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(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-03-2017

Organizaciones sociales denuncian la indefensin de los menores extranjeros no acompaados
Menores inmigrantes y solos, una larga travesa por el Estado espaol

Enric Llopis
Rebelin


Un grupo de nios, la mayora de origen marroqu y menores de 14 aos, se encontraban viviendo solos y en condiciones muy precarias en un parque del distrito madrileo de Hortaleza. A unos 20 metros se emplazaba el centro de proteccin de menores que debera acoger a estos nios de la calle, al estar la mayora de ellos tutelados por la Comunidad de Madrid. La Fundacin Races y Save the Children convocaron una rueda de prensa la primera semana de noviembre de 2016 para denunciar la situacin. Las dos ONG trasladaron los testimonios que haban recabado de algunos menores: en los centros de proteccin se les castigaba al aislamiento y eran objeto de insultos y agresiones. Adems, cuando se quejan no son escuchados por las instituciones ni se activan los protocolos para protegerlos. El titular del comunicado que la Fundacin Races y Save the Children lanzaron a la opinin pblica no admita equvocos. Se haca pblico el abandono, la desproteccin y la discriminacin de los menores extranjeros no acompaados en Madrid.

Las estadsticas oficiales (Memoria anual de la Fiscala General del Estado, presentada en septiembre de 2016) cifran en 414 los menores extranjeros que llegaron solos, en pateras u otras embarcaciones a las costas espaolas durante 2015, lo que implica un aumento del 85,5% respecto al ao anterior y del 160% si se toma como referencia 2013. Casi en todos los casos (96,8%) se trataba de varones, que mayoritariamente provenan de Argelia (45,4%) y Marruecos (31,4%); el resto, llegaron de pases del frica Subsahariana, segn inform Europa Press.

Uno de los asuntos ms controvertidos radica en probar la edad de los muchachos migrantes, para verificar si son menores o no de 18 aos. La Ley Orgnica de Extranjera 4/2000 establece en el artculo 35 que en los casos en que la polica localice a un extranjero sin documentacin, cuya minora de edad no pueda acreditarse, recibir la atencin inmediata que precise de acuerdo con la legislacin sobre proteccin de menores. A continuacin deber ponerse el hecho en conocimiento de la fiscala para que determine la edad en colaboracin con las instituciones sanitarias, que realizarn las pruebas pertinentes. El 23 de septiembre de 2014 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dict una sentencia de capital importancia, que sienta jurisprudencia y precisa el modo de actuar. El alto tribunal estableci que aquel inmigrante que pudiera acreditar su minora de edad mediante un pasaporte o documento equivalente, no tendr que someterse a pruebas mdicas para determinar la edad. Constituy un escaln ms en la regulacin administrativa el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompaados, publicado en el BOE en octubre de 2014.

Qu subyace a todo el entramado de leyes, regulaciones, sentencias y protocolos? Numerosas ONG consideran imprecisas y poco garantistas las pruebas mdicas, de lo que se deriva un riesgo muy serio: Que un menor acabe internado en un CIE para su expulsin, afirma el coordinador de la Comisin Espaola de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el Pas Valenciano, Jaume Dur. El abogado apunta la esencia de la cuestin: Los menores extranjeros no pueden legalmente estar un CIE, han de permanecer -tutelados por las comunidades autnomas- en un centro de menores. En la prctica son muchos los casos en que la polica requiere los papeles y en caso de que el muchacho inmigrante no los pueda presentar, se procede a la apertura de un expediente sancionador que puede terminar con el menor en un CIE. Es otro de los grandes nudos del problema: Normalmente los menores extranjeros que viven solos no cuentan con pasaporte que acredite su nacionalidad, incluso hay pases en los que no se expiden estos documentos a los menores de edad, recalca Dur. En fechas recientes, CEAR se ha dirigido con un menor refugiado a la Fiscala para que se realicen pruebas ms exhaustivas y se garanticen sus derechos; los jueces de instruccin tambin tendran que reclamar mayor exhaustividad en las pruebas cuando hay dudas sobre la mayora de edad, concluye el abogado de CEAR.

Los fiscales del Estado espaol abrieron 2.538 diligencias en 2015 para averiguar si los inmigrantes haban cumplido o no los 18 aos, lo que supone un aumento del 24,2% respecto al ao anterior. Se da la circunstancia que una persona puede ser sometido en ms de una ocasin a estas pruebas, por ejemplo si cambia de comunidad autnoma; segn las cifras oficiales, 1.033 exmenes efectuados dieron como resultado que se trataba de un menor de edad, mientras que en otras 888 pruebas el afectado era un adulto; al balance cabe sumar las 615 diligencias archivadas, por razones como la incomparecencia.

No siempre la prctica se compadece con la teora. Ni con la jurisprudencia asentada. Hay veces que los chavales han podido aportar documentacin, incluso partidas de nacimiento y pasaportes, pero la Administracin ha cuestionado su legalidad; hay una intencionalidad en ello? Creo que s, es ms sencillo determinar que son mayores de edad, ya que en caso contrario la Administracin tiene una obligacin de tutela, de acoger y procurar lo necesario para el bienestar de cualquier nio, con independencia de su nacionalidad, sostiene ngels Blanco Rojas, abogada con experiencia en casos de Extranjera. Algunos adolescentes han comentado a los letrados que la polica les retira la documentacin identificativa de su pas de origen, de manera que los papeles desaparecen. Estos documentos -por ejemplo si sealan que el menor tiene 16 aos- constituiran al menos un indicio para empezar a investigar, y que la Administracin asumiera la responsabilidad que tiene cuando un menor de edad llega al territorio espaol, aade Blanco. Se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo? En la prctica policial, no, responde la abogada; y en la de la Fiscala -por lo que yo conozco- tampoco; se desconoce el procedimiento, lo que no s hasta qu punto es querido o pura ignorancia.

Pero los reproches al sistema no proceden slo de las ONG y los abogados activistas. Tambin la ONU ha sealado la indefensin. El representante para Europa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) critic en una carta -publicada por eldiario.es en febrero de 2016- la desproteccin de los menores inmigrantes. No slo subrayaba el margen de error muy alto de las pruebas mdicas, sino que apunt una investigacin de 2010 en Italia, en la que se demostr que jvenes a quienes se les atribua una edad de 18 aos podan tener realmente desde menos de 16 hasta ms de 20. El representante de Naciones Unidas se hizo eco de la informacin que le trasladaron tanto las ONG como el Defensor del pueblo: El uso de tcnicas mdicas para la determinacin de la edad contina de manera indiscriminada. Tampoco es un dechado de garantas el Protocolo de octubre de 2014, que podra contravenir la doctrina de los Derechos Humanos, la opinin mayoritaria de los jueces europeos y las sentencias del Tribunal Supremo, segn el delegado de la ONU.

Presentado el pasado mes de febrero, el Informe del Defensor del Pueblo de 2016 tambin reconoce que, pese a la doctrina del Tribunal Supremo, se ha registrado un aumento en las quejas por la realizacin de pruebas de edad a menores con pasaporte u otros documentos identificativos. La advertencia no es nueva. En 2011 el Defensor del Pueblo public un estudio de referencia, titulado Menores o adultos? Procedimientos para la determinacin de la edad, que reconoce los problemas ticos y tcnicos de los exmenes mdicos; incluso destaca el consenso entre la comunidad cientfica sobre los mrgenes de error en las tcnicas para medir la madurez sea y la mineralizacin dental, as como lo inadecuado la sobreexposicin a los rayos o la irradiacin de zonas sensibles en los menores. Comparte muchas de estas conclusiones otro documento de cabecera, Slo por estar solo, realizado en 2014 por la Fundacin Races en colaboracin con la Fundacin Abogaca Espaola. Sostiene, por ejemplo, que los menores suelen desconocer las resoluciones que respecto a ellos aprueban las administraciones, y adems critica la pasividad de los fiscales a la hora de proteger los intereses de los muchachos. De la investigacin la ONG infiere que en el 70% de las pruebas de determinacin de la edad a la llegada a Espaa, se resolvi que los muchachos eran mayores.

La Fundacin Races trabaja desde 1996 con nios y adolescentes en riesgo de exclusin social. Ha denunciado pblicamente situaciones delirantes. Por ejemplo el hecho de que el Estado espaol reconociera dos aos despus, en 2016, la minora de edad de un adolescente marroqu al que haba expulsado dos aos antes, en enero de 2014, pese a que entonces tena 16 aos, contaba con la partida de nacimiento que as lo acreditaba y tanto esta ONG como el defensor del pueblo haban advertido de su situacin. El menor entr en Espaa por primera vez en 2013, en patera por Cdiz, y tras su expulsin volvi a hacerlo en los bajos de un camin. Tambin en mayo de 2016 la Campaa por el Cierre de los CIE de Valencia alert del internamiento de cinco posibles menores de edad argelinos en el CIE de Zapadores, a quienes se haba trasladado desde Algeciras. Segn fuentes de la Campaa, todos los adolescentes manifestaron llevar la documentacin, aunque en algn momento la habran extraviado. Cuando los activistas contra los CIE hicieron la denuncia pblica, algunos chicos ya haban sido deportados, por lo que las ONG lamentaron que se contine privando de libertad a menores de edad en los CIE y se haga prevalecer la Ley de Extranjera sobre la de proteccin de menores.

La abogada ngels Blanco Rojas asisti hace casi un ao a dos chicos de nacionalidad argelina, que aseguraron tener documentacin para identificarse cuando llegaron en patera a Almera, pero la polica se la retir. Afirmaban tener 16 aos y al cabo de una semana, remitieron a la letrada un certificado de nacimiento va Fax. Ya con los papeles, la abogada se dirigi a la fiscala para que revisara el decreto de determinacin de la edad que se haba realizado a los dos inmigrantes argelinos en Almera. El juez de vigilancia del CIE de Valencia pidi adems otras tres pruebas, aunque finalmente slo se practic una radiografa en la mueca. Sin embargo la violacin ms flagrante de derechos, subraya Blanco Rojas, se produjo cuando llev a la fiscal los certificados de nacimiento de los menores, y sta se los devolvi pidiendo que la abogada se los tradujera, ya que se hallaban escritos en rabe. La letrada contest a la fiscal con otro escrito, en el que recordaba que los menores estaban en un CIE, privados de libertad, y que era la fiscala quien contaba con medios para realizar la traduccin, no una abogada del turno de oficio. Finalmente los adolescentes solicitaron asilo desde el interior del CIE, por temor a que se les expulsara a Argelia. La peticin result denegada. Pero la Audiencia Nacional acord una medida cautelarsima para que no se les deportara, a instancias de un recurso de la letrada. Los chavales salieron del CIE. El caso est pendiente de sentencia en la Audiencia Nacional. En todo este castillo burocrtico, el inters superior del menor se diluye en el aire, concluye la letrada y activista.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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