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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-06-2017

La paz ante el asedio de las Leyes de dios, del estado y del mercado

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


Decisiones como las que ha tomado la corte constitucional respecto al pacto poltico de paz negociada, ya suscrito entre el estado y la insurgencia; la insistencia de los lideres de grupos poltico-religiosos por limitar derechos; iniciativas para favorecer a responsables de delitos atroces de paramilitarismo o corrupcin con medidas especiales de reclusin, rebaja de penas o; la continuidad de contratos con empresas cuestionadas por violaciones a derechos, advierten de la existencia de tres tendencias en la concepcin que orienta y somete a confusiones y estrategias de poder la vida judicial del pas.

Las tres se mezclan unas veces para complementarse, otras para subsidiarse y por solidaridad de poder y en el actual momento de tensin, ante la polarizacin a la que quieren devolver al pas algunos sectores con la falsa disyuntiva guerra-paz, que ya esta superada, queda al descubierto una disputa entre fuentes distintas en el orden discursivo y modos de accin, reconocible cada una a travs de sus temas y defensores. La primera es la Ley de Dios, que en el siglo XXI ha reaparecido con fuerza, en buena parte por la cooptacin del estado por el mercado que envi a la miseria a millones de personas y provoc el desmonte de los sistemas de gasto y asistencia social, lo que fue aprovechado para reconducir la desesperanza hacia la fe. Esta concepcin es defendida por cientos [1] lideres de congregaciones religiosas (pastores y de obispos), con representacin en el gobierno, las cortes de justicia, el congreso y los medios, desde donde promueven el regreso del debate moral que pone en retroceso derechos y conquistas ya logradas, a la vez que fomenta temores al desconocido y pasiones por lo imponer lo propio. La segunda es la Ley del Estado Laico, defendida por sectores progresistas, intelectuales, sectores polticos minoritarios y la gran mayora de organizaciones sociales que resisten contra las polticas del estado, que aceptan la existencia de un mundo cambiante movido por intereses de emancipacin y deseos de libertad. En comn en esta concepcin se entiende el derecho como instrumento de regulacin social y proteccin de derechos conquistados. Y la tercera es la Ley de las Mafias, que defienden sus conquistas a base del terror y consideran que el derecho es una mercanca a la que pueden acceder segn su deseo personal, porque como todo conocimiento o cosa material la ley es un objeto de mercado que tiene precio y otorga el beneficio a quien pueda pagarla, y permite comprar inclusive a jueces, magistrados, funcionarios, condenas, vidas humanas y gobiernos.

La ley de Dios, es invocada para negarse a aceptar que el viejo rgimen, de la constitucin de Nez de 1886, fue derrotado por las convulsiones sociales, civiles y armadas, cuyo punto de encuentro fue la Asamblea Nacional Constituyente que forj la nueva constitucin de 1991, que, abri la puerta al estado moderno, respetuoso de los otros, de sus derechos y sus conductas, dejando atrs al antiguo rgimen confesional en el que el estado estaba entregado al sagrado corazn, la poltica al frente nacional liberal-conservador y la vida personal a los prejuicios morales de los capataces de las fincas. De la puesta en escena poltica de la ley de Dios, para entorpecer derechos, no son responsables sus feligreses, que tambin hacen parte de los sectores vulnerados, excluidos y marginados por el poder. Sus responsables hay que buscarlos entre congresistas, magistrados, gobernantes y directivas de instituciones que no separaran su fe personal y prejuicios de su oficio y a veces convierten sus despachos en capillas de oracin, izan las banderas de fe de los cruzados, celebran oficios religiosos en nombre de las instituciones, fomentan la segregacin en nombre de la hermandad y maldicen a quienes no acogen sus mandatos, sin precaucin por entender que sus comportamientos violentan derechos, irrespetan y ofenden la conquista comn llamada laicidad, consignada en la constitucin que a pesar de ser agredida con frecuencia trata de afianzar el estado moderno, diverso y plural.

La ley del Estado, de carcter civil, se funda en la construccin humana de la justicia. Reconoce la historia de los pueblos, su fuente es la razn y funciona separada de todo prejuicio, reconoce a la tica no a la moral y juzga sin distinciones. Aunque es la nica con validez efectiva, su aplicacin resulta dbil, por la inexistencia de un real estado de derecho, obstaculizado justamente por la solidez de las otras leyes. Es la ley que fundamenta sus actuaciones en la justicia material y reconoce a los derechos en la base de sus decisiones. Acoge los resultados de luchas sociales y sus formulaciones son tcnicas, objetivas e imparciales con el fin de regular la convivencia y adems contiene la letra y espritu de los grandes aportes universales de proteccin de la vida humana y del planeta. Es la ley que debe imponerse en el estado de derecho, mas ahora que su capacidad es requerida para que el estado en cada uno de sus poderes entienda y aprehenda que los pactos polticos, como el acuerdo de paz entre el estado y la insurgencia, tiene esencia poltica y la ley del estado ha de ser el instrumento de garanta, no al contrario, mxime cuando al amparo de la ley de dios se produjo la derrota electoral del primer acuerdo, y que sus lideres tratan de cobrar para poner en retroceso la paz negociada.

La tercera ley que impera en Colombia con fuerza suficiente para provocar daos irreversibles, bien porque esta incrustada en el estado o por su alcance afirmado en las reglas del mercado, -para el que nada es legal o ilegal-, es la ley de las mafias, asociada a una idea de ley de la selva, del mas fuerte, extendida a travs de esparcir horror y sufrimiento, con la astucia del que delinque y sabe tapar o borrar las huellas de su crimen. Esta ley fomenta el espritu mafioso y criminal del todo vale, del astuto, el cnico, el perverso que desconoce toda construccin humana colectiva, se hace y aplica con base al inters propio de un sector, grupo o cofrada que invalida lo que sea para imponer lo suyo.

La existencia entrecruzada de estas tres concepciones ponen en tensin el valor de la ley impidiendo consolidar un estado de derecho real, solido, legitimo y capaz de responder en democracia a los retos que plantea este tiempo de complejidades, de interconexiones que superan todo limite previsto y de creacin colectiva de una paz estable y duradera. El primer paso para todas las concepciones es abandonar su ideologizacin respecto al espritu contrainsurgente que provoca odios y discriminaciones, al tiempo que el estado emprenda la tarea de imponer para todos los poderes, instituciones y funcionarios, la soberana del derecho de concepcin civil y laico, que es nico con capacidad para representar legtimamente a la nacin entera y fomentar la proteccin y respeto por los derechos humanos. Solo de esta manera se podr garantizar el transito no otra vez del antiguo rgimen a la sociedad moderna, si no de la guerra a la paz con plenos derechos. El objetivo comn tiene que ser el de crear una cultura de la legalidad que fomente la convivencia democrtica, sirva para recuperar el valor de la vida como esencia de toda actuacin humana y contribuya a reconstruir las instituciones y aceptar con respeto la ley como norma fundamental de garanta para que Colombia no sea una buena noticia para turistas, si no una maravillosa realidad para vivirla con paz y dignidad.

 


Nota

[1] Se seal en octubre de 2016, que alrededor de 720 pastores suscribieron el No al plebiscito.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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