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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-04-2017

Por el restablecimiento de la Constitucin
El hilo constitucional sigue roto

Los abajo firmantes
Rebelin


Al pueblo de la Repblica Bolivariana de Venezuela

Las histricas palabras de la Dra. Luisa Ortega Daz, Fiscal General de la Repblica, sobre las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que dijo que con esas sentencias se verificaba un desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitucin, y una ruptura del hilo constitucional, pronunciadas con ocasin de la presentacin de su informe de gestin del ao 2016, el pasado viernes 31 de marzo de 2017, tuvieron como consecuencia una convocatoria inmediata, por parte del Presidente Maduro, al Consejo de Defensa de la Nacin, organismo que culmin su reunin decidiendo una exhortacin al TSJ, en el sentido de realizar una revisin de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional. La exhortacin fue acatada por el TSJ con la velocidad de una orden militar y, en horas, con fecha sbado 1 de abril de 2017, tuvo supuestamente listas las sentencias 157 y 158, en las que se modifican las sentencias 155 y 156 mediante la supresin de algunos de los apartes ms desembozadamente violatorios, pero dejando al atentado anticonstitucional que esas sentencias representan no slo tan vivo y actuante como antes, sino adems, operando como evidencia flagrante de la transformacin del TSJ, en una sastrera que le disea, le corta y le cose, en horas!, al Presidente Maduro, el traje legal que convenga a sus intereses polticos coyunturales.

Quienes hace ya casi un ao nos conformamos como Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV, lo hicimos porque creemos que el desconocimiento de la Constitucin Nacional tiene una historia que es necesario repasar hoy cuidadosamente.

Un quiebre histrico fundamental del proceso bolivariano ocurri con la abrumadora derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. A partir de ese momento el gobierno parece reconocer que no podr permanecer en el poder si ello depende del apoyo electoral de la mayora de la poblacin venezolana y del cumplimiento de la Constitucin. A partir de este momento, tanto la voluntad del pueblo como la Constitucin se convierten en obstculos a ser superados, dejados a un lado, con el fin de garantizar, como sea, la permanencia del gobierno. Se va tomando, en consecuencia, una serie de decisiones que avanzan en forma cada vez ms sistemtica y ms coherente en la direccin del establecimiento de un orden autoritario.

El primer paso en esa direccin se dio a los pocos das de que el gobierno del Presidente Maduro perdiese las elecciones parlamentarias. Cuando se confront con el hecho de que la oposicin agrupada en la MUD haba obtenido dos terceras partes de la AN. En clara violacin a las normas constitucionales y legales y a los procedimientos establecidos, a finales de diciembre de 2015, cuando le quedaban pocos das de vigencia a la mayora oficialista en la AN, se produce el nombramiento de los nuevos magistrados a las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia. No solo son, estos nuevos magistrados sin excepcin, incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos y ellas ni siquiera cumplan con los requisitos de Ley para ocupar el cargo.

El papel que jugara este TSJ en las nuevas condiciones del pas qued al desnudo cuando, para impedir que la oposicin pudiera hacer uso de su mayora calificada en la AN, los nuevos magistrados se estrenan decidiendo, en atencin a una acusacin de comisin de delito electoral formulada por el oficialismo, desconocer los resultados de las elecciones en el Edo. Amazonas, y a los diputados electos y proclamados por el CNE. De esta forma, la oposicin deja de tener una mayora calificada. Resulta adems especialmente chocante y condenable el hecho de haber utilizado a los diputados indgenas, el sector ms vulnerable de la poblacin, como comodines humanos para una despreciable jugarreta poltica.

En vista de que pasan meses sin que el asunto se resuelva, sin que se hagan las investigaciones para establecer la veracidad de las denuncias por las cuales el TSJ invalid las elecciones, ni realizacin de nuevas elecciones para un estado que se haba quedado sin representacin parlamentaria, la AN decide incorporar a los parlamentarios cuestionados. El TSJ responde declarando a la AN en desacato. A partir de este momento sus decisiones seran desconocidas por el resto de los poderes pblicos. Se da as un segundo momento crtico de ruptura del orden constitucional, producindose la concentracin de poderes que ha permitido al gobierno dar cada uno de los pasos subsiguientes en la direccin del autoritarismo que hemos presenciado y estamos presenciando. La ratificacin parcial de las integrantes del CNE por parte del TSJ, a pesar de que se trata de una atribucin constitucional expresa de la AN. La paralizacin del Referendo revocatorio. La suspensin arbitraria de las elecciones regionales pautadas de acuerdo a la Constitucin para diciembre de 2016, y la aparente disposicin de seguir hacindose los desentendidos que expresa la inexistencia de un calendario electoral para cumplir con el compromiso asumido por el CNE, el 17 de octubre de 2016, de realizarlas a fines del primer semestre del 2017. El Estado de excepcin por ms de catorce meses, en violacin de las normas constitucionales que expresamente lo impiden, con la consiguiente restriccin de los derechos constitucionales que ello implica. La no presentacin del Presupuesto Nacional ante la AN negando as, a los representantes electos por el pueblo, el derecho a conocer y discutir el manejo de los recursos pblicos. Y en esa misma significacin y relevancia, algo tan grave como el Decreto Presidencial 2.248 sobre el mal llamado Arco Minero del Orinoco, que desaplica la Constitucin en el 12% del territorio nacional afectando severamente la soberana nacional, con el consiguiente aplastamiento de los derechos constitucionales territoriales de los pueblos indgenas, y de los derechos constitucionales ambientales de todo el pueblo de Venezuela.

Por otra parte, es obligatorio decir que la oposicin organizada en la MUD tambin contribuy al proceso de erosin de la Constitucin con actuaciones como la del 9 de enero de 2017, cuando, aceptando y reconociendo la situacin de desacato a que los haba sentenciado el, para ellos espurio, TSJ, procede a la desincorporacin de los diputados electos por el Edo. Amazonas, siguiendo el ritual exigido por el TSJ, para una vez, segn ellos, puestos a derecho, proceder a decidir que el presidente Maduro, el mismo que venan denunciando por abuso del poder, ya no era Presidente de la Repblica por un supuesto abandono del cargo.

Volvamos al presente. Todava no se ha disipado la conmocin producida por la intervencin de la Fiscal General de la Repblica el pasado 31 de marzo. El gobierno ha pretendido reducir la grave crisis institucional y constitucional a un mero impasse entre poderes pblicos, impasse que expresara la existencia de separacin y autonoma entre los poderes del Estado y que habra sido superada por las sentencias 157 y 158.

Nada ms lejos de la verdad. Los elementos fundamentales de la ruptura del hilo constitucional permanecen plenamente vigentes. A pesar de las modificaciones y supresiones introducidas, las sentencias del TSJ reafirman en una forma categrica el desconocimiento de la AN, esto es, de la voluntad popular legtimamente expresada en las elecciones parlamentarias del 6-12-2015.

Adems, permanece sin modificacin, a pesar de las nuevas sentencias 157 y 158, la autorizacin al Presidente Maduro para firmar convenios de empresas mixtas sin la aprobacin de la AN tal como lo contemplan la Constitucin y la Ley de Hidrocarburos. Lo que abre las puertas para profundizar, sin obstculo alguno, el violento proceso de apertura/doblegamiento al capital transnacional que est en marcha en la Faja Petrolfera y el Arco Minero del Orinoco.
Las sentencias del TSJ que, en palabras de la Fiscal General, implicaron la ruptura del hilo constitucional, constituyen un grave delito poltico. Este delito tiene autores intelectuales y autores materiales. Quin sancionar a los responsables? Hacemos un llamado a la Dra. Luisa Ortega Daz, Fiscal General de la Repblica, para que acte en consecuencia con sus declaraciones del 31 de marzo pasado y, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el numeral 5 del Art. 285 de la CRBV que dice: Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector pblico, con motivo del ejercicio de sus funciones., inicie los procedimientos correspondientes.

El reto que tiene la sociedad venezolana est, en que hoy camina al borde de una confrontacin violenta, y para preservar la paz se impone el inicio de un proceso de mutuo reconocimiento y trato respetuoso que permita la recuperacin de la autonoma y separacin de los diferentes poderes del Estado, hacia la reinstitucionalizacin del pas. Si son legtimos los votos que mayoritariamente eligieron a Nicols Maduro como Presidente de la Repblica, no son menos legtimos los votos que dieron a la oposicin las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

Para concluir, es importante sealar que todo esto se da en un peligroso contexto internacional donde destacan los nuevos gobiernos de derecha en Brasil y Argentina y la presidencia de Trump, que anuncia lo que ser su poltica exterior con el bombardeo a una base area en Siria. Hacia Venezuela, esta agresiva poltica intervencionista fue anunciada por el Almirante Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en su reciente presentacin ante el Comit de Servicios Armados del senado estadounidense el pasado 6 de abril. Venezuela se enfrentar a una significativa inestabilidad en el prximo ao debido a la escasez generalizada de alimentos y medicamentos; incertidumbre poltica continuada; y un empeoramiento de la situacin econmica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podra eventualmente obligar a una respuesta regional. A partir de las experiencias de Afganistn, Irak, Libia y Siria, en que podra consistir esta respuesta regional?

La actual crisis venezolana tiene que ser resuelta soberanamente por las y los venezolanos, sin intervenciones externas unilaterales o multilaterales. Para ello es indispensable la recomposicin del tejido institucional, que un CNE consciente de que tiene en su actuacin la salvacin de la paz nacional, le entregue perentoriamente al pueblo de Venezuela el calendario electoral que tan peligrosamente le adeuda.

Caracas 10 de abril de 2017

Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitucin:

Ana Elisa Osorio, Oly Milln Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Cliver Alcal Cordones, Hctor Navarro, Gustavo Mrquez, Edgardo Lander, Freddy Gutirrez, Gonzalo Gmez, Francisco Javier Velasco, Juan Garca Viloria, Csar Romero, Santiago Arconada Rodrguez

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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