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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-04-2017

La institucin prisin en Colombia

Equipo Jurdico Pueblos


Educad a los nios y no tendris que castigar a los hombres. Pitgoras

Durante muchos aos se ha publicado abundante literatura respecto a la crisis social y humanitaria que han padecido, y padecen aquellos ciudadanos colombianos y (extranjeros) que han permanecido, y permanecen, privados de la libertad fsica en las crceles y penitenciarias del pas. Desde descripciones, narraciones y vivencias, hasta criticas, denuncias y propuestas en materia de poltica criminal, han sido difundidas por un sinnmero de interesados e involucrados. Por ejemplo, diversos grupos de investigacin en Ciencias Polticas, Sociales y Humanas, adscritos a varias universidades pblicas y privadas, han desarrollado mltiples estudios entre lo que se destaca, principalmente, el fracaso de la institucin prisin en la estructuracin y funcionamiento del comportamiento social civilizado del Homo Sapiens. De este modo, se ha afirmado, en pocas palabras, que la instucin prisin fue una de las peores instituciones creadas por la humanidad. Que naci deforme: anenceflica y con espina bfida. Y que, a pesar de esto, en Colombia han hecho hasta lo imposible para conservarla viva: le suministran todo tipo de terapias paliativas, anhelando su cura, sin lograr mejora alguna. En consecuencia, la institucin prisin es como esos seres enfermizos que es preferible dejar morir, pues ni en manos de los mejores especialistas podra recuperarse satisfactoriamente.

A partir de esto ltimo se afirma, entonces, que la principal funcin de la institucin prisin NO es la de re-institucionalizar pautas de corpotamiento social legitimadas como normales (valores ticos, morales, religiosos, polticos y jurdicos), sino la de des-institucionalizarlas y de des-legitimarlas. Es decir, NO re-integra el infractor a la ley penal a la sociedad: lo desintegra. NO lo re-socializa: lo des-socializa. En otras palabras, NO humaniza el suplicio del infractor: produce al delincuente. Con la institucionalizacin de la institucin prisin (esto es, con la humanizacin de la justicia penal), las sociedades NO consiguieron humanizar el castigo. Por el contrario, implantaron una nueva relacin entre el infractor a la norma jurdica y el sistema penitenciario: el delincuente. As, el delincuente es el verdadero producto de la institucin prisin:

"Se dice que la prisin fabrica delincuentes. Es cierto que vuelve a llevar, casi fatalmente, ante los tribunales a aquellos que le fueron confiados. Pero los fabrica en ese otro sentido que ella ha introducido en el juego de la ley y de la infraccin, del juicio y del infractor, del condenado y del verdugo. La realidad incorprea de la delincuencia que une a unos a otros y, a todos juntos, desde hace siglo y medio, los hace caer en la misma trampa." (Foucault, Michel. Vigilar y Castigar: el nacimiento de la prisin, 1974).

Por tanto, la verdadera funcin de la institucin prisin NO es la de curar aquel enfermo agudo y de prevenirlo de futuras recadas, sino la de convertirlo en un enfermo crnico y de mantenerlo adicto a sus costosos e intiles tratamientos (el tratamiento penitenciario).

Ahora bien, conforme a lo establecido en el Cdigo Penitenciario y Carcelario de Colombia, se afirma que la pena tiene una funcin protectora y preventiva, pero que su finalidad es la de resocializar a quien ha trasgredido la ley penal. Empero, nuestra legislacin NO hace una clara distincin entre los fines y los objetivos de la pena, falla que confunde la identificacin de sus propsitos. As mismo, el artculo 4 del Cdigo Penal Colombiano establece que la pena debe cumplir las funciones de prevencin general (lo que debera ser el producto de una vasta educacin infantil y juvenil), retribucin justa (que siempre ha sido venganza), prevencin especial (por el contrario, se adquieren otros conocimientos que perfeccionan la criminalidad), reinsercin social (utopa que se acepta con el propsito de conservar viva la enfermiza institucin prisin) y proteccin al condenado (que, adems de ser imposible, es contradictoria con la realidad, demostrada durante ms de siglo y medio).

No obstante, la pretendida retribucin justa (justicia retributiva) de la pena es cuestionable por dos razones: primero, porque sta es desproporcionada e inequitativa. Pues el aumento descontrolado de prisioneros NO corresponde con el aumento de la criminalidad (opuesto a lo que divulgan los medios de comunicacin del pas, que participan activa pero negativamente en la construccin de la realidad social Colombiana), y principalmente slo se aplica a personas de bajos recursos econmicos (marginadas y excluidas). Y segundo, porque en un Estado social democrtico de derecho, el fin de la pena JAMS debe justificar que su ejecucin conlleve a la continua y permanente vulneracin de los derechos -constitucionalmente reconocidos- de los prisioneros.

Adicionalmente, las prcticas propuestas como tratamiento penitenciario y las condiciones de vida en las crceles y penitenciaras de Colombia, contradicen lo planteado y/o exigido tanto por el derecho interno (Cdigos Penal, de Procedimiento Penal, y Penitenciario y Carcelario), como por el derecho internacional (Declaracin Universal de los Derechos Humanos, Reglas Mnimas para el Tratamiento de los Reclusos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, Convencin Americana sobre Derechos Humanos, Convencin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convencin Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Conjunto de Principios para la Proteccin de Todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detencin o Prisin, Principios Bsicos para el Tratamiento de los Reclusos, Principios y Buenas Practicas sobre la Proteccin de las Personas Privadas de la Libertad en las Amricas), pues no slo hay una permanente trasgresin a la dignidad personal sino tambin una constante vulneracin de otros derechos inherentes a la Naturaleza Humana: derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, de peticin, al debido proceso y a la salud.

As, la ley penal, al aplicarse preferentemente a los miembros menos favorecidos de la sociedad, hace que stos pierdan (durante la ejecucin de una pena) gran parte de su dignidad, convirtiendolos en seres absolutamente dbiles y vulnerables. De este modo, dentro de un centro de reclusin son mltiples las formas y prcticas en que se ven menoscabadas sus vidas. Al estar encerrado, cada infractor comienza a verse sometido a un determinado orden que le es impuesto, no slo por los funcionarios del poder estatal sino tambin por otros infractores (o《kameradenpolizei》[nombre que se daba en los campos de concentracin Nazi a los presos, generalmente comunes, que gozaban de la confianza de los alemanes y con los cuales colaboran en las tareas represivas y de control, siendo recompensados por ellos con ciertos privilegios]), en el que mltiples intereses y formas de poder (unas legales y otras ilegales, pero ambas ilegtimas) se entremezclan para fortalecer sus propias estructuras de dominacin. Esta transgresin a la Naturaleza Humana se encuentra ampliamente expuesta por Ral Zaffaroni en su texto Muertes Anunciadas. En dicha obra, este pensador Argentino seala que el derecho a la vida se ve afectado en las prisiones, generalmente, por las mismas entidades del Estado que tienen a cargo su proteccin (ya sea por sus acciones o por sus omisiones), convirtiendose en un fenmeno estructural propio de la dinmica del ejercicio del poder tradicional.

As las cosas, los centros de reclusin resultan ser espacios de muerte donde se propicia todo el ambiente para llevar a cabo, con total impunidad, todo tipo de violaciones de Derechos Humanos. En otras palabras, la ejecucin de una pena privativa de la libertad fsica, en los establecimientos penitenciarios o carcelarios del pas, se realiza en medio de las peores condiciones de vida, contrariando los valores, los principios y los derechos pactados en la Constitucin Poltica de 1991.

Con todo, a la prcticas institucionales descritas se la aade el alto grado de hacinamiento que padecen los establecimientos de reclusin del pas. Segn cifras oficiales, el hacinamiento Carcelario y Penitenciario supera, en general, el 50%. Sin embargo, en varios establecimientos alcanza el 450%. Como es sabido, sta situacin propicia, coadyuva y exacerba la ya mencionada sistemtica violacin de Derechos y Principios Constitucionales: as lo han denunciado varias entidades del Estado. Por ejemplo, en 1998 la Corte Constitucional declar, con base en las altas tasas de hacinamiento y en las particulares situaciones propias de la dinmica carcelaria y penitenciaria vividas durante la dcada de 1990, el《Estado de Cosas Inconstitucional》en el Sistema Penitenciario y Carcelario de pas. En 2013, con base en la persistencia de las elevadas tasas de hacinamiento y en otras situaciones desarrolladas en materia de poltica criminal (diferentes a las presentadas durante los aos 90), la misma Corte decidi declarar nuevamente el《Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Carcelario y Penitenciario》Colombiano. A mediados de 2016, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- declar el《estado de emergencia penitenciaria y carcelaria》en el pas, debido a las《graves situaciones de salud y orden sanitario》que se estaban presentando -supuestamente sol- durante ese ao. Y en 2017, tanto la Defensora del Pueblo como la Corte Constitucional, le han solicitado al Gobierno de turno el cierre inmediato de las crceles o penitenciarias de Riohacha, Medelln (Bellavista), Pereira, Manizales, Valledupar, Montera, Santa Marta y Modelo de- Bogot.

Empero, absolutamente NADA ha cambiado: el《Estado de Cosas Inconstitucional 》se mantiene (fue reiterado en 2015), la tasa de hacinamiento -segn la oficina de estadsticas del INPEC- contina siendo superior al 50%, las《 graves situaciones de salud y orden sanitario 》no mejoran (la atencin en salud es inadecuada, las condiciones de salubridad son psimas y los programas de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad brillan por su ausencia), y todos los establecimientos de reclusin continan recibiendo infractores sin ninguna restriccin.

Ahora bien, es importante destacar que la tasa de hacinamiento de todas los centros de reclusin del pas, en general, y de cada establecimiento, en particular, es calculada por el Gobierno Nacional de manera arbitraria e incorrecta. As, por ejemplo, segn el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- la crcel de Riohacha tiene un hacinamiento, aproximadamente, del 450%. Sin embargo, si la tasa de hacinamiento de dicho establecimiento se calcula teniendo en cuenta unas condiciones respetuosas de los Derechos de los infractores, la tasa de hacinamiento resultara ser, aproximadamente, del 930%. Adicional a esto, tambin es importante llamar la atencin respecto a la atencin en salud y al saneamiento ambiental, pues las《graves situaciones de salud y orden sanitario》no slo NO se presentaron unicamente durante el primer semestre de 2016, sino que cada da se exacerban ms. De este modo, la atencin en salud al interior de los centros de reclusin de Colombia SIEMPRE ha sido pauprrima, deficiente e ineficaz: prueba de esto es la enorme cantidad de acciones de tutela interpuestas durante los ltimos aos, no slo contra la extinta EPS-S CAPRECOM sino tambin contra la actual -inoperante- Fiduprevisora S.A. Igualmente, los programas de Promocin de la Salud y Prevencin de la enfermedad, y de saneamiento ambiental NO se implementan, razn por lo cual cada da son ms los casos reportados de prisioneros infectados con el VIH, Sfilis o Tuberculosis, de brotes o epidemias de gastroenteritis (debido a la calidad de los alimentos suministrados), y de aumento de plagas vectores.

Como resultado de todo lo expuesto se tiene, por tanto, que la institucin prisin es una de las peores instituciones inventadas por la humanidad pues, desde todo punto de vista, NO desempea un papel positivo en el desarrollo del comportamiento social humano. Todo lo opuesto. Si fue creada para humanizar el suplicio del infractor castigado, su resultado fue producir -y reproducir- delincuentes. Si fue creada para disuadir y prevenir la comisin de hechos delictivos, debe aceptarse que JAMS se conseguirn dichos objetivos: toda vez que aquellos son propios de otras instituciones (valores ticos, morales, polticos, religiosos y/o juridicos ), los cuales deben ser instituidos a travs de la educacin y durante los primeros aos de vida del individuo (《estructuralismo 》). Si fue creada para conservar o mantener el orden social, entonces por qu su institucionalizacin estimula, propia y coadyuva a la destruccin de la institucin familia del infractor? Y si fue creada para cumplir la funcin de re-socializar al infractor, tampoco la cumple: por el contrario, lo des-socializa: des-institucionaliza los pocos- valores sociales que el infractor haya adquirido antes de ser prisionalizado. As pues, aunando a esto las condiciones de vida (hacinamiento, insalubridad ambiental, inatencin en salud, etc.) y las prcticas impuestas (《tratamiento penitenciario》) en las crceles y penitenciarias del pas, la institucionalizacin de la prisin, en Colombia, desempea otras funciones: asesina la dignidad del infractor y aumenta la desigualdad social: mientras los menos favorecidos son sometidos a la prisionalizacion, los ms favorecidos son beneficiados con los dividendos monetarios que sta produce, pues para nadie es un secreto que nuestro Sistema Carcelario y Penitenciario es un botn burocrtico y econmico gigante.


Prisioneros Polticos ELN Colectivo Manuel Prez M. Pabelln 4 Estructura 1 COMEB La Picota

Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2017/04/la-institucion-prision-en-colombia.html


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