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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-04-2017

La reforma penal del macrismo para criminalizar la protesta social

Santiago Asorey y Esteban Rodrguez Alzueta
APU


La profundizacin y la sedimentacin del plan econmico llevado adelante por Cambiemos est acotando su marco de accin poltica. Al mismo tiempo que ampla su marco de accin represiva.

En las ltimas semanas el Gobierno agudiz su poltica represiva. Una represin que llega despus de las movilizaciones propias, como la del 1A, que tambin implicaron la interrupcin del trnsito y la demora para que muchas personas llegaran a sus puestos de trabajos. Sus protagonistas no llevaban palos ni capuchas, pero iban portando clises que tienen la misma capacidad de hacer dao que los palos de la polica. Palabras filosas que dejan una marca en la subjetividad de las personas, que recrean malentendidos y grietas sociales, que discriminan y hieren la dignidad de las personas. Una represin testeada con encuestas que el gobierno encomienda a sus consultoras privadas para ir midiendo las adhesiones que les va reclutando el periodismo empresarial a travs de sus cadenas nacionales y las imgenes en loop. El macrismo sabe, por experiencia ajena, que no hay represin sin el consenso de importantes sectores sociales. Un consenso afectivo, ms que racional, que averiguamos en la indignacin de los transentes y automovilistas agitados por los movileros con sus consabidas preguntas sin vocacin de interrogar.

La represin a los militantes de izquierda en la Panamericana durante el paro nacional, y a los maestros en plaza Congreso cuando queran instalar un aula itinerante, son ensayos menores pero ensayos al fin. Por un lado, mandan mensaje a la tropa propia que hace rato viene pidiendo una mano dura frente a este tipo de acciones colectivas, por el otro van instalando el uso de la fuerza represiva como parte del paisaje, instalando el temor entre los activistas con menos experiencia para disuadirlos de esas acciones.

Prueba de ello tambin, es la violenta actuacin policial en un comedor popular en Villa Caraza, en el partido de Lans, que incluy no solo gases y disparo con postas de goma sino, como denunci Juan Grabois -dirigente de la CTEP (Confederacin de Trabajadores de la Economa Popular) y del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)-, torturas a dos jvenes que fueron detenidos desaparecidos durante varias horas por efectivos de la Polica Local conducida por el intendente de Cambiemos, Nstor Grindetti.

Tambin lo que sucedi en una comisara de la localidad de Pergamino donde 7 personas detenidas murieron calcinadas frente a la mirada impvida de los policas, o la violenta razzia que termin con la detencin ilegal de 20 personas en las movilizaciones por el da de las mujeres trabajadoras.

No fueron errores ni excesos, tampoco hechos aislados. Son actuaciones que hay que leer una al lado de la otra, al lado del encarcelamiento de Milagro Sala y la proscripcin poltica de la Tupac.

El agotamiento del macrismo para negociar y operar sobre el conflicto social se ve en diversos frentes. El Ministerio de Trabajo, paso de tener una relacin tironeada con parte de la CGT a una confrontacin abierta con sus dirigentes gremiales que incluyen amenazas de reforma sindical, denuncias de mafias, etc. El Ministerio de Desarrollo demora la reglamentacin de la ley de emergencia social y despus de fracasar en la cooptacin de algunos sectores de la economa popular, ensaya un trato desigual para dividir a los movimientos sociales que estn detrs y dejarlos solos y expuestos en la calle frente a la policas de la ciudad. El Ministerio de Seguridad relanz el protocolo antipiquete que, dicho sea de paso, no tiene todava, despus de ms de un ao de su anuncio, una resolucin con la firma de su ministra, Patricia Bullrich. Un relanzamiento acompaado de declaraciones extorsivas que van caldeando el ambiente y funcionan como incentivos morales a las fuerzas de seguridad.

En el marco de todas estas situaciones, trascendi un proyecto legislativo de Cambiemos para reformar algunos artculos del Cdigo Penal de la Nacin. No slo agravan las penas sino que crea nuevas figuras para los delitos de abuso de armas, las amenazas y daos.

Por un lado se prev para el art. 104, una pena de uno a tres aos a quien participando en una manifestacin pblica utilice en contra de una persona elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de daar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificacin. En el art. 149 ter., donde se consignan las amenazas, se eleva la pena de 3 a 6 aos de prisin o reclusin. Para el art. 184, dedicado a los daos, que prev una pena de tres meses a cuatro aos de prisin, para el que destruyere o inutilizare una cosa mueble o inmueble, total o parcialmente, se agregan estos dos incisos: Inciso 6) Ejecutarlo en sistemas informticos destinados a la prestacin de servicios de salud, de comunicaciones, de provisin o transporte de energa, de medios de transporte u otro servicio pblico; inciso 7). Fueran cometidos en ocasin de su participacin en una manifestacin pblica mediante el uso o exhibicin de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de daar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir la identificacin del agresor. Finalmente, el famoso artculo 194, corte de ruta, introducido durante la dictadura de Ongana despus del Cordobazo, se propone completarlo de la siguiente manera: La pena ser de dos a seis aos si dichos actos fueran cometidos en ocasin de una manifestacin pblica con el uso o exhibicin de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de daar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificacin.

La reforma est a la altura de las demandas del periodismo empresarial y los microfascismos de la vecinocracia. Una vez ms, el objeto de la criminalizacin son los actores ms vulnerables: los desocupados y precariados que, como dijo alguna vez el subcomandante Marcos, tuvieron que taparse el rostro para tener un rostro, empuar un palo para ser tenidos en cuenta en una mesa de dilogo.

Para terminar, conviene hacer un poco de historia para evitar la demonizacin. Las capuchas y los palos en Argentina tienen una historia y nos remonta a las protestas del 2000, 2001 y 2002, incluso un par de aos atrs tambin. Cuando los MTD empezaron a salir a la calle no cortaban las grandes rutas sino las arterias internas que comunicaban una localidad con otra localidad, o dos barrios dentro de la misma localidad. Las policas que mandaban a cubrir los corten eran los agentes de las comisaras de la misma zona donde vivan los trabajadores desocupados que estaban protagonizando el corte. Despus de cada manifestacin, durante los das posteriores, los policas empezaban a detener a las personas que haban estado en el corte. Los detenan porque los conocan, porque se los cruzaban todos los das. De all que una de las estrategias que desarrollaron las organizaciones para evitar que sus militantes sean detenidos y hostigados por las policas, fue cubrindose el rostro con un pauelo. Luego, cuando empezaron a cortar las autopistas, las rutas y los puentes, hubo que sortear tambin las filmaciones policiales o los agentes de inteligencia ordenadas por los fiscales o jueces, material que luego utilizaban para armarles causas y extorsionar a sus militantes.

En cuanto a los palos, no estaban para partrselos a nadie en la cabeza sino para intimidar a los automovilistas patoteros que se abalanzaban contra la movilizacin hasta atropellar a manifestantes entre los que se encontraban nias, nios, mujeres embarazadas y ancianos. Fueron muchas las personas heridas, inclusos hay algunos muertos, producto de este tipo de provocaciones. Adems, en un contexto de represin, las piedras y los neumticos incendiados, era una estrategia de autodefensa para contener el avance de las fuerzas represivas mientras se replegaban los y las manifestantes. En otras palabras, si la polica no est para cuidar a los manifestantes en el ejercicio de su derecho a protestar y peticionar a las autoridades, hay que desarrollar prcticas solidarias de cuidado entre s.

En definitiva, los tiempos se estn acelerando y la protesta social le imprime a la poltica otra velocidad. Conviene no minimizar aquellas represiones, ni subestimar este tipo de proyectos. Se transformen o no en ley, se est preparando el terreno, estn creando condiciones de aceptacin para la represin. Es el momento de salir con respuestas de repudio rpidas, contundentes y creativas.

Santiago Asorey, es escritor y periodista. Es Responsable del Area de Violencia institucional de la AGENCIA PACO URONDO. Esteban Rodrguez Alzueta, es investigador de la UNQ, director del Laboratorio de estudios sociales y culturales sobre violencias urbanas (LESyC). Integrante CIAJ y miembro de la Campaa Nacional Contra la Violencia Institucional. Autor de Temor y control y La mquina de la inseguridad.

Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/la-reforma-penal-del-macrismo-para-criminalizar-la-protesta-social



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