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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-04-2017

El ciclo poltico del agua: caudales turbulentos

Martn Alonso Zarza y Fernando Urruticoechea Basozabal
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Anlisis de un sector fundamental del Estado de bienestar, con especial atencin a Catalua, donde convergen un alto grado de privatizacin en la gestin y la presencia de Agbar, una de las grandes compaas dedicadas al negocio


El curso del agua es un indicador de buena parte de las patologas de la vida poltica. Llama la atencin la preocupacin que la corrupcin suscita en las encuestas y la falta de una respuesta proporcional a ella. Tres elementos ayudan a explicar esta esquizofrenia. El primero es la insuficiente respuesta institucional, en parte porque la misma corrupcin no recibe el tratamiento que merece en el Cdigo Penal, donde los delitos de cuello blanco son habitualmente low cost. El segundo remite al paradigma econmico vigente: la corrupcin es virtualmente un efecto colateral de la trinidad neoliberal (desregulacin, liberalizacin, privatizacin), como el too big to fail o la desigualdad. Por ltimo, la corrupcin es percibida generalmente como un delito sin vctimas; la externalizacin resulta tan exitosa que ni siquiera los perjudicados perciben cabalmente los costes, y por tanto no los ponen en la balanza a la hora de votar. El recorrido por el curso del agua permite iluminar de forma concreta algunos de estos fenmenos.

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Los pilares del Estado de bienestar se han convertido en objetivo de la bulimia financiera tras el colapso de la burbuja inmobiliaria. Buen ejemplo de ello es el desplazamiento en esa direccin del inters de las constructoras. As, no es casualidad que Aqualia, la filial de gestin de agua de FCC, sea uno de los sectores ms lucrativos de la constructora matriz (144 millones en 2016): aunque la actividad de la filial supone un 17% de las ventas, aporta el 28% del Ebitda, frente al 28% y el 7% de la construccin (El Pas, Negocios, 19/03/2017). ACS cre EMAFESA y SOCAMEX desde su filial Urbaser para ocuparse del ciclo integral del agua. Por su parte, Acciona se hace cargo de la explotacin de Aiges Ter-Llobregat (ATLL) tras su privatizacin por el gobierno en funciones de Artur Mas a finales de 2012 en una operacin en absoluto transparente que ha anulado el TSJC. Es llamativo que el sector del agua, en sus diferentes tramos, haya acabado en numerosas ocasiones en los tribunales, aunque, por las razones que veremos, a menudo sin graves consecuencias.

Este escrito pone el foco en el sector del agua, una pieza fundamental del Estado de bienestar; y dirige una mirada especial hacia Catalua porque all convergen dos circunstancias notables: un alto grado de privatizacin en la gestin del agua y la presencia de una de las grandes compaas dedicadas al negocio del agua, Agbar. La privatizacin de Aiges Ter-Llobregat (ATLL) la joya de la corona, la mayor y la ms polmica de la historia de la Generalitat (afecta a 4,5 millones de personas), adjudicada a la empresa de la competencia, Acciona ha seguido la estela de prcticas experimentadas en la sanidad a travs de la empresa International Tax Planning Services (ITPS), que cre las supuestas pantallas utilizadas por Oleguer Pujol y la familia Rods en el consorcio beneficiario, pese a las irregularidades detectadas por los tribunales (eldiario.es, 30/12/2015).

Ferran Rods, hijo del empresario Leopoldo Rods, es el promotor y accionista de referencia del peridico secesionista Ara, vicepresidente de Havas Media y consejero de Acciona. Adems, Havas, cuyo director general es Alfonso Rods, hermano de Ferran, es propietaria de Media Planning Group, que se lleva la parte del len en la publicidad de la Generalitat (10 millones de un total de 18 en 2014). Adems, fue nombrado por Artur Mas en 2012 para dirigir el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS), pocos meses antes de la privatizacin de ATLL, hoy pendiente de una sentencia judicial. Vemos aqu un tringulo estratgico: Rods era simultneamente asesor del presidente que impuls la privatizacin, consejero de la empresa lder del consorcio beneficiario e inversor personal a travs de la agencia utilizada por Oleguer Pujol. Ya entonces se manifestaron muchas dudas sobre el modo de proceder y de efectuar la concesin. En febrero de 2016, la Oficina Antifrau de Catalunya pidi anular la privatizacin porque Acciona infl las facturas; estas irregularidades pueden traducirse en un incremento de la factura para las familias (eldiario.es, 09/02/2016). Tambin el TSJC haba anulado el concurso resultante en la privatizacin. Paradjicamente, la consejera Neus Munt ha calificado el asunto de operaciones societarias.

Aguas termales para voluntades flotantes

Con el agua tiene relacin Josep Antoni Rosell, director de Infraestructures.cat y uno de los detenidos en octubre de 2015 por la trama del 3%. El caso cobr relieve porque Rosell haba encargado a un amigo que le guardara cuatro maletines. Rosell es responsable de una desviacin presupuestaria en la construccin del canal Segarra-Garrigues con un sobrecoste del 81% (La Vanguardia, 30/10/2015; El Pas, 25/10/2016). La obra fue ejecutada por una UTE compuesta por FCC, Agbar, Copcisa y Copisa, y otras cuatro con menor participacin. Seis de ellas pagaron a CatDem, la fundacin de Convergncia Democrtica de Catalua (CDC), 1.635.500 euros entre 2008 y 2013. El concurso lo cocinaron Rosell, desde la secretara de infraestructuras de Agricultura, el conseller Josep Grau y su nmero dos, Germ Gord.

Rosell es uno de los destacados nacionalistas orgnicos familiarizado con las puertas giratorias. Histrico dirigente de CDC y tutelado por Germ Gord (ltimo consejero de Justicia de Mas; lo encontraremos ms abajo), abandona la empresa pblica Regsega cuatro das antes de que se abran las plicas del concurso; a los pocos meses se convierte en nuevo director general de la concesionaria beneficiaria Aguas Segarra-Garrigues (ASG), siendo FCC y Agbar los accionistas principales. Cuando se descubre el delito, ERC para el golpe pese al impacto meditico de los maletines. El departamento de Economa, pilotado por Oriol Junqueras, le ofrece asilo en un nuevo cargo en la misma empresa Infraestructures.cat, la principal adjudicadora de obra pblica de la Generalitat; ahora como responsable del proyecto de actuaciones internacionales y de investigacin e innovacin. Carles Mund, sucesor de Gord en Justicia, aval la decisin de la repesca de Rosell. La Fiscala Anticorrupcin haba pedido en dos ocasiones prisin para l. Finalmente y ante la magnitud del escndalo, el Gobierno decide prescindir de sus servicios (La Vanguardia, 25/02/2016).

Como la sanidad, el agua es un recurso que forma parte del ncleo duro del pilar social del Estado. En la escuela se estudia que el ciclo del agua se compone de tres fases: evaporacin, condensacin y precipitacin. Estas fases tienen su contrapartida en el ciclo poltico, donde sin embargo slo se ha importado la primera (en su uso figurado) para explicar la desaparicin milagrosa del dinero, un hecho, digamos de paso, que supone una violacin flagrante del primer principio de la termodinmica. Vamos a esbozar a partir de una ancdota las fases del ciclo poltico del agua.

Sabemos que el Ebro nace en la cordillera Cantbrica y desemboca en el Mediterrneo. El curso del lquido metafrico puede hacer el camino en sentido contrario. El 13 de noviembre de 2013, el semanal Asturias Diario public fotocopia de las facturas que Aquagest pag por una estancia del 13 al 15 de agosto de 2010 en el balneario Gran Hotel Las Caldas, de cinco estrellas, a Ignacio Diego, presidente de Cantabria. No fue al nico; tambin a su consejero de Obras Pblicas y a cargos pblicos de Galicia y Asturias. Los cabecillas del crtel del agua usaron el balneario como cuartel general. Masajes faciales todo un signo y cenas no se pagaron en metlico sino que se cargaban en la cuenta de la empresa como si se tratara de una operacin habitual. Digamos, para atender la primera fase del ciclo, que en varios municipios de Cantabria los usuarios recibieron en noviembre de ese ao una carta anunciando que sera Aquagest la encargada de la gestin del agua. Naturalmente uno no est obligado a pensar que hay relacin alguna entre un masaje facial en Asturias y una factura en un municipio de Cantabria, ni mucho menos que eso tenga algo que ver con la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar)[1].

La jueza Pilar de Lara, del juzgado de Lugo, se hizo cargo del caso, que implicaba entre otros a Diego y a su consejero de Obras Pblicas y Vivienda, Francisco Javier Rodrguez Argeso. El Supremo pidi un informe a la Fiscala, que calific los hechos como constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio, o cohecho de facilitacin, pero se opuso a la imputacin de ambos porque el Cdigo Penal vigente entonces estableca un plazo de prescripcin de tres aos y estos ya se haban cumplido, y solicit al Supremo el archivo de la causa (eldiario.es, 02/02/2015). Segn la exposicin de la jueza, la empresa Aquagest, con relevantes intereses en Cantabria, desarrollaba presuntamente una poltica empresarial que inclua el soborno de autoridades polticas y funcionarios con el objetivo de lograr adjudicaciones de las administraciones pblicas.

La decisin del Supremo lleg despus de que el lder del PP cntabro ofreciera un rosario de versiones, desde que se paga sus facturas hasta que l mismo reserv la estancia pero que no la pag porque, tras un encuentro casual con Henry Lao, director territorial de Aquagest en Asturias y Galicia, este no se lo permiti. Lao est imputado en la Operacin Pokmon. La polica desmont tambin esta versin. Que la causa se archivara tiene acaso que ver, pero es solo una hiptesis, con la ltima fase del ciclo del agua, como veremos luego.

Marcas de agua

En todo caso, dos aos despus, los clientes forzosos de Aquagest pasaron a serlo de Aquarbe. Tras las filtraciones no dejamos la tropologa lquida del caso Pokmon, centrado en las empresas Vendex y Aquagest/Agbar, Aguas de Barcelona reorganiz sus filiales y la propia Agbar pas a llamarse Aquadom, como sociedad cabecera del grupo. La reestructuracin obedece, segn la comunicacin de la empresa a los usuarios sin fecha ni firma legible, a criterios de organizacin territorial, mediante la implantacin de nuevas filiales en cada uno de los mbitos territoriales [] atendiendo a motivos de proximidad y cercana al territorio.

Agbar ha creado as un racimo de filiales distribuidas por diferentes comunidades autnomas: Sorea en Catalua, Aquona en las dos Castillas, Hidrobal en Baleares, Canaragua en las islas Canarias, Hidrogea en Murcia, Hidraqua en la Comunidad Valenciana, Aquanex en Extremadura, Asturagua en Asturias, Aquarbe en Cantabria, Pas Vasco, Navarra y la Rioja, Aquara en Aragn y Viaqua en Galicia (Economa digital, 07/11/2013; El Norte de Castilla, 20/11/2013)[2]. Aquadom es el nico accionista de todas esas sociedades. La divisin catalana es la ms importante por volumen de negocio aunque tiene tambin una presencia destacada en Castilla y Len, Castilla la Mancha y Asturias[3]. En Castilla y Len prestaba servicio a un milln de habitantes de cerca de 75 municipios. Silvia R. Pontevedra asegura que el escndalo Pokmon hizo que Aquagest se transformara en Viaqua (El Pas, 31/07/2015). El caso de Galicia permite sacar partido a una ancdota. Hace aos, un sabio local sin diploma sola decir con socarronera que en Galicia solo llova para Fenosa. El sabio ya no est y no podemos saber qu dira hoy. Hoy el cambio climtico que la globalizacin neoliberal ha trado a la poltica permite que llueva en Galicia para una empresa de Barcelona sin que eso importe muchos a los tericos del particularismo nativista y los agravios territoriales. Parece que las cuencas hdricas estn ms liberalizadas que las cuencas regionales.

Modus operandi de Agbar

Pero hay que decir algo del modus operandi de la matriz, Agbar, presentada como modelo de emprendedurismo y con presencia en distintos lugares del mundo. En su informe de sostenibilidad de 2005 hay un apartado titulado Compromisos con la sociedad, que comprende un subapartado sobre tica, transparencia y derechos humanos en el que podemos leer (p. 24):

Uno de los valores del Grupo es el respeto a la democracia, las leyes, la libertad y la salud pblica. En consecuencia, cualquier caso de corrupcin, en tanto que prctica ilegal, supondra un incumplimiento de este compromiso. La Direccin de Recursos Humanos y Servicios Generales no ha recibido ninguna denuncia de caso de corrupcin. El Grupo Agbar no ha recibido ninguna denuncia contra su organizacin por casos de corrupcin.

Desde luego parece que esta declaracin ha quedado malparada por lo que vamos sabiendo. Diez aos despus, el director de Agbar y Aqualia, con un lenguaje impostado sobre el compromiso con el progreso universal del desarrollo sostenible, sin mencionar ninguna de las peripecias de la historia reciente, se muestra mucho ms cauteloso limitndose a esta declaracin gaseosa: Las empresas deben promover en sus reas de influencia: los derechos humanos, los derechos laborales, la proteccin del medio ambiente y combatir la corrupcin (Corresponsables, enero 2015: 28). En puridad se puede promover sin sentirse concernido por lo que se promueve.

Pero Agbar tiene mucho que decir al respecto y asegura tambin de forma integral el ciclo poltico del agua. Agbar es protagonista de varias operaciones. Por las prcticas de Aquagest, la jueza encargada del caso, Pilar Lara, seala un esquema repetido: consistente en la fijacin de una estructura empresarial dirigida a la obtencin de ilcitas adjudicaciones violentando los principios de igualdad, competencia y libertad de concurrencia y defraudacin de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratacin administrativa. De esta forma, la empresa AQUAGEST perteneciente al GRUPO AGBAR ha obtenido amplios beneficios. [] pudiendo considerarse a la empresa AQUAGEST como una verdadera asociacin ilcita, pues adems del engao que implica la simulacin de la transparencia en la adjudicacin de contratos, cuando en realidad hay un concierto que predetermina la decisin final en consideracin a una ddiva, que por s presupone un sobrecoste en la obra, se perjudica a la comunidad en general, pues el empresario lo va a repercutir en el precio final de la prestacin del servicio. (Auto de 28/07/2015)

La empresa se encuentra en el ojo de la Operacin Petrum contra la financiacin ilegal de Convergncia Democrtica de Catalunya (CDC); el grupo Agbar ha sido el mayor donante a CDC entre 2008 y 2013 va fundaciones (895.000 euros a CatDem y 695.000 a Barcelona Frum) (El Pas, 21/10/2015), aprovechando el resquicio que dejaba la Ley orgnica de financiacin de partidos (8/2007, de 4 de julio). CDC es corresponsable de que el 84% de la poblacin catalana tenga privatizado su servicio de agua, mayoritariamente en manos de Agbar (La Marea, 01/01/2016). En un valioso informe sobre la privatizacin del agua en Catalua, Carles Escolano, Eloi Badia, Jaume Delcls y Lidia Serrano afirman que Agbar se ha convertido en un holding de 142 empresas que factura ms de 4.000 millones de euros en todo el mundo y suministra agua a ms de 26 millones de personas.

Segn estos autores, en 2009 recurdese, en plena crisis y el ao del escndalo del Palau barcelons y del editorial conjunto de varios medios de la prensa catalana en torno a la dignidad de Catalua, despus de subir la tarifa un 8,5%, el grupo obtuvo unos beneficios de 160 millones, reparti 90 entre sus accionistas y aument un 30% las retribuciones de la direccin. En 2010, los beneficios subieron a 310 millones mientras reduca un 20% la plantilla en un proceso de mejora de la calidad, un eufemismo para cuenta de resultados[4]. Para acercarnos en el calendario y restringiendo el foco, Aiges de Barcelona, empresa pblico-privada controlada por Agbar, al poco de dar a conocer su cuenta de resultados de 2015, con un aumento de beneficios del 38%, propuso una subida de las tarifas en un 1,68% en 24 municipios, incluida la capital (aiguaesvida.org, 28/04/2016).

Aigua s vida/Agua es vida es la mejor fuente para un seguimiento detallado de la privatizacin del agua en Catalua. En As funcionaba la trama de Aquagest para quedarse con el agua (14/11/2014), refiere el modus operandi de Agbar. Relojes a 6.000 euros, viajes, vino, jamones, estancias en hoteles de lujo; las prcticas inveteradas. En una de las grabaciones, Lao se quejaba de las trabas del secretario de Santiago de Compostela a un contrato que ya haba cerrado con un exalcalde imputado y dimitido; en otra se jactaba de tener controlada la provincia de Ourense gracias a sus contactos con un asesor del omnipotente y proceloso presidente de la Diputacin, Jos Luis Baltar. Esta organizacin destaca una prctica generalizada: la privatizacin provoca una cada en la calidad del suministro y cita como ejemplo el caso del municipio orensano de Punxn.

All el precio se triplic; antes se conoci un trasiego de asesoras caras veremos luego que los bufetes son una pieza clave en la fase de precipitacin, encargadas de elaborar informes aconsejando la privatizacin. En paralelo, la calidad del agua se deterior. Seprona y el Servicio de Vigilancia Aduanera acusaron a la empresa de un delito contra la salud pblica por proporcionar a sabiendas agua contaminada de arsnico; aunque la llegada del txico no fue culpa de la empresa, esta sigui utilizando el agua sin eliminar el arsnico y cuando se vio obligada utiliz una sustancia potabilizadora prohibida para el agua de boca.

Agua es vida, la plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de Catalua, ha llegado a la conclusin, tras analizar los gastos de Agbar, de que el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a crditos, impuestos, publicidad y beneficios (El Pas, 03/10/2014).

El agua, como la sanidad, se ha convertido en un filn. Pero como dice un principio de la economa elemental, nada es gratis. Los beneficios son bombeados en un proceso tpico de la economa de la oferta.

Desde la Federacin de vecinos y vecinas de Barcelona, Llus Rabell denunciaba en su blog en Pblico (29/03/2013) que, en noviembre de 2012 y con los votos favorables de CiU y PSC, se constituy por atribucin directa y sin mediar concurso una nueva sociedad mixta 85% Agbar y 15% pblica en el rea metropolitana, acuerdo acompaado de la entrega de 190 millones a Agbar[5]. Rabell expona que en el ao anterior, en los municipios dependientes de Agbar, se haban iniciado ms de 72.000 expedientes de corte de agua por impago de recibo y que el Consejo de Administracin de la Agencia Catalana del Agua exclua a la representacin del movimiento vecinal.

La justicia, se moja o se pringa?

Seguimos la pista de Agbar en un episodio que no registraron las isobaras mediticas del Mediterrneo, en cuya ribera tiene sede con emblema de torre. En efecto, fue la revista asturiana Atlntica XXII (22/07/2016) la que nos haca saber que Agbar dio cursos de formacin a jueces durante cuatro aos. La noticia es de tal calado que uno tiene la obligacin de contrastarla. En Google, las frases Agbar + cursos de formacin a jueces, remiten todas a menudo reenvos en redes a este artculo de Carlos Mier. Por eso hay que dar rodeos para cerciorarse. Diferentes documentos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejan constancia de estas amistades peligrosas. La fundamental es el Convenio marco de colaboracin entre el CGPJ y la Fundacin Agbar para la realizacin de actuaciones conjuntas en materia de formacin, firmado en Madrid el 20 de diciembre de 2011 por Flix V. Azn Vilas y Ramn Camp i Batalla, por parte del CGPJ, y ngel Simn Grimaldos y Ciril Rozman Jurado, por parte de la Fundacin.

El objetivo es la realizacin de actuaciones conjuntas en materia de formacin, con la finalidad de ampliar conocimientos (...) medioambientales, con miras a la creacin de un foro permanente sobre Derecho de Aguas. Se fija su duracin desde el da de la firma hasta finales de 2012, prorrogndose anualmente, salvo que cualquiera de las partes exprese su deseo en contra. Hay diferentes actas que dan cuenta de la operatividad del Convenio. As, el punto 19 del Pleno celebrado el 31/05/2012 registra la aprobacin de la participacin de los miembros de la Carrera Judicial que se contienen en el Anexo III, en el Encuentro con Aguas de Barcelona: Foro de Derecho del Agua, actividad integrada en el marco del Plan Estatal de Formacin a celebrar en Barcelona los das 28 y 29 de junio de 2012. Establece las comisiones de servicio y licencias por estudios, as como un gasto de 12.134 euros para la realizacin del encuentro. En la reunin de la Comisin Permanente de 25/03/2014 se acuerda aprobar la participacin de los integrantes de la Carrera Judicial que como titulares se recogen en el Anexo III [] en el III Foro de Derecho del Agua que tendr lugar en Las Palmas de Gran Canaria los das 5 y 6 de junio, organizado por Agbar y el CGPJ. Se aprueba un presupuesto de gasto para la actividad, recogido en el mismo anexo (no accesible). En la permanente de 03/06/2014 se concede comisin de servicio a la vocal Roser Bach Fabreg para desplazarse al curso como ponente[6]. Por ltimo, la Comisin Permanente de 29/10/2015 concluye as (p. 43):

Acusar recibo y toma conocimiento del escrito y documentacin presentada por el partido SOBERANIA, representado por Jos Luis Mazn Costa, mediante el que solicita que el CGPJ rescinda el convenio firmado el 16 de diciembre de 2011 con la Fundacin Agbar. Realizar los trmites necesarios en orden a denunciar el Convenio marco de colaboracin entre el CGPJ y la Fundacin Agbar para realizar actividades conjuntas en materia de formacin [] por lo que el convenio dejar de surtir efecto el da 1 de enero de 2016.

No hay, sorprendentemente, la menor explicacin para la decisin. Tampoco de por qu no se atendi la reclamacin muy anterior de un conjunto de organizaciones pidiendo un poder judicial independiente en temas de agua[7]. Sabemos por diferentes fuentes la transparencia no es una cualidad del hidrobusiness que a finales de septiembre del 2012 cerca de una treintena de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de diferentes comunidades autnomas y de la Audiencia Nacional participaron en las sesiones de trabajo que se celebraron en la Torre Agbar bajo el nombre de Foro de Derecho de Aguas, con el objetivo de ampliar su formacin. El foro fue inaugurado por el presidente de Agbar, al que acompaaban la plana mayor de la multinacional y el presidente de La Caixa y copropietario de la empresa, Isidro Fain. Pero haba ms compaas, como la consejera de Justicia de la Generalitat y abogada del Estado en excedencia el consorcio pblico-privado, una vez ms, Pilar Fernndez Bozal, que pronunci estas palabras profticamente cristalinas[8]:

El agua es un bien escaso que dentro de muy poco tiempo no podr sostenerse. Eso de los usos generales, gratuitos, a los que todos, ms nuestros abuelos que nosotros, estbamos acostumbrados, no ser posible. Por eso debemos trabajar todos juntos en una nica direccin, poner en comn obligaciones, necesidades y esos problemas que tiene el poder judicial para aplicar la normativa. No es sencillo. Hacer llegar esas dificultades al sector econmico o al sector que se ocupa de la gestin de las aguas tiene su importancia y su valor. (Atlntica, julio 2016)

El acuerdo suscrito con el CGPJ vena a instruir a los jueces sobre el sentido de las decisiones en caso de conflicto entre la ciudadana y la empresa; y en tal sentido, estableca que la asistencia a los cursos vendra acreditada por la expedicin de diplomas o acreditaciones extendidos conjuntamente por ambas instituciones. Podemos imaginar la predisposicin del acreditado de vuelta a su jurisdiccin en caso de encontrarse ante un contencioso que implicara a la compaa que le acredit. Como seala Carlos Mier, el zorro estableciendo las reglas de convivencia con las gallinas. Naturalmente, la empresa aseguraba el alojamiento de los participantes cuyos nombres permanecen en el secreto; pero la revista pudo saber que asistieron jueces de toda Espaa. Como se ha sealado en la nota lacnica recogida, el convenio se cancel no por iniciativa del CGPJ y pese a las dimensiones cuantitativas y cualitativas de los casos de corrupcin que afectaban a Agbar, sino por la denuncia de un colectivo de abogados agrupados en el partido Soberana. Su representante sigo a Carlos Mier, Jos Luis Mazn Costa, se refiere a que tras los delitos consignados en el auto sobornos, pagos en negro, compra de voluntades utilizados por Agbar para lograr la adjudicacin de concursos, ver a los magistrados del TSJ acudiendo a actos de su fundacin es como ver a jueces que acuden a reuniones de un grupo presuntamente mafioso.

Qu implicaciones tuvo este acuerdo, que estableca un puente lquido entre las instituciones democrticas y los intereses crematsticos de Agbar? Como ocurri en Murcia, muchas de las sentencias de los TSJ han sido favorables a Agbar y contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, que consideran las tarifas del agua como tasas y no como precios. El asunto no es balad dado que si son lo primero deben estar sujetas a control pblico; pero, como apunta el economista e interventor municipal Fernando Urruticoechea: Llama la atencin que en los casos de gestin indirecta mediante concesionarios (Aquagest/Agbar, Aqualia/FCC, Acciona), sus ingresos y gastos no figuren habitualmente en los presupuestos municipales, a pesar del principio constitucional de la universalidad de los ingresos y gastos (art. 134 CE). Sin gastos y sin facturas, no es posible realizar control alguno por las intervenciones municipales[9]. De manera que las empresas que de hecho controlan los recursos pblicos estn libres de control pblico: pueden actuar con impunidad de facto. De nuevo, la transparencia no es una cualidad del negocio del agua.

Y es llamativo que la principal barrera frente a la impunidad no sea la proveniente del derecho pblico puesto que afecta a bienes comunes sino la que procede del derecho privado. As, la denominada guerra del agua en Catalua (economa digital, 20/04/2015) es una guerra entre Agbar y Acciona. La primera ha fichado al letrado estrella Cristbal Martell el de los Pujol, ITV y otras causas; Jos Luis Nez, caso Hacienda; lvaro Lapuerta, caso Brcenas; los socios de Urdangarin, caso Nos; Leo Messi; Manuel Bustos (PSC), caso Mercurio; Xavier Garca Albiol, PP, panfletos racistas; entre otros. El objetivo del abogado es que Acciona pida perdn a Agbar por haberla acusado de apropiarse del canon de los servicios de Aiges Ter-Llobregat (ATLL). El asunto parte de las sospechas de ilegalidad en el contrato de la Generalitat con Acciona, avaladas por varias sentencias. Un efecto colateral de la guerra del agua es que ha venido a apuntalar las tesis de Atlntica XXII sobre las amistades peligrosas entre la justicia y el negocio del agua. Ni la primera ha sido ciega ni el segundo transparente. Resulta que dos magistrados que deban dirimir sobre el conflicto por los macrocontratos de la privatizacin de ATLL tienen vnculos con Agbar (El Pas, Catalua, 23/06/2013). Uno de ellos, Joaqun Jos Ortz, a su vez imputado por el caso ITV, decidi inhibirse por sus estrechas relaciones con Agbar; sobre el otro, Eduardo Paricio Rallo, Acciona pidi la recusacin porque haba participado en el seminario de Agbar, aunque la peticin no prosper. En 2012 la Generalitat, en la mayor operacin privatizadora, adjudic a Acciona la explotacin de la ATLL; una decisin que, como se ha dicho, ha recibido continuos varapalos judiciales y que un rgano de control de la Generalitat, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), haba desaconsejado por cuanto Acciona no cumpla alguno de los requisitos y recomendaba en consecuencia que fuera Agbar la beneficiaria. En su intento por hacer frente al auto que obligara a revocar la adjudicacin Acciona ha movido todos los resortes, entre ellos la recusacin del juez Eduardo Paricio, aduciendo que el magistrado haba participado en un seminario organizado por la Fundacin Agbar. Paricio no se ha apartado del caso y cree que su invitacin al seminario obedece a una resolucin suya de 2010.

Para hermeneutas freudianos aquella resolucin la sentencia 298/2010 del Juzgado Contencioso Administrativo n. 12 de Barcelona sealaba a propsito de Agbar que la gestin del servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad de Barcelona era ilegtima, y en consecuencia el precio que cobra la compaa a los ciudadanos de Barcelona es ilegal. Posteriormente, en enero de 2012, Eduardo Paricio aparece como relator del libro de autora mltiple El precio del agua. Aspectos jurdicos y financieros en la gestin urbana del agua en Espaa, editado por la Fundacin Agbar[10]. El mismo juez firm una interlocutoria que anulaba la privatizacin de la empresa pblica ATLL contra Acciona y el propio gobierno de CiU, con la previsin que se hiciera cargo de la gestin Agbar. Finalmente, es el juez que ha dictado esta sentencia de anulacin[11]. Paricio atribuye la adjudicacin de la autora del libro a los editores y no aclara si cobr por aquellas jornadas de las que result el libro. Aadi que para un observador no interesado no puede deducirse una relacin de colaboracin y amistad con Agbar y que por tanto no se ve condicionada su independencia. El magistrado del caso acept estos argumentos y desestim la peticin de Acciona para recusarle. El asunto ha destapado otros posibles apaos acuticos. Aqualia pregunta si el desistimiento de Ortiz por su relacin con Agbar es anterior a estos cursos y si podra haber influido en dos sentencias del juez en las que Aqualia perdi contratos en Torredembarra y El Vendrell a favor de Sorea, del grupo Agbar. Agua va.

Precipitaciones

Se recoga ms arriba el dato de que el 56% de la factura de Agbar no tiene que ver propiamente con el servicio del agua y este es un detalle de inters para la ltima fase del ciclo el de la condensacin o acumulacin, en el que tienen un destacado protagonismo las instituciones financieras, el estandarte de la economa neoliberal. El papel de la Caixa, accionista destacada de Agbar, es aqu fontal. La fase anterior del ciclo, la evaporacin, tiene que ver con la procedencia de ese 56%, con las prcticas extractivas propias de la economa de la oferta. Aqu encontramos igualmente piezas representativas de la economa liberal en la que los recursos del Estado de bienestar han venido, por una parte, a sustituir al ladrillo como fuente de beneficios y, por otra, a pagar los platos rotos en aquella burbuja; por ejemplo, el rescate bancario[12]. La fase siguiente tiene que ver con el uso de los recursos acumulados precipitacin. Una parte de ellos remontan a los accionistas, como en la economa convencional, pero otra parte se dedica a otras funciones encaminadas a asegurar el caudal de liquidez en el ciclo. Voy a sealar aqu tres destinos principales, muy propios de la economa postmoderna emparentada con la burbuja cognitiva de la posverdad y los hechos alternativos.

1. Compra de imagen

En mayo de 2012, con motivo del primer aniversario del 15-M, un grupo de indignados protesta frente a la sede de la Caixa con cacerolada y pancartas con consignas como: No ms txicos. Que nos devuelvan nuestro dinero o La Caixa es Mordor, en referencia a la regin oscura que habitan los malvados en El Seor de los Anillos. La prensa mayoritaria ignora la protesta, pese a que la entidad se vio obligada a tapar su logotipo en la torre de la Diagonal para evitar costes reputacionales. La persistencia de la inmaculada concepcin del oasis cataln habra sido imposible sin este lavado de imagen a travs de la lluvia fina de los medios.

Si no puede evitar protestas, Fain las silencia. Apenas hubo eco de las protestas del 15-M en la Diagonal y de la cadena anticapitalista del 11-S. Lo que fue censura total en La Vanguardia apenas se relaj en otros medios. Eficaz apagn informativo aplicado tambin sobre el nombre de la entidad bancaria nacional que facilit la opaca transferencia de 1,2 millones de euros del Rey a su hija Cristina para la hipoteca de la casa de Pedralbes. (Marc Andreu, Estrella supernumeraria, Tinta Libre, 08/10/ 2013)

Pero los tentculos de la Caixa van ms all del grupo God, integrado por La Vanguardia, Rac1 la cadena de radio lder de audiencia en Catalua y el canal 8tv. El conde Javier God es vicepresidente segundo de la Caixa y consejero de Caixabank. La Caixa es a su vez el mayor acreedor del grupo Zeta, editor de El Peridico y las revistas Tiempo e Intervi. El tercer gran bloque de influencia es a travs del grupo Prisa, propietario de El Pas HSBC, la Caixa y Santander son accionistas, Cadena Ser, Huffington Post y Cinco Das. El control indirecto de los medios por las entidades financieras acreedoras es un dato central para entender el desistimiento ciudadano la servidumbre voluntaria ante el expolio generalizado de sus derechos: los encargados de dar informacin sensible tienen intereses superiores que les obligan a callarla. Es una paradoja el bajsimo coste poltico de la corrupcin en relacin al dao que causa: aqu reside una parte principal de la explicacin de ese fenmeno funesto. Sera interesante en este punto contrastar el balance hidrofinanciero con el etnopoltico; la circulacin del flujo de liquidez del primero con la supuesta plantilla de los agravios del segundo.

2. Compra de derecho

Ahora el modelo es Banca Catalana. Un caso que ilustra la confluencia de togas de oro, algunas luego en la crcel por comportamiento mafioso, con una sentencia absolutoria de un tribunal que hoy sabemos que no debera haberlo sido; la connivencia/colusin de las caras privada y pblica del derecho. Por una parte, las grandes corporaciones se hacen con los servicios de los mejores bufetes de abogados y consultores que, por as decir, les escoltan, a lo largo de todo el ciclo (o el curso). Primero elaboran informes favorables a la liberalizacin/privatizacin con los que justificar decisiones en esa direccin; luego asesoran en la elaboracin de los contratos; por fin, cuando aparecen prcticas ilegales, se aprestan a defender a sus ejecutores. Los excedentes de beneficio (una expresin no homologada) se canjean por este tipo de servicios; por eso los profesionales dedicados a ellos figuran entre los mejores pagados. Mucho mejor desde luego que los funcionarios pblicos. Cuando se llega al extremo de que la parte se convierte no ya en juez sino en instructora de jueces, como acredita el convenio marco, el ciclo del agua se precipita en una cascada de impunidad.

3. Compra de voluntades

Los dos apartados anteriores se inscriben en el rubro del mantenimiento, estn encaminados a asegurar la subsistencia de las entidades gestoras. Pero el ciclo requiere la renovacin continua. Para esto hacen falta funciones de tarea, funciones que corresponden a conseguidores o abrelatas dispuestos a facilitar el acceso al goloso abrevadero. A su vez, estas figuras, colocadas estratgicamente, necesitan ser engrasadas. Masajes, balnearios, jamones, relojes, viajes y otras primas menos confesables moldean las voluntades y ablandan las decisiones. Con eso volvemos a la ancdota inicial. Los abrelatas funcionaron, las concesiones tuvieron lugar y a algunos de los responsables les ha salido ms gratis, valga la extraa expresin, que lo que denunciaba la consejera catalana en la inauguracin de los cursos a los jueces.

Porque el rgimen de precipitaciones no afecta solo a los individuos, tambin a los partidos. La Caixa condon en 2004 6,57 millones de euros en crditos al PSC y 2,7 a ERC. As empez el tripartito, del que el economista Antoni Serra Ramoneda dice que nada haca sin antes hablar con Fain, quien desayunaba todos los lunes con el consejero de Economa. Desde que CiU gobierna la Generalitat, ni eso necesita (Marc Andreu, Tinta Libre, 08/10/2013).

La hidrologa poltica es una disciplina con futuro en el esquema neoliberal, del que el paisaje cataln es un buen exponente. Tenemos aqu un doble trasvase: de recursos en la direccin pblico-privado fase extractiva, de oferta, y de control en la direccin contraria fase manipulativa, de demanda. Este es el rasgo distintivo de la economa neoclsica, en el que el eje de la soberana material ha sido desplazado desde el gora a los fondos de inversin. La compra de voluntades es el nicho ms rentable de la economa especulativa, asegurado por la irrelevancia a que han sido reducidas buena parte de las fuerzas de la izquierda. El Estado de bienestar se ha convertido en vctima de las prcticas depredadoras de las lites extractivas. Volvemos con ello a la idea de laboratorio: Agbar es una suerte de buque insignia de la nueva economa del emprendedurismo, postmoderna y postdemocrtica.

Es ciertamente integral, pues comprende el ciclo completo, que abarca desde la impunidad precocinada por los cursos a jueces? al acondicionamiento de voluntades abrelatas y la eufemstica o inexistente presentacin de los hechos turbios en los medios concertados. Agbar/La Caixa juegan as con ventaja en todas las fases del ciclo.

La remunicipalizacin: exigencia social y necesidad democrtica

Precisamente por su condicin de modelo la hidrocorrupcin no es un hecho diferencial; el caso Acuamed, que bien merece un captulo monogrfico, muestra una vez ms las constantes transterritoriales de ciertas lgicas del funcionamiento poltico-financiero. Por cierto, su director general, Francisco Javier Baratech, ha admitido que, pese a que FCC cobr 190 millones de euros de fondos pblicos para limpiar el embalse de Flix (Ribera de Ebro), los trabajos de descontaminacin no se completaron y cerca de 80.000 metros cbicos de lodos txicos permanecen sumergidos. Dicho de otro modo: la cuenca poltica del negocio del agua desborda generosamente la cuenca hidrogrfica del Ebro. 1.000 km separan la desembocadura del Ebro de El Ferrol. Desde all un titular: Florentino Prez (ACS) se llev ms de 20 millones con la depuradora de Ferrol que no funciona (galicia.economiadigital.es, 29/08/2015). Urbaser es la marca para la gestin del agua de ACS, controla el 49% de EMAFESA, Empresa Mixta de Aguas de Ferrol (el 51% restante corresponde al municipio). El gobierno local comprob que la estacin depuradora (EDAR) verti al mar las aguas sin depurarlas durante un ao (eldiario.es/Galicia, 01/09/2015). Tambin varios municipios se quedaron sin agua potable por contaminacin.

La fiscala archiv el caso al entender que no se puso en peligro la salud de los ciudadanos. El alcalde de El Ferrol declar que lo sucedido permita abrir una nueva va para la remunicipalizacin. Esta es la palabra. Entre El Ferrol y Tarrassa hay 1.100 km. En Tarrasa, ms de 3.000 personas, con el alcalde al frente, se manifestaron para reclamar la municipalizacin del agua el 19 de marzo ltimo. Apenas el 20% de los municipios catalanes conservan la gestin pblica. Poco a poco la idea de la municipalizacin, tan de sentido comn, se va abriendo camino. La gestin municipal permite inversiones que no hace el sector privado y a menudo reduce la tarifa a los usuarios, como en Pars donde baj un 8%. Pero adems elimina uno de los veneros ms poderosos para la corrupcin poltica, un fenmeno cuyo coste es difcilmente evaluable. Porque las vlvulas giratorias son de doble direccin. El dinero puede ablandar voluntades polticas (casos citados), pero la voluntad poltica puede intercambiarse por dinero.

Volvamos a la privatizacin de ATLL. Dos semanas antes de las elecciones del 25 de noviembre de 2012, tiene lugar el Congreso del Instituto de Empresa Familiar (IEF). La presidencia pasa de Jos Manuel Lara a Jos Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. El IEF haba previsto realizar una declaracin contra el soberanismo, algo que preocupaba a Mas en vsperas electorales. De modo que este anima a Acciona a presentarse al concurso para la adjudicacin de ATLL, que la Generalitat se dispona a privatizar de inmediato. Hasta ese momento, las apuestas favorecan a Societat General dAiges de Barcelona (SGAB, Agbar), 75% de Suez y 24% de Criteria. Parece que los enjuagues tambin han irrigado la flora del procs. En las dos direcciones: Acciona ocupa el nmero 28 pero es de las recin llegadas, su contribucin empieza en 2013 entre la lista de los mayores 100 donantes a la fundacin de CDC entre 2008 y 2013 (Oriol Gell, El Pas, 14/09/2015).

Agbar ocupa el primer lugar significativamente sin donaciones en 2013, el ao tras la privatizacin de ATLL, y le acompaan entre las ms generosas la Fundacin ACS o FCC, entre las constructoras con intereses en el agua[13]. En el ao 2013, Acciona comparte la cuarta posicin lugar junto con el Grupo Soler y Pujol Excavaciones. A lo mejor la querencia de Artur Mas por las metforas nuticas no es agua de borrajas. La privatizacin fue aprobada por un gobierno en funciones y su anulacin por el TSJC tendr un coste superior a los 300 millones. Como leemos en El Triangle (14/12/2016), la privatizacin de ATLL es una espada de Damocles sobre las precarias finanzas de la Generalitat. Y para subir de la letra a la msica: Acciona es una de las empresas del Ibex 35 que tiene ms filiales radicadas en parasos fiscales: 40, segn el ltimo informe presentado en la CNMV. Por eso, el agua (como la sanidad, la educacin y la justicia) se sita en el mbito de lo que el mercado no debera poder comprar, segn la fina frmula del politlogo Michael J. Sandle.

Notas.

1. Agbar pas al grupo francs Suez Environnement en 2014. Segn un comunicado de prensa de Criteria (18/07/2014), este grupo inversor de La Caixa se convertir en el segundo accionista con el 15% de las acciones de Aiges de Barcelona (70% Agbar y 15% AMB). Suez Environnement, ahora Suez Spain, cuenta con una plantilla de 80.000 trabajadores repartida por los cinco continentes. En cualquier caso, para el objeto de este escrito el asunto de la propiedad es prcticamente irrelevante, lo que importa son las prcticas.

2. La jueza del caso Aquagest ha imputado a otros polticos asturianos, de los cuales cinco alcaldes y trece concejales por viajes pagados (El Diario Vasco, 06/03/2015). De los veintitrs imputados en el caso, no todos asturianos, veinte seguan activos en poltica. En 2013, segn la propia compaa, Aquarbe prestaba servicio en Cantabria a los municipios de Santoa, Camargo, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Val de San Vicente y Astillero. La mayora en manos del PP, tambin alguno del PSOE y del PRC; el propio Diego haba sido alcalde de Astillero 11 aos. Desde este municipio escriba Leticia Martnez en su Facebook el 20 de mayo de 2015: [] Aquarbe, la actual concesionaria del servicio de agua de Astillero, es la que ha denunciado al Ayuntamiento de Astillero. Aquarbe considera que los pagos realizados de manera anticipada, como es el pago de balnearios a Ignacio Diego, el importe del contrato, etc., no han sido resarcidos de igual manera en su cuenta de resultados. Ellos tampoco contaban con la crisis y su clculo de beneficios se ha visto mermado de modo considerable y ahora quieren que seamos los vecinos los que sigamos pagando. Lo cierto es que a los vecinos nos han subido la factura del agua por encima del IPC. Lo cierto es que la calidad del agua que reciba la mitad de la poblacin era agua con demasiada cal, lo que ha llevado a un gasto en reposicin de electrodomsticos muy elevado. Lo cierto es que los que pagamos y lo seguiremos haciendo somos los vecinos de Astillero. Lo cierto es que los perjudicados somos nosotros, los que pagamos las facturas y los impuestos. En la publicidad corporativa la frase de presentacin de Aquarbe dice: La excelencia al servicio de todos nuestros clientes. La observacin de la usuaria de Astillero se corresponde con una alegacin presentada por la empresa al ayuntamiento de Los Corrales de Buelna solicitando la modificacin de la ordenanza reguladora de la tasa por el suministro de agua y por la prestacin de los servicios de alcantarillado. En un pleno celebrado el 27 de noviembre de 2014 el ayuntamiento desestim la peticin. Acaso ayud el conocimiento de los lujos gratuitos del presidente regional. Por otro lado, la denuncia de la mala calidad del agua haba aparecido recurrentemente en los medios (El Diario Montas, 29/05/2013). Y para comprender la tolerancia a la corrupcin, conviene saber que a Ignacio Diego no le castig la justicia; tampoco su partido, el PP. De modo que este diario regional poda titular al cabo del caso (28/01/2016): Diego gana confianza en Madrid. Hay que aadir que Diego estaba al frente del partido en Cantabria cuando salieron a la luz los papeles de Brcenas senador por Cantabria, recurdese que mostraban que haban llegado a la sede montaesa 90.000 euros de la caja B. Pero volviendo a Astillero, cuatro meses despus del fin de semana de lujo, el ayuntamiento acept la subrogacin del contrato de agua que tena por concurso Aguas del Norte (ANSA) desde 1988. Aunque ANSA fue absorbida por Aquagest el cambio de titularidad habra obligado a una reconsideracin de la concesin, lo mismo que cuando Aquagest pasa a denominarse Aquarbe (Gente de Santander, 12 al 22/12/2014).

3. Asturias tambin merece un excurso. Hola calific como boda del ao la celebrada en 2013 en los Caputxins de Sarri para Magal Fain hija de Isidro Fain, presidente de la Caixa y accionista de peso en Agbar; de tanto peso que su hijo Ignasi es all director de Reputacin y RSC, y que cont con una nutrida representacin de la alta sociedad, del president Mas a God. Para la de Xavier, cuatro aos antes, Isidro eligi la catedral de Oviedo que acogi a ms de 600 invitados, de los duques de Palma la Caixa no est lejos del caso Noos, aprovechando este Pisuerga a Miquel Roca, Rodrigo Rato, Florentino Prez (ACS), Juan Antonio Samaranch o Juan Luis Cebrin. El cctel y la cena en el Hotel La Reconquista. Para un recorrido por la estrella supernumeraria, es muy recomendable el reportaje de Marc Andreu con ese ttulo (TintaLibre, octubre 2013). No sabemos si entre los invitados de Oviedo se encontraba Henry Lao. Esta figura merece reconocimiento por su aportacin a la lexicologa de la corrupcin: designaba a los polticos contratados-compinchados como abrelatas, porque eran los encargados de abrir puertas con las administraciones (El Faro de Vigo, 18/02/2014). Es la figura del conseguidor, persona con tentculos en los ayuntamientos o militantes de un partido que hacan de intermediarios a favor de las empresas a la caza de contratos.

4. Carles Escolano, Eloi Badia, Jaume Delcls y Lidia Serrano, Catalua, en el informe de ATTAC, La privatizacin de los servicios pblicos en Espaa, mayo 2012: 28-30.

5. Para completar este dato: Salvador Lpez Arnal, El intento de privatizacin (antidemocrtica) del agua por el gobierno de los mejores privatizadores, Rebelin, 06/11/2012.

6. Roser Bach es la esposa de Germ Gord, nombrado por Mas en diciembre de 2010 secretario del Govern de la Generalitat de Catalunya, y dos aos ms tarde conseller de Justcia de la Generalitat. Desde enero de 2016 es presidente de la Comisin de Justicia del Parlament. En marzo de 2017 la Fiscala Anticorrupcin le vincula con la trama del 3%. Se le atribuyen los delitos de soborno, trfico de influencias, prevaricacin, financiacin ilcita, blanqueo de capitales y malversacin de fondos pblicos. Gord nos devuelve a la firma del convenio marco por la va de Ramn Camp, y de la trama del 3% por la del empresario Josep Manel Bassols. En una carta intervenida a Bassols este pretenda poner en conocimiento de Mas la situacin de su cnyuge que estaba interesada en un cambio de puesto de trabajo. Mencionaba como persona de contacto al diputado de CiU Ramn Camp i Batalla, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Segn el sumario, Camp i Batalla le coment que estaba en contacto con el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Catalua, Germ Gord, y se refiri a l como a persona ideal. Entre los dos resolveremos la situacin, dijo segn reflejan documentos que obran en la causa. El empresario consideraba a Gord al que la Fiscala Anticorrupcin califica como el conseguidor o el recaudador de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras pblicas como la nica persona de CDC que haba respondido a sus ruegos (Informativos Telecinco, 10/03/17). Gord forma parte del pinyol, el ncleo duro que aup a Mas al liderazgo de CDC; formacin de la que fue gerente durante la travesa del desierto de Mas. Tambin fue secretario general de Associaci Catalana de Municipis y formaba parte del crculo ntimo del hermano mayor de los Pujol. Viene a cuento una ancdota contada por Francesc-Marc lvaro (Ara s que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors, Barcelona, Edicions 62, 2003, p. 206):

Escolteu, escolteu! Us estic mirant i qu veig? Tu ets cap de gabinet, i tu tamb. I tu ets director general, i tu diputat, i tu sotsdirector general, i tu regidor, i tu cap de servei, i tu cap de gabinet Escolteu b: nosaltres, els que estem aqu reunits, daqu a deu anys hem destar dirigint aquest pas. Per collons hem de guanyar i estar dirigint aquest pas. Vull que us ho poseu al cap.

Qui ha passat llista i qui parla aix de dicidit davant de tots s Germ Gord.

As como la relacin familiar de Bach con Gord no quiere decir que la primera tenga que ver con los posibles enjuagues del segundo es ms difcil defender la distancia entre Gord y Camp, pues ambos son militantes significados de CDC. Camp fue secretario general de las juventudes de CDC y ha sido diputado en el Parlament y en el Congreso antes de ser vocal del CGPJ. El 25/10/2013, con motivo del Da de la Justicia, Mas, acompaado del consejero del ramo Germ Gord, entreg medallas de honor por sus servicios excepcionales a cuatro juristas, entre ellos los dos firmantes del convenio con Agbar, R. Camp y F. V. Azn. Gord, exgerente de CDC llev la iniciativa en el proceso de privatizacin de ATLL.

7. La Fundacin Nueva Cultura del Agua, de cuya web procede esta noticia es una referencia obligada en este terreno.

8. Un mes despus la consejera era la invitada del Frum Europa. Tribuna Catalunya (21/10/2011) en un desayuno informativo patrocinado por Assistncia Sanitria, Agbar y Red Elctrica de Espaa; esta ltima en un 20% participada por el organismo pblico SEPI. Tras dejar el cargo la sucedi Germ Gord fue contratada por Ernst & Young para dirigir la divisin legal de esa consultora en Catalua. No hace falta aadir glosas.

9. Cmo ganar la batalla del agua, Atlntica XXII, septiembre 2014. Este artculo, as como en El abastecimiento de agua potable a domicilio, un servicio pblico y municipal en el que no cabe el lucro, proporciona una batera de argumentos jurdicos que constituyen un complemento tcnico al enfoque sociolgico de este trabajo.

10. Como coordinador figura Santiago Milan del Bosch y Jordn de Urres. El libro es el volumen primero de la coleccin Derecho de Aguas; le siguieron otros tres volmenes correspondientes a los aos del convenio: Aigua: legislaci i justicia (2013), La contractaci en el sector de laigua (2014) y III Foro de Derecho de Aguas (2015). Pese a la cancelacin del convenio, en la pgina institucional leemos que El Foro de Derecho de Aguas se cre en el ao 2011 por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial y la Fundacin Agbar, como un punto de encuentro peridico centrado en el pensamiento y la reflexin multidisciplinar, con el fin de ampliar el conocimiento, contribuir al desarrollo de la doctrina jurdica y facilitar la unificacin de criterios en materia medioambiental, y, sobre todo, en el mbito del agua. El Foro de Derecho de Aguas constituye la primera iniciativa de este tipo en Europa, donde hay una realidad normativa muy diversa y compleja, desde la legislacin local hasta la comunitaria. Mediante sus actividades de estudio y divulgacin, el Foro se ha consolidado como un referente esencial en estas materias. Subrayable el orgullo de la innovacin.

11. Para las posiciones de Paricio: lex Font, Un dels jutges de la 'guerra de l'aigua' va escriure un llibre finanat per Agbar en Ara, 01/04/2013.

12. Pero hay antecedentes que remiten a unas ventajas otorgadas a la burguesa catalana ya en tiempos del franquismo y que no fueron despus subsanados sino utilizados en la direccin de la privatizacin. El lector puede encontrar los pormenores del proceso en la Sentencia 126/2016 (09/07/2016) de la Sala de lo Contencioso Administrativo, seccin quinta del TSJC, especialmente pp. 13-22.

13. A finales de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones autonmicas catalanas, filiales de Agbar/Aquagest de Murcia, Alicante y Valladolid ingresaron cantidades a CDC dentro de la trama del 3%. De manera que, como titula La verdad (27/02/2017), el dinero de la factura del agua de los murcianos pag la campaa electoral independentista de CDC.

Martn Alonso Zarza es doctor en Ciencias Polticas y autor de No tenemos sueos baratos. Una historia cultural de la crisis. Anthropos.

Fernando Urruticoechea Basozabal es economista e interventor municipal.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170412/Politica/12150/agua-privatizacion-Agbar-catalunya.htm



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