Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-03-2017

Conflicto de intereses: inspectores de hacienda en el sector privado

Ricardo Rodrguez
Mundo Obrero


En el pasado mes de enero el diario Expansin informaba del ltimo gran fichaje de un alto funcionario de Hacienda por parte del sector privado. Begoa Garca Rozado, inspectora de Hacienda del Estado y hasta entonces subdirectora de Impuesto sobre Sociedades en la Direccin General de Tributos, sin duda una de las profesionales ms brillantes de nuestra Hacienda Pblica, se incorporaba a PwC Tax & Legal Services para dirigir el rea de fiscalidad corporativa y sectorial.

No siempre se trata de profesionales tan destacados, ni tampoco de firmas privadas tan poderosas. El trasvase de los funcionarios ms cualificados, principalmente de inspectores y en menor medida de tcnicos de Hacienda, ha venido siendo constante en los ltimos lustros. Decreci durante los aos ms azarosos de la crisis, pero se ha recuperado y ha alcanzado las cifras anteriores a 2009 recientemente (siempre en los dos cuerpos ms cualificados, inspectores y tcnicos de Hacienda; en el resto el paso al sector privado ha seguido bajando).

En apariencia, y si se atiende a los registros oficiales, hace no mucho resumidos en un ilustrativo artculo de Rafael Mndez y Jess Escudero para El Confidencial (De Nummaria al caso Liechtenstein: inspectores de Hacienda en el lado oscuro, 20/06/2016), el porcentaje no es preocupante. Hablamos de alrededor del 4% de trabajadores de la Agencia Tributaria en excedencia. En nmeros absolutos, es con diferencia el organismo con mayor cantidad de funcionarios trabajando en el sector privado; el que le sigue, el Ministerio del Interior, apenas alcanza a la mitad.

Examinados los datos ms de cerca, no obstante, se advierte su trascendencia, no slo cuantitativa sino tambin, y sobre todo, cualitativa. El personal administrativo de los grupos C1 y C2 no son los que demandan las empresas privadas para que les ayuden a reducir su factura fiscal; las empresas ya seleccionan su propio personal administrativo en condiciones de mayor precariedad laboral y con un coste realmente bajo. Si nos centramos en el cuerpo de inspectores, sin embargo, el porcentaje se eleva hasta el 7%, muy lejos an del que tienen los abogados del Estado, que roza el 50% (en este caso fichados no slo por el sector privado sino tambin para tareas de gobierno por los partidos polticos mayoritarios). Se ha de tener presente, sin embargo, que las empresas prefieren a inspectores y tcnicos con aos de experiencia, con el fin de que a su cualificacin tcnica puedan unir el conocimiento de los procedimientos concretos y las tripas del fisco. Si la estadstica la reducimos a los profesionales de Hacienda con ms de diez aos de antigedad ascendemos a ms del 25% en excedencia y trabajando casi invariablemente en asesora o consultora fiscal, y entonces ya s comprendemos de qu hablamos y cul es la envergadura del problema.

Este ltimo dato nos proporciona una primera evidencia escandalosa: la gran empresa subcontrata al Estado, y adems lo hace gratis, para que le lleve a cabo la seleccin de su personal ms capacitado. El proceso de oposicin de un inspector o de un tcnico de Hacienda, cuyos puestos se ocupan en su abrumadora mayora por licenciados o graduados en derecho, econmicas, administracin de empresas o carreras similares, se jalona con hasta cinco exmenes especialmente duros de derecho, economa general y de empresa, contabilidad y matemticas financieras y derecho tributario, entre otras materias, aparte de una prueba de idiomas. Una vez superada la oposicin, los futuros tcnicos e inspectores han de pasar un riguroso curso, de cuatro y nueve meses de duracin respectivamente, impartido en el Instituto de Estudios Fiscales, que es una entidad pblica, por los mejores fiscalistas del pas. Unos aos de rodaje y de conocimiento sobre el terreno del funcionamiento concreto de nuestro sistema tributario convierte a estos profesionales en magnficos y muy apreciados expertos en eso que en los manuales se designa con el eufemismo de economa de opcin u optimizacin fiscal.

Pero ms all de que se forme con recursos pblicos a profesionales cuya cualificacin al cabo ser aprovechada por el sector privado, resalta el conflicto de intereses pblicos y privados, autntico cncer de nuestro entramado institucional. Lo que ocurre en un rea especialmente sensible, la de nuestra Hacienda Pblica, en la que la preservacin del inters general y del principio de igualdad adquiere excepcional importancia, incluso para la propia supervivencia de la democracia. En las manos de los inspectores y los tcnicos de Hacienda queda la obtencin de fondos para el sostenimiento del conjunto de servicios bsicos de la comunidad; para ello se les reconoce la condicin de agentes de la autoridad y por ello manejan informacin muy sensible de la ciudadana. El trnsito apenas controlado de esa informacin del sector pblico al sector privado convierte por s solo en papel mojado los artculos 14 y 31 de la Constitucin, por mencionar slo los ms significativos.

En el extremo ms podrido de este proceso, en mayo del ao pasado la Audiencia Nacional conden a Andrs Guillamot, de Guillamot Asesores Fiscales, tcnico de Hacienda en excedencia, como cooperador necesario del delito de fraude fiscal por haber creado una red de sociedades opacas entre Holanda, Gibraltar y las Antillas con la finalidad de que su cliente, el empresario Cipriano Villoslada, pudiese eludir el fisco. No es el nico caso, el despacho Nummaria, desmantelado por la Oficina Nacional de Investigacin del Fraude por crear estructuras opacas para clientes como Imanol Arias y Ana Duato, estaba dirigido por inspectores de Hacienda. Mas sin necesidad de llegar a nada delictivo, la misma complejidad de nuestro sistema tributario y el amplio margen que concede a la ingeniera fiscal ms o menos legal ofrece un terreno en el que, si se dispone de dinero suficiente para pagar a estos profesionales, que en el sector privado cobran a partir de dos a tres veces ms que en el sector pblico, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en materia de impuestos, se convierte en una broma pesada.

Es evidente que el Estado no puede competir con la gran empresa intentando retener a estos profesionales con mayores salarios, como se sugiere desde sectores neoliberales. Aparte de que constituira una autntica obscenidad dada la realidad social del pas, abrira un peligroso campo para el mercadeo y el chantaje. Ya hoy se trata de profesionales especializados con ingresos sensiblemente superiores a la media de lo que ganan en el sector pblico otros funcionarios de cuerpos equivalentes. Luego, no se van porque cobren poco, sino porque pueden cobrar muchsimo ms. Pero s cabe endurecer al mximo los requisitos de excedencia, lo que nadie debera percibir como un abuso de poder, puesto que son cuantiosos los recursos pblicos que se invierten en su formacin: establecer amplios periodos de permanencia obligatoria en el sector pblico, endurecer las incompatibilidades y, sobre todo, eliminar el derecho a reserva de plaza para evitar al menos que se tenga la desvergenza de retornar a la tranquilidad de la Administracin en la cercana de la jubilacin y ganarse de paso dos pensiones.

Pero, sobre todo, se ha de abordar una reforma en profundidad del sistema tributario que estreche al mximo el rea de la llamada optimizacin fiscal, causa profunda del repulsivo mercadeo con nuestros impuestos. La izquierda debera negar incluso conceptualmente, y convertir tal negacin en divisa, la propia legitimidad de la optimizacin fiscal, que no es otra cosa que el fraude al que la ley no alcanza.

Fuente: Mundo Obrero, marzo 2017 www.mundoobrero.es



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter