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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-05-2017

Los casos de Colombia y Per
La odisea del acceso a la tierra entre mineras y grupos armados

Ava Gomez y Barbara Ester
CELAG


Si algo tienen en comn Colombia y Per es la presencia de una economa paralela ilegal y sin control estatal, vinculada al cultivo de hojas de coca y la posterior produccin de cocana a partir de ellas. De hecho, ambos pases son los mayores productores mundiales de dicha sustancia. Asimismo, comparten otras particularidades como el conflicto entre los grupos armados y el Estado, lo que ha contribuido a delimitar un Estado paralelo en las zonas rurales. Por otra parte, es importante resaltar el papel que las empresas transnacionales desempean en reas rurales a partir de su actividad extractivista. De esta forma la poblacin que habita estas zonas se encuentra en medio de un fuego cruzado entre el Estado o grupos paraestatales- y los movimientos de lucha armada. Para colmo de males deben soportar los daos colaterales de la contaminacin producto de las mineras, quienes cuentan con el beneplcito estatal o bien actan de manera ilegal por omisin de ste.

I

Tanto Colombia como Per han tenido la particularidad de presentar una lucha armada cuyo principal escenario fue el territorio rural. En Per el conflicto armado interno enfrent en un frente al terrorismo que desarrollaron los grupos armados, especialmente Sendero Luminoso, y en el otro frente al terrorismo de Estado, ambos conformaron la denominada guerra sucia con un altsimo costo en violaciones de los derechos humanos que finalmente llev a la derrota de los subversivos. El triunfo militar y la absurda parodia de Acuerdo de Paz celebrada en 1993, lejos de pacificar el conflicto permiti atizar el temor popular e insistir con la guerra como poltica para desbaratar todo intento de cuestionamientos al orden social o a la democracia. El retorno democrtico luego de la dcada fujimorista, a fines de 2000, tampoco impuls una poltica distinta respecto a Sendero Luminoso, por lo que sus miembros han continuado en zonas rurales como sicarios al servicio de los cultivos de coca, con apariciones espordicas para ser utilizados como chivo expiatorio frente a cualquier situacin de tensin social. Hoy la guerrilla no constituye un problema real para los pobladores rurales como s lo representa la actividad econmica extractivista.

En Colombia, el conflicto armado que ha asolado al pas en el marco de un enfrentamiento entre grupos guerrilleros, paramilitares y las Fuerzas Armadas, ha sido otra de las causas del desplazamiento y la afectacin a comunidades tnicas y pueblos indgenas en todo el territorio nacional, llevndolos incluso al peligro de la desaparicin, como es el caso del pueblo Nukak Mak que ha vivido caminando en las selvas de la Amazona, entre los ros Guaviare e Inrida. Tradicionalmente, sus habitantes son cazadores y recolectores. Actualmente, desplazados, viven hacinados en ranchos, expuestos a las enfermedades y a la prdida inminente de su cultura. Su poblacin dispersa refleja la realidad del despojo territorial al interior de una pugna por un territorio estratgico. Histricamente el pueblo ha sufrido una importante presin para salir del territorio del Guaviare en disputa por la confluencia de intereses en torno al cultivo de coca, en donde las tareas de fumigacin de los cultivos, las luchas territoriales, la dispersin de los colonos y los campos minados han supuesto una gran amenaza para esta poblacin, que ya no puede acceder a sus territorios.

II

El 10 de mayo de 2016 sala a la luz en Lima, Per, el informe Tierras comunales: ms que preservar el pasado es asegurar el futuro [1] del Instituto del Bien Comn (IBC Per), el cual busca responder de manera alternativa al discurso hegemnico reafirmado por el sentido comn que sostiene que la modernidad debe conducir a la parcelacin de las tierras comunales y a individualizar los esfuerzos econmicos y la vida social de los pueblos indgenas. El informe recoge informacin hasta marzo de 2016, y registra que las comunidades rurales alcanzan un total de 10.529, de las cuales alrededor de la mitad (4.023) no poseen ttulo de propiedad, lo que constituye la mayor deuda histrica del Estado teniendo en cuenta que la mayora de dichas comunidades preceden al propio Estado peruano. El informe describe el rol estatal evidenciando cmo los ltimos cuatro gobiernos han sostenido la tendencia al debilitamiento del rgimen de tierras comunales, facilitando su parcelacin y loteo, lo que vehiculiza la transferencia de estas tierras rurales para ser explotadas y quedar a merced del gran capital, ya sea este transnacional o local. Para ello se han valido de una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas anticomunales.

En Colombia, con la promulgacin de la Ley de vctimas y restitucin de tierras- Ley 1448 de 2011- se dio un amplio avance en trminos de reconocimiento social a las vctimas del conflicto y en particular a aquellas que sufrieron en el marco del mismo el desplazamiento forzado. Una de las principales medidas es el derecho a la restitucin de tierras, una poltica que ha tenido enormes trabas en la implementacin debido al desarrollo normativo contradictorio con el mismo dada la priorizacin que tienen frente a las disposiciones en cuanto a la restitucin de tierras, estos son los Proyectos de Inters Estratgico Nacional [2], las Zonas de Inters de Desarrollo Rural, Econmico y Social, ms conocidas como las zonas francas para el agro, criticadas por, entre otras cosas, legalizar la acumulacin irregular de tierras adjudicadas como baldos. Y la creacin del grupo especial de Asuntos Medioambientales Minero Energticos e Infraestructura para en la Unidad de Restitucin, con orientacin a estudiar las demandas de restitucin traslapadas con los intereses de explotacin de hidrocarburos, generalmente en conflicto con la presencia de pueblos indgenas.

III

En Colombia, despus de dos perodos de gobierno de lvaro Uribe en los que el enfoque de los Planes Nacionales de Desarrollo se articul en torno al eje de la Seguridad Democrtica, con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno la apuesta dio el giro hacia la priorizacin del Crecimiento Sostenible y la Competitividad, bajo el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad Democrtica (2010-2014).

Desde entonces el relato gira en torno a la necesidad de crecimiento econmico como factor fundamental del bienestar econmico, siendo las vas para llegar a este crecimiento la innovacin, la poltica de competitividad y de mejoramiento de la productividad y la dinamizacin de los sectores locomotora que lideran el crecimiento econmico, uno de ellos el sector minero energtico.

El aperturismo estuvo guiado por el desarrollo de grandes descuentos tributarios y desregulacin de la explotacin del sector, dando lugar a tan solo un ao despus de la puesta en marcha del PND, a la entrega de 9000 ttulos mineros (4% del territorio nacional).

Superado el primer gobierno y con la va abierta hacia los dilogos de paz con las FARC el siguiente PND de Santos sigui priorizando la competitividad del pas a partir de la consolidacin del desarrollo minero-energtico, entendiendo adems que una Colombia pacificada sera tambin una forma ms de fomentar el aperturismo en materia de explotacin de recursos naturales.

Las tensiones evidentes en el marco de la ocupacin de las tierras indgenas -sin atencin a las demandas de los pobladores y sin tener en cuenta los procesos de consulta previa- han derivado en desplazamientos forzados de los territorios ancestrales, adems de alarmas humanitarias por la desviacin de ros y arroyos. El caso del pueblo indgena Wuayu es quiz uno de los casos ms vergonzantes en el marco de la explotacin minera a cielo abierto en Amrica Latina.

La mina de Cerrejn acapara y utiliza millones de litros de agua del Ro Ranchera que supone el desabastecimiento de agua para el pueblo Wuayu; en marzo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, confirm la muerte de 19 nios y nias ocurridas desde julio de 2013. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, han muerto 5 mil nios Wayu en los ltimos seis aos. Las causas: desnutricin ligada a la falta de agua en la regin.

A pesar de que la muerte y desnutricin de los nios est asociada al consumo de agua contaminada, agravada por la falta de atencin mdica oportuna y la obligada finalizacin de sus actividades culturales, las instituciones pblicas insisten cubrir las demandas de la minera: la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, autorizaron al Cerrejn, el desvo del cauce del arroyo Bruno [3], lo cual vulnera los derechos fundamentales y vitales de la poblacin ah asentada colocndola en grave riesgo.

La produccin minera es un pilar fundamental de la economa peruana. En Per rige el modelo de autoregulacin corporativa de las relaciones empresa-comunidades, el cual se mantiene en pie a pesar de la propagacin de conflictos que ha suscitado. Las empresas y las comunidades locales as como sus organizaciones se ven forzadas a entablar negociaciones en la esfera de lo privado. El rol del Estado se limita a una intervencin que no hace ms que profundizar las asimetras y desplegar la violencia fsica para enfrentar la oposicin organizada a proyectos mineros especficos.

Uno de los factores detrs de la aparicin de conflictos es la ausencia del Estado, principalmente en su labor redistributiva de los aportes de la minera mediante el canon minero -dinero que recibe el Gobierno Local como transferencia de parte del Gobierno Nacional- el cual supone que los territorios en los que se realiza una actividad extractiva de un recurso natural no renovable deben contar con una participacin proporcional del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotacin de los recursos naturales en cada zona. El Canon Minero tiene por objeto el compensar a las comunidades por el beneficio privado de la extraccin y comercializacin de un recurso natural que constituye un bien pblico. En teora, dicho canon debe contribuir a promover el desarrollo humano integral, sostenible y equitativo de toda la poblacin que se encuentra en las zonas de influencia directa de la actividad minera, a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo y prevenir/contrarrestar los efectos o impactos negativos al medio ambiente que pudiera generarse por la actividad minera. Sin embargo la realidad dista mucho de la teora.

Cajamarca, bastin clave en la organizacin anti-minera, tiene una vasta experiencia sobre las graves consecuencias que la actividad extractiva supone para la comunidad. Las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastin de Choropampa, sufrieron el 2 de junio del 2000 las consecuencias de un derrame de cerca de 11 litros equivalente a 150 kilos- de mercurio elemental. El saldo: una intoxicacin masiva de alrededor de 1200 campesinos, entre adultos y nios. Actualmente el descontento de la poblacin es tal que la frrea oposicin al proyecto de Conga ha sido decisiva para obtener el primer lugar en suu distrito Cajamarca- en las elecciones presidenciales 2016 del exgobernador regional, Gregorio Santos Guerrero. Las comunidades reclaman por la notoria afectacin y contaminacin de la cantidad y calidad de sus aguas de riego, el impacto de la minera en detrimento de sus habitantes es tal que ha pasado del cuarto al segundo lugar entre los departamentos ms pobres del Per. La minera Yanacocha en Conga,   cuyo accionariado est compuesto por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura representaba una inversin estimada de US$4.800 millones, sin embargo fue suspendida a finales del 2011 por protestas contra un plan que inclua el trasvase de cuatro lagunas (Perol, Azul, Mala y Chica), consideradas por agricultores de la zona como cabeceras de cuencas hidrogrficas en Cajamarca.

La Oroya, ciudad de los Andes Centrales ubicada a 175 km de Lima, ha sido declarada en 2013 en quinto lugar entre las diez ciudades ms contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith. El ranking anual efectuado sobre los sitios menos recomendables para vivir   fue efectuado considerando la cantidad de sustancias txicas en aire, suelo y agua. Los autores del informe se basaron tanto en la presencia de metales pesados, mercurio, arsnico, pesticidas y radionclidos en el ambiente. Tambin se tom en cuenta el nmero de personas potencialmente expuestas al impacto de esos factores. La ciudad se encuentra sitiada por la contaminacin causada por el complejo metalrgico de la empresa estadounidense Doe Run, la cual afecta al 99% de sus 33.000 pobladores.

El proyecto de Ta Mara valorizado en US$1.400 millones e implementado por Southern Copper en Arequipa, deriv en uno de los conflictos que ms vctimas ha cobrado en los ltimos aos registrando siete muertos y ms de 230 heridos en 2016. El Frente de Defensa de Valle de Tambo zona agrcola ubicada en el rea de influencia de la minera advirti que el proyecto agravara los problemas de disponibilidad hdrica. En septiembre del pasado ao el Valle de Tambo fue declarado en emergencia por escasez de agua.

La zona de Madre de Dios en la Amazona peruana ha sufrido fuertes modificaciones, por un lado debido al rpido incremento del precio internacional del oro y, por otro, a causa de la construccin de la Carretera Interocenica. El arribo de la minera ilegal ha proliferado exponencialmente, causando a su paso un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales. Comunidades agrcolas y mineras -y en particular, las mujeres, los nios y los pueblos indgenas de Madre de Dios- estn expuestos a estos metales a travs del consumo de peces, que son la principal fuente de protenas en la Amazona. En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco veces el lmite aceptable, y los pobladores que viven ms cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces ms mercurio que el lmite establecido por la OMS.

Notas:

[1] http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALESb.pdf

[2] Sobre los cuales la Corte Constitucional decidi haciendo prevalecer el derecho de las vctimas

[3] El arroyo Bruno es un afluente del Ro Ranchera, que tambin fue desviado para proveer de agua a las empresas mineras. Los lderes de las comunidades advierten que ya se secaron 26 fuentes de agua a causa de la actividad minera a cielo abierto que realiza la multinacional Cerrejn.

Ava Gomez y Barbara Ester / Investigadoras CELAG

@Ava_GD

@barbaraestereo

Artculo publicado en: http://www.celag.org/la-odisea-del-acceso-a-la-tierra-entre-mineras-y-grupos-armados-los-casos-de-colombia-y-peru/



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