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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-06-2017

El derecho a la verdad otra vez en peligro

Federico Andreu-Guzmn
Razn Pblica


El acuerdo de paz prev tres mecanismos para garantizar este derecho, y ya fueron expedidas las principales normas al respecto. Pero la falta de coordinacin entre los tres mecanismos puede frustrar la verdad.

Un derecho preciso y protegido

El derecho a la verdad ha sido definido como el derecho fundamental, inalienable e imprescriptible que tienen las vctimas y sus familiares a conocer la verdad ntegra, completa y pblica acerca de los crmenes y las violaciones de derechos humanos establecidas en el derecho internacional. Esto incluye conocer las circunstancias especficas en las que ocurrieron estos crmenes y la identidad, grado de participacin y motivos de los responsables.

En casos de desaparicin forzada, ejecuciones secretas y sepulturas clandestinas, el derecho a la verdad incluye una exigencia adicional: conocer la suerte y el paradero de la vctima. As mismo, en los casos de desaparicin o sustraccin de nios durante el cautiverio de sus padres vctimas de desaparicin forzada el derecho a la verdad tambin implica el derecho de los nios a conocer su verdadera identidad.

El derecho a la verdad es ampliamente reconocido por los tratados y textos internacionales, por la jurisprudencia de cortes y rganos internacionales de derechos humanos y por las asambleas generales de Naciones Unidas (ONU) y de la Organizacin de Estados Americanos (OEA).

Ms an, desde 2010 la Asamblea General la ONU proclam el da 24 de marzo como el Da Internacional para el Derecho a la Verdad en relacin con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Vctimas, el cual extraamente no ha sido objeto de ninguna iniciativa en Colombia.

Comisiones de verdad

Las asambleas generales de la ONU y de la OEA y la jurisprudencia internacional, entre otros, establecen que el derecho a la verdad tiene una dimensin colectiva consistente en que la sociedad tenga la garanta de conocer la verdad acerca de los crmenes y las graves violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido.

Esta dimensin colectiva fue la base para crear las comisiones de verdad. Pero las comisiones de verdad no deben confundirse con el derecho a la verdad. Aunque estas entidades tienen una funcin importante, la jurisprudencia internacional ha sealado que ellas (y los dems organismos similares) tienen un alcance limitado.

Dicho en forma ms precisa: las comisiones de la verdad pueden satisfacer el derecho colectivo a conocer la verdad histrica, pero por su carcter extrajudicial no pueden satisfacer el derecho a la verdad de las vctimas y familiares.

Y en este punto es importante advertir que el derecho a la verdad necesita de la accin de la justicia, pues implica conocer las circunstancias en las que se cometieron las graves violaciones de derechos humanos, as como la identidad y el grado de participacin y responsabilidad de los involucrados. Esto a su vez implica determinar la responsabilidad penal individual por parte de un tribunal de justicia.

Por esta razn, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que en cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construccin y preservacin de la memoria histrica, el esclarecimiento de hechos y la determinacin de responsabilidades institucionales, sociales y polticas en determinados perodos histricos de una sociedad. No obstante, esto no completa o sustituye la obligacin del Estado de establecer la verdad a travs de procesos judiciales, por lo cual [es] una obligacin del Estado iniciar investigaciones penales para determinar las correspondientes responsabilidades.

El Acuerdo y el derecho a la verdad

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin, establecido en el quinto punto del Acuerdo de La Habana y desarrollado hasta ahora por la Ley 1820 de 2016, el Acto Legislativo 1 de 2017 y los decretos 277, 588 y 589 de 2017, crea tres organismos donde el derecho a la verdad es fundamental:

En efecto, solo podrn ser beneficiarios del rgimen especial de penas de la JEP quienes cuenten la verdad de los hechos y reconozcan su responsabilidad en los crmenes. La CEV (artculo 11) tiene como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de prcticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario [cometidas con ocasin del conflicto armado y las] responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno y los dems poderes pblicos, de las FARC-EP, de los paramilitares [y otros actores].

Por su parte la UBPD tiene a su cargo la bsqueda, localizacin e identificacin a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razn del conflicto armado, y su fuente de informacin principal aunque no nica sern las declaraciones de los responsables de las desapariciones.

Nubarrones a la vista

El Acuerdo de La Habana y el Decreto 588 de 2017 (artculo 4) establecen que la informacin que la Comisin reciba o produzca no podr ser utilizada para atribuir responsabilidades en procesos judiciales, no ser trasladada a las autoridades judiciales y estas no podrn exigirla. Algo similar ocurre con la UBPD(Decreto 589, artculo 3), aun cuando la norma precisa que las actividades de esa Unidad no inhabilitarn a la justicia para adelantar sus investigaciones.

La situacin descrita lleva a plantearse, por lo menos, dos grandes cuestiones.

Aunque es cierto que esta informacin no tiene en s misma el valor de prueba judicial, esto no debe ser un impedimento para que fiscales y jueces, quienes determinarn el valor legal de esa informacin, la conozcan.

Finalmente, el Acuerdo de La Habana establece que para quienes reconozcan la verdad y su responsabilidad en los crmenes desde el inicio de las actuaciones judiciales se aplicar un procedimiento en el cual se constatarn sus versiones con las investigaciones de la Fiscala General de la Nacin y los fallos de la Procuradura General de la Nacin as como con la informacin que provean las organizaciones de vctimas y de derechos humanos.

Se puede ser algo ms que escptico acerca de la efectividad de ese procedimiento de comparacin sin debate y, aparentemente, sin investigacin para garantizar el derecho a la verdad de las vctimas y sus familiares. En efecto, la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos y para los crmenes internacionales ha sido en gran parte el producto de la negligencia cuando no corrupcin de la Fiscala General de la Nacin. Igualmente, es un hecho incontrovertible que al respecto existen poqusimas sentencias judiciales condenatorias y, menos an, sanciones disciplinarias por parte de la Procuradura General de la Nacin.

As las cosas, el derecho a la verdad est en serio riesgo de no ser plenamente garantizado en el posconflicto y de ocurrir as las vctimas y sus familiares sern, como siempre, los defraudados.


 

Federico Andreu-Guzmn, Representante para Suramrica de la Comisin Internacional de Juristas.

Fuente original: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10284-el-derecho-a-la-verdad-otra-vez-en-peligro.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Paro+de+maestros%3A+seguimos+sin+resolver+el+problema+de+fondo&utm_campaign=20170530_m139527065_Paro+de+maestros%3A+seguimos+sin+resolver+el+problema+de+fondo&utm_term=Federico+Andreu-Guzm_C3_A1n



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