobierno y las FARC dijeron con respecto al reconocimiento de responsabilidades que cualquier discusin de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las vctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. De no resolverse estos problemas, la promesa que hicieron el gobierno y las FARC podra resultar vana.

Federico Andreu. Representante para Suramrica de la Comisin Internacional de Juristas.

Fuente: http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10094-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-impunidad-para-la-fuerza-p%C3%BAblica.html


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