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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-03-2017

Seguridad interior y militarizacin, un horizonte no deseable

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


Aunque de momento est entrampada en el debate legislativo en el Senado de la Repblica, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior promovida por la presidencia de la Republica y el PRI no est muerta. No lo est por la presin y aun el cabildeo que las fuerzas armadas del pas ejercen sobre el Ejecutivo y el Legislativo para que sea finalmente aprobada.

Dos trampas son las que encierra esa iniciativa y que se revierten contra la sociedad mexicana. La primera es el introducir en el marco jurdico el concepto mismo de seguridad interior como algo diferente de la seguridad pblica, que permitira al Ejrcito y la Marina Armada de Mxico actuar en tiempos de paz en actividades relacionadas con la poblacin civil, como es la lucha contra las bandas de delincuencia organizada.

La segunda, que al quedar inscrita en una ley, esa participacin militar en la vida civil dejara de ser una situacin excepcional para normalizarse y quedar como permanente.

La participacin del Ejrcito en tareas de seguridad pblica no es nueva en nuestro pas; pero se intensific y generaliz desde el inicio del gobierno de Felipe Caldern, quien quizs evalu que era la nica forma de obtener resultados rpidos en materia de seguridad y freno a la expansin del narcotrfico y otras actividades delictivas, que mejoraran su imagen ante su cuestionado y fraudulento triunfo electoral de 2006. Como sabemos, no ha sido as. A lo largo de poco ms de diez aos, las muertes violentas y ejecuciones, tanto de elementos de las fuerzas del orden como, sobre todo, de la poblacin civil, ascienden a ms de 200 mil, y hay ms de 28 mil desapariciones forzadas no esclarecidas, adems de innumerables violaciones a derechos humanos a cargo de las fuerzas armadas.

La primera consecuencia de la declaracin de guerra del entonces recin investido Felipe Caldern contra el narcotrfico fue la militarizacin no slo del combate a las organizaciones criminales sino de buena parte de la vida civil. Diez aos despus, con un gobierno diferente y de otro partido que la ha continuado, es claro por las mencionadas cifras y por la persistencia de la incesante violencia criminal, que se trata de una guerra perdida.

No slo es la tragedia de esas muertes violentas y ejecuciones, de los desaparecidos y decenas de miles ms, no cuantificados an, de refugiados que han tenido que salir de sus lugares de residencia huyendo de la violencia. Son tambin las violaciones de todo orden a derechos humanos por las corporaciones estatales que en su inmensa mayora se mantienen impunes.

La iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por legisladores priistas como Csar Camacho Quiroz, y cabildeada en el Congreso directamente por los militares, es una nueva evidencia de esa derrota de los poderes pblicos ante la Hidra de Lerna de la delincuencia organizada, a la que se le corta una cabeza slo para que del cuello mutilado broten otras dos. Pero es tambin una prueba de la incapacidad del Estado para resolver por vas constitucionales el problema de la seguridad pblica. Desde luego que hay inquietud, impaciencia y nerviosismo en los crculos oficiales ante la imparable violencia y la serie de fracasos acumulada durante diez aos al respecto. Nuevas evidencias, la matanza de 11 personas jvenes, nueve varones y dos mujeres en Boca del Ro, Veracruz, as como el constante hallazgo de fosas clandestinas en el mismo Estado y en distintas partes del pas, la oleada de feminicidios y las cotidianas ejecuciones en los cuatro puntos cardinales.

Frente a todo ello, el gobierno peista no acierta, pese a todos sus recursos, ms que a apoyarse ms y ms en las fuerzas armadas, aun contraviniendo lo establecido en el artculo 129 de la Constitucin general de la Repblica: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer ms funciones que las que tengan exacta conexin con la disciplina militar.

La iniciativa de ley por la que el secretario de la Defensa ha cabildeado ante los legisladores en diversas ocasiones, y que se presenta como reglamentaria del artculo 29 de la Constitucin, que prev la suspensin temporal de garantas por el presidente de la Repblica, busca ir ms all. No se trata tan slo de la accin militar en el terreno para enfrentar a bandas criminales armadas, sino de dotar a las fuerzas del orden de poderes especiales para realizar tareas de investigacin y consignacin por delitos que, tambin por mandato constitucional, corresponden hoy de manera exclusiva al ministerio pblico federal o del orden comn.

Despus de presentada esa iniciativa por la fraccin del PRI el 27 de octubre de 2016, en un desayuno con reporteros de la fuente militar, el secretario Salvador Cienfuegos Zepeda extern sus motivaciones para apoyarla. Los militares, adujo, no quieren seguir en la tarea de perseguir delincuentes, porque no fueron preparados para ello; en realidad quieren regresar a los cuarteles. Pero si van a continuar en esas tareas, necesitan un marco regulatorio y legal. Muchos, dijo en relacin con su presencia en las calles, ya se lo estn pensando para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos. Queda claro que la intencionalidad no es evitar esas violaciones sino impedir que miembros de las fuerzas armadas puedan ser juzgados en el pas o en cortes internacionales por ellas.

Conforme a la iniciativa, mediante una declaratoria de proteccin a la seguridad interior emitida por el presidente de la Repblica o por el Consejo Nacional de Seguridad, y publicada en el Diario Oficial de la Federacin, las fuerzas armadas actuaran en operaciones de restauracin del orden en cualquier parte del pas, bajo el mando de un comandante designado por el propio presidente a propuesta del Ejrcito o la Marina Armada. A ese comandante correspondera dirigir los grupos interinstitucionales que se integren para la operacin del caso y definir las responsabilidades, canales de comunicacin y la coordinacin entre las autoridades civiles y militares. El uso de la fuerza por las corporaciones militares se hara conforme a sus propios protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave, cualquier cosa que el primero de los casos pueda significar para ellos. Todo el contenido de la iniciativa llevara a las fuerzas armadas a disponer casi sin contrapesos civiles de una gran autonoma y capacidad de decisin para actuar, nuevamente sea dicho, en contravencin del artculo 129 constitucional.

Una iniciativa as debiera ser rechazada o modificada de fondo por el poder Legislativo, desde luego. Ha sido resistida por las fracciones del PAN, que present a travs del senador Roberto Gil Zuarth una propuesta alterna, donde el Congreso tendra mayor capacidad de vigilancia y control sobre la actuacin de las fuerzas armadas, y por el PRD, que tambin tiene su propia iniciativa sobre el tema. Tambin est la oposicin del PT y Movimiento Ciudadano en el Congreso y la opinin de los expertos del Centro de Investigacin y Docencia Econmica (CIDE) contra los posibles efectos de la ley en la militarizacin del pas, y las advertencias de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el posible uso de esta legislacin contra la protesta e inconformidad social.

Pero de ninguna manera la iniciativa de ley presentada por los priistas se puede dar por descartada, dada la insistencia de los militares en que sea aprobada. Si hay otro camino diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos a l, sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ya!, dijo el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Sobern Sanz, ante diputados y senadores. Y el secretario de la Defensa habl de la urgencia de aprobar la iniciativa del PRI. Manifestaciones de ese tipo hacen a un lado al secretario de Gobernacin como enlace e interlocutor del Ejecutivo con los otros poderes y convierten a los legisladores del PRI y sus aliados en esta empresa en simples voceros de unas fuerzas armadas que han desarrollado intereses propios, pese a su formal subordinacin a los poderes civiles.

En cambio, se han archivado en el Congreso las iniciativas de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que en su momento impuls el PAN, y se ha frenado la ley reglamentaria del artculo 29 en materia de suspensin de garantas individuales en tiempo de guerra, la adecuacin a la Ley General de Vctimas, a la Ley contra la Trata de Personas y a la Ley contra la Tortura; y as como la aprobacin de la Ley de Mando nico de policas El debate parlamentario ha sido dominado por le iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior, prioritaria para las fuerzas armadas.

El pas no est ya para sostener una lucha a la delincuencia al alto costo que la sociedad mexicana ha pagado durante ms de diez aos. No slo desde los grupos opositores en el poder Legislativo sino desde la sociedad misma son necesarias ms expresiones de rechazo a la creciente militarizacin y de discusin de las estrategias hasta hoy adoptadas para el combate al narcotrfico y la delincuencia organizada, si no queremos vernos en situaciones de indefensin frente a un, por mencionar la clebre caracterizacin de Paz, ogro estatal cada vez menos filantrpico y ms leviatnico y sin controles sociales.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc19776

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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