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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-05-2017

La libertad de Usctegui atenta contra los derechos de las vctimas

Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo


El Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo, Cajar y Humanidad Vigente Corporacin Jurdica, HVCJ, manifestaron su rechazo a la decisin de ordenar la libertad anticipada y transitoria, sin la adecuada verificacin de condiciones y establecimiento de contraprestaciones, del General (r) Jaime Humberto Usctegui Ramrez condenado por la Corte Suprema de Justicia a 37 aos de prisin por su responsabilidad en el caso de la masacre de Mapiripn. Asesinato que fue cometido por paramilitares, en connivencia con agentes de la fuerza pblica, entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

Es de mencionar en primer lugar que, aunque la Jurisdiccin Especial para la Paz, JEP, tiene la competencia de conocer crmenes cometidos con ocasin o en relacin con el conflicto armado, antes de definir libertades los jueces deben establecer en cada caso la existencia de este nexo. Debe advertirse que no todos los hechos en donde existe responsabilidad de agentes del Estado cumplen esta condicin porque al margen del conflicto se presentaron crmenes de violencia sociopoltica como las ejecuciones de miles de civiles inermes mal llamados falsos positivos, o de persecucin masiva y sistemtica al movimiento social como la violencia antisindical y el exterminio de la oposicin poltica. Por ello, masacres como la de Mapiripn no pueden ser justificadas, ni relacionadas de ninguna manera con la confrontacin armada y ello debe ser analizado por los jueces.

En segundo lugar las libertades transitorias y condicionadas para agentes estatales, contempladas en la Ley 1820 de 2016, de Amnista, Indultos y otros tratamientos especiales, tienen como requisitos: i) que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definicin de Situaciones Jurdicas con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecucin penal (art. 51) y ii) que los agentes del Estado que se beneficien de dichas libertades firmen su compromiso de contribuir con la verdad y la justicia en los hechos en los que estuvieron involucrados (art 52). Igualmente, el Acuerdo Final de Paz dispone que para acceder a los tratamientos especiales es necesario aportar verdad plena, reparar a las vctimas y garantizar la no repeticin.

El general Usctegui no cumple estos requisitos. Por un lado, nunca ha manifestado su compromiso de decir la verdad, ni aportar al esclarecimiento de la masacre, ni ha expresado arrepentimiento, ni pedido perdn a las vctimas por haber contribuido a que la masacre se perpetrara; por lo que no debera tener el beneficio. Por otro lado ha manifestado que su inters es buscar la revisin de su sentencia, insistiendo en el argumento de que no tuvo jurisdiccin sobre el lugar donde se perpetr la masacre. Dicha revisin, en todo caso, ser competencia de la sala respectiva que an no ha entrado en funcionamiento, por lo cual sera sta la legitimada para tomar la definicin y una eventual libertad.

Lo anterior en razn de que la propia ley 1820 de 2016 establece que las libertades no son para crmenes graves, sino para aquellos sujetos a la renuncia a la accin penal. As se establece en el artculo 51 al sealar que las libertades se otorgarn a quienes manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definiciones Jurdicas de la Jurisdiccin para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la accin penal. En consecuencia, la norma establece este beneficio para quienes no hayan cometido graves crmenes, acepten responsabilidad y deseen contribuir al SIVJRNR, no para quienes entren a disputar el establecimiento judicial de los hechos.

As, lejos de contribuir a los derechos de las vctimas, el General y su crculo cercano han sostenido una fuerte campaa de desinformacin y difamacin, queriendo evadir su responsabilidad penal, y ahora abusando de la JEP y sus instrumentos -que an no han entrado en funcionamiento- y ms grave an, pretendindose vctima y con ello negando el derecho de las vctimas a la verdad, la justicia, la reparacin y las garantas de no repeticin.

Se rechaza de igual manera la decisin del Juzgado 21 de Ejecucin de Penas que ignor la solicitud de la representacin de las vctimas de ser notificadas y de ser respetadas en sus derechos, con lo que se crea un deplorable antecedente de menosprecio y revictimizacin. El derecho a la participacin de las vctimas frente a las decisiones que les afectan y su centralidad en los Acuerdos de paz no puede ser slo un enunciado retrico.

Finalmente, en todos los casos, y entre tanto entra en funcionamiento la JEP, los jueces que definan libertades condicionadas, anticipadas y transitorias, deben verificar el cumplimiento estricto de la relacin de los hechos con el conflicto armado; especificar las condiciones de libertad, incluyendo el plazo de presentacin ante la JEP, la prohibicin de acercarse a las vctimas o ponerles en riesgo; medidas cautelares frente a las pruebas y medidas para asegurar que no evadirn la justicia como cauciones y presentacin peridica ante los jueces. Estos son requisitos mnimos para evitar que un mecanismo que pretende fortalecer la confianza de las partes en la implementacin de los Acuerdos se deslegitime en perjuicio de los derechos de las vctimas.

Fuente: Colectivodeabogados.org



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