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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-03-2017

Uruguay
Punto de inflexin

Carlos Santos
Zur


Siempre es caprichosa la identificacin de momentos clave en la disrupcin de los procesos sociales. Desde el fin del ciclo kirchnerista en Argentina o el derrumbe del Partido de los Trabajadores en Brasil algunos autores -por ejemplo, Modonessi & Svampa- estn reflexionando acerca del fin del ciclo progresista, asumiendo a este como aquel que vino luego de los descalabros sociales, econmicos y polticos del neoliberalismo en la regin.

Tambin hay autores que han cuestionado el uso del calificativo de progresismo o de gobiernos de izquierda para estos procesos que se han vivido en los pases del Cono Sur.

El caso de Uruguay es particularmente interesante en este contexto, por muchas cosas. Una de ellas: es el propio conglomerado de fuerzas polticas que llega al gobierno en 2005 que se autodenomina como Encuentro Progresista1. El Encuentro Progresista (EP) haba sido fundado en 1994, oportunidad en la que compareci por primera vez como candidato presidencial el actual mandatario uruguayo Tabar Vzquez. A la coalicin Frente Amplio -conformada en el ao 1971 por los partidos polticos histricos de la izquierda uruguaya (socialistas, comunistas) y sectores escindidos de los partidos tradicionales (blancos y colorados)- se sumaban en ese encuentro sectores provenientes bsicamente del partido blanco o nacional.

El adjetivo progresista es til de todas maneras -afirmamos- ya que nos permite establecer puntos de contacto y comparacin con los dems gobiernos de Amrica del Sur, pensando ya no slo en Argentina y Brasil, sino incluyendo los procesos sociopolticos de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile en una mirada comparada.

El inicio

El primer gobierno del FA, encabezado por Tabar Vzquez, tuvo como sus principales logros sociales la reanudacin de la negociacin colectiva -clausurada durante el neoliberalismo- para la definicin de los salarios tanto en el sector pblico como en el privado, aumentando el salario mnimo y los marcos jurdicos de proteccin para algunos sectores laborales como las trabajadoras domsticas y los asalariados rurales. Tambin se promovi una serie de polticas de atencin a la emergencia social enmarcadas en la creacin de un Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El segundo gobierno del FA, encabezado por Jos Mujica, estuvo caracterizado por los avances en temas de la denominada agenda de derechos: se aprob una Ley de Interrupcin Voluntaria del Embarazo -que haba sido vetada por Vzquez-, una Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo y una Ley de regulacin de la Marihuana.

En trminos econmicos ambos gobiernos estuvieron enmarcados en uno de los perodos de mayor crecimiento del Producto Bruto Interno en el pas, con un apoyo celebratorio hacia la poltica econmica de gran parte de las corporaciones empresariales del pas. Desde el punto de vista de la construccin de legitimidad social, los atisbos de descontento o crtica fueron domesticados al decir de Alfredo Falero- por la polea de transmisin de lo poltico a lo social en que se instituy gran parte de la dirigencia del movimiento sindical, mientras que aquella que no pudo ser asimilada fue simplemente desacreditada. Esto marca una continuidad con los mecanismos de establecimiento de los patrones de dominacin en el Uruguay, segn lo establecido por lvaro Rico. En Cmo nos domina la clase gobernante, este autor sostiene que el discurso del Estado posdictadura se ha construido entre otras cosas en base la estigmatizacin de los signos de oposicin como no crebles o sin sentido (demagogos, irracionales, ortodoxos) (Rico, 2005:70).

El quiebre

Para muchos el principal quiebre del progresismo uruguayo con su propia narrativa de fuerza poltica de izquierda estuvo marcada por una decisin de Tabar Vzquez en los primeros meses del inicio de lo segundo mandato (en el tercer gobierno del Frente Amplio). Ante una escalada de conflictividad sindical en la rbita de la educacin pblica, Vzquez estableci por decreto la esencialidad de los servicios educativos prestados por el estado (enseanza primaria, secundaria y terciaria) lo que implicaba necesariamente la eliminacin del derecho a huelga para ese grupo de personas.

En realidad, el decreto en s no fue aplicado aunque sirvi con un gran elemento de presin en la disputa por aumento presupuestal que ejercan las organizaciones, desviando en gran medida el foco de atencin (de una demanda por mayor presupuesto a una demanda por eliminar la esencialidad).

A un ao y medio de ese gran conflicto por el presupuesto educativo en 2015, Tabar Vzquez se despach el pasado 20 de marzo con un nuevo decreto que confirma un punto de inflexin o un quiebre con la narrativa de izquierda en la que se hasta ahora se haba inscripto el progresismo uruguayo.

En un documento muy breve y por la va del decreto presidencial, Vzquez otorg autonoma a las fuerzas policiales para la represin de cualquier movilizacin social que implique el corte de una calle o ruta del pas.

Aunque no est mencionado expresamente, se abre la puerta a la militarizacin de la represin en las vas de circulacin internas del pas, algo que no tiene antecedentes en Uruguay desde el perodo comprendido entre 1968 y 1973 -ao del golpe de estado- cuando los gobiernos autoritarios establecieron medidas prontas de seguridad.

Lo ms preocupante del decreto reside precisamente en el hecho de que prescribe la interposicin de una disposicin judicial previa a la intervencin de las fuerzas represivas (lo que garantiza, entre otras cosas, que la represin no se desencadene arbitrariamente por accionar independiente de la polica). Segn se establece que el Ministerio del Interior deber dar cuenta en forma inmediata a la Justicia de la intervencin referida.

En su artculo 4 el decreto aclara que su aplicacin no afectar el derecho a huelga, reconocido en la constitucin de la repblica. Si bien esto podra ser una seal en relacin a los sectores sociales a los que est orientada la medida -las organizaciones y movimientos que desbordan las estructuras sindicales como el movimiento de mujeres o los ambientalistas- las primeras situaciones donde se ha aplicado el decreto dejan en evidencia que las protestas de los trabajadores sindicalizados tambin estn comprendidos en el decreto.

Las reacciones

Cuando el Frente Amplio est celebrando sus 46 aos -el pasado 26 de marzo-, las reacciones polticas desde la fuerza poltica sobre este decreto han estado pautadas por unas pocas declaraciones de preocupacin y un amplio silencio complaciente. Las excepciones han sido una declaracin del sector Casa Grande, cuya referencia es la ex-candidata a la presidencia en las elecciones internas de 2014 y actual senadora Constanza Moreira, una resolucin del comit central del Partido Comunista, que califica al decreto como inconveniente e innecesario y una declaracin del Partido Socialista comunic su preocupacin por el decreto.

En el marco de una conferencia de prensa por el aniversario de la fuerza poltica, el presidente del FA, Javier Miranda manifest que el Frente Amplio no tiene una posicin sobre el decreto presidencial.

El resto del amplio espectro poltico del FA ha omitido cualquier tipo de observacin sobre el decreto.

Por su parte, la comunista Marina Arismendi -Ministra de Desarrollo Social, sostuvo que el decreto apunta a defender la pblica felicidad (sic) ya que est orientado a prevenir cortes de rutas generados por protestas empresariales. Sin embargo, en las pocas horas de vigencia del decreto su primera aplicacin estuvo orientada a desalojar una protesta de trabajadores del sindicado de transportistas de carga, que bloqueabas el ingreso a la planta de celulosa de Montes del Plata, en el departamento de Colonia. Una situacin similar se vivi en Montevideo. Varios trabajadores fueron detenidos por la polica en ambos desaolojos.

La bancada de diputados del FA anunci que convocar a un representante del Ministerio del Interior para discutir sobre la medida, aunque se ha anunciado que la comparecencia no estar a cargo ni del Ministro Bonomi, ni del sub-secretario Jorge Vzquez -hermano del presidente- sino que la representacin de la secretara de Estado estar a cargo del director nacional Charles Carrera.

A nivel sindical hubo declaraciones de algunos sindicatos -como la de la Confederacin de Funcionarios del Estado- y seales de preocupacin, pero hasta ahora no hubo un posicionamiento pblico del PIT-CNT al respecto.

Otras organizaciones como el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) del movimiento de derechos humanos y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO) de la FEUU emitieron duras declaraciones de rechazo al decreto. La declaracin del SERPAJ sostiene que el decreto proporciona aun mayor discrecionalidad a la agencia policial para desactivar cualquier protesta social sin tener el aval del Poder Judicial para hacerlo. Sin un marco de intervencin definido desde un enfoque garantista cualquier protesta se convertir en un campo de vulneracin continua de derechos, donde los dispositivos estatales podrn desarrollar prcticas que no se ajustan a los marcos internacionales. Esta medida se incorpora junto con otras a una serie de sentidos que el Poder Ejecutivo le otorga al conflicto social y su abordaje. Se profundiza una poltica que no respeta las reivindicaciones polticas de los movimientos sociales en tanto criminaliza sus instrumentos de empoderamiento poltico.

En un ao que estar marcado por las reinvidicaciones de muchos sindicatos y organizaciones en el marco de la lucha presupuestal ser muy difcil que los hechos no confirmen este pronosticado giro conservador del progresismo uruguayo.

Nota:

1 La denominacin electoral para los comicios de 2004 fue Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayora.


Referencias

Falero, Alfredo (2008) Las batallas por la subjetividad: luchas sociales y construccin de derechos en Uruguay. Una aproximacin desde la teora sociolgica. CSIC-Universidad de la Repblica. Montevideo.

Rico, lvaro, (2005), Cmo nos domina la clase gobernante. Orden poltico y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay 1985-2005, Trilce, Montevideo.

Modonessi, Masimo & Maristella Svampa (2016) Post-progresismo y horizontes emancipatorios en Amrica Latina. En Systemic Alternatives. Acceso: https://systemicalternatives.org/

Fuente: http://zur.org.uy/content/punto-de-inflexi%C3%B3n



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