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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2017

Constata restricciones a la libertad de expresin y falta de investigacin exhaustiva de torturas y malos tratos
Amnista Internacional seala zonas oscuras de los derechos humanos en Espaa

Enric Llopis
Rebelin


Ciudadanos procesados por delito de enaltecimiento del terrorismo cuando ejercan la libertad de expresin; casos de torturas y malos tratos no investigados a fondo; expulsin colectiva de personas inmigrantes cuando trataban de entrar desde Marruecos, de manera oficialmente considerada irregular, a Ceuta y Melilla; incumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a la reubicacin y realojo de personas refugiadas; o la falta de cooperacin con los jueces argentinos para aclarar los crmenes de la guerra de 1936 y la dictadura franquista. Son los principales agujeros en materia de derechos humanos que, en relacin con el estado espaol, Amnista Internacional seala en el informe de 2017. Los casos relatados se refieren a 2016. Uno de los principales apartados incluidos en el documento La situacin de los derechos en el mundo apuntan a las restricciones injustificadas a la libertad de expresin, informacin y reunin en Espaa, derivadas de la reforma del Cdigo Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (tambin llamada Ley Mordaza) de 2015.

Uno de los ejemplos mencionados en el informe es el de los titiriteros Lzaro de la Fuente y Ral Garca Prez, quienes resultaron detenidos el 5 de febrero de 2016 tras la representacin de una obra de guiol en Madrid. Permanecieron cinco das en prisin. La organizacin de derechos humanos recuerda que la Audiencia Nacional archiv en septiembre los cargos de enaltecimiento del terrorismo contra los dos artistas, pero a finales de 2016 estos continuaban acusados de incitacin al odio. Tambin durante 2016 la Audiencia Nacional carg con fuerza contra ciudadanos acusados de enaltecimiento del terrorismo: 25 sentencias condenatorias contra 28 personas. La mayora de las sentencias fueron consecuencia de la Operacin Araa, subraya Amnista Internacional. De este modo se design al dispositivo puesto en marcha por la guardia civil en cuatro fases, que durante dos aos entre abril de 2014 y abril de 2016- se sald con 73 detenidos por comentarios en las redes sociales, que los jueces vincularon al delito de enaltecimiento del terrorismo.

Otro de los episodios incluidos en el informe tuvo como protagonista al exministro del Interior, Jorge Fernndez Daz, quien en abril de 2016 inst al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que adoptara medidas contra el juez de la Audiencia Nacional, Jos Ricardo de Prada. En una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa), el juez coincidi con los organismos internacionales que manifiestan su preocupacin ante las barreras a la investigacin eficaz de las torturas en Espaa. Fernndez Daz calific de infames las palabras de Jos Ricardo de Prada, y seal que podan incurrir en un delito de humillacin a las vctimas o de apologa del terrorismo. Ante la embestida ministerial, la organizacin Jueces para la Democracia record a los pocos das que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado en seis ocasiones al Estado espaol por no investigar -de manera adecuada- las torturas. La asociacin de jueces destac que el Comit de Prevencin para la Tortura del Consejo de Europa tambin se ha pronunciado en trminos similares.

En enero de 2016 del Juzgado de Instruccin Nmero Uno de Cdiz orden el archivo de la causa contra cuatro policas por la muerte de un ciudadano, en abril de 2015, tras su detencin en la barriada gaditana de Santa Mara. El fallecimiento se produjo como efecto de las lesiones que siguieron a la inmovilizacin del detenido. El juez no observ un delito de homicidio en la actuacin de los agentes, ni entendi que existieran pruebas sobre un uso de mtodos prohibidos de inmovilizacin. Amnista Internacional recuerda que a finales de 2016 la Audiencia Provincial de Cdiz admiti un recurso contra la citada resolucin judicial. Adems el pasado 31 de mayo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conden al Estado espaol por no investigar de manera exhaustiva y efectiva- denuncias de tortura. En concreto, la sentencia del alto tribunal dio la razn a Javier Beortegui, quien en enero de 2011 haba denunciado malos tratos por parte de cuatro agentes de la guardia civil mientras se hallaba en rgimen de incomunicacin y bajo custodia. El TEDH reconoci a Beortegui el derecho a una indemnizacin de 23.500 euros.

Otro asunto abordado por el informe es el de una activista del barrio barcelons de Sant Mart, Esther Quintana. El 14 de noviembre de 2012, cuando tena 42 aos, una bala de goma disparada por los Mossos dEsquadra le caus la prdida del ojo izquierdo. Ocurri un da de huelga general, en el Paseo de Gracia. El caso tuvo su prolongacin en mayo de 2016, recuerda Amnista Internacional, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona absolvi a dos agentes de la polica autonmica, al no poder determinar qu polica realiz el disparo que impact en la activista.

Dos meses despus, el Tribunal Supremo anul de modo parcial la condena por delito de terrorismo impuesta por la Audiencia Nacional, en diciembre de 2015, a Saoia Snchez. En su recurso ante el Tribunal Supremo, esta ciudadana aleg que la Audiencia Nacional se neg a investigar si otro de los acusados, Iigo Zapirain, haba declarado bajo coacciones y, de ese modo, implicado a Snchez en la comisin de diferentes delitos. Finalmente el Tribunal Supremo orden que se celebrara un nuevo juicio, en el que tendra que utilizarse para verificar el testimonio de Zapirain- el denominado Protocolo de Estambul para la investigacin y documentacin eficaz de la tortura. En su resolucin, el Tribunal Supremo se hizo eco de la preocupacin de los organismos internacionales sobre la impunidad, la ausencia de investigaciones exhaustivas y la falta de calidad y precisin de las indagaciones forenses, destaca la organizacin de derechos humanos.

Asimismo el informe dedica un apartado a los derechos de las personas refugiadas y migrantes. La Agencia Europea para el control de la Frontera Exterior (FRONTEX) inform que en 2016 arribaron al estado espaol por la ruta del Mediterrneo Occidental, en condiciones consideradas irregulares, 10.231 inmigrantes, cifra superior en un 46% a la de 2015. Continuaron las expulsiones colectivas a Marruecos desde Ceuta y Melilla por parte de agentes espaoles, seala Amnista Internacional. Adems el sistema de recepcin de peticionarios de asilo continuaba siendo inadecuado por dos razones: las escasas plazas en los centros oficiales de acogida y la deficiente asistencia a las personas alojadas fuera de estos centros.

El informe agrega que el Reino de Espaa tampoco aplic las directivas europeas sobre personas aptridas, procedimientos de asilo y condiciones de recepcin. Seis aos despus que entrara en vigor, sostiene el documento, la Ley de Asilo contina sin desarrollarse. Las crticas se fundamentan en la estadstica. Entre enero y octubre de 2016, segn la agencia Eurostat, se presentaron 15.525 peticiones de asilo en Espaa, cifra que ms que cuadruplica las 4.513 de 2013. Los procedimientos no se han caracterizado por la agilidad ni por el reconocimiento de los derechos bsicos: en agosto de 2016 se acumulaban cerca de 30.000 solicitudes de asilo pendientes de tramitacin.

El 10 de septiembre de 2016 la Delegacin del Gobierno en Ceuta informaba en un comunicado, del que se hizo eco la Agencia Efe, que cerca de 150 inmigrantes subsaharianos intentaron entrar en el estado espaol de modo irregular y violentando la zona de frontera con Marruecos. Las fuerzas de seguridad marroques, agregaba el teletipo de la agencia estatal, evitaron el acceso de algunos de los inmigrantes a la valla fronteriza de Ceuta. El resto, un grupo de 85 personas, tras romper una de las puertas de acceso al doble vallado, treparon a lo alto para evitar ser interceptados, y lo lograron 60, concluye el despacho de Efe. Amnista Internacional subraya otros aspectos de lo ocurrido ese da. La organizacin afirma que se produjo la expulsin colectiva de al menos 60 personas, aunque antes algunas fueron golpeadas por agentes marroques que penetraron en la zona intermedia entre las vallas, que es territorio espaol. Por otro lado, tampoco el estado espaol cumpli con los programas de reasentamiento de refugiados (accedi a recibir a 1.449 personas provenientes de Oriente Medio y el Norte de frica, pero en diciembre slo haban llegado 289).

El documento tambin se detiene en la impunidad de los crmenes del franquismo y la guerra civil. Amnista Internacional constata que las autoridades espaolas se negaron a cooperar con los jueces argentinos que investigan los hechos. Por ejemplo, al impedir que tomaran declaracin a las 19 personas imputadas. Recuerda tambin que una circular de la Fiscala General del Estado datada el 30 de septiembre instrua a las fiscalas territoriales para que obstaculizaran las pesquisas de la justicia argentina. Los argumentos principales apuntaban a la vigencia de la Ley de Amnista de 1977 y la prescripcin de los delitos. Otro de los aspectos sealados es la reforma legislativa de 2012 que retir la tarjeta sanitaria a cerca de 750.000 inmigrantes. Respecto al derecho a la vivienda, el gasto pblico en esta materia fue objeto de recortes superiores al 50% en el periodo 2008-2015, resalta Amnista Internacional. Hasta septiembre de 2016, las cifras del Consejo General del Poder Judicial daban cuenta de 19.714 desahucios por ejecucin hipotecaria y 25.688 por impago de alquiler. Por ltimo, el informe da cuenta de los datos oficiales de violencia machista hasta diciembre de 2016: 44 mujeres resultaron asesinadas por sus parejas o exparejas

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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