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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-05-2017

La activista de la Fundacin Joel Sierra, Sonia Lpez, denuncia un aumento en las agresiones a defensores de derechos humanos
Mientras se habla de paz aumenta la militarizacin de Arauca

Enric Llopis
Rebelin


Fabin Antonio Rivera Arroyave, Ruth Alicia Lpez Guisao, der Cuetia Conda... Entre enero de 2016 y marzo de 2017, la Defensora del Pueblo de Colombia ha registrado 156 casos de homicidio, cinco desapariciones forzadas y 33 atentados contra lderes sociales y defensores de derechos humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tambin observ, en el informe hecho pblico en marzo de 2017, un total de 389 ataques a defensores de los derechos humanos durante el ao 2016, que se desglosan en 59 homicidios, 210 amenazas (69 de ellas colectivas), 44 ataques, 72 violaciones a los derechos la propiedad y la privacidad (incluye fotografas, vigilancia y robo de computadores), tres casos de desapariciones forzadas y uno de violencia sexual.

Nacida en 1996 en el Departamento de Arauca, la Fundacin Joel Sierra es una de las organizaciones que trabaja en la denuncia, asesora jurdica y acompaamiento a represaliados y vctimas. Surgi trece aos despus que se descubriera el enorme pozo petrolfero de Cao Limn, en Arauca, descubierto y puesto en explotacin por la multinacional estadounidense Occidental Petroleum (OXY). Entonces se inici el proceso de despojo de los indgenas y campesinos que vivan en aquellas tierras, recuerda Sonia Lpez Tuta, presidenta de la Fundacin y miembro del Congreso de los Pueblos. El pasado cinco de abril la Agencia Reuters inform, citando a fuentes militares, que el oleoducto Cao Limn-Coveas fue restablecido tras un cierre de 46 das debido a los ataques de la guerrilla del ELN (Ejrcito de Liberacin Nacional). El oleoducto, de 780 kilmetros de longitud, es el segundo en importancia del pas y tiene capacidad para transportar 210.000 barriles de petrleo diarios.

Los desplazados de hace ms de dos dcadas -explica Sonia Lpez- se vieron con la necesidad de retornar al territorio, porque el gobierno y las petroleras nunca cumplieron con la reubicacin prometida. La Fundacin Joel Sierra acompaa a las vctimas del macroproyecto Cao Limn y tambin a los dirigentes sociales judicializados durante aos tras las detenciones masivas del 12 de noviembre de 2002. Aquel da el ejrcito despleg la llamada operacin heroica en el municipio de Saravena (Arauca). La Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia de Colombia (RECORRE) denunci que ms de 2.000 personas fueron encerradas por la fuerza pblica en el coliseo Jacinto Prez. Se les cens y marc con un sello de tinta indeleble en su cuerpo; durante la operacin represiva, ms de 70 viviendas resultaron allanadas y 85 personas, detenidas.

Otras organizaciones como el colectivo de abogados Jos Alvear Restrepo, la ONG Humanidad Vigente y la Asociacin Minga tambin han denunciado las ejecuciones extrajudiciales en Arauca, principalmente a manos del ejrcito pero tambin de la polica nacional. En un informe de 2009 Humanidad Vigente document -con nombre y apellidos, fecha y localizacin de la vctima- 60 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en Arauca.

Sonia Lpez Tuta ha participado en diferentes actos en el Pas Valenciano, organizados por la Coordinacin Valenciana de Solidaridad con Colombia y la ONG Perifries. Destaca que numerosos activistas son vctimas directas de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en el verano de 2011. Dos casos bien conocidos en Arauca son los del dirigente sindical y comunal Pedro Len Carrillo y el lder campesino Ernesto Roa Montez, procesados en febrero de 2013 durante las movilizaciones que exigan al Estado y a las corporaciones petroleras el fin de la depredacin ambiental. La Fiscala se bas para incriminarlos en un incidente ocurrido entre los manifestantes y un individuo -vestido de civil y armado-, quien despus se supo que era un soldado profesional. A bordo de un vehculo oficial embisti a los pobladores, denunci la Fundacin Joel Sierra, la Asociacin Minga y la Fundacin Progresar.

Podran citarse mltiples ejemplos. Y que se suceden en el largo plazo. A dirigentes comunitarios como Rito Hernndez Porras, la defensa de los derechos humanos le cost la vida en septiembre de 2003. Fue asesinado en el municipio de Saravena. La Fundacin Joel Sierra y el Movimiento Regional de Vctimas de Crmenes de Estado sealaron como responsables a dos sicarios pertenecientes a un grupo de criminales, que la Polica Nacional trajo y aloj dentro de sus cordones de seguridad en el centro del municipio. Con la direccin, informes, acompaamiento y proteccin policial, aaden las citadas fuentes, se dedicaron a asesinar, extorsionar, constreir y amenazar a los pobladores.

Juan Manuel Santos accedi a la presidencia de Colombia en agosto de 2010. Seis aos despus el gobierno y la guerrilla de las FARC sellaron los Acuerdos de Paz de La Habana, y en febrero de 2017 se iniciaron en Quito las negociaciones entre el ejecutivo y el ELN. Pero continan los ataques a los defensores de los derechos humanos, como acredita el informe del primer trimestre de 2017 del programa Somos Defensores. Entre enero y marzo 193 activistas fueron vctimas de algn tipo de agresin que puso en riesgo su vida e integridad; el captulo ms destacado es el de amenazas (136), seguido de asesinatos (20), atentados (19) y detenciones arbitrarias (10). La cifra de 2017 representa un franco incremento respecto al primer trimestre de 2016, cuando se registraron 113 agresiones. En el marco del proceso de paz se ha visto un alza en las llamadas extorsivas y ataques a miembros de los movimientos sociales y comunidades en general, explica Sonia Lpez; mientras se habla de paz, el territorio contina todava ms militarizado

Las situaciones de riesgo acechan en el da a da de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo las amenazas el pasado mes de abril a Jos Vicente Murillo Tobo, vocero nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, tnica y Popular; miembro del Congreso de los Pueblos y de la Fundacin Joel Sierra. Despus de participar en una reunin, recibi una llamada en el celular y un mensaje de texto remitido por un tal Camilo, quien se present como comandante de las guilas Negras y le interpel en los siguientes trminos: Necesitamos hablar con usted, sabemos de sus movimientos, sabemos para quines trabaja, necesitamos que coopere con las indicaciones que le vamos a dar, si no ser nuestro objetivo.

Segn Lpez Tuta, las estructuras paramilitares continan en Arauca, que contina siendo un territorio muy militarizado a pesar de que se hable de paz; el Estado toma las acciones del ELN como excusa para reprimir a la poblacin y a los dirigentes sociales. A Francisco Javier Gmez, abogado de la Fundacin de Derechos Humanos del Oriente de Colombia (DHOC), le asestaron cuatro pualadas el 21 de febrero de 2017 mientras dorma en su habitacin, en el barrio de Corocoras de la ciudad de Arauca. Batallaba, entre otras causas, con 40 familias de la vereda Las Brisas en el municipio de Arauquita. Se quiere presentar la agresin como un hecho aislado, pero se trata de un ataque poltico, sostiene la presidenta de la Fundacin Joel Sierra. En octubre de 2016 las organizaciones populares difundieron las amenazas al lder campesino Dixon Torres en un lugar fuertemente militarizado, el complejo petrolero de Cao Limn. Los autores, dos individuos armados en una motocicleta. Dixon Torres es un dirigente destacado en la retoma de tierras en Arauca, por ejemplo en las veredas de El Vivero, La Osa, Corralito y El Lbano.

En una carta abierta publicada el pasado 31 de marzo, el Movimiento Poltico de Masas Social y Popular del Centro Oriente criticaba el sealamiento de medios como el portal La Silla Vaca. En un artculo publicado pocas fechas antes, tras recordar la fuerza militar, poltica y social del ELN en Arauca, esta pgina Web afirmaba que en el citado departamento es donde ms se siente el desgane por las conversaciones de Quito. El texto de La silla vaca concluye del siguiente modo: Que precisamente en Arauca las organizaciones sociales afines a la guerrilla hayan decidido quedarse quietas no es coincidencia. Ante este tipo de artculos, la activista del Congreso de los Pueblos y de la Fundacin Joel Sierra concluye que hay una estigmatizacin de los movimientos sociales en Arauca; se nos acusa de pertenecer a las organizaciones guerrilleras y principalmente al ELN con el fin de criminalizarnos; y esto hace que aumenten los riesgos.

Y en cuanto al presidente Santos? Sonia Lpez explica que se ha proyectado en Colombia y a escala internacional como un protector de los derechos humanos; sin embargo, ha promovido la Ley de Seguridad Ciudadana que criminaliza acciones que histricamente han desplegado los movimientos sociales, como la realizacin de paros, bloqueos en las vas o tomas culturales en las instituciones. Otra pata de la legislacin represiva, asimismo muy cuestionada, es el nuevo Cdigo de Polica, que entr en vigor el pasado 30 de enero. Y lo hizo en medio de dificultades. El cinco de mayo el peridico El Tiempo record que la Corte Constitucional colombiana ha emitido al menos siete fallos que eliminan o cambian el alcance de la ley, despus de ms de 35 demandas planteadas por ciudadanos, abogados, polticos y ONG. Los cambios al Cdigo, aade El Tiempo, afectan a materias como el derecho de reunin y protesta, el desalojo de vendedores ambulantes o el ingreso de policas en viviendas sin orden judicial, entre otras.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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