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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-04-2017

La injusta judicializacin de Mateo
Continuidad de la pedagoga para la guerra

Miguel ngel Beltrn Villegas
Rebelin


He aprendido en este oficio que los que mandan no slo

Se detienen ante lo que nosotros llamamos absurdos, sino que se

Sirven de ellos para entorpecer la consciencia y aniquilar la razn.

Saramago

Ensayo sobre la Lucidez

 

Hace ya ms de un mes, que los medios oficiales de comunicacin y el Gobierno informaron sobre la detencin de Mateo y El Cojo segn esta misma fuente autores de al menos 10 atentados terroristas en Bogot entre marzo de 2015 y octubre del 2016. En rueda de prensa el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, afirm que los detenidos estaran detrs de los explosivos contra Novartis, Banco de Colombia, Cafesalud, Banco de Bogot, Capital Salud y la sede la DIAN, agregando adems que no se descartaba que estuvieran implicados en el ataque ocurrido en La Macarena que le cost la vida a un patrullero.

La contundencia con que el titular de la cartera de Defensa seal pblicamente la responsabilidad de los mencionados ciudadanos en dichos atentados contrasta con la postura que ha asumido a la hora de sealar los autores de los asesinatos sistemticos a lderes sociales que en el 2016 y lo que va corrido del ao, sobrepasa la cifra de 120 muertos. En este ltimo caso, a contrapelo de las evidencias, este ente gubernamental ha afirmado no slo que se trata de casos aislados sino que no existe documentacin que indique que paramilitares estaran detrs de dichos crmenes, como lo denunci el reciente informe anual de Derechos Humanos de la ONU.

En Colombia, el artculo 29 de la Constitucin Nacional seala que toda persona es inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. No obstante, este principio de presuncin de inocencia se viola sistemticamente, ms an cuando se trata de estudiantes universitarios o miembros de la oposicin social y poltica que han sido privados de la libertad por ejercer un pensamiento crtico. En la gran mayora de estos casos el sindicado debe probar que es inocente de los cargos que se le imputan y permanecer encerrado en una crcel mientras se surte un costoso y dilatado proceso en el que brilla la ausencia de garantas procesales.

La arbitraria detencin del joven Mateo Gutirrez Len, estudiante de sociologa de la Universidad Nacional, ilustra cmo acta la justicia meditica en estos casos: La imputacin de cargos que hicieran los medios de comunicacin y el titular de Defensa nada tiene que ver con la acusacin presentada por la Fiscala General de la Nacin, que a duras penas y con la ayuda de un parcializado juez de garantas y del Ministerio Pblico- pudo sindicar a Mateo de hechos menores acaecidos hace cerca de un ao y medio en dos puntos de la ciudad.

Es claro que la captura de Mateo y su presentacin ante la opinin pblica como un peligroso terrorista, tuvo como trasfondo inmediato la directriz presidencial dada el da anterior a la polica en el sentido de capturar de manera inmediata a los responsables del atentado de la Macarena y dar as un parte meditico de tranquilidad a la ciudadana bogotana, tras el fallecimiento del patrullero Albeiro Garibello. Para ello se recurri a un falso positivo judicial, prctica que ha ejercido de manera sistemtica el Estado colombiano y que, entre otras cosas, busca mostrar la capacidad operativa de las autoridades incriminando en hechos delictivos a personas inocentes que proceden de familias de escasos recursos o como en el caso de Mateo, tienen un cierto perfil crtico.

Una inteligencia militar poco inteligente

En su tarea de elaborar montajes judiciales los servicios de inteligencia no se detienen ante la ms mnima consideracin, llegando a procedimientos absurdos. Las circunstancias que llevaron a la detencin de Mateo Gutirrez y su posterior reclusin en la crcel nacional Modelo, bajo la sindicacin de los delitos de terrorismo, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y trfico, fabricacin o porte de armas no constituyen la excepcin a esta regla. Al punto que el accionar de los organismos estatales inevitablemente nos recuerda al protagonista de El Otoo del Patriarca cuando orden que el reloj de la torre no diera las doce a las doce sino a las dos para que la vida pareciera ms larga.

En efecto, la captura de Mateo se hizo con base en la declaracin de una de las vctimas que en el momento de los hechos era menor de edad y que identific a la persona que lo amordaz como un individuo de tez morena, cabello rubio recogido y depilado. Cerca de un ao y medio despus el mencionado testigo, en un reconocimiento fotogrfico, cuyo procedimiento arroja serias dudas, seal a Mateo como el responsable de haber colocado el explosivo panfletario en el lugar de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto es que la descripcin fsica hecha por el testigo no coincide con la de Mateo que es una persona de tez blanca, de pelo castao oscuro, cejas pobladas y que desde sus aos de adolescente no usa el cabello largo, como lo puso de presente su abogado defensor Eduardo Matas.

En el colmo de la desinformacin los medios de comunicacin dieron a la publicidad fotografas de Mateo, que muestran cambios en su apariencia fsica y que a decir de los perspicaces investigadores de polica judicial fueron hechos para intentar burlar a las autoridades. Ms all del hecho significativo que se trata de instantneas fotogrficas tomadas en diferentes momentos de su vida, resulta absurdo que los cambios en la apariencia fsica sean ahora judicializados. Con razn el humorista Jaime Garzn y los personajes salidos de su creativa imaginacin, como Heriberto de la Calle o Godofredo Cnico Caspa estuvieron siempre en la mira de los servicios de inteligencia.

Pero la cadena de irracionalidades no termina aqu. Segn fuentes policiales difundidas por los principales medios de comunicacin Mateo viaj a Cuba a realizar un curso de explosivos, y aunque en la imputacin de cargos la Fiscala no hizo referencia a esta absurda acusacin, el hecho es sintomtico de la mentalidad de los funcionarios del aparato policial que, an siguen abrevando de los esquemas mentales que nos leg la guerra fra. Es Acaso esta la nueva polica para el posconflicto que recientemente anunci Santos? Quizs convendra recordarles que hace ya varios lustros que el gobierno cubano en cabeza de Fidel Castro hizo pblico su deslinde de la lucha armada como camino para acceder al poder.

Es sobre estas falsas evidencias que los organismos inteligencia fabricaron el caso Mateo, en el cual resultaron tan poco creativos que a la hora de asignarle un alias utilizaron no el de Eulogio o Pablito como ya lo han hecho en el pasado, sino que hicieron uso de su mismo nombre de pila. Tampoco fueron mucho ms imaginativos con el taxista Steven Buitrago, quien para el momento de la detencin de Mateo llevaba ya varios das en poder de las autoridades (a pesar de que fueron presentadas como capturas simultneas) y a quien los servicios de seguridad hicieron aparecer como el cojo pese a que este hombre jams ha padecido limitacin fsica alguna que permita identificarlo con dicho mote.

Montajes judiciales a la comunidad universitaria, hasta cundo?

La prctica de los montajes judiciales contra la comunidad universitaria, tiene un largo historial en nuestro pas. Baste recordar aqu el caso del dirigente sindical y profesor de la Universidad del Atlntico Jorge Freytter secuestrado, torturado y asesinado en el 2001 y que en los das previos a su crimen fue detenido por la fuerza pblica, acusado de una supuesta omisin de asistencia alimentaria; o, tambin el del socilogo Alfredo Correa DAndreis, quien fuera sealado de ser un importante idelogo de las FARC y tras recobrar su libertad luego de varios meses de prisin, acribillado en una calle de Barranquilla. En uno y otro caso se demostr la participacin del Estado en connivencia con organizaciones paramilitares.

Este mecanismo de los falsos positivos judiciales que se intensific con las polticas de la mal llamada seguridad democrtica del ex presidente y hoy senador lvaro Uribe Vlez- continu siendo bajo las dos administraciones del gobierno de Juan Manuel Santos un instrumento represivo para debilitar el accionar de los movimientos polticos y sociales de oposicin, y sembrar temor entre aquellos que participan en acciones de legtima protesta y resistencia social. Prctica que contina incluso despus de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, como lo constatan las recientes capturas masivas de lderes sociales en diferentes regiones del pas.

Se trata de judicializaciones que estn plagadas de violaciones al debido proceso: capturas irregulares legalizadas por jueces de garantas; desconocimiento del derecho a la presuncin de inocencia; estigmatizacin ante los medios masivos de comunicacin; utilizacin de pruebas ilcitas obtenidas violando derechos fundamentales y principios constitucionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; utilizacin de falsos testimonios; presiones por parte de la Fiscala para lograr la autoincriminacin del sindicado y dilacin del proceso, sin contar con el tratamiento de enemigo interno que recibe por parte de los funcionarios del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

La persecucin y estigmatizacin a la sociologa crtica

Adems de lo anterior en el caso de Mateo hay otra situacin que preocupa: se trata de la persecucin y estigmatizacin de los estudiantes adscritos a las Facultades de Ciencias Sociales y, en particular, de Sociologa. Sobre esta ltima se ha construido un imaginario subversivo que la ha convertido en blanco de sectores sociales y polticos que todava ven en dicha disciplina una amenaza al Status quo. As sucedi en Amrica Latina, en los aos sesenta y setenta cuando se generalizaron las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios del continente que cobr la vida o en el mejor de los casos forz al exilio a muchos acadmicos e intelectuales vinculados a estas facultades.

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, pues bajo el manto de una democracia formal que encubre el accionar terrorista del Estado, numerosos socilogos(as) han sido perseguidos por su pensamiento crtico. As, a finales de los setenta, y al amparo del Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio Csar Turbay Ayala, la sociloga Maria Cristina Salazar estuvo encarcelada 15 meses sin que se hallaran pruebas en su contra; aos despus el socilogo y escritor Alfredo Molano tuvo que salir del pas varias veces amenazado por la intolerancia de los gobernantes de turno y enfrentar cargos de calumnia e injuria por develar los nexos de la familia Araujo con organizaciones paramilitares.

Ms grave an: algunos socilogos y cientistas sociales han sido asesinados por su compromiso con una academia crtica. Es el caso del profesor Edgar Emiro Fajardo, el ya mencionado socilogo Alfredo Correa DAndreis y el docente de la Universidad Pedaggica Nacional Daro Betancur cuyas investigaciones sobre la conformacin mafiosa en el norte del Valle, permitieron identificar posibles responsables de la masacre de Trujillo, donde decenas de campesinos fueron asesinados a manos de narcotraficantes y miembros de la fuerza pblica, acusndolos de constituir las bases de la guerrilla.

Y es que la Sociologa nos recuerda Bourdieu es una ciencia que incomoda y que fastidia. Esta fue quizs la razn por la cual Mateo Gutirrez teniendo la posibilidad de ingresar a una universidad privada gracias a su excelente desempeo acadmico, no se dej tentar por el engaoso y demaggico programa ser pilo paga y opt por estudiar sociologa en la Universidad Nacional, atrado por la tradicin que forj este Departamento en sus investigaciones sobre la realidad nacional como lo fue el libro sobre la violencia en Colombia, realizado por Orlando Fals Borda, Germn Guzmn y Eduardo Umaa Luna, as como otros estudios que, en su momento, se erigieron en referentes fundacionales en el campo de la investigacin rural, urbana y poltica, entre otros.

Tradicin que, debe decirse, no slo ha sido dejada de lado sino muchas veces ignorada, Sin duda porque la institucionalizacin progresiva de un campo disciplinar contrario a lo que pretenden hacer creer algunos pregoneros de una academia asptica- es el resultado de luchas polticas en su interior por la definicin de sus fronteras, sus enfoques, sus orientaciones, donde estn en juego capitales simblicos de diversa ndole, y acechan permanentemente poderes temporales que se escudan en discursos altamente politizados revestidos de una impoluta cientificidad y Neutralidad

Es esta preocupacin la que llev a Mateo a cuestionar -luego de cursar varios semestres de la carrera de sociologa- una academia que se reclamaba a s misma apoltica: Qu triste nos dice Mateo- creo que el sentido con el que naci nuestro departamento fue otro, aportar algo al pas, su gente y construir una academia que corresponda con las necesidades y el proceso histrico colombiano. Espero que los que an nos consideramos como parte del legado de Fals y Camilo saquemos la cara e intentemos darle una orientacin a nuestra alma mater, que as a muchos les pique debe abordar problemas polticos.

El delito de ser joven en Colombia

Por otro lado, la persecucin contra Mateo Gutirrez Len, su estigmatizacin ante los medios de comunicacin y su absurda judicializacin, ilustra cmo los jvenes en el pas siguen siendo las principales vctimas del terrorismo de Estado. As lo ejemplifica el caso de millares de jvenes que hoy se encuentran tras las rejas, purgando largas penas por delitos que jams cometieron. La gran mayora de ellos no contaron en su momento con los recursos econmicos para hacer una adecuada defensa, ni mucho menos con la solidaridad y el apoyo de una sociedad que legitima su silencio frente a estas injusticias con la trillada frase: si est all es porque algo habr hecho.

Pero ni Cristian Leyva ni Erika Aguirre ni Xiomara Torres ni Carlo Carrillo ni Omar Marn ni Jorge Elicer Gaitn ni Carlos Lugo, entre muchos otros estudiantes que resulta imposible listar aqu, cometieron delito alguno, y la mejor prueba de ellos es que tras permanecer varios aos privados de la libertad el ente acusador jams pudo comprobar responsabilidad penal alguna, salvo el delito de expresar a travs de la protesta pacfica, la escritura o la msica su sensibilidad de jvenes crticos e inconformes con una sociedad cada vez ms deshumanizada. Todos y Todas ellas, en su momento fueron presentados por los medios masivos de comunicacin, como peligrosos(as) terroristas, pertenecientes a clulas guerrilleras urbanas y autores de numerosos atentados. No obstante una vez fueron absueltos o recobraron su libertad por violacin al debido proceso, poca o ninguna informacin al respecto publicaron esos mismos medios.

Quienes conocemos a Mateo, y hemos tenido la oportunidad de dialogar con l, sabemos de su rebelda frente a lo establecido, de sus sueos, ilusiones y utopas que es la de todos aquellos que deseamos construir un mundo ms justo y mejor. Porque Mateo no es slo un joven con ideales sino tambin con ideas. As nos lo ha dejado consignado en uno de sus ltimos escritos Colombia nos dice- sera un pas menos violento si a la hora de un reclamo de los campesinos, de los trabajadores, de las mujeres, los indios, negros y de todos los sectores que conforman la gran pobresa (sic) colombiana, se respondiera con soluciones efectivas y sobre todo participacin y protagonismo poltico, y no con polica, encarcelamiento, asesinato y represin.

Pero en Colombia este tipo de reflexiones crticas que cuestionan la legitimidad del rgimen resultan peligrosas. Porque aunque en el discurso institucional se exalte la importancia de los jvenes para la construccin de paz, lo cierto es que cuando stos se asumen como sujetos sociales dispuestos a luchar por una paz que signifique la transformacin de sus condiciones estructurales de pobreza y exclusin, corren el riesgo real de ser judicializados o asesinados. Crmenes como los del menor de edad Nicols Neira y el estudiante universitario Miguel ngel Barbosa, a manos del ESMAD (Escuadrn de Sicarios que Matan a Disidentes) dejan en claro el tratamiento dado por el estado colombiano a la juventud crtica.

Otra de las modalidades de criminalizacin contra los jvenes en Colombia, que cobr particular gravedad cuando el actual premio nobel de paz se desempeaba como Ministro de Defensa, fueron los llamados eufemsticamente falsos positivos (asesinatos a sangre fra perpetrados por agentes del Estado) y que quedaron al descubierto a finales del 2009 cuando varios jvenes entre los 20 y 25 aos, provenientes del municipio de Soacha al sur de la capital del pas, fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos por el ejrcito. En estos casos las vctimas son jvenes que revisten ciertas caractersticas sociales y que los convierten en el blanco de la accin criminal del Estado

Universidad y posconflicto?

La firma del Acuerdo Final para la terminacin del conflicto y la construccin de una Paz Estable y Duradera, firmado el pasado 26 de noviembre entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los delegados de paz de las FARC- EP; as como los actuales dilogos que se adelantan en la ciudad de Quito (Ecuador) con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) abren, sin duda, una esperanza para que en Colombia cese la persecucin en contra de los lderes sociales, y se creen las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la legtima protesta.

En concreto el punto 2 de los Acuerdos de la Habana (Participacin poltica: Apertura Democrtica para Construir la Paz) es claro en afirmar que para la consolidacin de la paz en Colombia se requiere la promocin de la convivencia, la tolerancia y la no estigmatizacin, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democrticos y, por esa va, se promueva el respeto por quienes ejercen la oposicin poltica.

Sin embargo, esto no podr ser posible mientras el sistema judicial colombiano contine actuando como un aparato de guerra que aplica el derecho penal del enemigo a quienes se atreven a cuestionar las polticas oficiales del Estado o a reivindicar sus derechos fundamentales, garantizando al mismo tiempo la impunidad para los agentes estatales o paraestatales que han cometido delitos muchos de ellos reconocidos como de lesa humanidad.

Tampoco contribuye a una verdadera pedagoga de paz la actitud de la gran mayora de la comunidad universitaria que observa con indiferencia como uno de sus integrantes es injustamente perseguido y confinado en una crcel y, menos an, el silencio de las directivas universitarias, que en el mejor de los casos hace pblico un comunicado donde lejos de reivindicar la universidad como un espacio plural en el que deben tener cabida la diferentes visiones y expresiones de la sociedad, su preocupacin fundamental es deslindar responsabilidades frente a cualquier hecho que pueda poner en cuestin la tarea misional que se ha autoimpuesto de profesionalizar mano de obra para el mercado de trabajo.

El papel de la Universidad en el posconflicto no puede concebirse como la explotacin de una temtica, que se proyecta como una fuente econmica para extraer recursos financieros que contribuyan a subsanar su dficit presupuestal, va especializaciones, maestras o cursos abiertos de todo gnero sin pertinencia social alguna; mucho menos para incrementar los puntos en la hoja de vida de sus docentes a travs de investigaciones donde prima miradas hegemnicas que no permiten la expresin de enfoques crticos. Contrario a ello, la universidad debe generar las condiciones para la produccin colectiva -desde una perspectiva pluralista, y abierta al dilogo de saberes- de un nuevo conocimiento orientado a la renovacin de la vida social, poltica, econmica, cultural del pas y de la sociedad en su conjunto.

Se trata, ante todo, que desde la universidad reafirmemos la riqueza irremplazable de la multiplicidad de perspectivas, iniciativas y cosmovisiones del mundo. Esto no se lograr, sin embargo, con una academia encerrada en su torre de marfil, dedicada a la contemplacin narcisista, como si fuese poseedora de una visin definitiva e inobjetable, que ya no requiere de la confrontacin con otras interpretaciones o que slo reconoce otras voces cuando su funcin queda reducida al simple asentimiento; en fin, con una academia en la que -parafraseando a Elas Canetti- cada hombre sea retratado y le rece a su propio retrato.

Sin duda, la arbitraria detencin de Mateo nos lleva a repensar el papel de la universidad en el mal llamado posconflicto, pues no es posible hacer una verdadera pedagoga de paz en las universidades mientras contemplamos con indiferencia que integrantes de esta comunidad son perseguidos y encarcelados injustamente. Desterrar la guerra del campus no supone que las paredes se pinten de blanco, sino que ellas griten: Libertad para un inocente, Libertad para Mateo!!.


Miguel ngel Beltrn Villegas, Ex prisionero poltico

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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