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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-03-2017

La Unidad de Bsqueda de Personas Desaparecidas no ser una entidad de alto nivel como se firm en el Acuerdo Final de Paz

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario


Una diferencia sustancial entre la Comisin de la Verdad y la Unidad de Bsqueda de Personas Desaparecidas que se encuentra en el Acuerdo Final para la Construccin de una Paz Estable y Duradera celebrado entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP con respecto a la naturaleza jurdica de estas entidades es que mientras se dispone que la Comisin de la Verdad Ser un rgano temporal y de carcter extra-judicial, con respecto a la Unidad de Bsqueda de Personas dadas por desaparecidas se acord que Ser una unidad especial de alto nivel de carcter humanitario y extrajudicial (punto 5.1.b del Acuerdo Final).

A pesar de esto, en el trmite en el Congreso del acto legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparacin y Garantas de no Repeticin, el rango o jerarqua institucional reglamentados para esta dos instituciones parece haberse invertido, pues el alto nivel en la estructura administrativa le fue conferido a la Comisin de la Verdad, pero no a la Unidad de Bsqueda.

En efecto, el texto final aprobado en las Comisin de Conciliacin y en las plenarias de Senado y Cmara dispone en su artculo 2 que la Comisin para el Esclarecimiento de la Verdad ser un ente autnomo del orden nacional con personera jurdica, con autonoma administrativa, presupuestal y tcnica, sujeta a un rgimen legal propio, en tanto que para la Unidad de Bsqueda orienta en su artculo 3 que esta ser ser un ente del orden nacional con personera jurdica y con autonoma administrativa, presupuestal y tcnica. Ello quiere decir que mientras la Comisin de la Verdad tendr por mandato constitucional el rgimen de autonoma e independencia que se confiere en virtud del artculo 113 de la Constitucin a las entidades autnomas del orden nacional, la Unidad de Bsqueda, a pesar de contar con personera jurdica y autonoma presupuestal, administrativa y tcnica no ser un ente autnomo del orden nacional ni tendr un rgimen legal propio.

Es por esto que el mismo artculo 3 del acto legislativo en su redaccin final dispone que La ley reglamentar la naturaleza jurdica, el mandato, funciones, composicin y funcionamiento de la Unidad. Queda claro que mientras la autonoma y la independencia de la Comisin de la Verdad sern las de una entidad de alto nivel por disposicin constitucional, en el caso de la Unidad de Bsqueda no se cumpli el mandato del Acuerdo de configurarla como una entidad de alto nivel, pues la definicin de su naturaleza jurdica qued deferida a la reglamentacin de la ley.

As pues, mientras la Comisin de la Verdad ser un ente de alto nivel, autnomo e independiente, de la misma jerarqua de los entes nacionales autnomos reglados en el artculo 113 de la Constitucin Nacional, la UBPD ser una entidad de rango inferior cuya naturaleza jurdica se definir con rango legal. Ser una entidad de naturaleza similar al Instituto de Medicina Legal, que cuenta con personera jurdica y autonoma presupuestal, administrativa y tcnica, pero que est legalmente adscrito a la Fiscala General de la Nacin, y ello explica que el Fiscal General tenga una alta injerencia en sus actividades y funciones, como se ha visto con las directivas de que regulan los procedimientos de exhumaciones de las cuales la Fiscala ha querido tener un control monoplico y exhaustivo, que de mantenerse implicarn grandes obstculos para el xito de las labores de bsqueda e identificacin que tendr que desempear la nueva Unidad de Bsqueda.

Conocido ya el talante del Fiscal General Nstor Humberto Martnez de entrabar con cada pretexto la implementacin de los acuerdos, es de temer que va a oponerse al desarrollo de las labores de la UBPD, entrabando las exhumaciones, los recaudos probatorios en la escena donde se lleven a cabo, la remisin a la JEP de los informes tcnico-forenses y los elementos materiales asociados al cadver, la inscripcin en el registro de defunciones, expedicin de certificados a los familiares, lo mismo que la prestacin de la colaboracin tcnica y de la informacin requerida por la Unidad de Bsqueda, sobre todo en casos de personas desaparecidas por agentes estatales u organizaciones criminales que colaboraron con ellos en estas desapariciones, que desafortunadamente, constituyen la inmensa mayora de los casos de desaparicin forzada que se han presentado en el pas. La decisin del Fiscal General de la Nacin de poner a un mayor retirado de la Fuerza Pblica al frente del control de todas las exhumaciones de vctimas del conflicto armado, ha comenzado ya mostrar que la voluntad de esclarecer, investigar y enjuiciar a los responsables de las desapariciones forzadas no es precisamente una prioridad del actual Fiscal General de la Nacin.

Haber dejado a la reglamentacin de la ley la naturaleza jurdica de la Unidad de Bsqueda de Personas Desaparecidas, har ms complicada la necesaria limitacin de los poderes que la Fiscala General de la Nacin tendra para interponerse en el mandato de la Unidad Nacional de Bsqueda de Personas Desaparecidas. Las reformas requeridas precisan entre otros asuntos que el Instituto Nacional de Medicina Legal debera contar con una divisin autnoma que est complemente al servicio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y Garantas de No Repeticin y que cuente con la autonoma suficiente para no ver entrabadas sus funciones y sus actividades por los afanes de control desbordados que se manifiestan en la gestin actual de la Fiscala.

Pero es tambin necesario el traslado de competencias legales a la UBPD no solo para las labores de bsqueda de las personas desaparecidas sino para poder ordenar o llevar a cabo las labores de exhumacin, identificacin, entrega digna, recaudos probatorios en la escena, suministro de certificaciones de defunciones y confeccin de los informes tcnico-forense con destino a las dependencias judiciales de la JEP o de la jurisdiccin ordinaria que lo requieran, todas estas funciones judiciales que han estado bajo control de la Fiscala, pero que bajo el nuevo paradigma de bsqueda extrajudicial y humanitaria de los desaparecidos tienen que ser funciones que se trasladen de la Fiscala hacia la Unidad de Bsqueda.

Haber deferido a la ley la reglamentacin de la UBPD tiene tambin el inconveniente de que las disputas por el control burocrtico de la nueva institucin pueden convertirla en una entidad poco eficaz, intil para los anhelos y los derechos de las vctimas y proclive a fenmenos de corrupcin. Seguramente ya los grandes poderes clientelistas habrn reparado que la labor de buscar a ms de 60,000 personas que las ms recientes cifras oficiales calculan como las vctimas que deben ser buscadas, encontradas y entregadas segn el mandado de la Unidad va a requerir un elevado monto de recursos econmicos, profesionales, de contratacin de equipos, y presupuestales, por lo que la disputa sobre si deber quedar adscrita al ministerio de Justicia, al ministerio del Posconflicto o a alguno de los departamentos administrativos desde donde se condiciona gran parte de la contratacin ser una de las peores consecuencias de haber negado a la UBPD la naturaleza de ente autnomo de naturaleza constitucional y con rgimen legal propio, que era lo que esperaba segn los compromisos firmados en el Acuerdo Final de Paz.

Obviamente al haberle negado la naturaleza de alto nivel a la UBPD el Congreso no estaba pensando precisamente en la centralidad de las vctimas, ni en la prioridad de las obligaciones de esclarecimiento de la verdad sobre su paradero. Dado que seguramente la Cmara de Representantes no corregir este entuerto en la votacin del texto conciliado, corresponder a la Corte Constitucional corregir esta desafortunada configuracin de la UBPB. Ello por cuanto las atribuciones tanto del Congreso como del Ejecutivo en virtud de las facultades del fast-track estaban condicionadas a la reglamentacin para la implementacin de los acuerdos y no para cambiar lo acordado.

Haber desconocido la prioridad de las vctimas de desaparicin forzada en la configuracin normativa de la entidad responsable de la bsqueda y negado la naturaleza de alto nivel a la entidad que debe llevar a cabo a las actividades de bsqueda, localizacin, identificacin y entrega digna de 60.000 personas, en su gran mayora desaparecidas por fuerzas estatales o por estructuras con las cuales estas colaboraron, es desconocer la autenticidad de los acuerdos y el principio de buena fe en la implementacin de los mismos. Seguramente las organizaciones de familiares de personas desaparecidas y la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas demandarn ante la Corte Constitucional que no sean burladas frente a las promesas solemnes recogidas en el Acuerdo Final de asumir estas obligaciones estatales al ms alto nivel. El Congreso incumpli. Esperamos que la Corte Constitucional no falle a las vctimas y corrija este incumplimiento.


Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario

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