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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-03-2017

El derecho de huelga en peligro

Vctor Arrogante
Rebelin


A propsito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de huelga, al admitir el recurso de una empresa especializada en alquiler de andamios y anulando la sentencia de la Audiencia, que, en noviembre de 2016, daba la razn al sindicato CGT. Es un grave ataque de la Justicia al ejercicio del derecho de huelga. Todo parece que legaliza a los esquiroles, al abrir la puerta a que los efectos de una huelga puedan ser neutralizados mediante la subcontratacin de otra empresa. Es una interpretacin ms en la jurisprudencia sobre el derecho a la huelga y me temo que rozando lo inconstitucional.

Dice UGT que El Tribunal Supremo no ha cambiado de criterio respecto al derecho de huelga. El derecho de huelga efectivamente pudo haber sido vulnerado por las empresas subcontratistas, pero este debate, que no se determina en la demanda, rigurosamente, y por cuestiones formales, no lo analiza el TS aunque apunta una cierta interpretacin sobre hasta dnde llegara la especial vinculacin entre empresas a la hora de proteger el derecho de huelga. El derecho de huelga cuenta con una amplsima, rotunda y pacfica doctrina jurisprudencial constitucional.

La Constitucin en su artculo 28.2 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses estableciendo, que la ley que regule el ejercicio de este derecho, establecer las garantas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. No hay que confundir, mantener los servicios esenciales de la comunidad, con defender los intereses de una empresa, contra la que se ejerce la huelga en defensa de legtimos intereses de los trabajadores.

El artculo citado de la CE, recoge los dos derechos de autotutela de los que disponen los trabajadores en el Estado social para defender sus intereses, como la parte ms dbil de la relacin, frente a la parte econmicamente ms fuerte, el empresario: la libre sindicacin y el derecho de huelga. Adems queda conectado con el artculo 7, que reconoce a los sindicatos centralidad en las relaciones laborales y, en general, en la vida econmica y social.

En la historia de Espaa, ninguna de sus constituciones, salvo la de 1931, han reconocido la libertad sindical. La de la Segunda Repblica lo hizo sucintamente, proclamndola, junto con el derecho de asociacin. En la Constitucin de 1978, por primera, queda proclamado el derecho de huelga, que ahora podra verse limitado por la sentencia del Supremo. En la Segunda Repblica, Largo Caballero, como ministro de Trabajo, impuls la reforma de las relaciones laborales. La ley de 27 de noviembre de 1931, estableci que tanto la huelga como el lockout cierre patronal , eran ilegales, si se realizaban contra lo dispuesto en los acuerdos de conciliacin o en los laudos arbitrales. El Cdigo Penal de 1932 dej de considerar la huelga como delito de sedicin, que se penaba en el CP de 1928.

El movimiento obrero, desde su nacimiento organizado, ha utilizado la Huelga General y la Huelga General Revolucionaria o Poltica como ltimo recurso para conseguir sus objetivos: reivindicar mejores condiciones de trabajo y derechos laborales, y en particular ante reconversiones econmicas e industriales, o crisis econmicas y financieras. Tambin se han convocado para subvertir el sistema o para luchar en favor de un modelo social ms justo.

En 1855, el gobierno del general Espartero, sufri la que podra nominarse como la primera huelga general en Espaa; y no podemos dejar de recordar la Huelga General Revolucionaria de 1917, o la que se organiz con la Revolucin de Asturias en 1934. Despus de 1939, las tinieblas franquistas, hicieron imposible cualquier tipo manifestacin poltica, social o sindical y mucho menos huelgas generales.

El derecho de huelga comprende la facultad de sumarse o no sumarse. Implica la suspensin unilateral del contrato de trabajo, perdiendo trabajador el salario correspondiente a los das de huelga y cesando la obligacin empresarial de cotizar a la Seguridad Social. La huelga no extingue el contrato de trabajo y limita los derechos del empresario que ni podr contratar trabajadores forneos ni cerrar la empresa, salvo las excepciones contempladas en la ley (Real Decreto-Ley 17/1977).

Durante la Transicin, hubo algunos conflictos sindicales sin mayor relieve, pues todo estaba centrado en el diseo del modelo de convivencia democrtica. No es hasta el 14-D en 1988, cuando se convoc la primera huelga general de la democracia y contra un gobierno socialista. Se convoc contra una reforma en el mercado laboral, que abarataba el despido e instauraba unas condiciones de contratacin para jvenes, calificadas desde entonces como contratos basura. El seguimiento fue masivo y doloroso para muchos socialistas que tuvimos que optar entre secundar al partido o al sindicato. Signific la ruptura de las relaciones fraternales histricas entre UGT y el PSOE.

El clebre decretazo de Jos Mara Aznar en 2002, provoc la huelga general del 20-J. Una reforma laboral que recuerda a la actual. Impona un nuevo modelo de despido; obligaba al desempleado a aceptar un empleo, hasta a 30 kilmetros de su residencia habitual; permita ofertar un puesto de trabajo diferente a la profesin del desempleado y retiraba el subsidio a quienes rechazasen tres veces una oferta del Inem. La huelga tuvo una lectura ms poltica que social. Este decretazo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2007, cuando Zapatero ya lo haba derogado en 2004. Otra Huelga General Poltica se convoc en 2003, contra Aznar y la participacin de Espaa en la guerra de Irak.

Jos Luis Rodrguez Zapatero vivi su propia huelga general contra una reforma laboral en 2010, impuesta por las circunstancias de la crisis econmica y las presiones que desde Europa comenzaban a llegar. Esta huelga de escaso xito, permiti a los ciudadanos expresar su malestar por la deriva poltica del gobierno. Slo dos meses despus de la huelga, con la prdida de las elecciones catalanas, se escenific la cada en desgracia del PSOE y anticip el descalabro socialista, consumado el 20-N.

Cuando Mariano Rajoy dijo en Bruselas, que la reforma laboral le iba a costar una huelga general saba lo que deca. El 29-M, apenas cuatro meses despus del triunfo del PP en las elecciones generales de 2012, Rajoy sufri la huelga vaticinada por l mismo. Nunca una huelga general estuvo tan bien motivada, contra una reforma que rompe el sistema actual de relaciones; que convierte el despido en un recurso fcil, rpido y barato; y que elimina derechos adquiridos y pactados en los convenios colectivos. Un 14 de Noviembre de 2014, los sindicatos CCOO y UGT y las 150 organizaciones que constituyeron la Cumbre Social, convocaron otra Huelga General, con razones suficientes para convocarla y el Gobierno rectificara sus polticas econmicas de austeridad y recortes y sus medidas antisociales.

Para el ejercicio del derecho de huelga se exige la concurrencia de varios requisitos: acuerdo expreso de declarar la huelga por quien tiene facultad para ello (trabajadores a travs de sus representantes o directamente por los trabajadores) preaviso al empresario y a la autoridad laboral, comunicando las reivindicaciones de la huelga, y formacin de un comit de huelga. A ste corresponder garantizar los servicios necesarios para la seguridad de personas y cosas y el mantenimiento de las instalaciones y materias primas para la posterior reanudacin de la actividad.

La Ley establece los lmites del ejercicio del derecho. Se declaran abusivas las huelgas rotatorias en sectores estratgicos con la finalidad de interrumpir el proceso productivo, las de celo o reglamento y, en general, cualquier forma de alteracin colectiva en la rgimen de trabajo distinta a la huelga. Tambin se consideran ilegales las huelgas sostenidas por motivos polticos o con otra finalidad ajena al inters profesional de los afectados, las de solidaridad si no hay inters profesional que sostener, las que se propongan alterar lo pactado en convenio colectivo durante la vigencia del mismo.

El Tribunal Constitucional en STC 26/1981 expresa una caracterizacin finalista y casustica de los servicios esenciales o servicios mnimos, que exige ponderar, caso por caso, la extensin material y personal de la huelga, su duracin y dems circunstancias, as como las concretas necesidades del servicio y, sobre todo, la naturaleza de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos sobre los que la huelga repercute. Lo esencial no es la de la actividad industrial o mercantil afectada por la huelga, sino la de los derechos o bienes constitucionales a los que sirve la actividad interrumpida.

Los gobiernos caen tras la celebracin de elecciones o por la prdida de confianza en el Parlamento; las sentencias de los Tribunales de Justicia se modifican por la existencia de leyes justas que garanticen el ejercicio de los derechos en libertad y frente a la injusticia, huelga general.

Los trabajadores y trabajadoras y la ciudadana en general, tienen que seguir demandando acciones polticas contra los ataques a derechos constitucionales, que pretenden coartar los derechos y libertades y frustrar los avances en las condiciones de trabajo y en el mantenimiento del Estado de Bienestar.

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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