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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-05-2017

La debilidad del Estado Espaol ante la avaricia de la Iglesia catlica

Jos Aguza Rincn
Rebelin


Un ao ms comienza la campaa de la declaracin de hacienda en la que una gran parte de la ciudadana deber cumplir con la obligacin de informar sobre sus bienes y patrimonios y digo una gran parte porque no toda cumple con tan importante deber. Amplios sectores relacionados con el estado eclesial se encuentran exentos de dicha obligacin, aunque eso s, para reclamar parte de lo que otros declaran y abonan, s que lo hacen.

Como cada ao, la Iglesia realiza sus campaas publicitarias pidiendo a los ciudadanos que marquen la casilla de la Iglesia para recibir de stos a travs del Estado un buen pellizco de sus impuestos. Sin embargo en los ltimos aos no tienen bastante con reclamar dicha casilla, sino que tambin solicitan marcar los dos apartados, el de la Iglesia y el de Fines Sociales o sea recibir por todas partes. Es inaudita la falta de moral y de tica de quienes predican la austeridad que se conviertan en individuos avariciosos y codiciosos, totalmente alejados de lo que su propia religin predica!.

Para empezar los catlicos deberan escuchar las palabras de su propio pastor, el papa Francisco, cuando dice El dinero corrompe, no hay escapatoria. Enferma el pensamiento y la fe y la hace andar por otros caminos. De ah nacen las envidias y los conflictos que consideran la religin como una fuente de lucro.

Por otra parte Mateo, el que fuera recaudador de impuestos, reconvertido en apstol y evangelista (aunque existan fuentes que cuestionen esta ltima apreciacin), ya lo deca en sus Evangelios VI.19 No queris amontonar tesoros para vosotros en la tierra y VI,24 Ninguno puede servir a dos seores No podis servir a Dios y a las riquezas.

La ignorancia es la madre de infinitos males y el pueblo espaol sigue siendo un pueblo ignorante y desconocedor de su historia, as como de los orgenes de algunos asuntos como el que nos incumbe. La sociedad actual vive una situacin de parlisis intelectual permanente, an a pesar de los modernos medios de comunicacin con que cuenta.

En el siglo XVIII la Revolucin Francesa terminara con el poder de la monarqua y de la Iglesia, dando paso a una etapa de progreso, basndose en fundamentos como el pragmatismo, el empirismo y el racionalismo y de la que Espaa poco ha aprendido.

El origen de estos derechos no corresponden a tiempos inmemoriales de la Iglesia, sino a pocas muy recientes y de acuerdos de la monarqua espaola con la curia, all por el siglo XIX, concretamente a la dcada moderada (1844-1854) de la reina Isabel II, que a travs de su ministro de Gobernacin Pedro Jos Pidal, sera el responsable de firmar en 1851 el primer Concordato con la Santa Sede.

Con posterioridad a dicho acuerdo, los nicos Concordatos firmados correspondieron a gobiernos fascistas como el rubricado por Benito Mussolini, primer ministro del rey Vctor Manuel de Italia, en los Pactos de Letrn el 11 de febrero de 1929 con el cardenal Pietro Gasparri en nombre de Po XI y ms tarde el Reichskonkordat firmado el 20 de julio de 1933 por el de en aquel tiempo presidente alemn Paul von Hindenburg a travs del vicecanciller Franz von Papen y el cardenal Eugenio Pacelli (ms tarde llamado Papa Po XII) en nombre del entonces Papa Po XI.

Los artfices de regularizar las relaciones poltico-religiosas del Estado con la Iglesia, fueron inicialmente el propio Franz von Papen y el sacerdote catlico poltico de derechas Ludwig Kaas, que previamente haban apoyado la Ley Habilitante que otorgaba plenos poderes al lder nazi Adolfo Hitler.

Y el ltimo acuerdo recuperado en Espaa en los aos cincuenta y que sigue en vigor con las modificaciones de 1976 y 1979, vuelve a ser el Concordato entre el Estado Espaol y la Santa Sede, inicialmente firmado en poca de la Dictadura de Franco en la Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1953 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martn Artajo y su sucesor el embajador de Espaa en la Santa Sede Fernando Mara Castiella y Maz con el Secretario de Estado representante de la Iglesia Domenico Tardini.

Franco en la indispensabilidad de reconocimiento de su rgimen nacionalcatolicista, buscaba incesantemente apoyos de miembros de la iglesia para perpetuar sus fines y en esa necesidad se dirige al Papa Po XI con un tono de humildad y sumisin que ms bien parece una carta humillante y rastrera, recordndole el centenario del primer Concordato espaol con la Santa Sede y solicitndole lo antes posible la celebracin de un Concordato segn la tradicin catlica de la nacin espaola Y asegurarn una pacfica y fecunda colaboracin entre la Iglesia y el Estado en Espaa Seguro de su comprensin y benevolencia postrado ante su Santidad, besa humildemente su sandalia el ms sumiso de vuestros hijos.

As surgi de nuevo en Espaa este indignante acuerdo, que a pesar de haber sido ratificado por la Constitucin de 1978, habra que cuestionarse seriamente dicha constitucionalidad, dado que amparado por dicha norma, nadie ha presentado recurso contra el fondo del mismo ante el Tribunal Constitucional u organismos superiores como el de la Haya.

El Concordato espaol de 1953 reconoca que el Estado espaol se comprometa a sufragar los gastos de la actividades de la Iglesia y otorgarle privilegios legales, polticos, econmicos y fiscales, a cambio de la potestad de Franco (adems de pasear en todos los actos religiosos bajo palio) para nombrar obispos y el apoyo de sta a su autrquico rgimen para facilitar su reconocimiento internacional.

Entre los privilegios recibidos por la Iglesia estaban las exenciones fiscales, subvenciones para el mantenimiento de su patrimonio, restauracin y construccin de nuevos edificios, el derecho a fundar estaciones de radio y publicaciones de libros, prensa y revistas, censura de material cultural (libros, prensa, radio, cine, msica, etc.), matrimonios cannigos obligatorios para todos los catlicos, monopolio en la enseanza de la religin en las instituciones educativas tanto pblicas como privadas o la exencin del servicio militar para el clero, lo que dejaba muy clara la confesionalidad catlica del Estado.

Tras la muerte del Dictador, este acuerdo fue sustancialmente modificado por otro firmado en Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, el propagandista catlico Marcelino Oreja Aguirre y el Perfecto del Consejo para Asuntos de la Iglesia, el cardenal Giovanni Villot.

Con posterioridad se volvera a rectificar, firmando cuatro acuerdos entre Espaa y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, con total secretismo y alevosa cinco das despus de la entrada en vigor de la Constitucin del da 28 de diciembre de 1978 y publicndose en el BOE nmero 300 de 15 de diciembre de 1979 (pginas 28781-28784).

El acuerdo, como deca, negociado en secreto y paralelamente a la discusin de los textos de la Constitucin y de la redaccin del polmico artculo 16 que garantizaba la libertad religiosa y de culto, sera ratificado por el rey Juan Carlos, tras la firma de nuevo de Marcelino Oreja y del cardenal Villot.

Dichos acuerdos eran referentes a asuntos jurdicos, culturales y de enseanza, asuntos econmicos y de asistencia religiosa, adems de multitud de disposiciones de difcil digestin democrtica, como podran ser las relacionadas con la conservacin de patrimonio e inmatriculaciones, financiacin de fondos pblicos, actividades doctrinales y comerciales o rgimen de exencin de impuestos, lo que podramos considerar como un paraso fiscal legalizado.

El Estado con dicho acuerdo se sigue comprometiendo a colaborar con la Iglesia en la consecucin de su adecuado sostenimiento econmico a travs de los presupuestos generales, asignndole un porcentaje del rendimiento de la imposicin de renta que actualizar anualmente y que estar exenta de recortes independientemente de la situacin de las arcas pblicas, lo que no se respeta igualmente en el caso de servicios pblicos como la enseanza, la sanidad, las pensiones o la asistencia social.

Es ms que criticable esta situacin por parte de los distintos gobiernos democrticos y de grupos polticos, de los que no se salvan algunos que se dicen de izquierdas, que siguen participando como representantes pblicos en actos religiosos o favoreciendo tanto privilegios eclesisticos tanto econmicos, as como de utilizacin y apropiacin de espacios pblicos, edificios, casas, plazas o locales, rayando el abuso y la legalidad.

No son pocos los grupos especialmente crticos, tanto de ndole laicos, como cristianos que han reclamado a distintos gobiernos del PSOE o al actual Gobierno de Rajoy esta situacin. Desde el telogo Juan Jos Tamayo a colectivos como la Asociacin de Telogos Juan XXIII o Cristianos de Base han mostrado su rechazo a estos privilegios de la Iglesia catlica en Espaa.

En muchos casos se denuncia la supuesta aconfesionalidad del Estado, lo que supone el respeto al principio de separacin entre ste y las diferentes confesiones, donde la escuela pblica no debe impartir en su espacio ningn tipo de enseanza confesional.

Opino que es tiempo de que la ciudadana despierte de su aletargamiento mstico y de esa apata generalizada para que comience a reclamar lo que social y legalmente le corresponde.

Jos Aguza Rincn. Colectivo Prometeo. FCSM.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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