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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-06-2017

Patria cocalera
Sobre cultivos ilcitos y modelo econmico

Ava Gmez, Brbara Ester y Pablo Wahren
CELAG


Colombia, Per y Bolivia, respectivamente, son los tres principales  productores de hoja de coca sudamericanos. Durante la ltima dcada, Colombia y Per se han disputado el primer lugar en cuanto a produccin mundial de dicho cultivo; al tiempo que Bolivia -en el mismo lapso- logr con xito reducir y estabilizar su cantidad de cultivos sin recurrir a la violencia ni a fumigaciones areas. De este modo, Bolivia mantuvo por segundo ao consecutivo sus cultivos de coca en un estimativo de 20.000 hectreas, mientras que segn las apreciaciones de seis aos atrs, ascendan a 31.000 hectreas. Inversamente, Colombia pas de 47.790 hectreas sembradas en 2012 a 96.084 hectreas registradas en el ltimo monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC segn sus siglas en ingls). Por su parte, entre 2011 y 2013 Per se coron como principal productor, sin embargo, en los aos posteriores baj su superficie cultivada gracias a intensas operaciones conjuntas, contando con la intervencin de fuerzas de seguridad y la puesta en marcha de programas sociales.

A contramano de lo propuesto por la DEA (Administracin para el Control de Drogas) y la UE, la estrategia boliviana -a diferencia de Colombia y Per- no esgrime la violencia, sino que consiste en erradicar concertada y voluntariamente los excedentes de plantaciones de coca [1] . Mientras tanto, Estados Unidos el principal consumidor mundial de clorhidrato- contina incluyendo a Bolivia en la lista de pases que no luchan contra el narcotrfico [2] . El pasado 18 de abril, la ONU recomend a Colombia la sustitucin de cultivos ilcitos mediante la sustitucin voluntaria y el modelo de desarrollo alternativo. No obstante, el acuerdo de la ayuda norteamericana est asociado a las fumigaciones areas, en directa relacin con el impacto en la salud de las poblaciones afectadas.

En Colombia, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC - EP, los desafos que afronta el Gobierno colombiano para hacer efectivos los acuerdos son diversos. Una de las grandes dificultades que afronta el pas tiene que ver con la dura situacin social que se vive en lneas generales, especialmente en el sector rural. Colombia se ha convertido en el segundo pas ms desigual de la regin, superando el promedio de desigualdad regional en un 10% segn la CEPAL. Mientras el 10% ms pobre de la poblacin recibe solo el 1% del ingreso que genera la economa en un ao, el 10% ms rico obtiene el 42%. Otra cifra que refleja esta situacin de desigualdad es el salario mnimo, el cual se ubica en 240 dlares y es el tercero ms bajo de la regin. Este dato se agrava si se tiene en cuenta que seis de cada diez trabajadores ganan menos que el mnimo. Por ltimo, cabe destacar que el 48% de los trabajadores colombianos son informales, es decir no cuentan con los derechos bsicos que la Constitucin demanda.

En 2013, el 22% de la poblacin rural estaba en la extrema pobreza, el 42% de los hogares en condiciones de inseguridad alimentaria y la pobreza por ingresos llegaba al 59%. En materia laboral, segn Jos Ocampo, el 75% de la poblacin rural gana el 70% de un salario mnimo. En lo que respecta a la vivienda, mientras el 97% de los hogares en las zonas urbanas cuenta con acueducto, en los hogares de la ruralidad esta cifra cifra desciende al 60%.

Entre los principales factores que explican esta dramtica situacin se encuentra la concentracin de la tierra. Los datos provistos por el DANE dan cuenta que el 69,9% de las unidades productivas son menores a 5 hectreas pero apenas ocupan el 5% de toda el rea rural.

Otro aspecto que dificulta el camino hacia una solucin es la falta de inversin en infraestructura. Por ejemplo, el Foro Econmico Mundial seala que Colombia ocupa el ltimo lugar de la regin en relacin con la calidad de sus rutas y caminos.

Las caractersticas de socio-econmicas en el sector agrario se suman a las dificultades de desarrollo de una poltica integral y transformadora acorde con el enfoque de los acuerdos alcanzados. Las dificultades no solo radican en el problema de tenencia de la tierra -una conflictividad ampliamente discutida en la coyuntura del proyecto de ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales- [3] , sino frente a las alternativas econmicas y uso de la tierra que suponen, entre otras cosas, la sustitucin de cultivos ilcitos.

Para el cumplimiento del punto 4 del acuerdo final Solucin al Problema de las Drogas Ilcitas el Gobierno implement, a principios de ao, el Programa Nacional Integral de Sustitucin de Cultivos de Uso Ilcito en cuyo marco se han firmado, de manera voluntaria diversos acuerdos colectivos con organizaciones sociales y comunidades para sustituir sus cultivos de coca, con beneficios de algo ms de 300 dlares mensuales durante el primer ao y la posibilidad de desarrollar proyectos con montos que van del 600 dlares, hasta 3000 dlares, durante el primer ao, y 3400 dlares [4] para proyectos productivos y asistencia tcnica durante el segundo ao. El avance no es desestimable, a mayo de 2017 se han logrado 23 acuerdos de sustitucin que alcanzan ms de 63 mil hectreas de coca [5] .

Sin embargo, las falencias son visibles por la falta de definicin de una poltica pblica integral y sostenible para la sustitucin de cultivos ilctos que ha dado lugar al manifiesto pblico, por parte de universidades y organizaciones, de sus preocupaciones frente al cumplimiento del punto 4 del acuerdo.

Entre otros motivos, sealan la falta de definicin de reglas sobre la implementacin progresiva de estos acuerdos que garanticen las condiciones de igualdad y acceso a estos programas de todas las comunidades que estn sembrando cultivos de uso ilcito. Asimismo, expresan su preocupacin por la sostenibilidad financiera de los recursos orientados a las familias beneficiarias de la poltica. Adems, resaltan como preocupantes las acciones de erradicacin forzosa que se adelantan en paralelo por parte de las autoridades y que ya han desatado enfrentamientos entre comunidades y fuerza pblica [6] .

El llamado de las organizaciones civiles se presenta en un punto lgido, en el que la preocupacin por el fenmeno de copamiento territorial por parte de los Grupos Armados Post-desmovilizacin se ha evidenciado en el incremento de asesinatos a lderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio, frente a la cual las acciones del gobierno en materia de proteccin han sido ms bien exiguas. Adems el disidente Frente 1 de las FARC - EP, renuente a aceptar la poltica de sustitucin, sigue presionando a campesinos del Guaviare para que no hagan entrega de sus cultivos de hoja de coca y al gobierno por medio del secuestro de un funcionario de una de las organizaciones que acompaan al proceso de sustitucin [7] . 

En Per el escenario es similar. El salario mnimo es uno de los ms bajo de la regin, registrando una cifra que ronda los 850 soles, el equivalente a 255 dlares mensuales, tan slo 15 dlares ms alto que en Colombia. La informalidad se encuentra entre las ms altas del mundo, con 7 de cada 10 trabajadores en el sector informal segn la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE, 2015). El Ministerio de Trabajo y de Promocin del empleo ha registrado que el 80% de los jvenes trabajan en negro e incluso ostenta la cifra de 90% en algunas zonas rurales (CEPLAN, 2016).

Si Colombia es el pas ms desigual en cuanto a tenencia de tierras en la regin, Per es el segundo con un 77% de la tierra en propiedad del 1% de los grandes terratenientes. La ONG Oxfam [8] en su Informe Desterrados: tierra, poder y desigualdad en Amrica Latina destaca que la concentracin de tierras y el modelo extractivista de explotacin de los recursos naturales ha ayudado a crecer a las economas de la regin, pero al mismo tiempo ha acentuado la desigualdad. Entre los sectores ms perjudicados se encuentran campesinos y pueblos originarios. La injusta distribucin se agudiza por el uso de la violencia. All donde las actividades extractivas han proliferado, se han multiplicado los conflictos territoriales y se han disparado de forma alarmante los ndices de violencia contra quienes defienden el agua, los bosques y los derechos de las mujeres y las comunidades campesinas, indgenas y afrodescendientes.

La presidenta ejecutiva de la Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) [9] , Carmen Masas, afirm segn las estimaciones pertinentes que el Per cuenta con una superficie cultivada que oscila entre las 40.300 y 53.000 hectreas cocaleras ilegales, distribuidas en 14 valles. El volumen del clorhidrato producido ronda entre 300 y 400 toneladas mtricas al ao. Sus declaraciones se vinculan a la aprobacin por parte del Ejecutivo -Consejo de Ministros- de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 (ENLCD) el pasado 24 de mayo.

Segn el Informe de UNODC de 2016, en 2015 se evidenci un incremento de la superficie cultivada en reas no intervenidas por el programa de erradicacin. Esto guarda relacin con el llamado efecto globo (expansin-reduccin) producido entre el 2013 y 2014 en los pases cocaleros, es decir un juego del gato y el ratn entre las fuerzas de seguridad y los productores.

El gobierno peruano contempla erradicar 25.000 hectreas cocaleras para el 2021, ejecutando un plan integral multisectorial a fin de establecer una presencia ms efectiva del Estado en zonas crticas, como en el Valle de los Ros Apurmac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde se calcula hay 19.000 hectreas de sembrados cocaleros. Paradjicamente, no ha habido una reduccin del espacio cocalero en los ltimos aos a pesar de una inversin de casi 8.000 millones de soles (US$2.500 millones).

Los funcionarios sostienen que el problema del VRAEM, entre otros factores, destaca por la complejidad de su topografa y la presencia de miembros de la guerrilla Sendero Luminoso (SL), aliados con el narcotrfico. Sin embargo, no es el nico actor poltico vinculado a este ilcito -la fuerza poltica mayoritaria, el fujimorismo, ha estado vinculado al narcotrfico desde los aos 90-. Uno de los casos emblemticos fue la incautacin de ms de 100 kilos de cocana en los almacenes de la empresa Limasa, del cual el actual congresista Kenji Fujimori es accionista mayoritario. Este hecho trfico de influencias mediante- slo fue investigado por la Comisin de tica del Congreso y no por el Ministerio Pblico. En la misma lnea, Joaqun Ramrez, ex secretario general de Fuerza Popular, fue registrado -mediante una investigacin periodstica de Cuarto Poder y Univisin- alardeando de haber lavado 15 millones de dlares de Keiko Fujimori en el 2011. El especialista en narcotrfico, Jaime Antezana, afirma que entre 1991 y 1996 bajo la gida del ex presidente Alberto Fujimori, el Per oper como un narcoestado. Uno de los escndalos con ms repercusin se produjo en mayo de 1996 cuando fueron incautados ms de 170 kilos de cocana del avin presidencial. Parte del resabio de la vieja estructura contina en Fuerza Popular, al menos cuatro de sus congresistas son investigados por lavado de activos.

Conclusiones

Las dificultades socio-econmicas, infraestructurales y las capacidades de acceso de la poblacin rural, en particular de los jvenes, a alternativas laborales que vayan ms all de las actividades relacionadas con los cultivos de uso ilcito son factores que hacen pensar en la necesidad de constituir todo un complejo andamiaje orientado a la sostenibilidad de estas comunidades que suponga una ampliacin de las capacidades del Estado como garante del acceso de los jvenes a alternativas de educacin, del desarrollo infratesrutural de las comunidades que permita la efectividad de sus proyectos productivos y las oportunidades de comercializacin, tratando de generar estrategias capaces de romper de manera efectiva con el circuito econmico de los cultivos de uso ilcito. Todo ello llevado a cabo en un marco de acompaamiento y verficacin de la efectiva consolidacin del cambio estructural.

Sin embargo, el avance en esta materia parece ser desarrollado con una perspectiva descoordinada en la que no se estn generando estrategias de confianza, seguridad y sostenibilidad al campesinado, actor fundamental de la reforma estructural del campo. Colombia constituye un caso testigo de cmo el paramilitarismo y los grupos disidentes siguen presionando a las comunidades para forzar su continuidad en las actividades del circuito econmico de los cultivos de uso ilcito. La alerta en zonas rurales afectadas por estas nuevas dinmicas del conflicto ha desatado una oleada de protestas en todo el pas. Frente a ellas el Gobierno parece distrado y su accin se ha orientado hacia la represin de las comunidades demandantes del pacfico colombiano. Esta actitud debiera ser corregida con urgencia pues la paz no puede hacerse de espaldas ni de frente a las comunidades sino que ha de hacerse con ellas solventando las disidencias y encontrando consensos en pro del objetivo mayor.

Notas:

[1] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39226703

[2] https://www.nytimes.com/es/2016/09/14/las-lecciones-de-bolivia-de-la-lucha-contra-el-narcotrafico/

[3] http://www.celag.org/cartel-ministerial/

[4] TRM 31/05/2017

[5] http://www.eltiempo.com/datos/problemas-de-la-erradicacion-de-coca-en-colombia-85662

[6] https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/25-04-17-Comunicado-Plural-Sustitucion-de-cultivos-1.pdf

[7] http://www.elpais.com.co/colombia/asi-fue-el-secuestro-del-funcionario-de-la-onu-en-guaviare.html

[8] https://www.pagina12.com.ar/14484-lo-primero-es-la-desigualdad

[9] http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/peru-dara-prioridad-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-de-hoja-de-coca

Ava Gmez, Brbara Ester y Pablo Wahren / Investigadores CELAG

@Ava_GD

@barbaraestereo

@p_wahren

Artculo publicado en: http://www.celag.org/patria-cocalera-sobre-cultivos-ilicitos-y-modelo-economico/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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