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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-05-2017

Inmatriculaciones y derechos humanos

As habl Cicern (Blog)


El tema de las inmatriculaciones de la Iglesia catlica tiene tela. Durante aos, los obispos de este pas expoliaron cientos de bienes inmuebles. Ahora, cuando ya no pueden y adems empiezan a llegar las condenas de tribunales internacionales, tanto la prensa como el Gobierno se ponen de perfil. Sabais que en diciembre el TEDH conden al Estado espaol a pagar 615.600 , entre indemnizacin y costas, a una empresa que perdi dinero por culpa de una de estas inmatriculaciones contrarias a la Constitucin? A que nadie os lo haba comentado?

Empecemos por el principio. El Registro de la Propiedad es un archivo pblico donde se inscriben los bienes inmuebles. Que un terreno o edificio est inscrito en el Registro es algo muy ventajoso para su dueo, porque le da importantes beneficios y presunciones a su favor. Adems, el Registro funciona siguiendo el principio de tracto sucesivo, lo que quiere decir que cualquier anotacin debe basarse en las anteriores: si en el registro pone que el bien pertenece a B, no puedo inscribir que ha pasado de C a D sin antes inscribir la transmisin de B a C. Esto proporciona bastante seguridad en el trfico jurdico.

En este sentido, inmatriculacin significa primera inscripcin. Inmatricular un bien no es nada ms que inscribirlo por primera vez en el Registro de la Propiedad. Uno podra preguntarse: pero, qu hay que inmatricular en 2017? Es que a estas alturas no estn inscritos ya en el Registro todos los bienes inmuebles de este pas? La respuesta es negativa. En ciudades y al transmitir viviendas s que suele ser ms comn ir al Registro, pero en el campo no lo es. Es perfectamente posible que una misma finca haya ido pasando de padres a hijos durante dcadas y nadie haya inscrito nada en el Registro.

Para inmatricular una finca que est en esta situacin, el comn de los mortales tenemos que seguir un procedimiento denominado expediente de dominio, que se tramita ante notario (antes de la reforma de 2015 se tramitaba ante el juez) y que exige aportar una gran cantidad de papeleo. Sin embargo, los poderes pblicos tienen un procedimiento mucho ms simple, por el cual les basta certificar que el bien es suyo para que sea inmatriculado a su nombre (artculo 206 LH). Pues bien: esta ley fue promulgada durante el franquismo y la religin de Estado se nota. En esta materia la Iglesia se equiparaba al Estado en vez de a los particulares: no tena que instruir expediente de dominio, con toda la carga documental que ello conlleva, sino que le bastaba con una simple certificacin del obispo.

La Iglesia sigui empleando esta competencia en democracia, como un goteo. El problema gordo naci en 1998, cuando una reforma del Reglamento Hipotecario permiti inscribir en el Registro los templos catlicos (1). El juego de esta reforma con el artculo 206 LH dio lugar a una inmatriculacin masiva de iglesias sin necesidad de demostrar nada. Y claro, una vez aprendido el camino al Registro, los obispos no solo han inscrito templos, sino toda clase de bienes.

Y ahora vamos al caso concreto del que hablaba al principio: se trata de un terreno rstico situado en un pueblo de Palencia y que incluye una iglesia. La tierra perteneca a una orden religiosa que fue disuelta durante la desamortizacin de Mendizbal; en ese momento, el terreno con todos sus inmuebles (parroquia incluida) se vendi en subasta pblica y accedi al Registro de la Propiedad. Entonces empieza una cadena de propietarios que se transmiten unos a otros el terreno, hasta que en 1978 lo compra una empresa. En las anotaciones registrales, la iglesia siempre apareca como parte del terreno.

En 1994, el obispo de Palencia utiliz la competencia del artculo 206 LH para inscribir la iglesia a nombre del obispado (2). El obispo reconoca que el suelo era propiedad de la empresa que lo haba adquirido en 1978, pero sostena que el edificio en s era de la Iglesia (3). El conflicto, por cierto, tiene su valor: la iglesia est tasada en ms de 600.000 . La empresa recurre, pierde los pleitos en primera y segunda instancia, el Tribunal Supremo se lo inadmite por un formalismo y el Tribunal Constitucional rechaza pronunciarse en una resolucin sin motivar. Es as como el asunto acaba en el TEDH, quedict sentencia en 2014.

Recordemos que el TEDH es un organismo ajeno a la Unin Europea, que trata de aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Uno de los derechos recogidos en dicho Convenio (concretamente en el artculo 1 de su primer Protocolo Adicional) es el derecho a la propiedad. La demandante, en este caso, aduce que le han privado injustamente de su propiedad la iglesia sin causa de utilidad pblica y sin indemnizacin (4). Concreta esta queja en la decisin del registrador que, en 1994, inmatricul la iglesia a nombre del obispado sin ms prueba que el certificado del obispo y contraviniendo una inscripcin previa.

Como veis, esta queja ataca directamente al sistema registral espaol. Al margen de quin tuviera la razn en el tema de la propiedad de la parroquia, la pregunta pasa a ser otra: una decisin que permite inscribir a nombre de una persona (la Iglesia catlica) un bien que est inscrito ya a nombre de otra (la empresa demandante), es respetuosa con el derecho a la propiedad declarado en el Protocolo Adicional n 1 del CEDH?

Es cierto que la inscripcin registral no genera el derecho de propiedad, sino que la lgica es la inversa: yo debo tener la propiedad sobre un bien para inscribirlo a mi nombre en el Registro. Es decir, que en principio nada de lo que pase en el Registro afecta al derecho de la propiedad. Pero tambin es verdad que la inscripcin registral otorga una enorme cantidad de ventajas y presunciones. Por ello, el TEDH resuelve que la inscripcin de la iglesia a favor del Obispado, cuando ya estaba inscrita a favor de la empresa demandante, ha privado a sta de esa gran cantidad de ventajas y, por ello, ha vulnerado su derecho a la propiedad.

Esa injerencia en el derecho a la propiedad es vlida? Pues el TEDH examina las circunstancias del caso: que la inmatriculacin se hizo pasando por encima de la inscripcin previa que tena la empresa a su favor, que el procedimiento fue tan oscuro que la empresa no pudo conocerlo para oponerse, que los tribunales internos no han valorado la forma de aplicar las normas registrales (5), que la prerrogativa del artculo 206 LH corresponde solo a la Iglesia catlica, que no ha habido indemnizacin, etc. Y declara, efectivamente, que el Estado espaol vulner los derechos fundamentales de la empresa demandante. El trmino tcnico es que se le ha hecho soportar una carga especial y exorbitante. Qu sorpresa.

Esta sentencia, recordemos, es del ao 2014. Pero no se vayan, que an hay ms: de poco sirve que la sentencia declare que se estn vulnerando los derechos humanos si no hay manera de restituir las cosas a como estaban antes. Y la cosa es que no la hay. En Espaa no existe un procedimiento para hacer que se cumplan las sentencias del TEDH. La nica forma en que la empresa puede conseguir que se anule la inscripcin registral a favor del obispado es iniciar un nuevo carrusel de demandas, con sus correspondientes recursos, que a saber cundo y cmo acabarn.

La constatacin de este hecho ha hecho que el TEDH dicte una segunda sentencia (diciembre de 2016) en la cual entiende que no se puede imponer a nadie esa carga para ejecutar una sentencia favorable. Por ello mismo, ordena que la vulneracin de derechos fundamentales se repare con dinero. Condena al Estado espaol a pagar 600.000 de indemnizacin por el dao material (el valor mnimo de la parroquia litigiosa) y 15.600 por los daos morales (la incertidumbre prolongada, los inconvenientes soportados y los gastos del procedimiento). Si Espaa no paga en tres meses, la indemnizacin empezar a devengar intereses.

La conclusin de todo este asunto es, a mi juicio, negativa. El obispado de Palencia se queda con la inscripcin registral a su favor y somos nosotros, los contribuyentes, los que pagamos la indemnizacin. Es cierto que la sentencia le da la razn a la empresa y se la quita al Estado, pero su utilidad para el movimiento anti-inmatriculaciones me parece muy limitada. El ncleo del asunto (prrafo 81 de la sentencia de 2014) es que aqu la Iglesia inmatricul un bien que ya estaba en el Registro a nombre de otra persona, lo que le hizo perder a sta todas las ventajas que derivaban de una inscripcin registral legtima. El Estado espaol, al permitir esa inmatriculacin, ha privado a la demandante de los derechos resultantes de la previa inscripcin a su nombre del inmueble.

Pero en Espaa el caso normal no ha sido se. El caso normal ha sido que el obispo certificaba que un bien que no estaba inscrito a nombre de nadie era en realidad de la Iglesia, y acceda al Registro sin que nadie se diera cuenta. Es decir: este caso ha triunfado porque la facultad del artculo 206 LH ha sido empleada de forma torcida, para inmatricular algo que ya estaba inscrito. El verdadero problema es todos aquellos supuestos donde se ha usado bien. Es ah donde est el expolio.

El verdadero problema del sistema es, como hemos visto, que los obispos espaoles tengan el mismo poder de certificacin que un funcionario pblico. El TEDH alude a ello de pasada en el prrafo 99 de su sentencia de 2014, considerndolo cuanto menos sorprendente, pero no se pronuncia sobre el asunto. Tampoco puede hacerlo, porque no se lo han pedido.

Podr servir este prrafo 99 como argumento si el sistema registral espaol acaba en el Tribunal? El tiempo lo dir. Yo, me temo, soy pesimista. Creo que la solucin de este asunto no ser judicial sino poltica y no veo por ninguna parte voluntad de afrontarlo en serio.

Notas:


(1) Durante el franquismo, los bienes de dominio pblico (es decir, los que son propiedad del Estado) no se podan inscribir en el Registro. Como la Iglesia era la religin de Estado, sus templos tampoco eran inscribibles. En 1998 se elimina la prohibicin de inscribir bienes de dominio pblico y, en consecuencia, la de inscribir templos catlicos.

(2) Por si alguien se lo pregunta: s, inscribi en el registro de la propiedad un templo catlico aos antes de la reforma del Reglamento Hipotecario qu permite esta clase de inscripciones. Parece ser, aunque no queda claro en la sentencia del TEDH, que el ltimo sacramento se administr en 1981, as que probablemente en 1994 era un templo abandonado.

(3) Los argumentos del obispado parecen slidos. Por un lado, dice que las leyes desamortizadoras nunca abarcaron las parroquias, que por tanto siguieron siendo propiedad de la Iglesia. Por otro, se apoya en diversos inventarios de los bienes de la orden religiosa, en los que no aparece la iglesia. La conclusin es que, cuando se desamortiza y vende el monasterio en 1835, esta operacin excluye la parroquia, que sigue siendo propiedad del Obispado. Por eso, cuando los sucesivos propietarios van transmitiendo el terreno, en esa transmisin nunca est incluida la parroquia.

(4) Adems, alega que el Tribunal Supremo espaol, al inadmitir la demanda debido a un formalismo, ha vulnerado su derecho a un proceso equitativo recogido en el artculo 6 CEDH. El Tribunal tambin le da la razn en este punto.

(5) Es decir, que la empresa deca oiga, que esa inmatriculacin est mal hecha (vulneracin de las normas registrales) y los rganos jurisdicciones espaoles contestaban bueno, pero da igual porque de todas formas la parroquia es del obispado. Esto desva el objeto del procedimiento. Lo que tendran que haber contestado los jueces era "efectivamente, la inmatriculacin est mal hecha", y si despus de eso el obispo quera que se anulara la inscripcin a favor de la empresa, que iniciara su propio juicio.  

Fuente: http://asihablociceron.blogspot.com/2017/05/inmatriculaciones-y-derechos-humanos.html


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