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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-04-2017

La quiebra que puso a prueba el modelo pblico-privado de defensora penal en Chile

Francisca Skoknic y Catalina Albert
CIPER


Univisin convoc a medios de siete pases de Amrica Latina para escribir historias sobre sus respectivas defensoras penales pblicas como parte del proyecto Abogados de los pobres. En Chile, CIPER reporte el funcionamiento de un sistema que se basa mayoritariamente en contratos licitados y en especfico el caso de DJP, la mayor empresa de defensores privados, que cay en insolvencia. Esta es la historia de la estrella del modelo pblico basado en proveedores privados, que de pronto descubri que los contratos eran mal negocio, arriesgando el derecho a defensa de ms de 3.200 personas.

Somos la oficina de abogados privados penales ms grande de Chile, se lee an en la pgina web de la ahora desparecida Defensa Jurdico Penal Sociedad Annima (D.J.P.). Suena como un eslogan, pero es probable que en algn momento haya reflejado la realidad, pues D.J.P. creci al alero de un modelo de defensa penal pblica que entrega a privados ms del 70% de las causas en que el Estado asume la representacin de los imputados, principalmente de escasos recursos. De todas las empresas que florecieron con el nuevo sistema, D.J.P. fue la que ms contratos se adjudic desde que en 2005 la Reforma Procesal Penal se implement en la Regin Metropolitana, la ms poblada del pas. Pese a tener un millonario flujo de ingresos asegurado, las finanzas de D.J.P. colapsaron y desde enero se encuentra en proceso de liquidacin.

La quiebra de D.J.P. dej heridos en el camino y puso un signo de interrogacin sobre un modelo que descansa en la tercerizacin de la defensa pblica. A mediados de 2016, D.J.P. dej de pagar los sueldos de los abogados contratados para atender a los clientes del Estado. Era claro que la empresa era inviable econmicamente y de mutuo acuerdo se puso fin a sus contratos con la Defensora. Pero ese no fue el fin de la relacin: el 23 de septiembre de 2016, se firm el fin anticipado de cuatro convenios con D.J.P (ver documento). Tres das ms tarde, el 26 de septiembre, el ente pblico aprob un nuevo contrato de tres aos por $890 millones con Asesoras Jurdicas Integrales SpA (A.J.I.), una empresa creada por D.J.P. Ambas tienen el mismo representante legal, el abogado Gonzalo Torre Griggs (ver aprobacin del contrato y orden de compra).

Gonzalo Torre, socio de DJP (Foto: torreycia.cl)

Parte de los abogados y personal administrativo de D.J.P. simplemente fueron traspasados a A.J.I. Era parte del mismo holding, pero nos prometieron que nos iban a pagar, que eran distintos RUT. Dijeron que esta empresa estaba limpia, recuerda uno de los abogados que trabajaba para D.J.P. y que sigui hacindolo para A.J.I. El desenlace no debera sorprender: al terminar el primer mes, no se pagaron los sueldos. Dos semanas ms tarde, la Defensora inst a los abogados a renunciar y continuar trabajando a travs de un convenio directo con la institucin. El resto del personal qued en la calle.

No tenamos causal legal para no suscribir el contrato con A.I.J., asegura Juan Pablo Montes, asesor jurdico de la Defensora Metropolitana Norte. Dice que aunque eran dos empresas distintas, buscaron argumentos jurdicos que les permitieran no firmar el nuevo convenio, pero no los encontraron. La Contralora ya haba tomado razn de la adjudicacin, pues la licitacin se haba cerrado en mayo.

En el momento en que explot la crisis, a mediados de 2016, D.J.P. tena ms de 40 abogados contratados para la Defensora Penal Pblica. Otros ocho abogados se sumaran en octubre, tras el convenio con A.J.I. En total, los abogados de D.J.P. tenan en sus manos 3,253 causas judiciales. Nosotros no sabamos la realidad de los trabajadores impagos por meses, algunos un ao, porque no estaban dentro de las nminas de abogados ni de asistentes que tenan relacin con nosotros a travs de los contratos licitados, dice el jefe de la Unidad de Asesora Jurdica de la Defensora, lvaro Paredes.

CIPER encontr testimonios de abogados de D.J.P. y que trabajaban para la Defensora que denuncian que al menos un ao antes de que saliera a la luz la crisis, la empresa evidenci su falta de liquidez: empez a pagar los sueldos de manera parcelada y a incumplir las obligaciones previsionales. Pese a que la Defensora debe certificar que la empresa cumple las normas laborales antes de trasferir los pagos, sta no detect los problemas de insolvencia de D.J.P. Tras una denuncia, la Fiscala de Alta Complejidad (Centro Norte) se encuentra investigando si en los ltimos meses D.J.P. falsific las firmas de sus empleados en los documentos que avalaban el cumplimiento de sus compromisos laborales.

AUGE Y CADA DE D.J.P.

La sociedad Defensa Jurdico Penal (D.J.P.) fue creada en octubre de 2004 por los abogados Kleber Monlezun Cunliffe, Gonzalo Torre Griggs y la Universidad Miguel de Cervantes. El objetivo de D.J.P. era presentarse a las licitaciones de la recin creada Defensora Penal Pblica, pues la nueva reforma procesal penal comenzara a operar en Santiago durante el ao siguiente.

La apuesta fue un xito. En esa primera licitacin, D.J.P. se adjudic el 48% de las causas licitadas en la Regin Metropolitana y empez a posicionarse como una importante oficina de abogados defensores. La atencin pblica se centr en los vnculos polticos de una de las instituciones que formaba parte de D.J.P.: la Universidad Miguel de Cervantes. Su presidente (hoy rector), era el ex diputado democratacristiano Gutenberg Martnez, casado con Soledad Alvear, la ministra de Justicia que llev a cabo la Reforma Procesal Penal y firm el proyecto de ley que cre la Defensora Penal Pblica, con su modelo con nfasis privado. Y su representante era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, tambin democratacristiano, partido al que estaban ligados varios de los directivos de dicha universidad privada.

En septiembre pasado, Martnez asegur a CIPER que debido a la polmica la universidad se retir en 2007 de D.J.P. Los vnculos no desaparecieron del todo: la oficina principal de la empresa funcion hasta su cierre, a fines de 2016, en el edificio de la Universidad Miguel de Cervantes. El inmueble es propiedad de Inmobiliaria Educacional S.A., en que uno de los accionistas es la Sociedad de Inversiones TLA S.A., creada por el abogado Torre y Mercedes Aub Asvisio. Esta sociedad es parte de la Corporacin Universidad Miguel de Cervantes, lo que explica que Torre sea parte del consejo directivo de esa casa de estudios y Aub su secretaria general.

El historial de contratos entre DJP y la Defensora Penal Pblica. Fuente: Univisin con datos de CIPER.

En 2010, Torre Griggs y Aub Asvisio, junto a otros socios, crearon Defensa Judicial de Personas Sociedad Annima. La empresa, cuyas siglas coinciden con las de D.J.P., tambin se ha adjudicado licitaciones de la Defensora Penal Pblica.

Slo entre 2007 y 2014 ambas sociedades Defensa Jurdico Penal y Defensa Judicial de Personas recibieron al menos $18 mil millones por los contratos con la Defensora.

En 2009, D.J.P. cre tambin Mediacin Integral SpA, otra empresa que prestara servicios al Estado. Los registros oficiales de transparencia indican que, desde su nacimiento hasta octubre de 2015, recibi pagos de la Subsecretara de Justicia por ms de mil millones de pesos. El mismo mes que dej de prestar servicios de mediacin para el gobierno, D.J.P. modific el nombre de Mediacin Integral SpA por uno que anunciaba su nuevo giro: Asesoras Jurdicas Integrales SpA (A.J.I.). Con esa nueva identidad participara en la siguiente licitacin de la Defensora Penal Pblica. Al momento de firmar su primer contrato (en septiembre de 2016, y que apenas dur un mes y medio), su dueo ya no era D.J.P., aunque comparta accionistas: Gonzalo Torre Griggs y dos de los socios de Defensa Judicial de Personas, Mercedes Aub Asvisio y Marco Antonio Lillo de la Cruz.

Nadie informa con certeza qu gatill los problemas financieros de D.J.P. Aunque para su principal controlador, la explicacin es clara: en septiembre pasado, Torre Griggs dijo a CIPER que el problema era que los ingresos eran menores que los gastos. En la solicitud de liquidacin voluntaria que la empresa present el 22 de enero pasado en el 28 Juzgado Civil de Santiago, se asegura que los contratos con la Defensora Penal Pblica no eran rentables (ver documento).

El escrito judicial seala que los contratos de la primera licitacin (2005), en que la Defensora pagaba por causa terminada, le permitieron a D.J.P. repartir por nica vez dividendos entre los socios. Dicha frmula de pago fue modificada por la Defensora en las licitaciones posteriores porque generaba incentivos perversos que afectaban la calidad de las defensas y las empresas maximizaban sus mrgenes pagando bajos sueldos a los abogados.

Pese a que D.J.P. sigui concursando durante once aos en las licitaciones, ahora se dice que apenas les permitan cubrir sus costos fijos y que participaban para ganar experiencia, a la espera de mejores condiciones: Sin embargo, en vez de ir mejorando los precios, stos fueron gradualmente bajando y las exigencias aumentaron hacia los prestadores, lo que signific que los costos fueran mayores que los ingresos, se lee en el escrito judicial que solicita su liquidacin.

La explicacin es poco convincente para los otros actores del sistema. Aunque un defensor privado del norte del pas dijo haber recibido con retraso su salario recientemente, no se sabe de otros proveedores que hayan tenido problemas financieros graves. Adems, la misma D.J.P. sigui participando una y otra vez en las licitaciones. Segn lvaro Paredes, jefe de asesora jurdica de la Defensora, en un momento se intent tener acceso a las utilidades que tenan los proveedores en cada contrato, pero la Contralora impugn la medida, por lo que la autoridad no conoce el nivel de ganancias que dejan las licitaciones.

Ante el tribunal, D.J.P. reconoci deudas por $398 millones, la gran mayora con sus trabajadores. Es probable que el monto crezca, pues a una empleada que ya gan un juicio, la empresa dice adeudarle $242 mil, mientras que la justicia conden a D.J.P. a pagarle $16,8 millones ms cotizaciones pendientes, reajustes e intereses.

Algo que llama la atencin es que el mayor acreedor de D.J.P. es el abogado y ex coordinador de la empresa, Jos Rojas Silva, a quien le reconocen una deuda laboral por ms de $50 millones. Rojas es socio de Gonzalo Torre Griggs en varias empresas y trabaja en su estudio Torre y Ca. Contactado por CIPER, el abogado asegur que todas las empresas que cre con Torre estn inactivas y slo tiene con l una comunidad de techo como abogado.

Torre y Rojas tienen otro lazo comn: ambos estn registrados en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, entidad que reemplaz a la Superintendencia de Quiebras. Rojas figura como veedor, hasta diciembre pasado; y Torre Griggs como asesor econmico de insolvencia (antes fue sndico de quiebras). Este ltimo se presenta en otra de sus empresas (www.insolvencia.cl) como un abogado con amplia experiencia en asesoras a empresas en situacin de insolvencia, (que) ha participado en importantes quiebras y convenios judiciales. Es curioso que con esa especialidad no haya podido resolver los problemas financieros de su empresa D.J.P.

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS

Segn lvaro Paredes, la primera seal de alerta de que algo andaba mal con D.J.P. la dio en mayo de 2016 el jefe de Estudios de la Zona Metropolitana Sur, Jorge Moraga, quien seal que le preocupaba que hubiera alguna lesin a la calidad de la cobertura. Moraga dice que supo de la situacin que afectaba a los abogados pertenecientes a la empresa D.J.P. en una reunin del equipo regional y que desde ese momento los esfuerzos de centraron en prevenir que afectara la atencin de los usuarios.

lvaro Paredes, jefe de la Unidad de Asesora Jurdica de la Defensora Penal Pblica

La solucin, coinciden Paredes, Moraga y Montes todos funcionarios de la Defensora, se logr gracias a que los abogados de D.J.P. siguieron representando a sus clientes pese a que la empresa dej de pagar sus salarios. Mostraron un alto compromiso y una encomiable vocacin de servicio. Ello permiti que pese a los inconvenientes existentes, los problemas de cobertura y calidad en el servicio fueran virtualmente inexistentes, dice Moraga, aunque l mismo y otros abogados del staff de la Defensora debieron reemplazar a los abogados de D.J.P. en algunas audiencias.

En total, 44 de los abogados de D.J.P. fueron recontratados de manera directa por la Defensora a partir de agosto de 2016. A muchos de ellos la empresa an les adeuda meses de trabajo, adems de indemnizaciones y cotizaciones previsionales obligatorias. Los juzgados laborales de Santiago registran 38 demandas contra D.J.P., varias de las cuales incluyen a ms de un recurrente. A los recontratados, la Defensora les exigi no extender la demanda a esa institucin para intentar recuperar su dinero. Pero el resto, adems de empleados administrativos, s lo hizo.

En uno de los juicios laborales, un peritaje privado acredit que D.J.P. haba falsificado la firma de uno de sus empleados en el documento de liquidacin de sueldo que envi a la Defensora para demostrar que salarios y cotizaciones estaban al da, un requisito para poder recibir los dineros del contrato con el Estado. Dos abogados presentaron una denuncia penal y actualmente el Ministerio Pblico investiga a la empresa por presunta falsificacin o uso malicioso de documento privado.

LA EMERGENCIA POR DENTRO

En el sistema mixto de Defensora Penal Pblica, las empresas licitadas de abogados deben atender a los usuarios como si fueran la misma institucin pblica. En el oscuro hall de ingreso al edificio Carmen 8 (aledao a la Alameda) an se lee que en el cuarto piso est la Defensora Penal Pblica. Lo que all funcionaba era una de las oficinas de D.J.P.

Carmen 8 es un edificio histrico en la poltica chilena y, al igual que los orgenes de D.J.P., est ligado a la Democracia Cristiana (DC). Entre los pisos 6 y 8 estaba la sede del partido durante la dictadura. Por eso, uno de los mayores escndalos polticos de la poca fue bautizado como el Carmengate. En 1988, durante la primaria para elegir al primer candidato presidencial del retorno a la democracia, el ganador en la DC fue Patricio Aylwin, pero su contendor, Gabriel Valds, acus que en la sede de Carmen se haban manipulado los votos. Siempre qued la duda de si eso haba cambiado el rumbo de la transicin chilena.

En el edificio de Carmen 8 la oficina de DJP se presentaba como si fuera la Defensora.

Para D.J.P., la historia en Carmen 8 de acab el 30 de noviembre pasado. Ese da simplemente se puso candado a su oficina. As lo relata en su demanda laboral la secretaria Claudia Ramrez, quien lleg a trabajar y no pudo entrar, porque la empresa no haba pagado el arriendo. Ah le comunicaron que estaba despedida.

En otra demanda laboral, dos abogados recuerdan que ya en septiembre la situacin era crtica. El 7 de ese mes les cortaron los suministros bsicos por falta de pago. Los trabajadores estbamos sin las condiciones mnimas para desarrollar nuestras tareas, acusan.

Para los ex empleados no profesionales la situacin es an ms compleja que para los abogados, pues simplemente se quedaron sin trabajo cuando la empresa ces su actividad: no recibieron oferta de la Defensora. Nadia Toro es tcnico jurdico y estaba embarazada cuando D.J.P. cerr. No le pagaron noviembre ni sus cotizaciones previsionales desde enero de 2016, adems de vulnerar su fuero maternal. No ha encontrado trabajo. A ellos no les importan los trabajadores, ni siquiera dan la cara, se lamenta hoy.

Aunque la crisis de D.J.P. no gener un gran caos en el sistema de defensas pblicas, porque los abogados pasaron a trabajar directamente con la Defensora, s hubo problemas. Los registros de sanciones de la Defensora Penal Pblica muestran que durante 2016 aumentaron las multas a la empresa, principalmente por no cumplir con las visitas a los imputados detenidos, que deben realizarse al menos cada 15 das, lo que implica un incumplimiento en el estndar de defensa.

Algunos ex abogados de D.J.P. dicen que a mediados de 2015 empezaron a recibir sus salarios de manera parcelada y con atraso, mientras que para otros las dificultades comenzaron en 2016. Haba gente que tena que pedir plata para poder ir a trabajar, algunos estuvieron meses trabajando gratis, otros pidieron licencia mdica, dice un ex defensor de D.J.P. para explicar por qu algunos interrumpieron las visitas a las crceles. Yo vi a abogadas llorar porque no llegaban a fin de mes, relata.26

Jacqueline Stubing es una de las pocas abogadas que no tiene problema en dar su nombre para denunciar la experiencia que vivi con la cada de D.J.P. Trabaj siete aos en la empresa, en agosto de 2016 pas a convenio directo con la Defensora y semanas despus renunci con escndalo durante una audiencia judicial.

La abogada dice que estaba dispuesta a seguir en D.J.P. aunque no le pagaran, porque la empresa siempre haba cumplido y le apasiona el sistema de litigacin de la Defensora. Pero era difcil trabajar as. Al final era trgico, los compaeros no tenan cmo movilizarse, recuerda.

Pero lo que termin de enojarla fue la forma en que se hizo la transicin: les avisaron que la empresa tena problemas graves y directivos de la Defensora les ofrecieron recontratarlos de manera directa. Segn Stubing, se reunieron con ellos un da viernes y les dijeron que haba una fila de gente esperando por esos puestos, por lo que deban decidir durante el fin de semana si aceptaban la propuesta, renunciar de manera amistosa a D.J.P. y el lunes seguir con sus mismos casos, ahora como abogados externos de la Defensora.

Resulta que nosotros los estbamos salvando. Si no hubiramos aceptado habra sido un caos dice Stubing.

La abogada Jacqueline Stubing. Foto: Mara de los ngeles Santos.

La abogada reclama que no alcanzaron a evaluar realmente la propuesta de la Defensora. Segn ella, por la presin a la que fueron sometidos, debieron asumir las condiciones estndar de los convenios directos sin darse cuenta de lo que significaba: Tuvimos que dejar una garanta de $750 mil en la Defensora, despus de haber estado dos meses sin sueldo. Arrendar oficina y cumplir requisitos, como contratar un asistente. Dice que fue como el dicho teatral de la funcin debe continuar y cada abogado se llev las carpetas de sus casos para seguir atendiendo a los imputados.

La gota que colm su paciencia fue que a las pocas semanas de instalada en su nueva oficina le avisaron que vendra una inspectora de la Defensora a revisar el recinto. Dice que a unos colegas ya les haban hecho cambiarse de oficina tras una inspeccin y le indign que fueran ms duros con ellos que lo que haban sido con D.J.P., que no fue fiscalizada a tiempo.

Simplemente avis que no se sometera a la inspeccin y a la hora sealada no estuvo ah para abrir la puerta. Stubing asegura que su oficina cumpla con los estndares y sus carpetas estaban en orden (esto fue confirmado a CIPER por la Defensora), pero que se rebel porque se sinti humillada.

Qu le iba a ensear a mis hijos? No poda ensearles algo distinto a la dignidad, senta que me venda al aceptar condiciones indignas. No es que fuera a cambiar nada, pero no aceptar la inspeccin era lo que tena que hacer, que mis compaeros que tambin estaban hastiados supieran, as mi conciencia qued aliviadadice con la voz quebrada.

Saba que la iban a sancionar. Durante el proceso investigativo dej estampado lo que signific para ella el traspaso desde D.J.P.: Con el trmino de la empresa a la que serv por aos, vino el calvario, la segregacin, la discriminacin. No puede ser que como abogada y defensora de derechos, como cre llamarme, me haya sentido humillada al aceptar las condiciones laborales ofrecidas por la Defensora Penal Pblica () Como persona, mujer trabajadora, la presin fue letal () Tal vez es difcil entender mi reaccin porque con ella asum un riesgo, de alguna forma era decir NO MS, escribi.

No renunci inmediatamente. Dice que no es fcil dejar de un da para otro las defensas, porque detrs hay una persona imputada y una familia. Tena un caso particularmente complicado, en que el imputado estaba acusado de robo con violacin y cambi su versin en la mitad del proceso. Adems le fallaron las personas que deban atestiguar a su favor.

La audiencia en que se juzgara a su defendido se dio en un contexto bastante especial, pues la sala estaba llena de jueces extranjeros que venan a observar cmo funcionaba la reforma procesal penal en Chile. Stubing recuerda que le pidi al juez aplazar la audiencia porque faltaban los testigos y porque ella dejara pronto la Defensora y no podra representar al imputado en las etapas posteriores. Pero el juez fue inflexible.

Magistrado, renuncio a la Defensora, respondi entonces la abogada, que escuchaba a sus espaldas como los asistentes murmuraban sin entender lo que estaba pasando y se oan voces que pedan que la amonestaran. Recuerda que el juez pidi disculpa a los invitados extranjeros, asegurndoles que nunca haba pasado algo as antes desde la aplicacin de la reforma.

As, histrinicamente, Jacqueline Stubing puso fin a su carrera como defensora penal pblica.

http://ciperchile.cl/2017/04/20/la-quiebra-que-puso-a-prueba-el-modelo-publico-privado-de-defensoria-penal-en-chile/



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