Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2017

La Fiscala debe investigar si el PP es una organizacin ilcita

Editorial Ctxt


La imputacin, o investigacin, del Partido Popular (PP) como autor de un posible delito es una novedad jurdica, consecuencia de las modificaciones introducidas en el Cdigo Penal a instancias del exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardn. La reforma fue denunciada en su momento por numerosos juristas que consideraban improcedente que un partido poltico pudiera ser responsable penal directo, pero la realidad es que la norma est en vigor y que es ese el texto legal al que se remite la juez instructora del caso.

Segn la interpretacin que mantiene uno de los constitucionalistas ms prestigiosos del pas, Javier Prez Royo, el Cdigo Penal es efectivamente el lmite que, segn la Constitucin de 1978, tiene que respetar un partido poltico para permanecer dentro de la ley y no ser considerado como una asociacin ilegal, con las consecuencias que de ello se pueden puedan derivar. Una asociacin o un partido puede ser considerado ilcito si tiene por objeto cometer algn delito o, si despus de constituido, promueve su comisin.

Y en esas estamos. El PP est siendo investigado por la judicatura por la posible comisin de un delito la destruccin del ordenador del extesorero Luis Brcenas donde este guardaba supuestamente la contabilidad paralela del partido--; y la juez cree que el PP puede haber promovido ese delito en tanto que asociacin.

Adems de este caso investigado en Madrid, en los ltimos aos han aparecido tramas, indicios y pruebas de actividad delictiva que implican a varias docenas de dirigentes locales, autonmicos y nacionales del Partido Popular, en muchos casos asociados a grandes y medianas empresas interesadas en promover o conseguir contratos pblicos de todo tipo y en todos los sectores econmicos imaginables. En las ltimas semanas, los casos siguen lloviendo cada vez con ms intensidad all donde el PP ha gobernado y ha perdido el poder, o, como pas en Italia en 1992, all donde aparecen arrepentidos.

Algunos de estos dirigentes populares ya han sido condenados en firme y otros (hasta 176) se encuentran procesados o investigados, casi siempre por posibles delitos relacionados con corrupcin y malversacin. Los dos presidentes del Gobierno que ha tenido el PP, Jos Mara Aznar y Mariano Rajoy, han sido salpicados de lleno por el caso Blesa y el caso Brcenas, respectivamente. Su exvicepresidente econmico, Rodrigo Rato, que est siendo investigado por todos los delitos de corrupcin existentes en el Cdigo Penal, recibi el 27 de enero la respuesta del Tribunal Supremo a su penltimo recurso: la salida a Bolsa de Bankia fue una estafa a los pequeos accionistas.

El juez Eloy Velasco, en su reciente auto sobre el caso Acuamed una trama del Ministerio de Agricultura nacida cuando era ministro el actual comisario europeo Miguel Arias Caete, y que arriesga con hacer perder a Espaa al menos 660 millones de fondos europeos--, cita a un implicado en la trama, que declara: Algunos decan que el dinero pblico no es de nadie.

Esta mentalidad de saqueo de lo pblico ha impregnado de lleno al PP. Durante los aos de la burbuja inmobiliaria se multiplicaron los abusos de poder, las comisiones en negro a cambio de recalificaciones y los pelotazos a nivel municipal y autonmico, generndose una corrupcin estructural que ha afectado a todos los partidos de la Transicin. Sin embargo, el PP configura un caso muy especial, ya que, a diferencia de otros partidos, parece podrido desde la raz, tanto en sus estructuras locales como en su organizacin nacional.

La trama Grtel, el caso Nos, la Operacin Pnica y, especialmente, el caso Brcenas, en el que aparecen comprometidos cinco tesoreros del partido conservador desde 1978 hasta ahora, han convertido en sospechosos cuando menos de complicidad-- a buena parte de los actuales mandatarios nacionales y regionales del partido. A pesar de estas evidencias, el PP sigue sin reconocer responsabilidad alguna, enrocado en la tesis luntica de que la corrupcin no existe y slo se trata de casos aislados.

Lo cierto es que el instructor del caso Brcenas considera probada la existencia de una contabilidad B en el PP desde al menos 18 aos atrs, y no es descartable que decida investigar a destacados miembros de la cpula del partido incluido el actual presidente del Gobierno-- por haber cobrado y repartido sobresueldos en negro y por haber pagado parte de la reforma de la sede nacional del partido con dinero B.

La pregunta que ya no hay ms remedio que formular es si, a la vista de todos estos hechos, la Fiscala General del Estado debe abrir una investigacin sobre la financiacin ilegal y la evasin fiscal del Partido Popular, delitos contemplados en el Cdigo Penal y que de haber sido promovidos por la propia asociacin podran llevar a declararla ilcita.

El profesor Prez Royo responde a esa pregunta que s, que esa investigacin debe ponerse en marcha y que el rgano judicial competente --para l, la Audiencia Nacional-- debera concluir si procede o no la suspensin de la actividad del partido que gobierna en este momento el pas.

El consejo editorial de CTXT comparte este criterio. Creemos que un medio de comunicacin no es el foro donde se debe decidir si un partido poltico ha promovido un delito y qu consecuencias debe tener ese hecho. Esta tarea compete a los tribunales. Pero pensamos que un medio de comunicacin comprometido con la democracia y con el Estado de Derecho tiene la obligacin de recordar que es obligacin de la Fiscala promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la ley. En este punto, es preciso subrayar que la alarma social que provoca la corrupcin se ha multiplicado por ocho desde que el PP lleg al Gobierno hace cinco aos (Eurobarmetro), y que la corrupcin es el segundo problema que ms preocupa a la ciudadana, tras el paro (CIS).

No somos partidarios de judicializar la poltica ni de perseguir como perros de presa a cargos elegidos democrticamente. Pensamos que son los ciudadanos los que deben desalojar del poder a los partidos corruptos. Y tampoco queremos que desaparezcan puntos de vista polticos que no compartimos. Proponemos, sencillamente, recuperar la poltica como un campo beligerante de ideas, y no como un campo de batalla de los negocios. Defendemos el fin de la impunidad para los corruptos y los corruptores, y un cumplimiento de la ley ms garantista y menos cruel que el que ha aplicado el Gobierno del PP, por ejemplo, a piquetes y manifestantes.

Pedimos, pues, sin la menor acritud, a los lectores y a los ciudadanos que se sumen con sus firmas en Change.org a nuestro llamamiento a la Fiscala para que examine, con imparcialidad y autonoma, todos esos indicios y delitos y decida si procede o no instar al rgano judicial competente a que entre en materia.

Creemos que solo as podrn despejarse las legtimas dudas de tantos ciudadanos, y confiamos en que nuestra accin ayudar a elevar el nivel de exigencia hacia las instituciones democrticas.

Fuente: http://ctxt.es/es/20160127/Firmas/3943/Editorial-Fiscal%C3%ADa-PP-Perez-Royo.htm



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter