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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-03-2017

Fuerzas armadas: coercin y politizacin

Eduardo Nava Hernndez
Cambio de Michoacn


La conferencia de prensa de la Secretara de la Defensa Nacional el pasado 21 de marzo da cuenta una vez ms de la creciente politizacin de las fuerzas armadas mexicanas, que se ha expresado tambin en su cabildeo en el Congreso de la iniciativa priista de Ley de Seguridad Interior. Esta vez toc al general Jos Carlos Beltrn Bentez, director general de Derechos Humanos de esa Secretara, salir al paso de sealamientos, cuya fuente no identific, sobre violaciones, muchas de ellas graves, en esa materia contra la poblacin civil.

Se ha difamado sobre hechos represivos que ofenden al instituto armado y tambin a la sociedad. Ante esto, se responde que hemos dado muestras de tolerancia y prudencia en un sinnmero de ocasiones, desde agresiones fsicas a instalaciones militares, a integrantes del Ejrcito y Fuerza Area, hasta injurias y ofensas provocadas, afirm el vocero militar. Y calific enftica y contundentemente estos sealamientos de diferentes orgenes como infundios y como injurias y ofensas. Demand, asimismo, que si alguna persona considera contar con pruebas, que presente [ante las autoridades competentes] las supuestas quejas [sic] y acusaciones de las que se ha especulado ante los medios de comunicacin.

Tan enftica defensa de la actuacin de soldados y, por extensin, marinos, que han participado activamente durante la ltima dcada en la persecucin y combate a los delitos de narcotrfico y otros vinculados a la delincuencia organizada, se da en el contexto del debate de la mencionada iniciativa de ley y de los mltiples sealamientos realizados por organismos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros. Segn el general Beltrn, las denuncias contra miembros de las fuerzas armadas en la Comisin Nacional de Derechos Humanos se han reducido entre 2012 y 2016 en un 68 por ciento. Tambin habl, como estadsticas, de haber realizado 201 cursos, 508 conferencias, 6 mil 746 plticas y 127 videoconferencias que alcanzaron a un milln 195 mil 931 oyentes; esta cifra, desde luego, porque cada militar ha participado ms de una vez en tales actividades.

Pareciera, pues, que la direccin a cargo del general Beltrn Bentez dentro del Ejrcito no tiene otra funcin que la educativa y preventiva, y que las violaciones denunciadas por los organismos de derechos humanos son inexistentes. Resulta, as, que slo por mala fe o por afn de injuriar y ofender, se puede hablar de un tema tan delicado como los abusos cometidos por los miembros de la milicia en las tareas que se les han asignado.

Pero el contexto de esa conferencia de prensa fueron tambin dos manifestaciones polticas del presidente nacional de Morena, Andrs Manuel Lpez Obrador, que tocaron particularmente la sensibilidad de los mandos militares. La primera, la tan difundida en redes y noticieros respuesta que dio en Nueva York a Antonio Tizapa, el padre de uno de los normalistas desaparecidos en Iguala, quien lo encar para demandarle que explicara su relacin con el ex gobernador de Guerrero, ngel Aguirre, y con el ex presidente municipal perredista de esa ciudad, Jos Luis Abarca. Lpez Obrador, ya retirndose en su vehculo, le respondi que preguntara al Ejrcito y al gobierno federal por la desaparicin de los estudiantes en septiembre de 2014.

La segunda expresin del lder morenista fue un video en el que Lpez Obrador reitera su respeto a los integrantes de las fuerzas armadas y afirma que stos son pueblo uniformado; pero tambin afirma que, de ganar el gobierno nacional en 2018, no vamos a emplear la fuerza para enfrentar los problemas sociales; no vamos a reprimir al pueblo con el Ejrcito.

Todo parece indicar que la apresurada conferencia de prensa del militar fue un intento de respuesta inmediata a esas declaraciones polticas de Lpez Obrador, simplemente negando que las tropas sean utilizadas como fuerza represiva o que tuvieran que ver en los trgicos hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Pero la respuesta al vocero militar vino del presidente de la Comisin Nacional de Derechos Humanos, Luis Ral Gonzlez Prez, quien declar en comparecencia ante senadores al da siguiente, que las fuerzas armadas s han violado derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos dirigido, entre ellas, por casos de tortura y de desaparicin forzada de personas. Reconoci que los mandos del Ejrcito han recibido y aceptado recomendaciones por violar derechos humanos. Y eso est acreditado, pero agregando que no basta con aceptarlas, deben acatarlas y cumplirlas; necesitamos que se procese y sentencie a los responsables.

El sealamiento del ombudsman mexicano habla entonces, de impunidad en el caso de violaciones graves como la tortura y la desaparicin forzada de personas. No se refiri el defensor a casos especficos, como hubiera podido hacerlo, entre ellos la matanza de Tlatlaya en el Estado de Mxico, y reconoci que han bajado las recomendaciones contra ellos (los militares), pero eso no quiere decir que si hay una sola queja no se acte. Elevo mi exigencia dijo enftico ante los legisladores de que se acepten las recomendaciones y que se cumplan, que se avance puntualmente.

El tema de las violaciones graves contra la poblacin civil contina, pues, puesto sobre la mesa, por distintas voces que inciden en la opinin pblica, justo cuando menos conviene al Ejrcito; cuando ste est pugnando por que en el Congreso federal sea aprobada la antedicha Ley de Seguridad Interior, que en realidad busca la seguridad jurdica de los militares frente a las acusaciones que constantemente enfrentan. Pero su respuesta, en vez de aportar datos concretos e informacin sobre las medidas disciplinarias para prevenir y castigar loa atentados a los derechos humanos y civiles, se limita a ser de ndole poltica, negando prcticamente cualquier sealamiento en su contra.

Es evidente e innegable, sin embargo, que tanto las declaraciones del ombudsman como las de organizaciones de derechos humanos (entre las externas, Amnista Internacional y Human Rights Watch) y las de Andrs Manuel Lpez Obrador, encuentran sustento en hechos reales que han afectado a innumerables miembros de la sociedad civil, a los que en tiempos del calderonismo simplemente se clasificaba como daos colaterales.

Por eso, el propio presidente de la CNDH manifest en su comparecencia ante los legisladores su oposicin a que se apruebe la multicitada Ley de Seguridad Interior. No es deseable dijo que se emita un marco jurdico para que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad pblica; pero si el Legislativo lo considera pertinente, les hemos enviado un declogo de acotaciones, de lmites, de respeto a los derechos humanos. Que la participacin de los militares en la seguridad pblica sea transitoria, ya que la seguridad tiene que estar en manos de civiles.

Cul es el riesgo, en caso de proceder la aprobacin de la polmica legislacin propuesta por el PRI en el Senado? La normalizacin de la participacin de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, es decir seguridad pblica, conlleva, como ya ocurre, a distorsionar su funcin original y sus fines. Es normalizar la violencia coactiva que amenaza las vidas, el patrimonio y la seguridad misma de sectores de la sociedad o regiones completos en donde acta. Y es la manifestacin y la confesin de que el poder civil, al que formalmente est sometida la fuerza militar, ha sido incapaz de combatir eficazmente a la delincuencia por otros medios y con respeto a los derechos humanos. Es tambin la expresin de la resistencia de los mandos militares a asumir cabalmente su responsabilidad en mltiples actos lamentables y su bsqueda de algn cuerpo normativo que les d ciertas garantas frente de no ser penalmente sealados o castigados por ellos.

Pero para la incipiente y debilitada democracia mexicana sera tambin un enorme retroceso. Ya alguna vez Antonio Gramsci defini al Estado moderno de los pases occidentales como fuerza + hegemona o como hegemona revestida de coercin. Mientras que en las dictaduras prevalece el uso de la fuerza por sobre el consenso social, los regmenes democrticos deben sustentarse, tericamente, ms en el recurso a la dominacin consensuada y a la construccin de instituciones formalmente aceptadas por la poblacin. Pero la creciente utilizacin de la fuerza, as sea con la justificacin de combatir el cncer de la violencia delincuencial, invierte tendencialmente esos trminos y nos lleva a un rgimen de coercin apenas revestido de mtodos hegemnicos o consensuales y nos aleja peligrosamente de la proclamada, por el gobierno y sus turiferarios, normalidad democrtica.

Eduardo Nava Hernndez. Politlogo UMSNH

Fuente: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc20190

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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