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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-03-2017

La nueva norma andaluza, impulsada por IU, sale adelante con la abstencin del PP y C's
Una ley (de memoria) histrica

Olivia Carballar
La Marea

Mucho ms avanzada que la estatal, parte de que los crmenes son imprescriptibles


Hay vctimas del franquismo que este mircoles 15 de marzo de 2017 habran estado en primera fila en la tribuna de invitados del Parlamento andaluz. Paco Marn es uno de ellos. Pero muchos como l murieron antes de verla aprobada. Tras varios aos de tramitacin, la Ley de Memoria Histrica y Democrtica de Andaluca, impulsada por IU y fraguada durante el gobierno de coalicin con el PSOE, ha salido adelante sin el rechazo del PP, que se ha abstenido junto a Ciudadanos.

El cambio de posicin de la derecha andaluza en una ley de estas caractersticas -que requiere de la unanimidad para garantizar su aplicacin gobierne quien gobierne- no es suficiente y la prueba de fuego estar precisamente en saber qu har el PP con esa norma si llega alguna vez a la presidencia de la Junta. S supone, sin embargo, un paso importante en su discurso, al menos pblicamente, por dos razones: porque ha defendido el derecho de los familiares a enterrar dignamente a sus muertos -La sociedad tiene la obligacin moral de apoyar esa recuperacin- y porque, aunque no la ha apoyado, tampoco ha votado en contra de una ley mucho ms avanzada que la estatal, que fue rechazada por el mismo partido y desmantelada desde que Rajoy lleg al Gobierno. El tono del diputado que ha participado en la tramitacin, Juan Ramn Ferreira, ha sido incluso ms conciliador que el mantenido por el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, cuya intervencin catica y en ocasiones desafortunada -Hace 80 aos se antepuso la ideologa a las vidas- indign a los familiares: No fue una guerra civil, fue un golpe de estado fascista!, gritaron desde la tribuna.

Algunos de ellos, como Gracia Guerra, de La Palma del Condado (Huelva), comenzaron a llorar. Otros le reprocharon no tener ni idea de lo que estaba diciendo. Y con las fotos encima de sus abuelos, tos o madres asesinadas, a punto estuvieron de ser desalojados del saln de plenos. Virtudes, que tena dos aos cuando asesinaron a su padre y a su madre en uno de tantos pueblos donde no hubo guerra, y Anita, hoy con 97 aos, a quien tambin los golpistas dejaron hurfana, asistan atnitas al debate, que finaliz con la tribuna en pie, fuertes aplausos y algn viva a la repblica. Ahora queda por ver si se cumple, fue uno de los comentarios escuchados tras la aprobacin. Por mi abuelo!, exclam Roger, con la foto de Rogelio Prez en alto. Concha no paraba de mirar la imagen del suyo, Alfonso Morn. Cecilio Gordillo, referente en la lucha por la recuperacin de la memoria, se abrazaba al director general de Memoria Democrtica, Javier Girldez.

La nueva ley andaluza gira en torno a tres cuestiones clave. La primera: la obligacin del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo, es decir, es el Estado, en este caso la Junta, quien asume como una poltica pblica ms la recuperacin de la memoria y, en concreto, las exhumaciones, tal y como venan reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda: la aceptacin de esa parte de la historia -silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia en los ltimos aos- a travs de una especie de comisin de la verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y la tercera: la extensin de ese relato a las aulas. Esta ltima parte es la que no ha terminado de convencer ni a PP ni a Ciudadanos, que apelan igualmente para no haber votado a favor el cuestionamiento de la ley de amnista que el texto recoge en su prembulo y el periodo de aplicacin: desde 1931 a 1982. Es decir, desde Blas Infante a Manuel Jos Garca Caparrs, asesinado en la Transicin, como resumi el coordinador general de IU, Antonio Mallo, con los colores republicanos en su solapa.

La norma parte de que los crmenes son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecucin universal: Por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripcin de la accin penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnista o de cualquier otro modo, sostiene. sta es una de las principales diferencias con respecto a la ley estatal, que apelaba al espritu de la Transicin y a la ley de amnista, defendida por el propio Zapatero para rechazar una comisin de la verdad, como propona Baltasar Garzn. Abre un camino que se aleja de una injusta equidistancia, afirm Mallo. En el texto andaluz, no obstante, no se hace un relato antitransicin: La transicin a la democracia, vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados polticos positivos, ya que permiti superar la divisin creada por la Guerra Civil y la Dictadura, institucionaliz la vida democrtica y cre espacios de convivencia. La diputada del PSOE que defendi la ley, Mara Mrquez, tambin insisti en ello: No tienen que contarle la historia a quienes la protagonizaron. Claro que la Transicin fue buena, pero tiene asignaturas pendientes con estas familias. Ella misma, nieta de jornalero y sirvienta de terratenientes, asegur haber visto el horror y el miedo en los ojos de sus abuelos y reproch al PP que no apoyara una ley que ni ofende ni hace dao a nadie: La poltica espaola sigue teniendo portavoces de aquel rgimen. No responsabilice a la izquierda de que ustedes no hayan votado a favor, concluy.

Aunque no ha conseguido la unamidad -fueron rechazadas todas las enmiendas de PP y Ciudadanos-, la ley aprobada este mircoles en el Parlamento andaluz es histrica y, como asegur la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, -de cuyo departamento dependen estas polticas- consolida a Andaluca en la vanguardia de la recuperacin de la memoria. La ocasin uni en una foto, con banderas republicanas de fondo, a la presidenta de la Junta, Susana Daz, la coordinadora de Podemos en Andaluca, Teresa Rodrguez, y el lder de IU Antonio Mallo. Tambin estuvo presente su antecesor, Diego Valderas. stas son las claves:

VCTIMAS

El Estado democrtico tiene una deuda con quienes fueron vctimas de violencia y represin a causa de su compromiso con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadana, que ostenta el derecho a la verdad, en relacin con el largo historial de persecucin llevado a cabo por el franquismo, as como sobre los valores y los actos de resistencia democrtica que representan las vctimas. La ley andaluza va ms all en el tiempo y en la propia definicin de vctimas que la estatal. Abarcar desde la Segunda Repblica (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andaluca (11 de enero de 1982).

Reconocer como vctimas, adems de a los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que sufrieron la confinacin, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis, a los familiares de nios robados, a la guerrilla antifranquista, a las personas represaliadas por su orientacin sexual, a aquellos grupos o sectores sociales o profesionales que sufrieron una especfica represin colectiva, a los partidos polticos, sindicatos, minoras tnicas, logias masnicas, movimiento feminista y agrupaciones culturales represaliados; a las personas que ejercieron cargos y empleos o trabajos pblicos de la Segunda Repblica que fueron represaliadas, a aquellas que sufrieron privacin de libertad por su defensa de la Segunda Repblica o por su resistencia al rgimen franquista dirigida al restablecimiento de un rgimen democrtico.

El texto incluye la creacin de una comisin que, sin consecuencias jurdicas, permita conocer el relato de lo que sucedi. Las conclusiones del grupo de trabajo o comisin independiente, de carcter pblico, debern ser aprobadas por el Parlamento de Andaluca y sern remitidas mediante un informe dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo y a las Cortes Generales para su aportacin a la necesaria y futura Comisin de la Verdad del Estado Espaol, expone el artculo 41.6. Esta sociedad no puede olvidar, lleg a decir el diputado del PP. Los fantasmas siguen vivos en fundaciones que llevan el nombre del dictador y conceden medallas a quienes incumplen la ley, denunci el diputado de Podemos Jess de Manuel. El diputado de Ciudadanos se atrincher en el discurso de que la Transicin es sagrada -modlica, replicaron con sorna en la tribuna de invitados-, en que no comparten nada que huela a ideologa, que suene a discordia o que traiga la imagen de rojos contra azules o azules contra rojos -Qu barbaridad, Oj, qu facha, Tan disfrazado de corderito, insistieron los familiares- y en que condenan enrgicamente la dictadura franquista, pero tambin todas las dictaduras y modelos en otros pases que reprimen las libertades.

EXHUMACIONES

La localizacin de las personas desparecidas ser la poltica prioritaria de la Junta, que actuar de oficio -aunque ya lo viene haciendo en determinadas fosas- y determinar sus actuaciones en un Plan Andaluz de la Memoria Democrtica cada cuatro aos -con informe anual-. La Consejera competente en materia de memoria democrtica ser responsable del seguimiento de la realizacin de los trabajos de indagacin, localizacin y, en su caso, exhumacin e identificacin, que sern supervisados por un comit tcnico, del que formarn parte las personas especialistas necesarias que garanticen el rigor cientfico, dice el artculo 10.2 del texto. En este aspecto, tanto IU como Podemos incidieron en la necesidad de asignar un presupuesto coherente para poder actuar de una manera ms o menos rpida. De las ms de 600 fosas en Andaluca, ya se han exhumado ms de un centenar y se han recuperado unos 3.800 restos, segn clculos de la Direccin General de Memoria Democrtica. Con los recursos actuales, tardaramos 230 aos en exhumar todas las fosas, cuantific el diputado de Podemos, que pidi perdn a las vctimas por llegar muy, muy tarde. Qu har un familiar si la fosa donde est su abuelo o su to no entra en los planes de actuacin por falta de presupuesto? Segn la Junta, podr hacerlo por su cuenta pero siempre con la tutela de la Administracin.

La Junta asegura que har todo lo posible para aumentar los recursos y evitar los obstculos que hasta ahora han impedido o dificultado a muchos familiares exhumar. La ley establece la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de terrenos de propiedad privada si su titular se opone a la intervencin, como ocurri en un primer momento, por ejemplo, en la fosa de El Marrufo (Cdiz). E incluye la creacin de un protocolo para dignificar las fosas comunes en los cementerios -Qu va a pasar con las 8 fosas del cementerio de Sevilla?, gritaron tambin desde la tribuna-, y asegurar su conservacin para ser exhumadas -en algunos casos han sido destruidas-. La ley tambin incluye un banco de ADN en colaboracin con las universidades pblicas de Andaluca, ya creado, en el que se registrarn tanto los datos de los restos seos exhumados como el ADN de personas voluntarias que acrediten su condicin de familiares vctimas.

JUSTICIA

Ser la Administracin, como responsable, la que denuncie ante la autoridad judicial y, en el caso de que alguien descubra por azar restos que puedan corresponder a las personas desaparecidas deber comunicarlo a la Junta, al Ayuntamiento correspondiente o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la mayor brevedad. Cuando se estaba realizando el primer borrador de la ley, IU vio importante en este punto la necesidad de que el sistema judicial se moje y forme parte de una vez por todas de la recuperacin de la memoria, porque hasta ahora lo nico que hace es archivar la causa. En algunos casos, la presentacin de la denuncia ha retrasado la exhumacin. En la fosa del cementerio de San Rafael, en Mlaga, donde se recuperaron 2.840 cadveres, los familiares decidieron no presentar denuncia porque teman que la tardanza en la respuesta de un juez alargara la exhumacin.

REPARACIN

En cuanto a la reparacin de las vctimas, se declarar el 14 de junio de cada ao como da de recuerdo y homenaje a las vctimas del golpe y la dictadura. La fecha, escasamente conocida hasta entre el movimiento memorialista, hace referencia a la primera exhumacin que se hizo de manera pblica en Andaluca, en el verano de 2003 en Lecrn (Granada). Agustn Gngora buscaba a su hermano, pero falleci sin encontrarlo. Supuestamente, la tumba est debajo de una autova. En un borrador del texto, la fecha sealada era el 18 de julio, que fue rechazada tambin en el Congreso como da de condena del franquismo, con los votos en contra del PP y la abstencin de UPyD. Aunque no se incluyen indemnizaciones, el artculo 19 del texto sostiene que la Junta impulsar actuaciones para hacer copartcipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio. Algunos campos de concentracin fueron creados por los propios ayuntamientos, como el de Sevilla, y se beneficiaron de grandes obras, como el Canal de los Presos, empresas y terratenientes. En una disposicin adicional, se seala que se impulsar -sin ms detalle- la inscripcin de defuncin de los desaparecidos en el Registro Civil, una pared contra la que siguen chocando los familiares.

SMBOLOS FRANQUISTAS

La ley andaluza corrige los artculos descafeinados de la ley estatal sobre la retirada de smbolos franquistas. La Junta dar un plazo de 12 meses para que sean retirados -tambin en los edificios privados con proyeccin a un espacio o uso pblico- y eliminar las razones artsticas, que la ley de Zapatero admita para mantenerlos, en estos tres casos: cuando estn sobre lugares o edificios histricos, desmerezcan la legalidad republicana o aludan a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevacin militar de 1936 y de la dictadura, que es lo que ocurri con el polmico monumento a Primo de Rivera en el centro de Granada.

La Junta no conceder ningn tipo de subvencin o ayuda a las personas fsicas y las entidades pblicas y privadas que hayan sido sancionadas por mantener estos smbolos o por cualquier circunstancia que atente, alente o tolere prcticas en contra de la memoria democrtica. En el caso de que no se retiren de forma voluntaria en ese plazo desde que entre en vigor la ley, la Junta incoar de oficio el procedimiento y, si tampoco as se retiran en el plazo establecido, ser la Junta la que pueda hacerlo de manera subsidiaria. Incumplir la orden de retirada, tipificado como infraccin grave, puede conllevar multas de entre 2.001 a 10.000 euros. Los smbolos pasarn a formar parte del Instituto de la Memoria Democrtica, rgano que tambin prev crear la ley. El anteproyecto recoge, adems, un artculo segn el cual prevendrn y evitarn -aunque no prohibirn- la realizacin de actos efectuados en pblico que entraen descrdito, menosprecio o humillacin de las vctimas o de sus familiares, exaltacin del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesin de distinciones a las personas fsicas o jurdicas que apoyaron el golpe militar y la dictadura.

NULIDAD DE LAS SENTENCIAS DEL FRANQUISMO

El texto no aporta ninguna novedad en este aspecto. Traslada al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas para hacer efectiva la reparacin y reconocimiento personal a quienes, como Blas Infante, padecieron condenas o sanciones de carcter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros rganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Polticas, Tribunal Especial de represin de la Masonera y el Comunismo o del Tribunal del Orden Pblico (TOP), por causa de la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz. Algunos colectivos han pedido la personacin de la Junta en la querella argentina como forma de reparar a esas personas. Una propuesta de IU fue rechazada en el Parlamento por el PSOE y el PP.

LUGARES DE MEMORIA

El texto impulsa el reconocimiento de los lugares de memoria, una figura ya creada por la Junta de Andaluca con anterioridad con la que se han protegido ms de medio centenar de enclaves, que tendrn que ser sealizados e incluidos en un inventario. Segn la normativa, las legislaciones referentes a la ordenacin del territorio, urbanismo y medio ambiente tendrn que respetar en todo momento estos lugares y las actuaciones necesitarn un informe preceptivo antes de la aprobacin definitiva.

Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de los terrenos o inmuebles inscritos como lugar de memoria tienen el deber de conservarlo y mantenerlo. La falta del cumplimiento facultar a la Administracin para la expropiacin total o parcial del lugar por causa de inters pblico o social. De igual modo, la Junta tambin podr descatalogar los lugares cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron su inscripcin. Actualmente, uno de esos lugares, la crcel de Huelva que sirvi de centro de represin de homosexuales, se encuentra en un estado de absoluto abandono.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La normativa andaluza reconoce especficamente el papel y la relevancia del movimiento asociativo -una de las reivindicaciones del colectivo en la tramitacin del texto-: Las entidades memorialistas contribuyen a la concienciacin social para la preservacin de la Memoria Democrtica de Andaluca y a la defensa de los derechos de las vctimas. Las entidades memorialistas son reconocidas por esta ley como titulares de intereses legtimos colectivos de las vctimas, dicen los artculos 38.1 y 38.2 de la ley. Adems, el artculo 42 promueve el fomento de la actividad asociativa. En todos estos aos de recuperacin de la memoria, han sido las asociaciones las que han hecho el trabajo que ahora asume la Administracin, que seguir de la mano de familiares, asociaciones y ayuntamientos, insisten en la Junta.

RGANOS Y ARCHIVOS

El texto recoge la creacin de un registro de entidades de memoria democrtica, un censo de la represin, un Consejo de la Memoria Democrtica de Andaluca y un Instituto de la Memoria Democrtica de Andaluca. Este punto ha sido otro de los escollos para el PP y Ciudadanos, que ven en l un aumento de la estructura de la Junta, ya de por s mastodntica, segn denuncian. La Administracin deber reunir y recuperar los fondos documentales, testimonios orales, etc. Y cada ao, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, deber haber una dotacin para la adquisicin de documentos en archivos pblicos, privados, nacionales y extranjeros. El acceso a esos documentos debe estar garantizado. Adems, en el plazo mximo de un ao desde la entrada en vigor de la ley, deber emprender actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administracin del Estado en relacin con la Memoria Democrtica de Andaluca se transfiera al Archivo General de Andaluca, a excepcin de los archivos judiciales, que se regirn por su normativa especfica. Tambin impulsar medidas para la recuperacin del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas en Andaluca.

EDUCACIN

Los contenidos de memoria democrtica sern incluidos en el currculum de primaria, secundaria, bachillerato y en la educacin permanente de personas adultas, pero no como una asignatura especfica. La Consejera de Educacin incorporar a los planes de formacin del profesorado la actualizacin cientfica, didctica y pedaggica en relacin con el tratamiento escolar de la Memoria Democrtica de Andaluca. Adems, se impulsar la incorporacin en los estudios universitarios que proceda. No es aceptable que los libros digan que Lorca muri en Granada y Machado falleci en Colliure, afirm Mallo.

En un apartado de investigacin, la ley menciona especficamente los estudios sobre las mujeres. Y el artculo 48 describe la colaboracin con los medios de comunicacin pblicos mediante programas divulgativos de debate, documentales y de ficcin, y mediante la cobertura informativa de las actividades relacionadas con la materia. Reglamentariamente, recoge el texto, se aprobar un manual de estilo sobre lenguaje y tratamiento de la informacin. Tanto PP como Ciudadanos temen un sesgo ideolgico en la escuela. Juan Morillo, maestro, sealaba sobre un papel la importancia de este punto: Solo el conocimiento de los hechos represivos llevados a cabo por el golpe de estado y la posterior dictadura llevar al enjuiciamiento necesario que termine con la condena pblica del franquismo.

MULTAS

El proyecto de ley, en su rgimen sancionador, establece multas de hasta 150.000 euros para las infracciones muy graves, que van desde la exhumacin sin autorizacin de la Junta o la construccin o remocin de terrenos sin autorizacin donde haya certeza de la existencia de restos humanos de personas vctimas de la represin; a la destruccin de fosas y la omisin del deber de conservacin, cuando traiga como consecuencia la prdida, destruccin o deterioro irreparable de bienes inscritos como lugar o sendero de memoria.

Las multas oscilan entre los 2.001 y los 10.000 euros para las infracciones graves, como el imcumplimiento de la orden de retirada de smbolos franquistas, trasladar restos humanos sin autorizacin, no comunicar el hallazgo casual de restos o incumplir los deberes de conservacin de los lugares de memoria. Las sanciones leves, con multas entre 200 y 2.000 euros, incluyen el incumplimiento de cualquier otro tipo de obligacin que recoge la ley.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/03/16/una-ley-memoria-historica/



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