Portada :: Brasil
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-04-2017

Justicia fiscal para acabar con la pobreza y desigualdad

Grazielle David
ALAI Agencia Latinoamericana de Informacin


La crisis econmica de 2008 fue utilizada como justificacin para la adopcin de medidas de austeridad en Europa. Los resultados han sido catastrficos, especialmente en pases como Grecia y Espaa, por lo que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) [1] ha tenido que reconocer, por medio de estudios empricos, que los recortes presupuestarios durante las recesiones econmicas tienden a ampliar los dficits fiscales y prolongar la recesin, ampliando los niveles de desempleo y desacelerando la recuperacin econmica.

Con un efecto un poco ms tardo de la crisis, actualmente es Amrica Latina la que est siendo bombardeada con las mismas medidas de austeridad. Entretanto, en lugar de tomar en cuenta su entendimiento sobre los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad en casos de crisis econmica, en esta regin el FMI defiende a los gobiernos que adoptan medidas de ajuste fiscal extremo [2].

Brasil se ha destacado por el volumen, intensidad y perversidad de las medidas de austeridad adoptadas. El gobierno de Temer, que lleg al poder en 2016 despus de la destitucin de la presidenta democrticamente electa, ha adoptado un acelerado paquete de maldades contra el pueblo brasileo. Es importante destacar que tanto el presidente como sus ministros estn profundamente implicados en las denuncias de corrupcin en proceso, el pas vive un escenario de crisis institucional y poltica, y las propuestas del gobierno nunca fueron sometidas al voto popular.

Entre las medidas ms perversas, el gobierno de Temer present y aprob en el Congreso Nacional, en 2016, una propuesta de Enmienda a la Constitucin [3] para instaurar un nuevo rgimen fiscal, el cual determina que los gastos primarios, donde estn todos los gastos sociales, tendrn un techo a partir de 2017: correspondern al valor pagado en 2016 reajustado apenas por la inflacin. En la prctica, eso representar un congelamiento de los gastos sociales por 20 aos, o aun peor, como la poblacin crecer en un 9% y la poblacin de tercera edad se duplicar en 20 aos [4], los gastos sociales per cpita sern de hecho reducidos. Es importante destacar que existe en el pas una normativa que permite contingencias presupuestarias para atender la meta de supervit primario, de acuerdo con la Ley de Directrices Presupuestales. Si la meta fuese muy restrictiva, los gastos sociales no seran simplemente congelados, sino inferiores en comparacin con el ao anterior. Ampliando el anlisis, cuando el pas vuelva a crecer, ninguna recaudacin adicional del pas podr ser utilizada en gastos sociales para ampliar derechos, debido al techo de gastos primarios, y solamente podr ser utilizada en gastos financieros, para pagar intereses y deuda.

Si bien se estn adoptado medidas de control sobre los gastos primarios por el mundo, el caso brasileo es nico: I. Fue determinado por enmienda constitucional; II. Tiene un plazo excesivo de 20 aos, lo cual inviabiliza la adopcin de otras polticas fiscales por futuros gobiernos electos democrticamente; III. Imposibilita el crecimiento real de los gastos sociales al limitarlos a la correccin inflacionaria, en lugar de a la variacin a mediano plazo del PIB como en muchos pases europeos; IV. Hace abstraccin de cualquier necesidad social que demande mayores inversiones sociales. Por ejemplo, solamente el envejecimiento poblacional demandara un crecimiento de 37% en el gasto de salud [5].

En perspectiva, si esa Enmienda hubiese sido aprobada desde 2013, el presupuesto de la salud en 2015 habra sido de casi la mitad de lo que fue realmente, R$ 55 billones en lugar de R$ 100 billones. En los prximos 20 aos se prev una reduccin del 25% a una poltica pblica cuyo financiamiento ha sido histricamente seriamente insuficiente [6].

De esta manera, la Enmienda Constitucional n.95/2017, previamente conocida como PEC 241 y despus como PEC 55, es enteramente incompatible con las obligaciones en derechos humanos. As lo afirm en una Declaracin el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston [7], que considera que la enmienda afectar de forma ms intensa a los brasileos ms pobres y vulnerables, adems de ampliar las desigualdades en una sociedad ya bastante desigual.

Observaciones de la ONU

El comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de la ONU ya emiti direcciones especficas a ser observadas por los pases que forman parte del Pacto Internacional de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales cuando se adopten medidas en respuesta a crisis econmicas. Para estar en acuerdo con el Pacto, las medidas fiscales deben: ser temporales; estrictamente necesarias y proporcionales; no discriminatorias; tomar en consideracin posibles medidas alternativas, incluyendo medidas tributarias; identificar y proteger el contenido mnimo y central de los derechos humanos; y ser adoptadas solamente despus de un cuidadoso anlisis con genuina participacin social en el proceso de toma de decisin, especialmente de los grupos e individuos afectados [8].

Con la EC 95, el gobierno de Temer fall en considerar todos esos criterios. La Enmienda no es temporal, pues se extiende por 20 aos y ms all del periodo de la crisis econmica. El techo a los gastos sociales afectar desproporcionalmente a los ms vulnerables, como a las mujeres e infantes negros pobres, que son justamente los que ms dependen de los servicios pblicos como salud y educacin. No se consideraron medidas alternativas, especialmente las que podran mejorar y ampliar las recetas de forma ms equitativa. Algunas posibilidades seran: I. Combatir la evasin fiscal que representara un crecimiento del 27% del valor de recaudacin [9], lo que en 2015 correspondi a R$ 500 billones; II. Ampliar la contribucin de los sper ricos con la revocacin de la no tributacin sobre los lucros y dividendos en el impuesto a la renta, que en 2015 hubiese correspondido a R$ 43 billones [10]. Con esas medidas se podra haber evitado recortes drsticos en el gasto social. Finalmente, el gobierno y varios congresistas no realizaron anlisis sobre los efectos de las medidas, ni permitieron la participacin social adecuada, al apresurar la aprobacin de la Enmienda e inviabilizar la realizacin de Audiencias Pblicas que ya estaban previamente aprobadas.

La Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [11] al considerar todos esos elementos presentados en Audiencia Pblica inst al gobierno brasileo a respetar los principios de progresividad en la realizacin de los derechos humanos y de no regresin social, en conformidad con el Protocolo de San Salvador, que Brasil ratific en 1996. De acuerdo con ese documento, los pases signatarios tienen prohibido adoptar medidas polticas y legales, sin justificacin adecuada, que empeoren la situacin de gozo de los derechos econmicos, sociales y culturales por la poblacin.

Proteccin al sector financiero

En la evaluacin [12] de la Inesc al presupuesto de Brasil para 2017 es posible observar los primeros indicios de irrespeto tanto a las orientaciones de la ONU como de la CIDH, lo que implicar una afrenta a los derechos sociales de las brasileas y de los brasileos como resultado de la austera EC 95. Entre 2016 y 2017 hubo un aumento del 17,20% de los recursos pblicos para gastos financieros. Por otro lado, los gastos primarios sufrieron una reduccin del 14,2% en su tajada del pastel del presupuesto de la Unin.

Los datos presupuestarios evidencian que son las funciones y programas presupuestarios relacionados con las poblaciones en mayor riesgo los que ms perdern. Como ejemplo, la funcin Derechos de la Ciudadana tuvo la mayor prdida presupuestaria. Nominalmente, esa funcin baj de R$ 2,4 billones en 2016 a R$ 1,6 billones en 2017, un recorte del 47%. Dentro de esa funcin, el programa ms golpeado fue el de Polticas para las Mujeres: Enfrentamiento a la Violencia y Autonoma que tuvo una reduccin del 52%. Ese es el Programa que garantiza, por ejemplo, la atencin a las mujeres en situacin de violencia. Esa accin presupuestaria se redujo en R$ 5,5 millones en 2017. En contrapartida, para los intereses, en 2016 se pagaron como parte de la deuda interna y externa R$ 381 billones, y en 2017 la previsin es de R$ 557 billones, lo que representa un aumento de 46%.

Es decir, mientras el porcentaje del gasto financiero creci entre 2016 y 2017, los gastos primarios se redujeron, probando que la lgica de la EC 95 es fijar recursos cada vez ms protegidos para el sector financiero y cada vez ms limitados para los derechos humanos. Esto atropella los principios de no regresin social, no discriminacin y de uso mximo de recursos disponibles para la realizacin progresiva de los derechos humanos.

Notas

[1] FMI. Expansionary Austerity: New International Evidence. IMF Working Paper. 2011. Disponible en:

[2] IMF Fall Meeting, Outubro de 2016. Disponible en:

[3] ntegra de la Enmienda Constitucional n. 95/16. Disponible en:

[4] IBGE. Disponible en:

[5] Proyecto Salud Maana de la Fiocruz. Disponible en:

[6] Consejo Nacional de Salud y Consejo de los Secretarios Municipales de Salud. Disponible en: .

[8] ONU. Relatrio sobre medidas de austeridad y derechos socioeconmicos, 2016. Disponible en: .

[9] Estatal. Evasin Fiscal en Brasil llega a 27% del Total Recolectado, de acuerdo con la ONU. Disponible en:

[10] Orair y Gobetti. Progresividad Tributaria: la agenda olvidada. 2015. Disponible en:

[11] Comunicado despus de la Sesin 159 de la CIDH. Disponible en:

[12] INESC. A EC 95 en la real. 2017. [en el preludio]


Grazielle David es asesora poltica del , magister en economa de la salud, especialista en derecho sanitario y biotica.

Traduccin: Latindadd y ALAI

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/184489



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter