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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-06-2017

Corte, ideologa y proceso de paz

Freddy Ordez
Prensa rural


Las reacciones a la declaracin de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de los literales h) y j) del Acto Legislativo 01 de 2016 han tomado fundamentalmente dos orientaciones: la primera apunta a indicar las dificultades que podran afrontar en el legislativo los desarrollos normativos del Acuerdo Final bsicamente, lentitud y trabas con la aprobacin del articulado, aunque se afirma que se puede estar en un escenario que permita ganar mayor legitimidad democrtica de lo acordado, y la segunda seala que el fallo de la Corporacin, adems de configurar un incumplimiento del Estado de lo pactado con las FARC-EP, es un golpe al proceso y una muestra de la reciente configuracin de mayora retardataria y retrgrada en la Corte. Las orientaciones del debate coinciden en algo que suele ocultarse: la inescindible relacin entre lo jurdico y lo poltico.

Se ha dicho que con el nuevo fast track, originado en la sentencia C-332 de 2017 (cuya sntesis se dio a conocer en el comunicado N. 28 del 17 de mayo del 2017), el Acuerdo gana en legitimidad democrtica despus del triunfo del no en el plebiscito, debido a que se amplan los espacios de deliberacin y de decisin democrtica en el legislativo. En esta lectura del fallo se desconoce contradictoriamente la refrendacin hecha por el mismo Congreso y se suma, en forma peligrosa para la paz, a lo expuesto por la Corte en la sentencia C-379 de 2016, que indica: Los efectos de la aprobacin del plebiscito estn concentrados en i) otorgar legitimidad democrtica a la implementacin del Acuerdo Final. As, los juristas que orientan en este sentido sus apreciaciones sobre lo fallado validan las tesis de sectores guerreristas que aseguran que el Acuerdo Final carece de legitimidad democrtica.

Ahora bien, sorprende que se tenga hoy una lectura progresista del accionar de la Corte y se reclame por lo que sera una reciente inclinacin poltica de sta hacia el conservadurismo, como si el alto tribunal estuviera perdiendo su orientacin emancipatoria. Si bien se ha estimado que la corporacin ha sido una de las ms progresistas en materia de garanta de derechos, hasta el punto de que Rodolfo Arango piensa que su jurisprudencia es una contribucin decidida al inicio de la construccin de un Estado social de derecho, Rodrigo Uprimny y Mauricio Garca Villegas creen que posee una dimensin emancipatoria y Ramiro vila Santamara la considera parte del neoconstitucionalismo transformador andino, lo cierto es que esto, en el mejor de los casos, puede predicarse de la primera generacin de magistrados de la Corte Constitucional (1993-2001).

En esa direccin apunta el trabajo de scar Meja Quintana y Carolina Galindo Poblador, quienes sealan que se presenta un giro en la jurisprudencia de la Corporacin de lo social a lo neoliberal, debido a la importancia que en sus fallos han adquirido los principios del bloque econmico neoliberal que se encuentran en la Constitucin. Por su parte, Diego Lpez Medina, en El derecho de los jueces, sostiene que la Corte ha sido ms valiente en temas libertarios que en aspectos niveladores: Los temas constitucionales libertarios, ciertamente escandalosos, tocan de manera menos directa los ncleos centrales de poder en una sociedad liberal semiperifrica. Con ello, la Corte Constitucional conserva para s la imagen heterodoxa que quiere mantener, al tiempo que pacta las paces con los intereses centrales del statu quo. En este orden de ideas, lo emancipatorio se desdibuja, y el orden social, poltico y econmico se mantiene y no se afecta por los fallos de la Corporacin.

Frente a la decisin de la Corte que origin las reacciones ac expuestas, nicamente Cecilia Orozco Tascn expres algo de lo que poco se habla en el mundo legal: la posicin ideolgica de los magistrados, lo que remite a uno de los planteamientos centrales del pensamiento jurdico crtico: el derecho y la jurisprudencia ocultan una carga ideolgica, esto es, existe un sentido ideolgico del derecho. Siguiendo a Courtis, en el caso de las sentencias, los jueces al decidir los casos realizan operaciones de desplazamiento u ocultamiento, de acuerdo con sus construcciones ideolgicas. Por su parte, scar Correas habla de la existencia de la ideologa del derecho y de la ideologa jurdica, esta ltima relacionada con la interpretacin de la voz autorizada para decir qu es derecho, por ejemplo, los magistrados, quienes debido a su origen social tienen, en su mayora, una ideologa afn a los sectores socialmente dominantes, segn Ronaldo Busnello. As, en el caso de la Corte colombiana lejos estaramos de lo que Amilton Bueno de Carvalho llam juristas orgnicos, pues su configuracin es prctica para los sectores hegemnicos y contradictores del Acuerdo, y preocupa que con nuevas interpretaciones de los contenidos de la sentencia C-379 de 2016 (numeral 113.2), un nuevo Gobierno proponga la reversin de la implementacin, con el aval del alto tribunal.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21585



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