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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-05-2017

Cuatro activistas relatan la criminalizacin policial y judicial en las Jornades Sindicalistes de CGT-Valncia
Experiencias de la represin sindical

Enric Llopis
Rebelin


Ha comenzado con unos compaeros a organizar el grupo Ensorrem fronteres, para reivindicar la libre circulacin de personas inmigrantes y refugiadas. Antes, en octubre de 2016, hizo un primer viaje a Grecia con el fin de traer a Espaa a un nio refugiado del Kurdistn. No se encontr con controles exhaustivos. Pero en un segundo viaje result detenida, el 27 de noviembre de 2016, en el aeropuerto de Atenas, cuanto retornaba al estado espaol con otro nio kurdo sin la documentacin en regla y al que haca pasar por su hijo. Los controles fueron bestiales y detenan a todo el mundo, recuerda Lola Gutirrez, educadora social, trabajadora de la Diputacin de Barcelona y miembro de la seccin sindical de CGT en la corporacin. Se le consider persona peligrosa para el Estado griego, y se expona a una pena de prisin que oscilaba entre los cinco y los diez aos. Opina que todo quedar finalmente en una multa. Actualmente est pendiente de juicio en el pas heleno, sin que haya fecha de celebracin prevista. Su justicia es ms lenta an que la espaola, explica antes de participar en un acto de les Jornades Anarsindicalistes-2017 de CGT-Valncia, organizado en la Facultat de Filosofia y Cincies de lEducaci.

Lola Gutirrez pas tres das en los calabozos policiales y otros ocho en el Centro de internamiento de Extranjeros de Elliniko, en Atenas. Su caso permaneci invisibilizado y, si al final sali del CIE, fue gracias a la presin de los compaeros de la CGT de Barcelona y Catalunya, segn explica. La vida all era un caos, la gente se queda durante mucho tiempo en el centro de internamiento sin tener siquiera la primera entrevista para solicitar asilo, lamenta la sindicalista. En el CIE conoci a madres de nacionalidad siria separadas de sus hijos, cuyo paradero desconocan. Tal vez su activismo social se explique como una forma de respuesta a las polticas de migracin y refugio de la UE: Es una manera como cualquier otra de asesinar personas; pero la gente continuar viniendo, porque huyen de situaciones de guerra. Fue deportada y el pasado ocho de diciembre aterriz en el aeropuerto barcelons de El Prat.

Manuel Bustos, del Partit dels Socialites de Catalunya (PSC), se inici como concejal en el Ayuntamiento de Sabadell en 1991; ocup la alcalda desde 1999 hasta que present su dimisin en febrero de 2013, al resultar imputado en la llamada Operacin Mercurio, una trama de corrupcin urbanstica con epicentro en el consistorio vallesano. En febrero de 2016 el Tribunal Supremo ratific una condena de un ao y cuatro meses de prisin y multa de 60.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) a Manuel Bustos. La resolucin judicial consideraba probada la influencia del primer edil en la concesin de un cargo directivo a una persona afn en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona). Con la misma pena y en la misma causa result condenado el hermano del alcalde, Francisco Bustos, en aquel momento secretario de la Agrupacin del Valls Occidental Sud del PSC.

Bustos desempeaba la alcalda de Sabadell el 27 de septiembre de 2003. Esa noche la Brigada de Intervencin Rpida (polica antidisturbios) del consistorio se estren con cargas en el bar Bemba -un seero punto de reunin para la juventud crtica y militante de la ciudad- y en las calles adyacentes. Los enfrentamientos se saldaron con 11 detenidos y ms de una veintena de heridos. Son 14 aos a la espera de juicio, critica Manuel Quesada, secretario general de la Federacin Local de la CGT de Sabadell y uno de los procesados. Sobre los activistas pesan acusaciones de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, entre otros cargos, que podran suponer hasta dos aos y medio de prisin. El juicio tena fecha prevista para el pasado 27 de abril, pero se suspendi, apunta Quesada, porque supuestamente faltaban testigos de la polica; pero no podemos creer que esto sea cierto despus de tantos aos. La convocatoria se pospuso hasta el 18 de enero de 2018. Los encausados argumentan que la noche de autos se hallaban en la calle, junto a los policas y dirigiendo la operacin, el alcalde Manuel Bustos, Francisco Bustos (entonces regidor de Seguridad Ciiudadana) y el concejal Josep Ayuso, actual portavoz del PSC en el Ayuntamiento vallesano. Entre los hitos de la movilizacin popular destaca una manifestacin que reuni a 3.000 personas el cuatro de octubre de 2003 en las calles de Sabadell; y una concentracin y cacerolada frente al consistorio, a la que asistieron una semana despus cerca de 2.000 personas.

En la mesa redonda titulada Lucha y represin Cmo podemos responder? ha participado Ermengol Gassiot, profesor (interino) de Arqueologa en la Universitat Autnoma de Barcelona y miembro de la seccin sindical de CGT en esta universidad. Se vio implicado en el caso denominado Som 27 i ms, que se inici con la denuncia del rectorado de la Universitat Autnoma a 27 personas por unas protestas sucedidas en el curso 2012-2013. Se trata, en concreto, de la okupacin y encierro durante un mes producida en el edificio del Rectorado. Manifestamos entonces una serie de reivindicaciones de ndole social, sindical, poltica y universitaria, pero el rector no hizo caso a ninguna de ellas, recuerda el sindicalista. En la primera parte del encierro se desarrollaron charlas y diferentes actividades, pero en la segunda se llev a trmino un bloqueo de las instalaciones, con el fin de encontrar una salida a la situacin. La respuesta de la cpula universitaria fue presentar una denuncia ante los Mossos dEsquadra.

Cuatro aos despus de los hechos, cada uno de los 27 procesados afronta peticiones de pena por parte de la Fiscala de entre 11 aos y medio y 14 de prisin; una multa por valor de 10.000 euros y una responsabilidad civil subsidiaria para todos los procesados- que suma 385.000 euros. Adems, una peticin para cada encausado de cinco aos de alejamiento de la universidad. Estamos a la espera de que resuelva el recurso interpuesto por una de las encausadas, y entonces nos presentarn el escrito de acusacin y la fecha de juicio, explica Gassiot. Adems de la interposicin de la denuncia, la universidad ejerci un papel muy activo en la construccin del relato de los hechos, que finalmente compr la Fiscala, agrega el activista de la CGT. La institucin universitaria lleg a presentarse como acusacin particular, y para ello recurri a los servicios del abogado Cristbal Martell. El bufete de este letrado ha ejercido la defensa de la familia Pujol, alguno de los procesados en el caso Nos, la trama Grtel o el futbolista Lionel Messi, entre otros. La Plataforma Sm 27 i ms menciona a tres altos responsables universitarios de la poca, que elaboraron los argumentos (un entramado para derribar la institucin) despus recogidos por el fiscal. El rector Ferran Sancho; la secretaria general y nmero dos de la institucin, Judit Soler; y la vicerrectora de Estudiantes y Cooperacin, Silvia Carrasco.

Conductor de autobuses en la empresa pblica Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Saturnino Mercader es secretario de Accin Sindical de la CGT de Catalunya. Recuerda la huelga general del 29 de marzo de 2012 como una jornada muy tranquila y con gran seguimiento de los paros. Por la maana particip en un piquete. Cuando retornaba a su casa en el barrio barcelons de Sant Andreu, observ a dos policas de la Guardia Urbana de Barcelona que de manera muy violenta procedan a la detencin de un sindicalista integrante de los piquetes, Roger Snchez. Me acerqu a los guardias para recordarles que era un da de huelga general, y no emplearan esos mtodos, cuenta el activista de la CGT. Los agentes, que ya le conocan, le espetaron: Bueno, ya sabrs de nosotros. Pocas fechas despus, relata Saturnino Mercader en la puerta de la Facultat de Filosofia de Valncia, un atestado policial le acusaba de dirigir a un grupo de jvenes de esttica okupa que puso en riesgo la integridad fsica de la polica.

A Roger Snchez, que permaneci detenido durante 27 horas en los calabozos policiales, se le acus de resistencia a la autoridad y un doble delito contra los derechos de los trabajadores, con una peticin fiscal de seis aos de prisin. Para Mercader la fiscala solicitaba dos aos de crcel por resistencia a la autoridad. En respuesta a los procesamientos se organiz el Grup de Suport amb Roger i Mercader, que despleg acciones de apoyo y movilizaciones, como una en el Barrio de Sant Andreu en la que participaron cerca de 300 personas. En junio de 2015 el Ayuntamiento de Barcelona se retir de la acusacin particular contra los dos sindicalistas, gracias a la solidaridad y la presin popular, subraya Saturnino Mercader. El cinco de abril de 2016, cuatro aos despus de los hechos, se celebr la vista oral en el Juzgado de lo Penal nmero dos de Barcelona. Jugar con el tiempo ha sido una constante por parte de la autoridad judicial, critic la plataforma de apoyo. La sentencia, absolutoria para los dos procesados, se dio a conocer a las partes el cuatro de julio, varios meses despus de la celebracin del juicio.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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