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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-04-2017

Latinoamrica, sindicalismo amenazado

Esteban De Gori, Camila Vollenweider, Ava Gmez y Brbara Ester
CELAG


Los gobiernos latinoamericanos que optaron por una propuesta neoliberal llevaron varias estrategias con sus sindicalismos locales. Margaret Thatcher haba demostrado que la accin sindical en un pas de gran tradicin obrerista- poda ser limitada o desestructurada. El paro minero de 1984 demostraba que el conflicto entre neoconservadores y sindicatos era clave para la consolidacin de los primeros.

Durante los aos 80 y mientras la mayora de los pases latinoamericanos iniciaban la recuperacin democrtica de sus sistemas polticos los sindicatos pugnaron por sus derechos y por recomponer sus salarios. Esto se inscriba en un continente que empezaba a soportar la crisis de la deuda, la hiperinflacin y la crisis econmica. Donde las presiones por desmantelar el Estado de Bienestar comenzaron a ser muy fuertes por parte de incipientes actores internacionales y agencias de crdito.

Las crisis econmicas de los 80 impactaron entre los asalariados y, en algunos casos, fueron desestructurando y disciplinando a diversos sindicatos. El mundo que comenzaba a abrirse con la revolucin tecnolgica, la flexibilizacin laboral y el toyotismo presionaba sobre las relaciones sindicales y laborales. Frente a esto, los sindicatos fueron profundizando una caracterstica que provena de dcadas anteriores: el corporativismo.

La victoria de propuestas neoliberales en Amrica Latina trajo consigo el desmantelamiento de anteriores regulaciones abriendo el campo para la flexibilizacin/precarizacin laboral y las privatizaciones. Los sindicatos vinculados a sectores pblicos (telecomunicaciones, servicios pblicos: agua, energa, etc.) fueron obligados o presionados para negociar y permitir privatizaciones del sector. Otros sindicatos, ligados al mundo privado, perdieron afiliados y poder poltico ya sea por la afectacin sobre su rubro que propona la apertura comercial o por la nueva estructura econmica que habilitaba el reordenamiento neoliberal. En Argentina, el sindicato metalrgico clave y poderoso durante los 70 y 80- perdi su gravitacin en un pas donde el orbe neoliberal pona a los servicios financieros, bancarios, logsticos y de telecomunicaciones en lugares privilegiados. Lo mismo ocurri con el sindicato minero boliviano, que dej de tener un lugar central ante los precios reducidos de los minerales. Con el neoliberalismo, si bien no desaparecieron los grandes sindicatos, muchos perdieron su poder.

Los gobernantes neoliberales de pases que haban atravesado intensas experiencias nacional-populares y que entre otras cosas- haban dejado importantes sindicatos y memorias de luchas, debieron negociar y presionarlos. Las privatizaciones de servicios pblicos enfrentaron a los sindicatos con los gobiernos. En pases como Argentina y Mxico se produjo, en algunos casos, una negociacin vinculada al mantenimiento de fondos por parte de los sindicatos de las obras sociales (prestacin mdica para sus afiliados) u otros privilegios que no afectaban a la estructura sindical. De alguna manera, el neoliberalismo argentino de la mano del menemismo- y el mexicano bajo la conduccin del PRI- haban logrado seducir y acordar con sindicatos que apoyaban el desmantelamiento de otros sectores o polticas aperturistas. La corporativizacin del sindicalismo se articul en algunos casos- con las propuestas neoliberales. No solo eso, el corporativismo permiti que muchas de las medidas de desmantelamiento se llevaran a cabo . En Brasil, viejos sindicatos apoyaron o restaron conflictividad a las medidas excluyentes. A la vera de estas acciones sindicales, fueron surgiendo nuevos registros de accin sindical ms interesados en resistir las polticas neoliberales (sindicatos del Agua en Bolivia, sindicatos industriales de Brasil, sindicatos estatales en Argentina y de maestros en Ecuador).

La superviviencia corporativa en un mundo econmico y laboral que fue cambiando drsticamente por la desestructuracin del Estado de Bienestar fue una de las caractersticas de la poca. Tambin lo fue una reformulacin de la geometra de poder de los sindicatos con respecto a las dcadas anteriores. Otro rasgo saliente es que, a partir de los posicionamientos de los gobiernos a favor de reformas de mercado durante los aos 90, la accin sindical se desarroll en dos direcciones: una de militancia de confrontacin y otra de contencin del conflicto. Esta ltima permiti afianzar la corporacin y administrar el conflicto con los gobiernos permitiendo cierta paz social. Muchos sindicatos vinculados los tradicionales partidos polticos (Partido Justicialista, Movimiento Nacionalista Revolucionario) oscilaron entre el apoyo y la presin. Las relaciones con las propuestas neoliberales -salvo los que iniciaron un camino de resistencia y que no fueron en su mayora los sindicatos tradicionales latinoamericanos- mantuvieron una distancia pacfica y negociadora. La idea era amortiguar el conflicto social y, al mismo tiempo, negociar condiciones para ese sindicato de modo que lo protegiera de las polticas pro-mercado.

Lo importante es que el sindicalismo no fue derrotado sino que se readapt al nuevo contexto. Si bien perdi capacidad para obtener y mantener algunos derechos sociales y laborales, mantuvo su estructura y negoci paz a cambio de ciertas protecciones ante las medidas econmicas. Inclusive, en Argentina y Brasil, los sindicatos lograron dinamitar cualquier ley que modificara a la estructura sindical, pero fueron permisivos frente a la precarizacin de las relaciones laborales. En otros pases, los gobiernos liberales fueron contra la estructura sindical y contra las relaciones laborales.

Ahora bien, en el contexto neoliberal se abre una nueva dimensin de confrontacin o de realidad para los sindicatos. No slo stos deben calibrar su relacin con el Estado, sino con un mundo econmico global y trasnacionalizado. En un universo de Estados con poca capacidad para limitar a las fuerzas sociales, los sindicatos en los 90, tuvieron que lidiar con su propio Estado, como con otras fuerzas novedosas.

Durante los primeros aos del siglo XXI, los gobiernos antineoliberales de la regin impulsaron una mayor presencia estatal en la economa y mejoraron los indicadores econmicos de sus trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos comenzaban a recibir nuevos afiliados y mejoraban su posicin en una propuesta neodesarrollista: pactar con los nuevos gobiernos. Ampliaron sus beneficios corporativos y en muchos casos fueron parte o tuvieron una incidencia importante, particularmente en los gobiernos de Argentina, Brasil y Bolivia. El mantenimiento de estas alianzas sindicatos-gobiernos antineoliberales permiti la distribucin hacia sectores populares y medios de programas sociales; el aumento de las negociaciones colectivas en el mbito sindical; una mejora de los salarios mnimos y un aumento de la cobertura y calidad de los sistemas de proteccin social1.

La crisis, que introdujo la reduccin de los commodities en toda la economa neodesarrollista de los gobiernos, produjo reformulaciones econmicas y tensiones en esa alianza que se haba forjado. El conflicto o las presiones entre un sector importante del sindicalismo argentino con el gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner o del sindicalismo brasileo con la administracin Rousseff fueron marcando una trayectoria de desgaste. Lo que pareca unido, comenz a distanciarse. En el caso argentino, se mantuvieron en un principio- expectantes frente a las polticas de Mauricio Macri, luego de esa expectancia, decidieron hacer un paro general contra las polticas de Macri. Y en el caso brasileo pese a sus crticas a la propuesta econmica de Rousseff- hoy han pasado a la confrontacin con el gobierno de Temer, particularmente la mayor central obrera (Central nica de los Trabajadores).

En el caso de Venezuela, superado el paro petrolero y el golpe de 2002, el mundo sindical venezolano se fragment. El chavismo logr el apoyo de otros sindicatos y derrot polticamente al sindicato petrolero que haba impulsado el derrocamiento de Chvez. Pero en los ltimos aos, la CTV y el Frente Unitarios de Trabajadores han apoyado a Capriles. En Ecuador, Rafael Correa se confront con los sindicatos docentes ante la propuesta de jerarquizacin y meritocratizacin de la administracin estatal y educativa. Las tensiones se desarrollaron con otros sindicatos, lo que ocasion que en estas ltimas elecciones las centrales sindicales dieran apoyo al candidato neoconservador Lasso. La defensa corporativa que haba permitido en los 90 negociar polticas neoliberales con los diversos gobiernos, tambin se volvi una dinmica poltica para enfrentar a los gobiernos antineoliberales de la regin. Cierta condescendencia inicial de un sector importante del sindicalismo argentino ante el gobierno de Macri y el apoyo a opciones neoconservadoras en Venezuela y Ecuador hablan de la corporativizacin reinante y pragmtica de las estructuras sindicales.

I. Venezuela

En Venezuela el principal rgano sindical histricamente fue la Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV). Su fundacin en 1946 estuvo al amparo del Partido Accin Democrtica (AD). El acuerdo funcionaba en tanto el Estado reconoca a los sindicatos como representantes legtimos de los intereses de los trabajadores y les conceda a cambio posibilidades de participacin, siempre y cuando, a modo de contraprestacin, los sindicatos se comprometieran a conservar la paz laboral y canalizar sus reclamos a travs de las instancias estatales. Al mismo tiempo, la legislacin laboral era restrictiva e intervencionista, la ley laboral de 1974 obstrua el ejercicio del derecho a huelga, y otra ley del ao 1990 comprometa a la jefatura sindical a revelar su gestin financiera, bajo la amenaza de intervencin estatal.

La CTV dispona de un grupo parlamentario propio y desarroll un perfil condescendiente con el Gobierno y con cariz conservador, que funcion codo a codo con la renta petrolera. Este modelo funcion por 20 aos pero se vio agotado por la crisis producida por la devaluacin de 1984 y el Caracazo de 1989. La dirigencia de la CTV se vio entonces dislocada de las bases: mientras los sindicatos llamaban a la huelga y se aunaban a la rebelin popular, los representantes sindicales en el parlamento aprobaban los proyectos de libre mercado del oficialismo. Durante la dcada de los 90 la informalizacin del mercado laboral diezm la afiliacin sindical, decreciendo de un 33% en 1975 hasta 13,5% en 1995 segn datos del Ministerio de Trabajo.

Antes de su primer triunfo electoral en las presidenciales del 1998, Hugo Chvez cuestion la dirigencia sindical. La instauracin de la Quinta Repblica y la modificacin de la Constitucin supusieron un nuevo esquema que ampli el sistema de sindicatos y otorg mayor libertad a estos.

La CTV, bajo la conduccin de Carlos Ortega, se incorpor de lleno en la oposicin poltica, contribuyendo a las manifestaciones que desembocaron el 11 de abril de 2002 en el intento de derrocamiento de Chvez. Ese mismo ao se aprob la Ley Orgnica de Seguridad Social, la cual estableca la necesidad de legislar para regular sus dos aspectos fundamentales: el rgimen de pensin y el de la salud. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, la CTV y la asociacin patronal FEDECAMARAS (Federacin de Cmaras y Asociaciones de Comercio y Produccin de Venezuela) se unieron en una alianza inusual y organizaron un Paro Cvico con el fin de derrocar al presidente electo. El paro fue apoyado por los directivos de la empresa estatal PDVSA (Petrleos de Venezuela Sociedad Annima), que paraliz la extraccin y exportacin de petrleo. Luego del fracaso de su maniobra, Ortega huy a Costa Rica en 2004, regresando un ao ms tarde ilegalmente al pas, donde fue condenado a prisin -sin embargo logr huir del penal en 2006-. Hoy, Ortega vive en el Per, cuyo gobierno le concedi asilo por razones humanitarias.

No todos los sindicatos se alinearon con la oposicin, otras centrales obreras simpatizaron con las reformas chavistas, como la Confederacin General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), brazo sindical del Partido Comunista Venezolano (PCV). En 2003 se crearon nuevas organizaciones sindicales paralelas como la Unin Nacional de Trabajadores (UNT).

Desde el inici del gobierno de Hugo Chvez, el Estado impuls el desarrollo cooperativo en el pas, plasmado en la Constitucin de 1999 y en las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2001-2007. El gobierno venezolano ha buscado desarrollar la economa social, tambin llamada economa popular, para lo cual una de las principales estrategias es el apoyo a la creacin de cooperativas, las cuales, a su vez, estimulan la participacin ciudadana y refuerzan la democracia. La implementacin de dicha modalidad se intensific durante el Paro Cvico como una salida a la crisis generada por la negativa a prestar servicios de diversas empresas contratistas de Petrleos de Venezuela Sociedad Annima (PDVSA), en particular, las de transporte de combustible. Desde entonces, el nmero de cooperativas se ha multiplicado constantemente, desde 2001 al 2009 se han legalizado ms de 300.000 cooperativas2.

Desde el 2012 en Venezuela la figura de los sindicatos se encuentra consagrada dentro de la Ley Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Segn la LOTTT, todos los trabajadores y trabajadoras sin distincin, tienen el derecho de constituir libremente las organizaciones sindicales que consideren convenientes, con el fin de defender sus derechos e intereses. De esta forma, las cmaras de comercio, industria, agricultura y cualquier rama de produccin o servicio, as como tambin los colegios profesionales, pueden ejercer atribuciones sindicales, para lo cual deben estar debidamente inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y cumplir con las normas establecidas para cada organizacin sindical. Todos los sindicatos podrn afiliarse a una federacin, confederacin o central.

En la actualidad las libertades sindicales, que han ido en progresivo aumento gracias al Revolucin Bolivariana, se encuentran divididas y engrosan las filas tanto de la oposicin como de quienes apoyan al presidente electo.

II. Brasil

Actualmente en Brasil existen cerca de 17 mil sindicatos y tres grandes centrales sindicales que agrupan a la mayora: la CUT (Central nica de los Trabajadores) es la ms grande, representando al 21% de los trabajadores; le sigue Fora Sindical, con el 15%, y Unin General de los Trabajadores (UGT), que aglutina al 12%. Las posturas de estas centrales sindicales respecto de la reforma laboral y la previsional que ya ha presentado el gobierno reaccionario de Michel Temer no son unnimes. La CUT, afn a los gobiernos del PT, se ha opuesto radicalmente a ambas, mientras que Fora Sindical y UGT son ms receptivas a la oferta gubernamental, as como otras agrupaciones sindicales menores, como Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) y Central dos Sindicatos Brasileiros.

El vicepresidente de UGT, siguiendo el discurso oficialista de que el sistema previsional es deficitario e insostenible, ha manifestado que sin la reforma de dicho sistema estaramos permitiendo un colapso en las garantas de todos los trabajadores3. Entre otros aspectos, la reforma previsional contempla que la edad mnima de jubilacin sea de 65 aos tanto para hombres como mujeres, y que para percibir el 100% del valor ser necesario haber contribuido 49 aos.

Aunque con amenazas de paro, Fora Sindical cuyo presidente fue un frreo defensor del impeachment a Rousseff y es un gran aliado de Temer- y las dems agrupaciones estn negociando el apoyo a la reforma previsional a cambio de una demanda puntual. Buscan que el gobierno apoye la reglamentacin de un proyecto que retome la contribucin asistencial de los trabajadores a los sindicatos, estn sindicalizados o no (hasta ahora slo los afiliados lo hacen puesto que el Supremo Tribunal prohibi en febrero el cobro a los no afiliados). Esto aumentara los ingresos de los sindicatos y el valor de la cuota sera definido por las propias agrupaciones sindicales4. Centrales, sindicatos, federaciones y confederaciones recaudaron 3,5 mil millones de reales en 2016 con la contribucin sindical; y estiman que la tasa asistencial, cobrada aparte, representa hasta el 80% de algunas entidades5.

III. Ecuador

Ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 2 de abril, varias centrales obreras decidieron dar su apoyo al candidato Guillermo Lasso, banquero con cuentas y empresas no declaradas en parasos fiscales. Autodenominadas clasistas y opuestas al populismo de los gobiernos de Rafael Correa, acordaron respaldar al empresario ya que, en medio de un conjunto de propuestas de corte neoliberal, para ganar su apoyo les prometi restituir un aporte a la Seguridad Social y a las pensiones de jubilacin. De este modo, Unin General de Trabajadores (UGT) y la Cedocut (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores), optaron por terminar con el corresmo, sealando que su apoyo a Lasso no significa que estamos vendiendo nuestros principios de sindicalismo de clase6. En este mismo sentido se pronunciaron la Unin Nacional de Educadores y la Confederacin Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, afirmando que no perderan su impronta de izquierda por llamar a votar al candidato de la derecha, que finalmente perdi la contienda frente al sucesor de Rafael Correa.

IV. Bolivia

En Bolivia se ha cuestionado a la Central Obrera Boliviana (COB) por virar hacia la derecha por su posicin contraria al gobierno, pero esta postura tiene que ver ms bien con su radicalidad de izquierda y visin sectorial.

La brecha entre el gobierno y la COB significa, para el primero, una incoherencia poltica por la desconexin con un sector vulnerable, que en capacidad de movilizacin no es una amenaza a la estabilidad gubernamental como lo fue en el ao 1952, pero s es un cono histrico de la lucha de los trabajadores en Bolivia que el gobierno debe reivindicar.

Recientemente Guido Mitma, dirigente de la COB, pidi al gobierno unificar los sectores de trabajadores contra la derecha, pero dando soluciones a las demandas; este pedido lo hizo al ver que la derecha aprovechaba un conflicto con la Caja Nacional de Salud, para hacer campaa contra reeleccin7. En efecto, ha sido una caracterstica en la dirigencia de Mitma, la bipolaridad con el gobierno, manifestando su apoyo durante negociaciones, pero mediticamente manifiesta su criticidad.

Y es que el posicionamiento radical de la COB contra el gobierno es funcional a la derecha por dos razones; en primer lugar, por el desgaste que le genera al gobierno frente la opinin pblica y, en segundo lugar, por el desgaste poltico del carcter permanente de estas demandas, que no pueden ser satisfechas a mediano plazo, dado que tienen que ver con estructuras econmicas, polticas y sociales del pas, que fueron histricamente abandonadas.

En sus inicios la COB, por el peso poltico que le daba el sector minero, respaldaba las movilizaciones de otros actores sociales y, recprocamente, los conglomeraba; luego del 2000 cuando fue declarada muerta, esa representatividad social fue asumida por el sector cocalero, replicando el apoyo solidario a otros sectores sociales. Este movimiento se organiz polticamente y constituy el Movimiento al Socialismo (MAS) que equilibra las demandas sectoriales y el bien comn. Este equilibrio en el MAS es su fortaleza y a la vez su debilidad8.

La susceptibilidad de que la derecha pretenda cooptar sindicatos, siempre estar presente, sobre todo, cuando las posiciones de los movimientos sociales se muestran radicales e irracionales. Sin embargo, es necesario asegurar que las posiciones radicales no sean utilizadas por la derecha, se debe tener presente la recomendacin del vicepresidente lvaro Garca Linera, a las izquierdas regionales de: no descuidar las ideas despus de las victorias9.

V. Colombia

La historia del sindicalismo en Colombia10 est marcada por una dinmica de respuesta violenta por parte de las instituciones estatales, las empresas y los grupos paramilitares. En efecto el desempeo como sindicalista en el pas supone una estigmatizacin institucional que, a menudo, deriva en la desafortunada prdida de sus actores.

As, la Unin Sindical Obrera (USO) cuenta con ms de 3.000 sindicalistas asesinados desde 1977 y esta es una cifra que no cesa su aumento. Sobre la misma el gobierno Santos hace caso omiso; segn la Escuela Nacional Sindical, en 2009 se registraron 47 asesinatos; 18 atentados de muerte; 412 amenazas de muerte; 129 desplazados forzados; 53 hostigamientos por persecucin sindical; 34 detenciones arbitrarias; 3 desapariciones forzadas y 4 allanamientos ilegales11.

Adems, desde el gobierno hay un esfuerzo por comprimir el derecho asociativo de los trabajadores: entre 2000 y 2007 se rechazaron 491 iniciativas de trabajadores tendientes a la creacin de un sindicato, adems la Corte Suprema de Justicia decidi en segunda instancia que la mayora de las huelgas fueron ilegales: de las 33 que llegaron al alto tribunal y 19 fueron declaradas ilegales, 11 legales y 3 quedaron sin pronunciamiento. Siendo, adems, Colombia el nico pas de Amrica Latina en el que el gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato.

En este marco de dificultades institucionales el presidente de la central Unitaria de Trabajadores, Javier Bermdez, seala que en los aos 90 el sindicato contaba, sin sumar el magisterio, con 16.000 afiliados, en su gran mayora de empresas privadas, pero hoy tiene 18.000 y la mayora (11.000) son docentes, el resto del sector privado, adems manifiesta que ha habido una reduccin del 5 a 3% de afiliacin sindicales.

Aunque no es mayoritario s se observan casos de liderazgos sindicalistas cooptados por la derecha poltica, uno es el de Luis Lucho Garzn reconocido ex lder sindical de la USO, quien ha sido criticado por sus otrora homlogos debido a su anexin al gobierno Santos como ministro para el Dilogo Social y ministro de Trabajo, unos cargos que conllevaron la crtica por su alejamiento de la lucha colectiva y la escasa reivindicacin que llev a cabo durante el ejercicio, siempre tratando de evidenciar un ambiente de paz social inexistente en el pas. De la misma forma Angelino Garzn, quien pasara de ser secretario general de la CUT a ministro de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno del conservador Andrs Pastrana y vicepresidente de la Repblica en el primer Gobierno de Juan Manuel Santos.

La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP ha trado, a pesar del anunciado posconflicto, una dinmica de conflictividad social por el movimiento estratgico de los nuevos Grupos Armados Post-desmovilizacin (GAPD), provenientes del paramilitarismo. Ms de 127 lderes sociales han sido asesinados desde 2016, una amenaza a la paz que ya ha sido evidenciada desde la ONU. Dicha situacin pone de manifiesto un nuevo escenario de complejidades tambin en el marco de la lucha sindical, lo que supone una nueva reflexin de la organizacin obrera en un periodo de pos-acuerdo.

VI. Mxico

En 2016 existan en Mxico 3.077 sindicatos registrados, incluidas las federaciones. Las cuatro centrales obreras CTM (Confederacin de Trabajadores de Mxico), CROC (Confederacin Revolucionaria de Obreros y Campesinos), CROM (Confederacin Regional Obrera Mexicana y la FSTSE (Federacin de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado), apenas representan a alrededor de 1.700 mil trabajadores y son afines al histrico partido gobernante, el PRI. Pero en 1988, en las elecciones que llevaron a Salinas de Gortari a la presidencia, slo la CTM ofreci al por entonces candidato 20 millones de votos de sus afiliados. Todo ello indica que la capacidad de atraccin de trabajadores a sus filas de estos sindicatos ha disminuido drsticamente en los ltimos 30 aos, siguiendo la tendencia hacia el conservadurismo y el liberalismo de su partido aliado12.

La reforma laboral promulgada por el ex presidente Felipe Caldern en 2012 no signific, tampoco, mejoras para los trabajadores: flexibilizacin laboral, autorizacin de contratos a prueba y debilitamiento de la contratacin colectiva, entre otros aspectos que se impulsaron amparados bajo los argumentos de la competitividad y la generacin de empleo. La alianza histrica entre las principales centrales obreras y los gobiernos del PRI, incluido el de Pea Nieto que presenta una tasa de informalidad del 57,2%, ha redundado en que los sindicatos hayan perdido valor entre los trabajadores porque han renunciado a su funcin principal que es la defensa de los derechos laborales. Su dirigencia, en muchos casos acusada de enriquecimiento ilcito y funcionalidad a las patronales, ha contribuido sustancialmente a la prdida de importancia de estas instancias organizativas obreras entre los trabajadores.

Notas:

1 CEPAL, 2010

2 http://www.gestionparticipativa.coop/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=323

3 http://www.brasil.gov.br/governo/2016/06/centrais-sindicais-declaram-apoio-a-governo-temer

4 http://www.revistaforum.com.br/2017/03/25/forca-sindical-de-paulinho-estaria-negociando-reforma-da-previdencia-por-mais-dinheiro-para-sindicatos/

5 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/03/1869642-por-volta-de-contribuicao-centrais-oferecem-oposicao-menor-a-reforma.shtml

6 http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102038071#.WOsw2keupkU

7 http://www.consuladodebolivia.com.ar/2017/02/09/central-obrera-boliviana-pide-evo-unir-sindicatos-principal-enemigo-la-derecha/

8 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/garcia-linera-alerta-sobre-la-embestida-de-la-derecha-en-sindicatos-y-la-academia

9 http://noticias.terra.com.co/mundo/latinoamerica/vicepresidente-de-bolivia-cree-que-derecha-busca-sindicatos-y-universidades,e7cc413adcab21b5726e7a2cdd17cbf1vosfn6tm.html

10 Hernndez, F. (2004) Sindicalismo en Colombia. Implicaciones sociales y polticas. Pontificia Universidad Javeriana de Bogot.

11 Ver http://prensarural.org/spip/spip.php?article 4370

12 http://www.sinembargo.mx/11-03-2016/1634541

Este artculo ha sido publicado enhttp://www.celag.org/latinoamerica-sindicalismo-amenazado/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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