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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-04-2017

Los gobiernos de Surez y Gonzlez evitaron presionar a Videla por los espaoles desaparecidos

Danilo Albin
Pblico.es


Una investigacin desarrollada por el Defensor del Pueblo en 1986 hasta ahora guardada en secreto- revel la falta de gestiones de las autoridades para salvar a ms de 200 compatriotas secuestrados. En ese mismo periodo, Espaa hizo millonarios negocios con el rgimen genocida.

Ramn Garca Ulloa fue uno de los tantos hijos de Galicia que creci al otro lado del ocano. En los aos treinta, sus padres se vieron obligados a abandonar la pequea Antas de Ulla, en Lugo, e instalarse en la gigantesca Buenos Aires. Ramn creci all. En octubre de 1976, un comando de la dictadura militar entr a su casa y se lo llev para siempre. Tambin secuestraron a su esposa, Dolores del Pilar Iglesias. Al da siguiente del secuestro, los genocidas volvieron a su casa para robar todo lo que haba dentro. Sus pertenencias nunca aparecieron. Sus huesos, tampoco.

Desde entonces, Ramn figura en los listados de espaoles desaparecidos en Argentina. Es un documento amplio, en el que aparecen unos 200 nombres. La nmina es an ms larga cuando se aaden a los ciudadanos hispano-argentinos de segunda y tercera generacin. As suman algo ms de 700. Todos estos casos siguen hoy en los archivos del ministerio de Relaciones Exteriores de Espaa, donde tambin se encuentra otro documento guardado, hasta hace muy poco, bajo llave: se trata de una investigacin realizada por el Defensor del Pueblo entre 1986 y 1987, dirigida a conocer los parmetros en los que haban actuado los gobiernos de Adolfo Surez y Felipe Gonzlez ante los secuestros y desapariciones de compatriotas en Argentina. Las conclusiones fueron elocuentes.

De las investigaciones realizadas se deduce lo siguiente: a) Que salvo contadas excepciones, la Embajada y el Consulado se limitaron durante el perodo dictatorial a cursar oficios de peticin de informacin por la va administrativa ordinaria (Ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Culto), seala el informe presentado el 7 de octubre de 1986 por el primer Defensor del Pueblo, Joaqun Ruiz-Gimnez Corts, quien dej al descubierto las omisiones de Madrid ante esta tragedia: Las respuestas en las que se deca desconocer el paradero de la persona secuestrada eran aceptadas sin ms trmite.

Archivado

Precisamente, distintos documentos a los que ha accedido Pblico confirman los aspectos denunciados por el Defensor del Pueblo. El mecanismo sola ser siempre igual: cada vez que llegaba una denuncia sobre la desaparicin de un ciudadano espaol, los diplomticos de este pas en Argentina cursaban una carta a las autoridades locales, solicitando informacin. No se registran antecedentes, desconocindose su paradero, responda una y otra vez la dictadura. A veces se extenda un poco ms, pero para decir lo mismo: No figura que haya sido detenido ni alojado en ningn establecimiento carcelario dependiente del Ministerio del Gobierno ni de autoridades militares. Archivado, zanjaba entonces la diplomacia espaola. En el mejor de los casos, dos o tres aos ms tarde volvan a mandar una nota reiterativa que ni siquiera era respondida por los militares. Nada ms.

El Defensor del Pueblo tambin dejaba en evidencia que segn los reclamantes en alusin a los familiares de desaparecidos -, a pesar de la evidente vulneracin de derechos de espaoles, no les consta que se haya presentado durante la dictadura militar, nota de protesta, verbal o escrita, en la que el Estado espaol comunicase al Estado argentino su disconformidad con su conducta en estos casos de desaparicin y rogando o exigiendo el restablecimiento o reparacin de la situacin anterior. En tal sentido, seala que la primera nota de protesta parece que se present el 2 de mayo de 1983, es decir, cuando el proceso dictatorial era muy dbil, aunque formalmente an n se haba recuperado la normalidad democrtica. El rgimen dio paso al gobierno de Ral Alfonsn en diciembre de ese ao.

Asimismo, tildaba como inoperante el recurso de Habeas Corpus presentado por el gobierno de Felipe Gonzlez en 1983, un promedio de siete aos despus de que se produzcan la mayora de los secuestros y cuando el proceso democrtico estaba ya iniciado. Adems, desde la presentacin del recurso colectivo por la Embajada, los reclamantes no tienen constancia de que se haya llevado un seguimiento adecuado del procedimiento y consideran que no han sido informados con exactitud sobre su resolucin, archivo o conclusin, subrayaba.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo tambin abordaba en su informe la precaria situacin econmica, en la que se encontraban varios hogares de espaoles debido al secuestro y desaparicin de las personas que contribuan o sostenan las familias. No han recibido ayuda econmica del estado espaol, ni siquiera simblica, puntualizaba.

Negocios millonarios

El desinters de las autoridades espaolas hacia sus compatriotas desaparecidos chocaba con las excelentes relaciones econmicas que haban establecido con el rgimen de Videla. Esas relaciones se incrementaron casi al mismo ritmo que crecan los muertos: de acuerdo a distintos documentos obtenidos por Pblico, en abril de 1977 -coincidiendo con innumerables secuestros, torturas y asesinatos de civiles- fueron firmados varios contratos entre el Estado argentino y la empresa Astilleros Espaoles por un valor aproximado a los 220 millones de dlares.

De hecho, varios informes elaborados por el ministerio de Exteriores de la dictadura daban cuenta de la exitosa relacin comercial entre ambos pases, que lleg a su mximo histrico en plena dictadura. Por ejemplo, en 1977 el comercio global alcanz los 450,8 millones de dlares, una cifra sin precedentes. Las cosas fueron an mejor en 1978, un ao que Videla jams olvidara: en noviembre recibi la visita de los reyes espaoles, quienes llevaron varios negocios bajo el brazo.

Se hallan en juego intereses que pueden suponer muchos millones de dlares, que sera una grave responsabilidad (sic) desperdiciar ante la tan favorable coyuntura que representa el viaje Real, escriba un par de meses antes el entonces embajador de Espaa en Argentina, Enrique Prez-Hernndez, en una carta remitida al subsecretario de Asuntos Exteriores en Madrid, Jos Joaqun Puig de la Bellacasa. En esa nota, el diplomtico revelaba que la dictadura argentina haba aceptado una lnea de crdito espaola por 100 millones de dlares, as como una posible venta de patrulleros por otros 100 millones, adems de servicios y municiones para cuatro fragatas por valor de 15 o 20 millones y la constitucin de empresas pesqueras mixtas (la parte espaola aporta barcos) por valor de unos 45 millones de dlares.

Adems, el embajador subrayaba que estaban pendientes de autorizacin argentina varios suculentos contratos por 34 millones de dlares de material ferroviario, planta de cemento en muy difcil tramitacin por valor de 65 millones de dlares en Salta (norte argentino) y contratos de suministros para la Represa de Yaciret, en el que se podran obtener contratos y suministros por unos 100 millones de dlares (siempre que se pudiera financiar el eventual componente espaol de la obra). Los negocios, entonces, estaban por encima de las vidas.

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Fuente: http://www.publico.es/politica/gobiernos-suarez-gonzalez-evitaron-presionar.html


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