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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-04-2017

Democracia en HD: notas para pensar el derecho a la comunicacin en Cuba

Alejandro Hernndez Luis
Cuba Posible


Una de las crticas ms recurrentes que se le han realizado al proyecto poltico cubano desde el triunfo revolucionario de 1959, es la limitacin del internacionalmente reconocido como derecho a la libertad de expresin. Estas crticas abarcan, por lo general, desde la no existencia de medios de comunicacin privados que sean capaces de trasmitir ideas divergentes a las que emanan de los medios oficiales; hasta la persecucin y sancin penal, poltica o administrativa de aquellas ideas o formas de pensar que sean consideradas desde las autoridades gubernamentales como contrarias a los principios de la Revolucin socialista.Varios actores se encuentran inmersos en esta especie de pugna: por un lado nos encontramos con una opinin pblica internacional con una comprensin esquemtica y cerrada de lo que es la comunicacin; por otro, una disidencia que, bastante limitada en su alcance, propugna precisamente a la libertad de expresin como su principal bandera de lucha; y finalmente, un Estado que ha apostado por los medios pblicos de comunicacin como instrumentos del gobierno, y que parece comprender de una manera particular, que entre los derechos existe algn tipo de jerarquizacin, y por ello hay algunos que son ms importantes que otros.

Adems de estos actores, podemos encontrar otro grupo con una visin ms plural e incluyente, que aboga sobre todo desde el ciberespacio, con las evidentes limitaciones que tiene Cuba en materia de conectividad , por un dilogo crtico, democrtico y republicano, que sea capaz de aportar los insumos necesarios para la construccin de una sociedad ms justa en todos sus aspectos: poltico, econmico, cultural, ambiental, etc. Todo parece indicar que lo que est en juego, en el fondo, es la materialidad histrica y la significacin poltica de la democracia. Considero que es ah donde reside la complejidad de la discusin.

Desde las primeras caracterizaciones que se conocen de la democracia, el concepto supone ciertas condiciones polticas y jurdicas que viabilizan su existencia y ejercicio. Dentro de estas condiciones podemos destacar fundamentalmente tres, conocidas como: isegora, isonoma y parrhesa. Las dos primeras responden a un carcter jurdico formal, mientras que la parrhesa [1] va un poco ms all, circunscribindose en el plano tico que sostiene la tradicin democrtica de hablar libremente. Este hablar libre no est referido solamente a la posibilidad legal de hacerlo, sino que, precisamente, implica una categora tica, que es, el ejercicio de hablar en nombre de la libertad.

Actualmente, la palabra democracia se utiliza desde un significado puramente jurdico-formal, proveniente de tradiciones terico-polticas desgastadas y extemporneas; las que han terminado quedndose desfasadas respecto a los problemas histrico-materiales del presente. La mayor prueba de ello, es el uso reiterado de la misma terminologa por regmenes polticos que plantean proyectos de vida y de sociedad, radicalmente contrarios y antagnicos. No obstante, lo que parece continuar siendo la condicin primera de la democracia es la palabra pblica, libre, deliberativa y resolutiva; que hoy tiene su gora en la produccin simblica de los medios de comunicacin y en el espacio de participacin ciudadana e integracin que propician las nuevas tecnologas; sobre todo a travs de las llamadas redes sociales.

Podemos percatarnos, entonces, que el vnculo entre discurso y democracia viene desde tiempos ancestrales. Sin embargo, desde los inicios de la democracia clsica griega que hoy identificamos como modelo ideal -, se dieron las primeras tensiones y dificultades histricas. Es probable entonces que, desde ese momento, la democracia se haya conformado a travs del fortalecimiento de los principios jurdicos que la sustentaban, pero tambin desde la omisin de las tensiones que la limitaban.

Estados Unidos y la guerra meditica contra Cuba

Para referirnos al binomio democracia-comunicacin en Cuba, debemos primero, y necesariamente, hacer referencia a la conflictiva relacin que ha mantenido el pas con Estados Unidos despus del triunfo revolucionario de 1959. Intentar mostrar, en una apretada sntesis, cmo se ha comportado esta relacin en los ltimos 58 aos, la cual puede ser caracterizada perfectamente bajo el trmino de guerra meditica.

Las acciones encaminadas a subvertir la Revolucin (mediante el uso de medios de comunicacin), comenzaron a raz de las primeras nacionalizaciones. Es as como desde 1960 se llev a cabo el Programa de Acciones Encubiertas en Contra del Rgimen de Castro, mediante el cual se organizaron conferencias en algunos pases de Amrica Latina dictadas por cubanos opositores; y, adems, se apoy la circulacin clandestina, de peridicos que haban sido ya nacionalizados en Cuba como el Diario de la Marina y El Mundo con mensajes claramente distorsionadores del nuevo gobierno. En ese mismo ao, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) auspici la creacin de la que fue conocida como Radio Swan [2], una emisora desde la cual hablaban cubanos ex trabajadores de la extinta CMQ en su mayora para los cubanos. En 1961, luego de la invasin a Playa Girn, el gobierno norteamericano dio inicio a la conocida como Operacin Mangosta, que buscaba provocar el descontento en la poblacin cubana con la finalidad de incitar una rebelin nacional contra el gobierno. Entre las principales acciones de esta operacin se encontraron la financiacin de cuatro libros de anlisis poltico y seis folletos de comics, todos anti-Castro; as como un cortometraje animado sobre los problemas econmicos de Cuba [3]. Adems de estas acciones, las dcadas de 1960 y 1970, estuvieron marcadas por la transmisin radial de hasta ocho emisoras piratas desde la Florida hacia Cuba.

Los 1980 comenzaron con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca y su objetivo principal de poltica exterior: detener la influencia sovitica en todas las regiones del mundo. Cuba, su vecino comunista ms cercano, se configur en ese sentido, en uno de los puntos principales de su agenda. As lo demostr el Gran Comunicador [4], al crear la Comisin Presidencial para las Transmisiones hacia Cuba en 1981 (primer ao de su mandato); oficina que estuvo encargada de realizar los anlisis y recomendaciones para la aprobacin de una estacin de radio dedicada exclusivamente a realizar transmisiones en contra del modelo de gobierno de la Isla y sus autoridades. En 1985 esta estacin se fundara bajo el nombre de Radio Mart.

En la siguiente dcada se ampliaron los intereses por intervenir a travs de los medios, comenzando as, en 1990, las transmisiones de TV Mart. Estas transmisiones contaron desde un inicio con el patrocinio de la Agencia de Informacin de Estados Unidos (USIA, por sus siglas en ingls). Tambin en estos aos el Congreso norteamericano aprob la Ley sobre la Democracia en Cuba -Ley Toricelli de 1992-, y la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrtica Cubanas -Ley Helms-Burton de 1996-. El objetivo de ambos actos legislativos era trazar la ruta de la transicin hacia la democracia en la Isla; promoviendo el particular estilo que de este concepto tiene el sistema poltico estadounidense.

En los aos 2000 comenz a cuestionarse, por parte del Departamento de Estado, la Junta de Gobernadores de Radiodifusin (BBG) y el Senado norteamericano, la pertinencia de continuar manteniendo a la radio y a la televisin Mart; debido a que no haban alcanzado sus objetivos, luego de ms de 15 aos de funcionamiento y millones de dlares invertidos. Entre los senadores que apoyaban la eliminacin de estos medios de comunicacin se encontraban el ex-Presidente Barack Obama, y el ex-Secretario de Estado John Kerry. Fueron tambin los aos de la conocida mundialmente como la Primavera Negra (2003). La detencin de 75 personas consideradas por el gobierno cubano como disidentes al servicio de una potencia extranjera, se convirti en un suceso meditico global, soportado sobre todo desde consorcios de la comunicacin en Francia y Espaa. Entre los condenados por el sistema de justicia cubano se encontraban periodistas, bibliotecarios, mdicos, etc., que fueron vinculados a la estrategia desestabilizadora del nuevo Jefe de la Seccin de Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason. Los medios que utiliz Cason para intentar dar K.O. al rgimen castrista [5] fueron la distribucin de receptores de radio y materiales de impresin, para que los cubanos tuvieran la oportunidad de informarse a travs de la prensa libre. Al finalizar esta dcada, en diciembre de 2009, la detencin del ciudadano norteamericano Alan Gross fue el acontecimiento encargado de generar polmica internacional. Las acciones que condujeron a Gross a un proceso penal estuvieron relacionadas con actividades que posibilitaban el acceso ilegal a Internet dentro del territorio nacional. Estos intentos le valieron una condena de 15 aos [6] de privacin de libertad por atentar contra la seguridad del Estado cubano.

El trabajo de Alan Gross en Cuba haba sido contratado de forma indirecta por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta agencia, luego de ver fracasado el proyecto de instalacin de redes de Internet ilegales, comenz a apostar por una estrategia que haba probado eficazmente durante el concierto Paz sin Fronteras en septiembre de 2009: el conocido Zunzuneo. El novedoso programa, una especie de Twitter criollo, comenz a funcionar en febrero de 2010 y lleg a superar los 40,000 suscriptores [7]. El objetivo de Zunzuneo fue reconocido por la propia USAID en uno de sus documentos: crear una primavera cubana para renegociar el equilibrio de poder entre Estado y sociedad. En el 2012, Zunzuneo desapareci sin que mediaran explicaciones y en el 2014 se convirti en escndalo internacional debido a una investigacin que realizara Associated Press (AP) que involucraba tanto a instituciones polticas, como a empresas tecnolgicas norteamericanas. Por ltimo, en el ao 2013, la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), junto a Radio y Televisin Mart, lanzaron el programa Piramideo el cual permite, de manera similar a Zunzuneo, crear una red de amigos a travs del envo de SMS masivos. En mayo de 2015, la cantidad de usuarios que haban utilizado esta red superaba los 659,000 y el costo del programa se estimaba en unos 4,321, 173 dlares norteamericanos.

Lo normado y lo no normado en Cuba

El apartado anterior es til para intentar comprender cul ha sido la apuesta del sistema cubano en la regulacin, proteccin y garanta de los derechos relacionados con la comunicacin. En el plano constitucional nos encontramos con una regulacin pobrsima que se rene y resume en los artculos 53 y 54 del magno texto. La primera de estas normativas constitucionales, reconoce la libertad de palabra y prensa, declarando como propiedad estatal a los medios de produccin y consecuentemente prohibiendo, de forma expresa, la propiedad privada sobre estos (Art. 53). Sin disponer ningn tipo de plazo, establece, adems, que el ejercicio de estas libertades estar regulado en una ley especfica; misma que parece confirmar el adagio popular de que los cubanos nos tomamos las cosas con calma, ya que despus de 41 aos de sancionada la Constitucin de 1976, el referido instrumento normativo, no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional.

El Art. 54, por otra parte, es el encargado de reconocer los derechos de reunin, manifestacin y asociacin, as como la ms amplia libertad de palabra y opinin de la sociedad civil cubana (organizaciones de masas y sociales). En este caso no se aventura a proponer una futura norma jurdica derivada, sino que establece que las condiciones para el ejercicio de estos derechos estn ya creadas por las diferentes organizaciones; regulacin que considero estril en trminos de garantas de derechos, ya que no responsabiliza a hacer o no hacer, ni al Estado en general, ni a ninguna de sus instituciones en particular. Por ltimo, podemos observar que palabras como informacin, expresin y comunicacin no fueron seleccionadas por el legislador cubano para ser utilizadas en el texto constitucional, o fueron utilizadas en un sentido distinto al del discurso democrtico [8].

Donde podemos encontrar una regulacin legal, ms o menos extensa, es en la normativa jurdica sancionatoria. De esta manera, el Cdigo Penal, regula en la Seccin Quinta del Captulo II, dedicado a los Delitos contra la seguridad interna del Estado, todo lo relativo a la Propaganda Enemiga. El Artculo 103 es el nico encargado de contener est seccin, y en l se establecen penas de privacin de libertad que van desde uno hasta 15 aos por causales como: incitacin al desorden social, confeccin, posesin o distribucin de propaganda enemiga y difusin de noticias falsas. Todo ello se ver agravado si se utilizan medios de difusin masiva para estos fines. Adems, los Captulos VIII y IX del Ttulo IV sobre los Delitos contra el orden pblico (Art. 208 210), se encargan de establecer sanciones en ocasin de asociarse, reunirse o manifestarse de manera ilcita, as como de confeccionar, difundir o hacer circular impresos clandestinos. Las sanciones en estos casos van desde un mes hasta un ao de privacin de libertad y/o multas de hasta 300 cuotas. Por ltimo, el Ttulo IX sobre los Delitos contra los derechos individuales, se establecen sanciones para quienes atenten contra la emisin del libre pensamiento y contra los derechos de reunin, manifestacin y asociacin (Arts. 291 292). Estas sanciones oscilan entre los tres meses y los dos aos de privacin de libertad y/o entre las 100 y las 500 cuotas de multa.

Adems del Cdigo Penal, encontramos la Ley No. 80 de 1996 Ley de Reafirmacin de la Dignidad y Soberana Cubanas [9] y la Ley No. 88 de 1999 Ley de Proteccin de la Independencia Nacional y la Economa de Cuba [10]. Ambas normativas, tienen como objetivo principal, responder al gobierno norteamericano por la injerencia en asuntos internos que supuso la aprobacin de la Ley Helms-Burton, y de alguna manera contrarrestar sus posibles efectos. La Ley 80 no es una normativa penal propiamente hablando, ya que no establece tipos delictivos ni sanciones. Sin embargo, en su Art. 8 declara como ilcita cualquier forma de colaboracin, directa o indirecta, para favorecer la aplicacin de la Ley Helms-Burton, con lo cual se transforma en una norma sancionatoria accesoria. Entre las conductas que declara expresamente ilcitas se encuentran buscar, suministrar, solicitar, recibir, distribuir o difundir informaciones, publicaciones, documentos o propagandas que pudieran facilitar la aplicacin de la referida Helms-Burton. Adems, prohbe la colaboracin con cualquier forma de emisiones radiales, televisivas u otros medios de comunicacin con similares fines.

Es el Artculo 9 [11] de la propia Ley 80 el que viabiliza la posterior revisin y aprobacin de la Ley No. 88 de 1999, por lo que, la ltima es complementaria a la primera. Esta normativa -que luego de la Primavera Negra de 2003 fue rebautizada como Ley Mordaza-, es una propuesta legislativa que emergi del Ministerio de Justicia de Cuba a la Asamblea Nacional en 1999, persiguiendo dos objetivos concretos [12]: 1. Reducir los marcos sancionadores inicialmente propuestos y; 2. Buscar una estrategia inteligente para la aplicacin de la ley. Estos objetivos son un tanto desconcertantes. En el primer caso, no sabemos a qu marcos sancionadores se est refiriendo, ya que en la Ley 80 de 1996 no se estableci ninguno, y, respecto al Cdigo Penal, lo que hizo fue aumentarlos; y el segundo caso, no merece siquiera anlisis, sencillamente, eso no puede ser el objetivo de un proyecto legislativo. Lo cierto es que la Ley No. 88 de 1999 fue sancionada por la Asamblea Nacional con la finalidad de tipificar y penalizar aquellos delitos que colaboraran con la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra econmica contra Cuba. Al ser una ley especial, su aplicacin es preferente a cualquier otra legislacin penal previa (Artculo 2) y, adems, como un dato interesante, es en esta ley donde se establece por primera vez en el ordenamiento jurdico cubano, el conocido principio de oportunidad [13]. Las sanciones establecidas por esta norma van desde los dos hasta los 20 aos de privacin de libertad y/o desde las 1,000 hasta las 5,000 mil cuotas de multa.

Si bien es cierto que todas estas regulaciones responden al contexto particular que he tratado sintticamente de describir arriba; no es menos cierto que tambin ellas han provocado resultados perversos para el ejercicio de la ciudadana, la participacin y la democracia. Partiendo de esta idea, creo necesario formular una propuesta que aporte elementos al debate sobre los futuros y necesarios cambios que deben darse en materia de proteccin y garanta de derechos en Cuba. Esta propuesta est encaminada al reconocimiento constitucional del derecho a la comunicacin.

Las propuestas en torno a la comunicacin como un derecho

La idea del derecho a la comunicacin, que pudiera parecer novedosa [14] a primera vista, nace en el lejano siglo XVI. Francisco de Vitoria, fraile franciscano, considerado uno de los padres del derecho internacional, propuso el ius communicationis como el derecho natural de todos los hombres a formar comunidad y a alcanzar la felicidad a travs de la comunicacin. Si hacemos una simple reflexin desde el iusnaturalismo, podemos darnos cuenta de que, si para esta corriente de pensamiento solo se poda alcanzar la felicidad a travs de la poltica y, no hay posibilidad de poltica sin comunicacin, entonces el derecho a la comunicacin debera haber trascendido como un derecho fundamental. Sin embargo, esto no ocurri as, y la denominacin comn que mayor acogida tuvo fue el derecho a la libertad de expresin.

La libertad de expresin es hija del liberalismo angloamericano de los siglos XVII y XVIII. Fue reconocida como derecho por vez primera en la Declaracin de Derechos de Virginia en 1776; considerada la primera declaracin de derechos humanos de la modernidad. En esta Declaracin se inspir el Marqus de Lafayette para escribir, a su vez, la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y reconocer ah la libre comunicacin de pensamientos y opiniones como uno de los derechos ms valiosos del hombre. Casi dos siglos ms tarde, el Artculo 19 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948, se erige como el mayor responsable de establecer el derecho a la libertad de expresin y de opinin, como el paradigma dominante a nivel mundial. La Convencin Interamericana de Derechos Humanos y la Declaracin de Principios sobre Libertad de Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, han hecho lo propio a escala regional.

Ahora bien, los derechos humanos no son necesariamente estticos, sino que evolucionan y se van perfeccionando; son una construccin social que se transforma en el tiempo. Los derechos no pueden confundirse simplemente con libertades, sino que implican adems obligaciones y responsabilidades que nos posibilitan vivir en sociedades ms justas e incluyentes. Sostenindome en estas ideas, quiero plantear al derecho a la comunicacin como el derecho capaz de articular y englobar al conjunto de derechos relativos que conocemos como: acceso a la informacin, a la participacin, a la libertad de expresin y opinin, y a la libertad de difusin.

La comunicacin no es patrimonio exclusivo de especialistas, ni de la Unin de Periodistas de Cuba (UPEC), ni del Noticiero Nacional de Televisin (NTV), ni del peridico Granma, como tampoco lo es de los medios de comunicacin alternativos, ni de la blogsfera cubana; sino que es un derecho de todos, que implica necesariamente participar en los procesos individuales y colectivos de construccin de la informacin y del conocimiento. As como la guerra ha sido siempre un proceso demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los militares, el derecho a la comunicacin es extremadamente complejo como para quedar solo en manos de los periodistas.

Sin embargo, dentro del derecho a la comunicacin es evidente que los medios de comunicacin juegan un papel sumamente importante. Es responsabilidad del Estado cubano, en este sentido, democratizar los medios bajo un estricto respeto de los derechos humanos. La comunicacin, por lo tanto, debe ser entendida como un servicio pblico; y el espectro radioelctrico como un bien pblico colectivo. En consecuencia, comparto la idea de que no exista propiedad privada sobre los medios de comunicacin, lo que no significa que est de acuerdo con que estos medios sean un instrumento a las rdenes del gobierno; como actualmente lo son. Lo que s debe hacer el Estado es asumir el rol de garantizar la convivencia, confluencia y autonoma de medios pblicos y de otros medios, como pueden ser los comunitarios. De igual manera deber garantizar los principios de participacin y control ciudadano sobre estos medios, as como la transparencia en su gestin. Tiene que encargarse, tambin, de generar los mecanismos necesarios para la concesin, mediante concurso pblico, de licencias para la asignacin y utilizacin de las frecuencias del espectro radioelctrico. La idea es, entonces, que la propuesta del reconocimiento del derecho a la comunicacin, sea mucho ms amplia que la no censura que normalmente se les exige a los Estados en correspondencia con el derecho a la libertad de expresin.

Otro de los grandes retos en la regulacin de este derecho en Cuba est evidentemente relacionado con Internet y el ciberespacio. Por ms que NAUTA [15] se empee en limitar el acceso a travs de impagables tarifas y de una dudosa calidad en el servicio, cada da ms cubanos irn accediendo al mundo de las comunicaciones digitales. No est muy lejos el momento en que veamos a nuestros candidatos a delegados del Poder Popular haciendo campaa por Facebook y Twitter (o al menos colgando ah sus biografas), y una vez electos, podremos reclamarles por esa va, que no han hecho las gestiones necesarias y suficientes para arreglar el salidero de la esquina; y ojal tambin podamos llevar adelante procesos deliberativos para el diseo, implementacin y evaluacin de polticas pblicas. Las potencialidades de Internet son muy amplias; como cualquier red, busca conectar nodos a travs de vectores (nudos e hilos) y, de esta manera, establecer mltiples conexiones. Esto no significa que Internet sea el mundo de la libertad de la comunicacin que se nos dibuja.

Uno de los primeros retos al cual debe enfrentarse el Estado cubano es el de garantizar la inclusin de todos los ciudadanos mediante una cobertura en el acceso del 100 por ciento de la poblacin [16]. Algunos pases incluso estn comenzando a legislar sobre acceso libre y gratuito a la banda ancha. Sin embargo, si bien sabemos que Internet, a primera vista, nos ofrece innumerables ventajas para el ejercicio democrtico y participativo de la sociedad, debemos estar conscientes tambin de sus limitaciones, y que, por lo tanto, el acceso es condicin necesaria, pero no suficiente.

Algunas de estas limitaciones podemos resumirlas en que, en primer lugar, no es Internet, como podemos pensamos a priori, un mundo libre de censuras; tanto los gobiernos, como los medios y los administradores de las redes sociales censuran determinados contenidos que no son de su conveniencia. En segundo lugar, de alguna manera la sobreinformacin tambin produce desinformacin, debido, sobre todo, a que la informacin de hoy ya no podemos asociarla automticamente con la verdad; esto requiere entonces que los receptores cuenten con herramientas que le permitan filtrar, jerarquizar y refutar esa informacin para poderla encauzar en procesos de comunicacin crtica. En tercer y ltimo lugar, estar conectados a una misma red no significa necesariamente que se construyan relaciones respetando las diferencias; por lo que no basta solamente con garantizar la infraestructura tecnolgica, sino que es necesario, adems, garantizar mecanismos de participacin para poder dialogar como iguales pero con pensamientos distintos sobre los objetivos sociales colectivos y crear otros que impidan la discriminacin y la desigualdad.

En suma, reivindicar el derecho a la comunicacin significa, ante todo, reconocer el rol fundamental de esta en el proceso de reconstruccin al que est llamado la sociedad cubana. Desde este enfoque, la regulacin del derecho a la comunicacin propondra los mecanismos para garantizar que la sociedad cubana aprenda a vivir con la contradiccin y con la provocacin constante que significa dialogar en alteridad. Solo as pudiramos apostar por la configuracin de una ciudadana comunicativa que rechace toda accin que promueva la desigualdad desde donde sea que esta venga, tanto del Estado como de cualquier otro agente poltico, interno o externo.

Notas

[1] Se trataba de tomar la palabra pblicamente para hablar ante el poder, especialmente para impugnarlo, contrariarlo o desafiarlo.

[2] En 1961 cambi su denominacin y hasta 1968 transmiti bajo el nombre de Radio Amricas.

[3] Para noviembre de 1962, el programa Operacin Mangosta habra sido cancelado por John F. Kennedy.

[4] Ronald Reagan fue reconocido como El gran comunicador debido a sus mltiples discursos a favor del conservadurismo poltico y su habilidad para conectar con las audiencias.

[5] Frase utilizada por el propio James Cason en el primer encuentro de embajadores que sostuvo en La Habana luego de su designacin.

[6] Del total de la condena impuesta solo cumpli cinco aos. El 17 de diciembre de 2014 Alan Gross fue liberado producto de los acuerdos para el restablecimiento de las relaciones a los cuales llegaron los gobiernos de La Habana y Washington.

[7] El informe de investigacin de Associated Press (AP) da una cifra un poco mayor; segn sus estimaciones fueron ms de 68 mil personas las que accedieron a esta red.

[8] La palabra informacin no es utilizada en el texto constitucional; mientras que expresin solo est relacionada al espacio de las formas de expresin de las artes y comunicacin al sentido tcnico de las telecomunicaciones.

[9] Consultada en http://www.parlamentocubano.cu/index.php/documento/ley-de-la-dignidad-y-soberania-cubanas/

[10] Consultada en: http://www.lex.uh.cu/sites/default/files/3.Comentarios%20a%20las%20leyes%20penales%20cubanas.PDF

[11] Artculo 9: El Gobierno de la Repblica de Cuba deber presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado en su caso, los proyectos legislativos que sean necesarios para sancionar todos aquellos hechos que de una forma u otra entraen colaboracin con los propsitos de la Ley Helms-Burton.

[12] Estos objetivos son extrados de los comentarios a la Ley No. 88 de 1999, que realiz el Presidente de la Comisin de Asuntos Constitucionales y Jurdicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Dr. Jos Luis Toledo Santander, en un texto publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.

[13] El principio de oportunidad otorga a la Fiscala General de la Repblica, el poder de perseguir un acto que no es posible procesar mediante el principio de legalidad. De igual manera a la inversa, pudiera la Fiscala no perseguir un acto que rene las condiciones legales para ser una figura delictiva.

[14] Sobre todo porque no es un derecho de los reconocidos por la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales subsiguientes.

[15] NAUTA es el servicio que presta la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) para que sus usuarios se conecten a internet y puedan contar con una cuenta de correo electrnico nacional e internacional. A la fecha de este artculo 1 hora de navegacin en Internet desde NAUTA en Cuba tiene un costo de 1,50 CUC (1,75 USD aprox.).

[16] Segn cifras del Banco Mundial, en Cuba solo el 31,1% de la poblacin tiene acceso a Internet. Esta cifra es considerablemente ms baja que la media de Amrica Latina y el Caribe que es del 54,5% de la poblacin.

Fuente: http://cubaposible.com/democracia-en-hd-comunicacion-en-cuba/



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