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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-04-2017

El Estado de Honduras, PNUD y la distorsin de la consulta previa

OFRANEH
Rebelin


Despus de ms de dos dcadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT, el Estado de Honduras a instancias del Programa ONUREDD y el AVA FLEGT de la Unin Europea, comenz desde el ao 2012, un proceso de elaboracin de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI).

Hasta la fecha el Estado hondureo ha eludido la aplicacin del principio pro homine y demostrado una enorme capacidad para distorsionarlo, violando de forma repetitiva el artculo 21 de la Convencin Interamericana de derechos Humanos. Inclusive ha venido evitado cumplir con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de las comunidades Garfunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz Desde 1995, el Estado de Honduras de forma deliberada tergivers la consulta y la convirti en una simple socializacin, adems de desvirtuar el rol de la federaciones indgenas que en la mayora de los casos se convirtieron en simples Oneges, encargadas de la ejecucin de proyectos para el supuesto desarrollo.

En relacin al derecho a la propiedad comunitaria que ejercen los pueblos indgenas sobre sus territorios, desde el ao 2004 se increment la inseguridad jurdica, cuando el Congreso Nacional aprob a instancias del Poder Ejecutivo la denominada Ley de Propiedad. Dicha Ley fue impulsada por el Proyecto de Administracin de reas Rurales (PAAR) financiado por el Banco Mundial (B.M.), siendo su primer borrador presentado al Congreso Nacional a finales del ao 2003, sin tomar en cuenta la opinin de los pueblos indgenas.

El 21 de agosto del 2003, 10 organizaciones de nueve pueblos indgenas solicitaron al estado de Honduras efectuar una consulta en relacin a la Ley de Propiedad. Posteriormente la OFRANEH logr que a travs del Proyecto PAAR se financiara una consulta comunitaria con el pueblo Garfuna, la cual se se efectu los das 25 y 26 de octubre del mismo ao, en la comunidad Garfuna de Durugubuty (San Juan, Tela) donde la representante del Programa de Administracin de Areas Rurales (PAAR), la Abogada Maria Luisa Dubn manifesto que el borrador presentado ante la Asamblea comunitaria se apegaba al Convenio 169 de la OIT. En la consulta comunitaria, el Estado present dos borradores, los que fueron rechazados por los asamblestas ante el temor que su contenido legitimaria la disolucin de la propiedad comunitaria.

En junio del 2004, el Congreso Nacional aprob la Ley de Propiedad, la cual en su captulo III, artculo 100, permite que las comunidades finiquiten el rgimen comunitario, situacin que coloca en peligro los ttulos comunitarios expedidos por las administraciones gubernamentales de corte neoliberal, con los que el Estado inici el proceso de titulacin colectiva a partir de los inicios de la dcada de los 90. Los ttulos emitidos excluyeron el hbitat funcional (espacio territorial mas all de donde se ubican las casas )de las comunidades, cuyo manejo recay en instituciones estatales, que ciertamente fueron ineficaces en la proteccin de los bienes comunes.

Para el ao 2005 el Estado apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio inicio a una serie de talleres destinados a la formulacin de un anteproyecto de Ley Indgena, con el cual pretendi diluir el Convenio 169 y convertirlo en lo que podemos denominar una Ley secundaria. Varios de los artculos del anteproyecto no se apegaban al Convenio 169 de la OIT y la Declaracin de Naciones sobre los Derechos de los Pueblos indgenas (DNUDPI). Hasta la fecha el anteproyecto aparentemente se encuentra en discusin en el Congreso Nacional, a pesar de las mltiples objeciones presentadas.

El golpe del ao 2009 diluy ya de por s el dbil sistema de justicia del pas, colocando a los pueblos indgenas en una situacin mucho mas endeble. La aprobacin de leyes y decretos a matacaballo, ha generado severas consecuencias para los pueblos indgenas del pas. Desde la Ley de Aguas, pasando por las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), los decretos de Energa Limpia, la Ley de Minera, entre otras; fueron elaboradas y aprobadas por el Congreso sin haber efectuado ninguna consulta con los pueblos indgenas.

Sin embargo podemos considerar que uno de los retrocesos ms graves causados por la dictadura civil que prevalece en Honduras, fue la creacin de la Secretara de Pueblos Indgenas y Afrohondureos (SEDINAFROH), convertida en el 2014 en la Direccin de Pueblos Indgenas y Afrohondureos (DINAFROH), la que en cierta medida suplant el papel de la Confederacin de Pueblos Autctonos de Honduras (CONPAH), siendo buena parte de sus miembros absorbidos como funcionarios de la instancia estatal. Tanto la DINAFROH como la CONPAH se convirtieron en cmplices de las aberraciones jurdicas y los despojos territoriales cometidos en los ltimos aos.

Para el 2012 finalmente el Estado a instancias de ONUREDD asume la responsabilidad de cumplir su obligacin de apegarse al Convenio 169 y comienza a balbucearse la posibilidad de elaborar un anteproyecto de Ley de Consulta. Posteriormente se inici la redaccin del R-PP (ready proposal plan) del Fondo de carbono del Banco Mundial y en la versin de octubre del ao 2012, OFRANEH fue incluida sin existir notificacin alguna a la organizacin y adems se le reconoce como la organizacin representativa del pueblo Garfuna, incluso se programaron supuestos tallares que nunca fueron realizados.

Posteriormente a instancias de la CONPAH, la representacin del pueblo Garfuna recay en Domingo Alvarez, miembro de la confederacin y aparentemente secretario de la CONPAH, el que sin representar a ninguna organizacin alguna pas a ser el designado como representante del pueblo Garfuna.

En mayo de 2013 la OFRANEH present una denuncia formal ante la Fiscala del las Etnias, por la violacin al derecho a la consulta previa en relacin tanto la inclusin y posterior exclusin de nuestra organizacin del R-PP y la suplantacin de representatividad del pueblo Garfuna; situacin que se asemeja a manipulacin efectuada por el Estado en el 2004 con la creacin de una organizacin paralela denominada Wadabula, con el propsito de avalar la emisin de la Ley de propiedad.

Posteriormente fue creado la MIACC (Mesa Indgena del Cambio Climtico), compuesta por la CONPAH, la que efectu un acercamiento informal a travs de una llamada por telfono para concertar un encuentro que no se llev a cabo ante la informalidad de la situacin. Tanto el COPINH como OFRANEH fueron marginados de la MIACC, dando de esta forma luz verde para que se concretara un R-PP el 28 de mayo del 2014.

Si bien una de las aparentes preocupaciones de ONU REDD (organismo del PNUD) es la creacin de salvaguardas para los proyectos REDD, situacin que exige la implementacin de mecanismos de consulta previa, libre informada; el PNUD acept y valid la exclusin de las organizaciones que nos retiramos de la CONPAH a inicios del milenio, como resultado de la prdida de objetividad e independencia que caracteriz a esa organizacin en la dcada de los aos 90; para convertirse posteriormente en una onege ejecutora de proyectos del Fondo Hondureo de Inversin Social.

En septiembre de 2013, la OFRANEH dirigi una nota al seor Benoit Bosquet, del Fondo Cooperativa del Carbono para los Bosques (FCCB), donde sealbamos las inconsistencias en el proceso de elaboracin del R-PP del Programa REDD y la estrategia de exclusin de las organizaciones indgenas que no figurbamos bajo la tutela del Estado. La nota resaltaba adems nuestra enorme preocupacin por la posible disolucin de los ttulos comunitarios a travs del Captulo III de la Ley de Propiedad y los efectos que pudiera conllevar el Programa REDD. De paso sealamos nuestra preocupacin sobre la distorsin del CPLI en el caso del contrato efectuado con la empresa British Gas en relacin al lote concedido en la Moskitia para la explotacin petrolera, la que pudiera conllevar un accidente que tendra severas consecuencias en las comunidades Garfunas de Honduras, Guatemala y Belice. Nuestra organizacin nunca obtuvo respuesta alguna del Sr. Bosquet.

El episodio de la entrega de la plataforma martima a la compaa British Gas -la que posteriormente fue adquirida por SHELL- muestra la capacidad de distorsin que posee el Estado para confundir socializacin con consulta. La Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) envi una nota a nuestra organizacin en agosto 5 del 2013, despus de haberse sido firmado el contrato con BG el 9 de abril y escasos das antes que el Congreso Nacional el 15 de agosto aprobara sin mayor discusin el leonino contrato.

En octubre del mismo ao BG efectu un remedo de consulta en la Moskitia, con la participacin de funcionarios de SERNA. donde buena parte de la poblacin rechazo la exploracin de petrleo. El Estado hondureo no vacil en sealar el episodio de la Moskitia como una consulta de buena fe, en la 105 ava reunin de la OIT en Ginebra en junio del ao pasado. Es indiscutible que el proceso efectuado en la Moskitia se realiz a posteriori, socavando el espritu del Convenio 169 de la OIT y la DNUDPI.

Tanto como la CONPAH como DINAFROH desde el ao 2014 han hecho esfuerzos por separado para crear sus versiones de anteproyecto de Ley de Consulta, los que se diluyeron en aras de la versin efectuada por el Estado de Honduras quien contrat al peruano Ivan Lanegra, quien ya haba elaborado la controvertida Ley de Consulta del Per.

La visita a Honduras de la Relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indgenas Vicky Tauli-Corpuz, constat la grave situacin por la cual atravesamos los pueblos indgenas. De no haber sido por dicha visita y su posterior informe seguramente, el anteproyecto de Ley hubiera sido aprobado tal como ha acontecido con varias leyes y decretos nocivos y totalmente antidemocrticos, como consecuencia del colapso gubernamental experimentado por el pas a raz del Golpe de Estado, el cual reconfingur el legislativo permitiendo que el partido en el poder controle adems del ejecutivo el legislativo y el judicial.

Es importante sealar que a diferencia de otros pases del continente, en Honduras la Corte Constitucional fue defenestrada en diciembre 12 de 2012 como consecuencia de su rechazo a la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), la que en octubre del mismo ao fue declarada ilegal por la Corte Constitucional. Las RED incluan la entrega del territorio de 24 comunidades Garifunas de las 47 al capital extranjero, a travs de la creacin de las supuestas ciudades modelo, permitiendo la creacin de estados-nacin cuasi independientes con sus propios sistemas de justicia y fuerzas de seguridad.

Despus de defenestrar la Corte Constitucional, el Ejecutivo procedi a maquillar las RED, imponiendo al Legislativo una nueva versin bajo el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Econmico (ZEDE). Esta nueva versin incluye alrededor de 20 comunidades Garfunas.

La OFRANEH observa como el afn del Estado despus de dos dcadas de falta de cumplimiento y reconocimiento en relacin a el CPLI, asume impulsados por ONUREDD, la emisin de una Ley de Consulta, al mismo tiempo que funcionarios de la OIT reunidos en Guatemala a inicios del presente mes, acompaados por el Banco Mundial y el CACIF, sealaron que la consulta previa no otorga el derecho al veto. Ante tal aseveracin, nos preguntamos que sentido tiene efectuar las consultas? Con esa visin se distorsiona el principio Pro Homine que no se nos niega el derecho a defender nuestras culturas y libre determinacin consignada en la DNUDPI y el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.

Organizacin Fraternal Negra Hondurea, OFRANEH

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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