Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-05-2017

El asesinato de guerrilleros indultados y amnistiados: El exterminio que no acaba

Miguel ngel Beltrn Villegas
Voz


Seremos superiores a la fuerza cruel que habla su lenguaje de terror

a travs del iluminado acero letal.

El dolor no nos detiene sino que nos empuja

Jorge Elicer Gaitn


Mientras las FARC viene dando cumplimiento a los compromisos pactados en el Acuerdo Final de La Habana enviando a la sociedad colombiana un inequvoco mensaje de su firme decisin de dejar las armas y hacer su trnsito hacia un nuevo movimiento poltico, el Estado colombiano que asumi el compromiso conjunto de adelantar las transformaciones necesarias para sentar la bases de una paz estable y duradera, da muestra de su seculares incumplimientos: la sistemtica ola de asesinatos, judicializacin y amenazas contra lderes sociales y opositores, defensores de derechos humanos, pacficos campesinos y miembros de los pueblos indgenas y afrodescendientes, a slo cinco meses de suscritos los acuerdos, despierta serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz en Colombia, tal como lo expres recientemente la directora para las Amricas de Amnista Internacional.

La profunda conviccin de paz que nos ha llevado a millares de colombianos a defender con encono los Acuerdos de La Habana, y el actual dilogo del gobierno con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) como una oportunidad histrica para poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno no puede llevarnos a minimizar la inmensa gravedad de los hechos de violencia que vienen ocurriendo enel pas. El reciente asesinato en la vereda La Guayacana, corregimiento de Llorente (zona rural de Tumaco en Nario), del exguerrillero de las FARC Luis Alberto Ortiz Cabezas, acaecido dos semanas despus de haber salido de la crcel Vista Hermosa, nos llena de indignacin y preocupacin. El excombatiente haba sido beneficiario de la ley de amnista e indulto sancionada por el Congreso el pasado 30 de diciembre, y se convierte en el primer ex guerrillero asesinado tras la firma de los acuerdos.

Est en marcha un plan para exterminar a los integrantes de las filas insurgentes que han hecho dejacin de sus armas y han sido recientemente cobijados por la ley de amnista e Indulto? No cabe duda que este es un fantasma que acompaa a los guerrilleros que han dado el trascendental paso de reincorporarse a la vida social, poltica y econmica del pas, y que parece cobrar cuerpo con hechos criminales como los registrados en esa zona aledaa al municipio de Tumaco. Acaso, no sera prudente atender la advertencia del presidente venezolano Nicols Maduro, cuando afirma tener informes de inteligencia segn los cuales se est preparando una matanza contra los lderes que firmaron la paz en Colombia y exigir las garantas necesarias para evitar un nuevo genocidio como el que se desat contra la Unin Patritica, hace ya ms de tres dcadas?

Una historia pasada que se hace presente

Precisamente el prximo mes de junio se cumplen sesenta aos del asesinato del ex guerrillero liberal Guadalupe Salcedo Unda, uno de los jefes ms prestigioso de la resistencia armada en el Llano, quien fuera acribillado a mansalva en las calles de Bogot, poco despus que asumiera funciones la Junta Militar de Gobierno presidida por el mayor general Gabriel Pars, tras la cada de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1957). Aos despus lvaro Parra y Dumar Aljure, compaeros de armas de Guadalupe, fueron asesinados en El Meta. El ltimo de ellos siendo presidente de la Repblica el Dr. Carlos Lleras Restrepo a quien Aljure tena como su mejor amigo, y quien firm la orden para que se realizara el operativo militar que lo mat (Cfr. Eduardo Fonseca. Los Combatientes del Llano). Con Aljure murieron nueve de sus acompaantes, entre ellos un menor de edad y sus cuerpos fueron expuestos a escarnio pblico en las instalaciones del batalln Vargas acantonado en Granada.

La masacre de ex guerrilleros no se circunscribi a los Llanos. En diferentes partes del pas, y bajo el rgimen del Frente Nacional (formula bipartidista que pretenda poner fin a la violencia de las dcadas anteriores) ex combatientes tanto de filiacin liberal como comunista corrieron la misma suerte. As, a principios de enero de 1960, un cabo de polica seg en Pandi (Cundinamarca) la vida de Silvestre Bermdez (Mediavida); dos aos despus en Gaitania (Tolima), fueron ultimados Jacobo Pras Alape (Charro Negro), para entonces miembro del Comit Central del Partido Comunista; y Hermgenes Vargas (General Vencedor), ex guerrillero del Tolima, y uno de los lderes del levantamiento del 9 de abril en Chaparral.

La ola de crmenes contra exguerrilleros no termin all. Todava en 1978, y a los pocos meses de posesionado el presidente Julio Csar Turbay Ayala, fue asesinado en pleno centro de la capital, uno de los ms clebres lderes de la resistencia armada campesina del Sumapaz y el oriente del Tolima: Pedro Pablo Bello conocido en las filas insurgentes como Chaparral. En el momento de su crimen este ex combatiente que luch junto con Juan de la Cruz Varela contra el poder desptico y feudal del latifundista Jos Antonio Vargas en esa regin del pas, se haba incorporado de lleno a la actividad poltica legal y se desempeaba como diputado de la Asamblea de Cundinamarca.

Hechos como los anotados anteriormente seran recurrentes en los procesos de paz que se impulsaron en los decenios siguientes. Baste recordar aqu crmenes como el de Carlos Toledo Plata en 1984, tras acogerse a la amnista otorgada por el presidente Belisario Betancur y el de Oscar William Calvo meses despus de firmar los acuerdos de Cese del Fuego y Dilogo Nacional con este mismo gobierno; as mismo, el asesinato de Carlos Pizarro Leongmez, pocas semanas despus de haber liderado la dejacin de armas por parte del M-19 en Santo Domingo (Cauca), en el marco del proceso de paz iniciado por el mandatario de turno Virgilio Barco (1986-1990). Ms recientemente, y a puertas de iniciar los dilogos con la Corriente de Renovacin Socialista, la muerte por una patrulla del ejrcito de Carlos Prada (Enrique Buenda) y Evelio Bolaos (Ricardo Gonzlez), cuando se encontraban cumpliendo los preparativos para el traslado al campamento, de los guerrilleros del frente Astolfo Gonzlez que operaba en Urab.

A los anteriores nombres se agrega una larga lista de inermes ex guerrilleros que a lo largo de estas dcadas de violencia estatal y paraestatal, han sido abatidos en el campo y la ciudad cuando adelantaban trabajo poltico amplio o simplemente se dedicaban a labores agrcolas o domsticas, una vez reincorporados a la vida civil. Muchos de sus nombres han sido borrados de la memoria colectiva, pero hacen parte de esta dilatada historia de exterminio.

Otra constante: La impunidad

Ante el crimen del ex guerrillero de las FARC Luis Alberto Ortiz Cabezas, el general Oscar Naranjo ex director de inteligencia y contrainteligencia de la polica y ahora vicepresidente de la repblica en declaraciones a los medios radiales se apresur a declarar que era necesario encontrar a los responsables de este hecho y hacer que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Quisiera creer que as ser, pero la larga cadena de impunidades que, durante decenios ha cobijado a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos crmenes contra luchadores sociales, me lleva a guardar un razonable escepticismo.

Empecemos por recordar que segn la versin oficial, Guadalupe se encontraba en una cantina de Bogot en compaa de otros hombres de confianza ingiriendo bebidas alcohlicas y perturbando la tranquilidad del sector; al recibir, un respetuoso llamado de atencin que le hiciera la polica, dispar sus armas contra los agentes, quienes le dieron de baja en uso de la legtima defensa (junio de 1957). En contraste con estas versiones, el reconocido jurista Eduardo Umaa Luna, quien fungi como fiscal, demostr que Guadalupe tena dos perforaciones en las palmas de la mano lo que indica que sali con las manos en alto en actitud de rendicin.

La muerte de Jacobo Pras Alape Charro Negro fue atribuida a Jos Mara Oviedo, Mariachi, un guerrillero liberal amnistiado, puestos al servicio de los intereses latifundistas y de oficiales revanchistas de las Fuerzas Armadas que, junto a otros hombres armados, incursionaron en reas de influencia guerrillera, para exterminar dirigentes sociales, obedeciendo a un plan bien calculado y dirigido por altos crculos gubernamentales y jefes polticos, como en su momento lo denunci el lder agrario Juan de la Cruz Varela en carta al ministro de Gobierno de ese momento, Guillermo Amaya Ramrez.

Pero no hablamos de historia pasada. En la actualidad esa misma tarea la vienen desarrollando los integrantes de las mal llamadas Bandas Emergentes o Bacrim (Bandas Criminales), sigla con la cual se ha pretendido encubrir el accionar de los grupos paramilitares que, como se sabe, tienen estrechos vnculos con las Fuerzas Militares, con polticos nacionales y regionales, as como con las mafias del narcotrfico y la delincuencia organizada, De all que una rigurosa investigacin de homicidios como el del guerrillero indultado Luis Alberto Ortiz, deben debe dejar al descubierto estas macabras redes criminales, que hoy por hoy constituyen la principal amenaza para la construccin de una paz estable y duradera.

Dnde estn las garantas que prometi el Estado?

El mismo da en que se produjo el crimen del exguerrillero de las FARC-EP, Luis Alberto Ortiz, fueron asesinados dos hermanos del prisionero poltico de guerra de esta organizacin Robinson Victoria, quien actualmente se encuentra recluido en la crcel de Chiquinquir. Como si esto no fuera suficiente, en un reciente comunicado pblico el Estado Mayor de las FARC-EP denunci el homicidio el pasado 24 de abril de tres familiares del guerrillero Guillermo Len Osorio, actualmente concentrado en una Zona Veredal Transitoria de Normalizacin. Estos ltimos asesinatos ocurrieron en el Municipio de Taraz (Antioquia), lo que permite presumir que no se trata de acciones aisladas.

Pero si de un lado, no hay garantas para los combatientes que han tomado la decisin de dejar las armas y transitar por los caminos pacficos, por otro, contina la guerra sucia contra los lderes populares: En la ltima semana fueron asesinados seis integrantes de los pueblos indgenas en los departamentos de Cauca, Choc y Nario. Entre ellos el gobernador del territorio indgena Kite Kiwe (Tierra Floreciente). Resguardo que, vale la pena recordar, se conform en el 2001, a raz de un desplazamiento masivo promovido por los paramilitares en la zona del Naya. A principios de marzo la defensora del Pueblo seal que en los ltimos 14 meses han sido asesinados 120 defensores de derechos humanos y lderes sociales, adems que se han realizado 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional.

Hoy ms que nunca, es necesario una accin contundente de las organizaciones sociales y polticas, as como de la comunidad nacional e internacional, en defensa de los Acuerdos de La Habana, que exija el respeto y el cumplimiento de lo firmado por esta lite gobernante. El actual momento histrico de Colombia requiere de la movilizacin y unidad de todos los sectores sociales comprometidos con una paz que implique transformaciones radicales en el pas. Los enemigos de tan urgentes cambios han apelado en el pasado inmediato a la barbarie para impedirla. Si lologran nuevamente, la gran hora de la transformacin que reclama el pas se habr nuevamente aplazado.

Miguel ngel Beltrn Villegas. Profesor Universitario. Ex preso poltico.

Fuente: http://semanariovoz.com/asesinato-guerrilleros-indultados-amnistiados-exterminio-no-acaba/#_ftn1



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter