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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-05-2017

Teora y prctica de las empresas sociales

Alfredo Rada Vlez
Rebelin


Una empresa industrial en manos de los trabajadores? La sola idea alarm a los empresarios, que propagaron a los cuatro vientos su particular versin de que se estaba poniendo en peligro las inversiones productivas por un proyecto gubernamental confiscatorio. Esas fueron las exaltadas palabras del seor Ronald Nostas, presidente de la Confederacin de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), entidad que representa los intereses generales de la burguesa. Varios medios de comunicacin se sumaron inmediatamente a la campaa tergiversadora buscando generar incertidumbre en el mbito de los negocios particulares.

Salieron al paso los dirigentes obreros de la Confederacin General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), organizacin afiliada a la COB que propuso la idea de legislar sobre las empresas privadas declaradas judicialmente en quiebra fraudulenta, en las que el proceso productivo pasa a control de los trabajadores. Esos dirigentes defendieron su proyecto y desmintieron las falaces versiones de Nostas.

Sali as a la luz pblica que desde el 7 de octubre del ao 2013 est en vigencia el Decreto Supremo 1754, cuyo objeto es: Facilitar la constitucin de empresas sociales de carcter privado, en el marco de lo establecido en el artculo 54 de la Constitucin Poltica del Estado.

El pargrafo III del mencionado artculo 54 de la CPE dispone que: Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del inters social podrn, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidacin, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarn empresas comunitarias o sociales. El Estado podr coadyuvar a la accin de las trabajadoras y los trabajadores.

Ntese que la redaccin de este artculo constitucional expresa con nitidez el modelo econmico social comunitario que los sectores indgenas, obreros y populares representados en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) postularon durante la Asamblea Constituyente el ao 2006.

El modelo social comunitario parte de la premisa de que es posible trascender la estructura jurdica burguesa que slo reconoce dos formas de propiedad: la privada y la pblica estatal. En la mayora de las formaciones econmicas sociales contemporneas el capitalismo privado coexiste con el capitalismo de Estado, lo que a su vez explica por qu las nacionalizaciones o estatizaciones no necesariamente conducen al socialismo, dependiendo dicha transicin de cul bloque histrico (clases sociales) est en el poder.

La lucha por el reconocimiento de las formas colectivas, sociales y comunitarias de acceso y control de los factores productivos como del propio proceso de produccin define si un proyecto poltico es o no es consecuentemente socialista comunitario.

Modificar el rgimen de propiedad, pasando de una privada a otra social, es la condicin necesaria para comenzar la transformacin de las relaciones sociales de produccin capitalistas, ya que de esa forma se resuelve la contradiccin entre el carcter social de la produccin y la apropiacin individual del excedente econmico. Aqu radica la importancia estratgica de apoyar, desde el Estado, la conformacin de empresas sociales a cargo de los propios trabajadores.

Sin embargo, se debe dejar en claro que el Decreto 1754, que es la base sobre la que se elabor el proyecto de Ley de Empresas Sociales aprobado por la Cmara de Diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene un alcance limitado. No aplica a toda empresa capitalista sino nicamente a aquellas en las que emerja alguna de las siguientes causales: 1) Cuando existan empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidacin conforme a lo previsto en el Cdigo de Comercio; 2) Cuando los procesos de quiebra, concurso o liquidacin hubieren concluido, conforme lo previsto en el Cdigo de Comercio; 3) Cuando exista cierre o abandono injustificado de una empresa privada.

La vigencia por ms de tres aos del Decreto 1754 derrumba por la base aquel argumento patronal de que el proyecto de Ley de Empresas Sociales es anticonstitucional. Si as fuera por qu nunca se present ningn recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que le dio origen?

Pero adems y entrando ya en el anlisis prctico, dnde estn las terribles consecuencias de la aplicacin de ese decreto sobre la actividad industrial? No existen. Lo que si se ha dado son varios intentos de preservar las fuentes laborales ante el abandono empresarial de algunas industrias, especialmente en el sector textil.

Se pueden citar tres casos: 1) En la ciudad de La Paz la empresa Punto Blanco, cuyos anteriores dueos incurrieron en prcticas fraudulentas que pusieron a la planta industrial en situacin de colapso, obligando a los trabajadores a tomar el mando productivo y comercial desde hace ms de un ao. 2) Tambin en la urbe pacea la empresa Polar, a cargo de empresarios que huyeron del pas dejando un tendal de pasivos corrientes, tributarios y laborales; los obreros se hicieron cargo hace ms de un semestre. 3) En la ciudad de El Alto la empresa Cermicas Victoria, abandonada a raz del fallecimiento de su propietario, hoy con medidas cautelares judiciales y bajo control obrero.

La burguesa clama por seguridad jurdica para sus propiedades e inversiones, a esto se debe responder que ambas estn garantizadas constitucionalmente en tanto cumplan una funcin social. Pero qu hay de la seguridad jurdica para los obreros? Esta es una pregunta muy pertinente en un contexto en que los dueos del capital sern siempre ms fuertes que los trabajadores.

El debate se ha abierto respecto al retraso por ms de tres meses continuos en el pago de salarios, as como del aporte laboral para la jubilacin (seguro de largo plazo) y el aporte patronal para la atencin de salud (seguro de corto plazo). Los tres constituyen obligaciones empresariales cuyo incumplimiento puede dar lugar a una prctica fraudulenta: retrasar el pago de las nminas de personal o no depositar el ahorro laboral descontado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para utilizar ilegalmente esos dineros como capital de operaciones. Estas aberraciones eran cotidianas en la poca neoliberal, pero no pueden permitirse en este nuevo tiempo en que el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos laborales.

No basta con definir el rgimen de propiedad, modificando tambin el Cdigo de Comercio que hasta aqu no permita la inscripcin de Empresas Sociales y que ahora aprobando esta ley se podr hacerlo. Debe tambin abordarse el tema del financiamiento de las empresas gestionadas por los propios trabajadores. Al respecto debemos recordar que el modelo econmico social comunitario tiene entre sus objetivos originales la transferencia de excedentes econmicos desde el sector estatal hacia el sector social comunitario de la economa para la diversificacin industrial y la ampliacin de nuestra base productiva.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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