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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-04-2017

Organizaciones de DDHH sealan que un juez suspendi el proceso penal en casos de ejecuciones extrajudiciales sentando un precedente preocupante
Decisin judicial suspende proceso penal por homicidios del ejrcito

asociacionminga.org


El 28 de marzo de 2017, el juzgado 9 Penal de Garantas de Bogot se neg a realizar una audiencia de imputacin de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 miembros del ejrcito, incluido el coronel Gabriel de Jess Amado Rincn, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008. El juez argument que la futura Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), un sistema de justicia creado como parte de las negociaciones de paz con las FARC, tendra competencia para conocer el caso. La JEP an no ha sido puesta en funcionamiento y no est claro cundo comenzar a operar. El juez sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura poda pronunciarse sobre cul tribunal tiene competencia para entender el caso.

No existe ninguna disposicin en el Acuerdo de Paz o en la legislacin vigente en Colombia que permita suspender procesos penales contra miembros de la Fuerza Pblica presuntamente responsables de atrocidades.

En febrero de 2008, las tres vctimas Daniel Alexander Martnez (21 aos), Diego Armando Marn Giraldo (21 aos) y Jaime Estiben Valencia Sanabria (16 aos) fueron llevadas a travs de engaos desde Soacha, un suburbio de Bogot, hasta las zonas rurales del municipio de Ocaa, a ms de 600 kilmetros, donde fueron asesinadas por miembros del ejrcito y reportadas como bajas en combate. Estos homicidios, junto a los de otros jvenes y menores de edad, se conocen en Colombia como casos de Soacha. La revelacin de estos casos oblig al gobierno nacional a tomar medidas, incluida la destitucin de 27 oficiales, para frenar los homicidios sistemticos del ejrcito.

Entre 2002 y 2008, brigadas del ejrcito en todo el pas asesinaron a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, en lo que se conoci como casos de falsos positivos, incluidos los casos de Soacha. La decisin reciente ocurri nueve aos despus de los hechos y en la primera audiencia llevada a cabo con el objetivo de imputar y dictar medida de aseguramiento en contra de los militares presuntamente responsables de estos tres casos.

La decisin sienta un precedente preocupante que podra tener como resultado que Colombia viole su obligacin de investigar y sancionar sin demoras indebidas las graves violaciones a los derechos humanos, sealaron los grupos de derechos humanos. Las organizaciones saludaron, por otra parte, la sentencia dictada el 3 de abril en contra de 21 militares por otro de los casos de Soacha, por un tribunal diferente.

La decisin del Juzgado 9 Penal de Garantas de Bogot parece ser inconsistente con la legislacin colombiana y con disposiciones del propio Acuerdo de Paz con las FARC, aprobado el 24 de noviembre de 2016. De conformidad con el acuerdo, la JEP tendr competencia para juzgar abusos cometidos por agentes del estado si estos estn relacionados con el conflicto armado. El acuerdo prev que ser la propia JEP y no los jueces ordinarios de Colombia la encargada de determinar cules son los casos de su competencia. Adems, el acuerdo aclara que la Fiscala General de la Nacin debe adelantar las investigaciones por violaciones de derechos humanos hasta tanto la JEP requiera los informes sobre los casos de su competencia. El 29 de marzo, la Fiscala General de la Nacin expres su inconformidad con la decisin, argumentando que los hechos no estaban relacionados con el conflicto armado. Si la Fiscala est en lo cierto, la JEP tambin podra rechazar su competencia sobre el caso.

Resulta inslito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdiccin que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la prctica supone una suspensin por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crmenes, sealaron las organizaciones de derechos humanos.

El uso aparentemente oportunista de la JEP para permitir que los responsables de crmenes atroces eludan la justicia pone en jaque las esperanzas de una paz justa y duradera, sostuvieron las organizaciones.

Las siguientes organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupacin por la decisin:

Anlisis Urbano
Asociacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
Asociacin de Vivienda EMECE
Asociacin Minga
Asociacin Nacional de Ayuda Solidaria
Asociacin Shipia Wayuu
Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo
Comisin Colombiana de Juristas
Comisin Intereclesial de Justicia y Paz
Comit de Solidaridad de Presos Polticos(Franklin Castaeda)
Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ)
Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos
Corporacin Claretiana Norman Prez Bello
Corporacin Jurdica Humanidad Vigente
Corporacin Jurdica Libertad
Corporacin Jurdica Yira Castro
Corporacin para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES)
Corporacin por la Defensa de los Derechos Humanos Cagan Vive
Derechos Humanos Colombia(Jorge Molano)
Equipo Nizkor
EQUITAS
Fundacin Nydia Erika Bautista
Fundacin Paz y Reconciliacin (PARES)
Hijas e hijos por la Identidad, la Justicia, contra el olvido y el silencio
Hijos e hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Human Rights Watch (Jos Miguel Vivanco)
Madres de Soacha
Movimiento de Vctimas de Crmenes de Estado (MOVICE)
Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH)
Organizacin de Vctimas de Ejecuciones Extrajudiciales del Eje Cafetero Voces Unidas exigiendo justicia
Semillas de Memoria
Sisma Mujer

Fuente orignal: http://asociacionminga.org/index.php/noticias/derechos-humanos/1030-colombia-decision-judicial-suspende-proceso-penal-por-homicidios-del-ejercito



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