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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-05-2017

Las rmoras de la dictadura

Julio C. Gambina
Rebelin


La Corte Suprema de Justicia valid por mayora el 2x1 (beneficio a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad), habilitando la libertad de los condenados por sus responsabilidades en el genocidio. Es obvio que una parte de la sociedad avala la disposicin y que al mismo tiempo existe un amplio rechazo social y poltico.

En rigor, se vuelve a tensar a la sociedad en torno al juicio histrico, no solo el juicio legal, sobre los acontecimientos suscitados hace ms de 4 dcadas y que involucraron a militares, a civiles, a religiosos y muy especialmente a sectores econmicos que se beneficiaron con los cambios estructurales acaecidos desde entonces y que sustentan aun hoy la impunidad de beneficiarios y ejecutores.

Remito a cambios que fueron profundizados en distintos momentos en estos aos, bajo administraciones constitucionales, tanto en los 90 como en la actualidad y por eso nos convoca a repensar la relacin entre terrorismo de Estado, orden econmico y coyuntura.

La obcecada decisin de disciplinar el conflicto social y sindical, negando actualizacin salarial por la diferencia entre la inflacin y los acuerdos de parte en 2016 y obviando la proyeccin reiterada del desajuste entre ambos aspectos para el 2017, da cuenta de una continuidad esencial entre el propsito de aquellos aos de plomo y el presente.

Ofensiva contra trabajadoras y trabajadores

En 1975/76 y los aos siguientes se instal un propsito que con matices se proyecta a nuestros das. Se trataba de disminuir el costo de produccin afectando los ingresos salariales para inducir una mejora en la tasa y masa de ganancias del sector ms concentrado de la economa.

Ms all de relativas recomposiciones en ciertos momentos de estos 42 aos, la tendencia principal, en sentido histrico es una menor participacin del salario en la distribucin funcional y personal del ingreso, agravada con el cambio del papel del Estado que deterior su funcin social destinada a asegurar derechos de educacin, salud, empleo, etc.

Los cambios estructurales en el orden econmico social enunciados en el programa econmico de la dictadura genocida se materializaron en un proceso continuo que nos trae al presente, insistamos, ms all de relativas discontinuidades o atenuaciones en este tiempo histrico.

Por eso, cada vez que se puede, el sistema poltico responde al mandato de las clases dominantes y persiste en el rumbo estratgico para debilitar a los trabajadores y trabajadoras en la relacin con las patronales.

No debe sorprender la actitud contra los docentes en todos los niveles, incluso en estas horas la presin sobre el sindicato y los trabajadores del sector lechero para atender el financiamiento de una empresa como SANCOR en crisis.

Disciplinar social, sindical y polticamente es imprescindible para abrir paso al programa de mxima del sector hegemnico en la economa local y por eso la intervencin del Gobierno ante el conflicto, negando paritarias, aplicando cuando se puede el protocolo de seguridad y una fuerte iniciativa ideolgica y propagandstica para deslegitimar las demandas salariales y laborales.

Necesitan explicitar la estrategia para convencer a potenciales inversores que demandan desarticular un elevado nivel de sindicalizacin que existe en Argentina, con relacin a lo que acontece en la mayora de los pases del mundo. Recordemos que hace ya unos aos, las patronales y varios Estados nacionales empujan en la reunin anual de la OIT la eliminacin del derecho a huelga.

Lo que se pretende desde los tiempos del terrorismo de Estado apunta a desarticular la organizacin sindical en el pas y su trayectoria histrica plural de conflicto y paro general , no necesariamente usual en otros territorios, incluso por debilidad o complicidad de las direcciones sindicales. Sin ir lejos se puede recuperar la historia reciente y verificar que el ltimo paro nacional debi ser arrancado ante la escasa conviccin de la dirigencia tradicional.

El poder detrs del poder

Los poderes del Estado, en consenso unnime o con matices retoman el sentido histrico del plan reaccionario de 1975/76, cuyos resultados son el crecimiento de la desigualdad, lo que supone creciente enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos. Los ltimos datos oficiales nos hablan de 30,3% de pobres por ingresos y que para menores de 14 aos alcanza al 45% de la infancia.

Junto a ello se destaca la extranjerizacin de la produccin que tributa a una acumulacin mundializada definida por las transnacionales en las distintas actividades de la economa local.

Vale destacar que la desigualdad es simultnea a la dependencia de la Argentina, la que se consolida con las relaciones subordinadas al curso restaurador que supone la ofensiva liberalizadora en estas horas en todo el continente y en el mundo.

Los integrantes de la Corte Suprema fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Poder Legislativo, lo que afirma el carcter republicano del orden capitalista en el pas.

Pretendo llamar la atencin de una lgica subyacente en la decisin del mximo tribunal del Poder Judicial, coherente con la bsqueda del poder real , detrs de las formas de la democracia electiva e institucional (constitucional).

Con la reforma judicial en curso, con antecedentes desde el comienzo de la Dictadura genocida se busca otorgar seguridad jurdica a los inversores, el poder detrs del poder, a contramano de la seguridad social masiva que inspira una concepcin solidaria de derechos humanos integrales para toda la sociedad.

Esa seguridad supone la impunidad con los dueos del poder y aquellos sectores que fueron o son funcionales para la ejecucin del plan del poder sustantivo.

Resulta imprescindible denunciar el fallo de la Corte y bregar para su revocacin, al tiempo que se profundiza la promocin de los juicios y el castigo a todos los responsables del genocidio y la regresiva reestructuracin econmica y social operada desde 1975/76, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo construido desde entonces con la secuela de beneficiarios y perjudicados.

  

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas, FISYP

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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