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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-03-2017

Jurisdiccin Especial para la Paz
Injusta con empresarios y militares?

Camilo Ernesto Bernal
Razn Pblica


Un debate amargo

Durante las ltimas semanas hemos presenciado numerosas tensiones en el seno del Congreso con motivo de la reforma constitucional para crear la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP). Directivos de importantes instituciones estatales y cabildantes del sector privado hicieron presencia en el recinto del Senado para garantizar la proteccin de sus intereses. Pero qu es lo que est en juego en esta reforma constitucional?

La JEP, como se sabe, es uno de los resultados principales del Acuerdo de La Habana pues consagra todo un sistema judicial para procesar y determinar la participacin y la responsabilidad por crmenes relacionados con el conflicto armado. Esta Jurisdiccin funcionar en el marco de un sistema de justicia penal paralelo al de la justicia ordinaria. Es una apuesta poltica y jurdica que brinda la oportunidad para que los miembros de las FARC, los agentes estatales y los empresarios involucrados en la guerra puedan asumir sus responsabilidades y recibir sanciones benignas.

En dicho ofrecimiento no hay nada sorprendente: cuando el gobierno nacional asumi el desafo de pactar la justicia para alcanzar la paz no se apart de nuestras tradiciones de conceder amnistas e indultos por delitos polticos, ni se invent nada alejado de la prctica de otros pases que han buscado la paz promoviendo la responsabilidad individual.

Por ejemplo, Alemania us el icnico Tribunal Militar Internacional para juzgar los crmenes del Estado en Nremberg y en 1947 llev a la justicia a varios empresarios, quienes se defendieron afirmando que solo haban cumplido con la santa misin de mantener y expandir sus empresas. En su sentencia el Tribunal Local concluy que esas decisiones eran propias de personas capaces y que por tanto deban responder cuando tuvieran consecuencias penales. All se sancion el robo de innumerables bienes en los territorios ocupados por el Ejrcito alemn.

Lo propio puede decirse de la experiencia argentina donde, luego del antecedente del juicio de 1985 a las juntas militares y a lo largo del proceso de reapertura de los juicios por crmenes de lesa humanidad, se ha seguido discutiendo la responsabilidad empresarial en crmenes como el secuestro y la desaparicin de trabajadores de las empresas Ford y Mercedes Benz.

Entonces de dnde vienen las preocupaciones en Colombia? A qu se debe el alboroto?

Los hechos son los hechos

Hay un hecho sorprendente en el debate pblico acerca de la responsabilidad penal individual por las atrocidades sucedidas en el conflicto colombiano: tanto el empresariado como un amplio sector de agentes del Estado siguen negando la ocurrencia de delitos graves en el contexto del conflicto armado y sosteniendo que ellos no son responsables de estos crmenes.

A lo sumo estn dispuestos a reconocer que algunas manzanas podridas se desviaron del camino, pero que esto no compromete la dignidad de sus instituciones. Incluso, y en ello quizs algunos tengan razn, dicen que fueron vctimas del conflicto y que, por lo mismo, no pueden ir a los tribunales a ser obligados a contar una verdad que no tienen y a recibir castigo por unos daos que padecieron.

Lo extrao aqu consiste simplemente en que tanto la justicia nacional como la internacional cuentan una historia distinta. La evidencia pblica de ms de 15.700 compulsas de copias que tiene en su poder la Fiscala, extradas de las versiones libres de los paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz, comprometen en la guerra a los empresarios de distintos sectores de la economa (banano, carbn, banca, agroindustria, ganadera, etc.).

Pero ni esto ni las 17 condenas al Estado en el mbito internacional (en la Corte Interamericana de Derechos Humanos) o los ms de 960 militares condenados por la comisin de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) han podido persuadir a estos actores pblicos de la importancia de abandonar la prctica de la negacin literal e implicatoria y asumir las responsabilidades individuales por su participacin directa o indirecta en estos crmenes.

Solamente un reconocimiento pleno de responsabilidad le evitar a los mandos militares una persecucin penal postergada y prolongada.

Estas son algunas de las razones que explican las grandes dificultades del Congreso para promulgar un marco jurdico que satisfaga tantos intereses contradictorios, incluidos los de los propios congresistas. Y a todo esto, cules son las preocupaciones con el texto discutido en el Congreso y que una vez conciliado entre ambas cmaras debe pasar a revisin de la Corte Constitucional?

Nos sometemos, pero solo voluntariamente

El artculo 16 del proyecto de acto legislativo establece que las personas que, sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisin de delitos en el marco del conflicto podrn acogerse a la JEP y recibir tratamiento especial.

Esto sin perjuicio de ser obligados a comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y ante la Seccin de Revisin del Tribunal para la Paz, cuando hubieran tenido una accin eficaz y decisiva en los delitos investigados.

La preocupacin de varios parlamentarios y cabildantes consista en que los empresarios pudieran ser llamados coactivamente por la JEP sobre la base de declaraciones de testigos falsos o de informes supuestamente tendenciosos de organizaciones sociales. Pero las garantas establecidas en el texto hacen casi impensable que se presenten situaciones como esta.

Y de otro lado es curioso que estos sectores no hubieran promovido la posibilidad de que los empresarios pudieran saldar sus cuentas en la JEP en relacin con otros delitos, como el concierto para delinquir o la financiacin del paramilitarismo, que son los que actualmente enfrentan en los tribunales. Ser que la justicia ordinaria les brinda mayores garantas? Solo el tiempo lo dir.

El caso de los superiores militares

En relacin con la Fuerza Pblica las preocupaciones se centran fundamentalmente en el alcance de la responsabilidad penal de los superiores por los hechos cometidos por sus subordinados.

En el mbito nacional hace aos que est zanjado el debate acerca de si los agentes del Estado son responsables por accin y por omisin. No obstante, acaloradas discusiones en todo el trmite legislativo y constantes reclamos de respeto a los estndares internacionales por parte de varios sectores de la academia y de la sociedad civil pusieron en guardia a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que decidieron acompaar los debates.

El debate principal gir en torno de establecer en la Constitucin el mismo rgimen de responsabilidad del superior que se reconoce como vlido en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacionalpenal o si, por el contrario, se buscaba una solucin a la colombiana. El poder legislativo opt por la segunda salida.

El artculo 24 del proyecto establece que la responsabilidad del mando se determinar utilizando las normas nacionales, el derecho internacional humanitario (a la colombiana) y las reglas operacionales. Dicha responsabilidad no depender de la jerarqua, sino de:

Es probable que los magistrados de la JEP se vean en serias dificultades para dar por probados todos estos requisitos, dado su alto grado de complejidad y la falta de material probatorio que los acredite o refute.

La participacin activa y genuina de responsables permite encarar el pasado con seriedad, conocer la verdad y fomentar garantas de no repeticin.

Ante este escenario es vlido preguntarse si la decisin del Congreso fue acertada y si realmente les brindar una seguridad jurdica permanente a los miembros de la Fuerza Pblica, dada la contradiccin de este sistema con el derecho internacional. La experiencia suramericana reciente indica que solamente un reconocimiento pleno de responsabilidad le evitar a los mandos militares una persecucin penal postergada y prolongada.

Un ejemplo de ello puede verse en el caso de Francisco Morales Bermdez, exmilitar y presidente de facto del Per (1975-80) quin a los 95 aos de edad fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Roma, junto con otros ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Per y Uruguay por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos en la poca del Plan Cndor.

La importancia de rendir cuentas

Es muy probable que la aprobacin de esta reforma constitucional produzca una discusin en la sociedad acerca de si el camino escogido por los parlamentarios fue el adecuado para garantizarles a las victimas sus derechos o si, por el contrario, dicho camino se ha centrado principalmente en conceder un blindaje jurdico a los victimarios.

En esta difcil etapa de implementacin normativa de los acuerdos es clave que todos los agentes de las polticas pblicas acojan la importancia de la rendicin de cuentas, la aceptacin de la responsabilidad individual y la contribucin con la verdad plena frente a las distintas formas de criminalidad fortalecida por el Estado y por el poder econmico que se presentaron en el marco del conflicto.

Es claro que la participacin activa y genuina de responsables permite encarar el pasado con seriedad, conocer la verdad y fomentar garantas de no repeticin. Los procesos judiciales de la JEP pueden apoyar esta idea, pero solamente en la medida en que la voz de las vctimas sea escuchada y su participacin procesal sea eficaz para que la verdad que se derive del proceso de esclarecimiento judicial no dependa solamente del perpetrador.


 

Camilo Ernesto Bernal, Abogado criminlogo. Profesor de la Universidad Santo Toms.

Fuente original: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10135-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-injusta-con-empresarios-y-militares.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Jurisdicci%C3%B3n+Especial+para+la+Paz%3A+%C2%BFinjusta+con+empresarios+y+militares%3F&utm_campaign=20170328_m138354697_Jurisdicci%C3%B3n+Especial+para+la+Paz%3A+%C2%BFinjusta+con+empresarios+y+militares%3F&utm_term=Camilo+Ernesto+Bernal



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