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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-05-2017

Unas notas de rplica a Manuel lvarez Tardo y Roberto Villa (IV)
Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?

Jos Luis Martn Ramos
Rebelin


5. La exposicin de la celebracin de los comicios pendientes y del proceso final de escrutinio repite el mtodo de descripcin densa categorizada para justificar la conclusin de que la relativamente aceptable jornada electoral del 16 fue enturbiada por todo lo que despus sucedi, a impulso primero de la movilizacin convertida en pura intimidacin y de la gestin gubernamental a partir de 1919, de un gobierno que ATV no se atreven a calificar de ilegtimo pero que consideran que nunca debera haberse constituido; sin, por otra parte, plantearse en serio qu otro gobierno era posible en ese momento. En esta parte, adems, se introduce una constante alusin a la ley, a la legalidad, a las normas jurdicas, a menudo enfrentndolas a la poltica en la concepcin ms dbil del estado de derecho. Es un tema complejo que no cabe en esta rplica, pero s es necesario sealar, por lo menos, que la alusin a la legalidad, la invocacin de la ley electoral y de la supremaca de lo jurdico sobre lo poltico frecuentemente se utiliza de manera incorrecta. Hay tres muestras principales de ello: la consideracin de la celebracin de los comicios pendientes en situacin de movilizacin, las decisiones de las juntas de escrutinio y las decisiones de las Cortes en la validacin definitiva de las actas protestadas.

Sobre la primera cuestin hay una repetida consideracin de que algunas elecciones pendientes no tendran que haberse celebrado en el clima de manifestacin, llegndose a afirmar en el caso de Mlaga y las elecciones pendientes del 20 de febrero "la ilegalidad manifiesta de celebrar elecciones en medio de manifestaciones y violencias, que contravena explcitamente dos artculos de la ley electoral" (pg. 394) , esos dos artculos eran el 67 y el 69.7. La acusacin no es balad porque supondra una prevaricacin por parte del nuevo gobierno de Azaa, pero es falsa. Puede considerarse la conveniencia poltica de celebrar o no aquellas elecciones y optar por el mal menor no tengo ninguna duda de que el mal mayor habra sido no celebrarlas pero no invocar esos artculos porque ninguno de ellos establece lo que ATV pretenden, esa "ilegalidad manifiesta": ambos se refieren a las sanciones penales que pueden recaer sobre quienes coacciones un proceso electoral. El 67 dice as "Todo acto, omisin o manifestacin contrarios a esta ley o a disposiciones de carcter general dictadas para su ejecucin que, no comprendido en los anteriores, tenga por objeto cohibir o ejercer presin sobre los electores para que no usen su derecho, o lo ejerciten contra su voluntad fin de que voten o dejen de votar candidaturas determinadas, constituye delito de coaccin electoral y si no estuviere previsto y penado en el Cdigo penal con sancin ms grave, ser castigado con una multa de 125 a 2.500 pesetas". El 69 aclara que "Incurrirn tambin en las penas sealadas en el artculo 67, cuando no les fueran aplicables otras ms graves con arreglo a lo dispuesto en el Cdigo penal: () "El que de cualquier otro modo no previsto en esta ley, impida o dificulte que un elector ejercite sus derechos o cumpla sus deberes". En ningn caso se refieren a otra cosa que a la sancin penal de los actos, nada dicen sobre la celebracin de las elecciones; al acusacin de "ilegalidad manifiesta" es una manifiesta calumnia. Tampoco es correcta la recurrente consideracin sobre "las prescripciones legales" (por ejemplo, pg. 393-394) para que las Juntas de escrutinio contabilizaran las certificaciones de los candidatos cuando no hubiesen datos o los disponibles no fueran procedentes, de acuerdo segn ellos con el artculo 51 de la Ley electoral; en este caso incurren en una interpretacin exagerada de la ley, que no prescribe ordena el uso de esos certificados sino que considera la posibilidad de su uso, quedando por tanto a criterio de la Junta hacerlo o no : "Si faltase el acta de alguna seccin podr suplirse con el certificado de la misma, que presentar el candidato o apoderado suyo en forma"; que el uso era potestativo y no prescriptivo se repite en la Circular de la Junta Central del Censo Electoral de 2 de julio de 1921. Se puede lamentar que la Ley electoral fuera en esta cuestin poco taxativa, pero era la ley vigente; ATV no pueden recriminar invocando la legalidad que las Juntas de escrutinio no utilizaran siempre, por principio prescriptivo, esos certificados y todava menos que los utilizaran como pretenden en el caso de Cceres para sustituir las actas que haban llegado en sobres abiertos a la Junta con lo que, como ellos sostienen tenan que haber sido proclamados siete diputados de la derecha y dos del Frente popular y no al revs, como se proclamaron.

Finalmente, el rechazo constante al uso del "criterio moral" en la definitiva decisin sobre las actas por parte de las Cortes y la invocacin de que el nico criterio que las Cortes tenan que considerar era el jurdico obvia que una de las principales modificaciones de la Ley electoral, que era de 1907, aprobada en 1931 era la que sustitua al Tribunal Supremo, que s tena que ceirse al normas jurdicas, como instancia de resolucin de las protestas por las Cortes, a las que corresponde un criterio poltico soberano. ATV pueden discrepar del contenido de la ley, pero no utilizarla a capricho en beneficio de sus argumentos, ni siquiera en el caso de que sus argumentos fueran los nicos correctos, que no es el caso. La Ley electoral de 1907 con las enmiendas de 1931 y 1933 era discutible y perfectible, pero era la vigente. Entre otras cosas porque ni siquiera en la CEDA se pusieron de acuerdo en 1934-1935 sobre cmo modificarla; de manera que en la validacin final de las actas de diputados sigui prescribiendo -ahora s es esa la palabra una decisin soberana, por consiguiente poltica fundamentalmente, de las Cortes que actuaba en esta cuestin si se quiere en trminos de convencin en una etapa que era todava de construccin de la Repblica.

Y, en definitiva cul fue el resultado? Tras una exposicin farragosa, fragmentada en tiempos y repetitiva, a la que habra convenido una sistematizacin final por distritos electorales en beneficio del lector, la conclusin a la que se llega quizs algo mareado por la proliferacin de detalles elevados a categora y de "digo y no digo" - es que finalizada una primera vuelta, el escrutinio adjudic al Frente Popular 259 escaos, veintids por encima de la mayora, en tanto que la suma de todas las derechas "antirrevolucionarias" quedaban cien escaos por debajo, si se incluan en ella los conseguidos por la Lliga, que compartiendo posiciones "antirrevolucionarias" no form un bloque claro con la CEDA y los monrquicos. Desde luego la ley electoral haba primado como se prevea la formacin de una clara mayora parlamentaria, muy por encima de la proporcionalidad de los votos; haba ocurrido en 1933 y volva a ocurrir en 1936, con beneficiarios distintos. ATV establecen una nueva cuantificacin de votos, algo distinta a la de Tusell, basada segn dicen en dos diferencias de criterios: que mientras Tusell se bas sobre todo en datos de prensa y poco en los proporcionados por los boletines oficiales, ellos lo han hecho en exclusiva sobre los datos documentados en el Congreso de Diputados; que en la adjudicacin de votos a candidaturas polticas (muy problemtico en el sistema electoral de la repblica en el que el votante poda mezclar votos de diferentes candidaturas) Tusell haba optado por sumar los candidatos ms votados que aspiraban a mayora, mientras que ellos han hecho una media aritmtica de los votos. El resultado es que los datos de ATV reducen la votacin del Frente Popular y aumentan la del resto, haciendo todava ms apretado el resultado; no es una consecuencia jurdicamente trascendente por la ley electoral pero si tiene una de imagen poltica, pero es imposible entrar en esta cuestin porque ATV no detallan qu corresponde al uso de la media aritmtica (que tambin es discutible) ni cules son las diferencias brutas entre los datos de las fuentes.

Dejemos los votos y volvamos a los diputados. Esos 259 del Frente Popular, que todava podan verse aumentados por cuanto en segunda vuelta se disputaran una veintena y el Frente Popular tena opciones de mayoras en Castelln y alguna de minoras en las provincias vascas, hasta qu punto correspondan a resultados "enturbiados" por los sucesos posteriores al 16 de febrero? Es innegable que en las elecciones y en el escrutinio se produjeron irregularidades, pero lo fundamental no es eso que nadie niega, ni lo neg Tusell en su trabajo sino si fueron de tal calibre como para darle al Frente Popular la mayora y la mayora absoluta sin haberlo merecido con el voto limpio. Haciendo el resumen, que ATV no facilitan, de todas las incidencias descritas, resulta finalmente que las circunscripciones conflictivas, en las que se podran haber producido pucherazo significativo en el voto o en el escrutinio son algo ms de una media docena. ATV incluyen en su relato de conflictos a Alicante, Badajoz, Crdoba, Sevilla, Jan, Las Palmas, Murcia, Vizcaya y Mlaga, pero en ninguna de ellas hay realmente caso fehaciente de delito electoral. En las cuatro primeras lo que hubo fue pactos entre candidaturas del Frente Popular y de los centristas, o de estos y los "republicanos progresistas" en perjuicio de la CEDA, orientando a sus electores al ejercicio del voto compuesto para minimizar lo que pudieran sumar las listas de la derecha; eso puede ser motivo de debate poltico, pero nada ms, y adems ese tipo de pactos locales no era infrecuente. Como ATV reconocen "deslealtad no equivale a ilegalidad"; tendran que haber obrado en consecuencia no incluyendo esas circunscripciones en el relato de la duda sobre la victoria del Frente Popular. En Jan, pasara lo que pasase no tuvo suficiente entidad como para poner en cuestin el resultado que se dio, los candidatos de la CEDA aceptaron el resultado. En Las Palmas, las denuncias no tienen ms base documental que la de la prensa de derechas y no creo que pueda, sin ms, incorporarse a la lista de los resultados discutibles, a menos que demos toda la verosimilitud a todas las informaciones de prensa, incluidas las de la izquierda, lo que sera de no acabar; el conflicto mayor estuvo en la desunin de las derechas, que dieron la votacin por mayoras por perdida e intentaron descabalgar a Guerra del Ro, de la opcin por minoras, y solo consiguieron reforzar la victoria del Frente Popular; en cualquier caso fue una pugna entre radicales y cedistas. En Murcia-provincia, ATV reconocen que las irregularidades que se produjeron de haberse rectificado no habran variado el resultado, que daban sin ninguna duda el triunfo al Frente Popular por mayoras y a los centristas las minoras en perjuicio de la CEDA. Tampoco hay caso. Como no lo hubo en Vizcaya, donde lo que se seala son presiones de los nacionalistas sobre los tradicionalistas. Tambin es ms que discutible que la eleccin por minoras en la ciudad de Mlaga, a pesar de las manifestaciones y de las irregularidades hubiesen dado un resultado diferente al que dieron; el contrincante del Frente Popular se haba retirado y el candidato del Frente Popular no necesit ms que la mitad de los votos que obtuvo para hacerse con el escao; otro caso en que hubo problemas, pero en los que solo sobre la especulacin se pueden concluir que esos problemas cambiaron por completo el desenlace.

De manera que donde pudo haber caso, siempre segn el relato de ATV, fue en Cceres, Santa Cruz de Tenerife, Valencia-provincia y en general en Galicia, lo que, por cierto era poca novedad. En todos ellos las irregularidades son indiscutibles, no obstante su sustanciacin y la realizacin de un nuevo escrutinio y una nueva propuesta de adjudicacin de escaos, que es lo que hacen ATV no deja de ser problemtico y en algn caso una especulacin sin base indiscutible. Lo es de manera particular en el caso de Cceres: el vuelco del reparto de escaos que proponen se basa en dar por supuesto que la Junta tena por ley que haber contado las certificaciones de los candidatos conservadores y no haber votado la aceptacin de las actas que venan en los sobres abiertos (ya se ha dicho que no exista tal obligacin legal, sino una facultad que la Junta por mayora decidi utilizar en un determinado sentido); ATV contabilizan siempre los votos en disputa adjudicndolos en beneficio de la derecha (lo que es indemostrable); y esgrimen como argumento tambin el antecedente de los datos electorales de 1933, lo cual es estadsticamente una barbaridad por no hablar del contexto diferente-, para dar por sentado un antecedente electoral tendramos que sumar ms elementos de comparacin, lo cual tambin es imposible. Como hiptesis no es imposible que alguna correccin de datos hubiera proporcionado tambin una correccin parcial de resultados, pero no es sostenible que esas correcciones hubiesen llegado, si o si a la correccin completa pasando el Frente Popular de 7 a 5 diputados y sus antagonistas de 2 a 7. Algo similar ocurre en Valencia-provincia, donde a falta de algunos datos por incorporar de unas ocho poblaciones el resultado oficioso daba una ligera ventaja al Frente Popular de 400 votos ("empate tcnico", lo llaman impropiamente ATV, dado que un solo voto decida el reparto por mayora o por minora). Sin tener todos los datos de los 5 municipios que no se contabilizaron, ni de tres mesas de otros tres municipios, y contando solo con los de tres deciden ATV se aventuran aunque lo hagan en nota y no en cuerpo de texto a una atribucin diferente de escaos que les supondra al Frente Popular la prdida de dos escaos; teniendo en cuenta que la diferencia entre el ltimo de la CEDA al que ellos atribuyen escao y el primero del Frente Popular al que se lo niegan era de 75 votos, con solo los datos de tres pueblos y encima sin hacer en ellos ninguna discriminacin no es procedente el intercambio de escaos ( los pueblos de los que no consiguieron datos sumaban una poblacin de 3. 358, y los de las mesas que faltaban cuyo censo de votantes no conocemos sumaban 26.000 habitantes). Y por cierto, en favor de sus argumentaciones utilizan un testimonio viciado de Luis Larrea ante la comisin franquista del Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, que en otras partes del libro pretenden no seguir. Mayores argumentos son los que aparecen en las provincias gallegas y en Santa Cruz de Tenerife.

Para la conclusin general no hay que insistir en los detalles. Concediendo a ATV, por hiptesis formal, el crdito absoluto en los cambios de adjudicacin que proponen para estos ltimos casos, el Frente popular habra perdido una docena de escaos (8 en La Corua, 2 en Lugo y 2 en Santa Cruz de Tenerife), con lo que la mayora del Frente Popular se habra mantenido, aun reducindose, en trminos de absoluta con 247 escaos. El "fraude y la violencia"- real y lamentable, pero que no era algo congnito a las izquierdas y el Frente Popular como se est de hecho sugiriendo- no habra llegado para dar lugar a un resultado ilegtimo. Incluso si concediramos todo el crdito a ATV en los casos de Cceres, Valencia-provincia y Mlaga-ciudad - lo cual no es posible, como he argumentado - el total de escaos perdidos sera de 20, los 12 anteriores ms otros 8 (5 de Cceres, 2 de Valencia-provincia, 1 de Mlaga-ciudad); por poco, pero el Frente Popular antes de la segunda vuelta habra tenido ya la mayora absoluta. Tras la segunda vuelta el Frente Popular sum a esa mayora absoluta 8 diputados ms; el resto se qued con 206, pero todos esos escaos no eran antagnicos por completo al Frente Popular, y menos si su gobierno era republicano y su programa se mantena en los trminos del programa electoral.

Nota de edicin: la primera parte de este artculo puede verse en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225669

La segunda en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004 .

La tercera en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271

Jos Luis Martn Ramos ( Barcelona 1948 ) es catedrtico de Historia Contempornea de la Universidad Autnoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.





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