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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-03-2017

Un ao despus del asesinato de Cceres, la poltica estadounidense respecto a Honduras sigue sin cambiar

Alexander Main
Rebelin


En los primeros das de marzo, cientos de personas se reunieron en el pequeo pueblo hondureo de La Esperanza para recordar la extraordinaria vida de Berta Cceres, brutalmente truncada por un escuadrn de la muerte en el que participaron agentes de seguridad entrenados por los Estados Unidos.

Durante su breve paso por la tierra, Berta fue una poderosa lder envuelta en numerosas batallas. Lider protestas en contra de los acuerdos comerciales impulsados por intereses corporativos. Fue una figura clave en el amplio movimiento de resistencia pacfica en contra del golpe militar de 2009, que depuso al democrticamente elegido presidente de Honduras. Ms tarde, fue una crtica frontal de la militarizacin que, bajo el respaldo los Estados Unidos, fue desplegada luego del golpe sobre el territorio hondureo.

Berta gan fama internacional por su implacable lucha contra la apropiacin ilegal de tierras indgenas, por corporaciones que buscan acceso a valiosos recursos naturales sin consideracin con los pobladores locales ni con el medio ambiente. Su incansable esfuerzo por detener el proyecto de la represa hidroelctrica Agua Zarca en el territorio indgena lenca le vali el prestigioso Premio Medioambiental Goldman en 2015. Esta lucha tambin condujo a un escalamiento en las amenazas de muerte en contra suya y de sus colegas del Consejo Cvico de Organizaciones Populares e Indgenas de Honduras (COPINH).

En medio de la noche del 2 de marzo de 2016, Berta fue abatida a tiros en su casa en la Esperanza, en medio de una operacin de tipo comando. El asesinato de la activista ms renombrada del pas gener conmocin alrededor de Honduras y el resto del mundo; se realizaron innumerables protestas y vigilias, al tiempo que un amplio espectro de grupos demandaron justicia, incluyendo a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Vaticano y docenas de miembros del congreso de los Estados Unidos.

Un nmero apabullante de activistas han sido asesinados en Honduras en los aos que siguieron al golpe de 2009, y casi todos estos homicidios han quedado en la impunidad. Despus del asesinato de Berta, el gobierno hondureo que recibe decenas de millones de dlares de asistencia estadounidense cada ao ha sido objeto de una enorme presin para investigar adecuadamente su caso, proteger activistas y depurar sus instituciones llenas de corrupcin y criminalidad.

Pero un ao ha transcurrido y la angustiosa realidad es que la situacin de Honduras es ahora ms alarmante que nunca.

En el caso del asesinato de Berta, voceros de la polica siguieron inicialmente el tpico guin cuando se trata de activistas asesinados, insinuando que Berta habra sido vctima o bien de un ex-amante o de un ladrn comn intentando robar su casa. Luego, doblegndose ante la indignacin internacional, las autoridades procedieron con una investigacin que, aunque profundamente fallida, condujo finalmente al arresto de ocho sospechosos acusados del asesinato de Berta. Al menos tres de los sospechosos eran miembros activos o ex miembros del ejrcito hondureo, y otro un alto directivo de DESA, compaa responsable del proyecto Agua Zarca.

Las autoridades hondureas han negado participacin alguna en el homicidio de Berta, pero actas judiciales obtenidas por la periodista de The Guardian Nina Lakhani indican que uno de los sospechosos, el mayor Mariano Daz, haba sido nombrado jefe de inteligencia militar dos aos atrs. Daz, al igual que otro sospechoso del asesinato que sirvi con l en el ejrcito, recibi entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos, segn Lakhani. La periodista tambin indica que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Meja, es un ex oficial de inteligencia militar.

Hay fuerte evidencia de que los ocho sospechosos estuvieron envueltos en una conspiracin de asesinato que guarda las caractersticas de una operacin paramilitar tipo escuadrn de la muerte. Es sin embargo bastante improbable que el grupo haya actuado de manera autnoma, o que en l estn incluidos los autores intelectuales que ordenaron el crimen. Es probable que aquellos finalmente responsables del asesinato de Berta se encuentren encaramados a salvo en lo alto de la escalera social y poltica hondurea, ms all del alcance del dbil y polticamente comprometido sistema judicial.

Un reporte de Global Witness de enero de 2017 examin el asesinato de Berta as como otros homicidios y ataques dirigidos en contra de activistas ambientales e indgenas, encontrando que estos hechos tpicamente involucran a las lites polticas y econmicas del pas, as como a las fuerzas de seguridad del estado, que reciben el apoyo de los Estados Unidos.

Amenazado con la suspensin o reduccin de la ayuda estadounidense proveniente de asignaciones del Congreso, la administracin del presidente Juan Orlando Hernndez lanz luego del asesinato de Berta una fuerte campaa de relaciones pblicas, enfocada en una nueva comisin de reforma policial. Mientras que la comisin ha removido varios presuntos criminales de la fuerza policial, ninguno de los oficiales depurados tuvo que rendir cuentas ante la justicia, quedando libres para continuar sus actividades criminales en cualquier otro lugar incluyendo el prspero y turbio sector de la seguridad privada. Ms an, la purga ha dejado en su sitio a un nmero de altos oficiales de quienes es pblicamente sabido que enfrentan acusaciones criminales.

Ms importante an, ni la comisin policial ni la muy promocionada Misin de Apoyo Contra la Corrupcin y la Impunidad en Honduras (MACCIH) han tenido ningn impacto en la situacin en territorio. Activistas continan siendo asesinados impunemente, incluyendo a dos miembros ms de COPINH a quienes, al igual que a Berta, la CIDH haba concedido medidas de proteccin, que el Estado hondureo ha fallado en garantizar.

Las apropiaciones ilegales de tierras indgenas siguen su curso, y la corrupcin y la criminalidad an permean el gobierno hondureo hasta los ms altos niveles. El poder judicial hondureo ha fallado en investigar a los altos oficiales del gobernante Partido Nacional, incluyendo al presidente Hernndez, pese a la difundida evidencia que muestra el desvo de fondos desde el instituto de seguridad social hacia las arcas del partido y de su campaa presidencial.

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos contina vertiendo decenas de millones de dlares de ayuda en Honduras. La mayor parte llega en forma de asistencia en seguridad, canalizada a travs de la obscura Iniciativa Regional de Seguridad para Amrica Central, pese a la evidencia de vnculos entre las unidades militares y policiales y escuadrones de la muerte como aquel que asesin a Berta. El hombre a cargo de esas fuerzas de seguridad, el general en retiro Julin Pacheco Tinoco, fue identificado recientemente como narcotraficante por un informante de la DEA (la Administracin para el Control de Drogas) durante un juicio que involucr a los sobrinos de la primera dama de Venezuela. Sin embargo esto no ha disuadido al gobierno de los Estados Unidos, que al parecer prioriza apuntalar a un aliado confiable, aunque criminal, por encima de proteger vidas humanas.

Pese a las aterradoras noticias provenientes de Honduras, durante el pasado otoo el Departamento de Estado certific el cumplimiento de las condiciones relativas a derechos humanos requeridas por la cooperacin estadounidense. Sin embargo, parcialmente como reaccin al asesinato de Berta, un nmero creciente de miembros del congreso se ha opuesto pblicamente a las polticas de los Estados Unidos respecto a Honduras.

Este mes, el representante Hank Johnson (D-GA) y otros miembros del congreso han reintroducido la Ley Berta Cceres para los Derechos Humanos en Honduras, que llama a la suspensin de la asistencia en seguridad a Honduras hasta que las mnimas condiciones de garanta a los derechos humanos se cumplan.

Berta puede no estar ms con nosotros fsicamente, pero su indomable espritu vive y su lucha contina, o, como miles cantan en La Esperanza y ms all: Berta vive, la lucha sigue!



Alexander Main es un asociado principal de poltica internacional del Centro para la Investigacin Econmica y Poltica (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC.

Traduccin por Jorge Enrique Forero.

Fuente original: The Hill



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