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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-06-2017

Ciudadanas mermadas, mercado laboral y discriminacin

Arturo Borra
Rebelin


Demasiado a menudo los discursos de la integracin en torno a inmigrados y refugiados pasan de puntillas por los obstculos estructurales que se les plantean en el mercado laboral espaol a estos colectivos. Aunque existe una minora de empresas (especialmente cooperativas y, de forma menos usual, Pymes) que estn desarrollando polticas laborales inclusivas con respecto a estos grupos, resulta imprescindible identificar problemas persistentes al momento de lograr este objetivo. Categoras como integracin, gestin de la diversidad, buenas prcticas laborales, entre otras, resultan categoras problemticas en tanto no seamos capaces de situarlas en un contexto sistmico que obstruye de forma sistemtica su consecucin.

Se trata, pues, de partir del contexto socioeconmico actual, marcado por regularidades empricas que de forma tendencial marginan (cuando no excluyen) a una parte significativa de la poblacin activa extranjera. A pesar de las declaraciones en sentido contrario, las prcticas empresariales dominantes ni siquiera contemplan dentro de la gestin de la diversidad la inclusin laboral de estos colectivos, como si lo diverso se restringiera a una cuestin de gnero o edad y, en el mejor de los casos, a una cuestin de discapacidad u orientacin e identidad sexual. Por el contrario, cabe constatar que tanto las instituciones pblicas como privadas se han desentendido ante esta otra ciudadana mermada en derechos.

Si bien algunas de esas regularidades tambin afectan a personas trabajadoras autctonas, hay informacin suficiente para saber que ciertas dinmicas discriminatorias afectan con especial intensidad a los colectivos inmigrados y refugiados. De ah las siguientes constataciones, sin pretensiones exhaustivas.

1) Lo primero que hay que sealar es la existencia continuada de una economa sumergida que, adems de los perjuicios econmicos que supone para las arcas pblicas, priva a ms de 4.000.000 de personas trabajadoras de buena parte de sus derechos laborales, condenndolas a una precariedad que, de manera habitual, se transforma en una prctica de sobreexplotacin laboral (o explotacin severa). El empleo irregular implica millones de puestos de trabajo precarizados, de los cuales cientos de miles (que oscilan entre medio y un milln) estn ocupados por personas inmigradas, no necesariamente en situacin irregular, afectadas tambin por la especializacin por gnero segn la cual ciertos trabajos slo podran ser ejercidos por mujeres u hombres de forma excluyente.

Basta pensar solamente en muchas empleadas de hogar para dimensionar la magnitud de este problema. Segn los escasos datos disponibles, esta es la situacin de muchsimas trabajadoras inmigradas: empleo sumergido a cambio de salarios y condiciones laborales pauprrimas, en jornadas laborales que superan con creces las 9 horas estipuladas. Es evidente que este tipo de empleo que con cierta frecuencia plantea un rgimen de semi-esclavitud- forma parte del funcionamiento econmico actual. Adems de ejercer una presin salarial a la baja, impide que muchas personas trabajadoras extranjeras puedan mantener su situacin regular en Espaa y, en general, acceder a los diferentes servicios pblicos en igualdad de condicionesi. Por si fuera poco, las personas inmigradas y desplazadas que se emplean en la economa sumergida ni siquiera pueden acceder a una pensin jubilatoria, pensar en la conciliacin laboral o disponer de derechos laborales bsicos, como vacaciones, pagas extra, horas de descanso, etc. Eso hace que este colectivo est especialmente desprotegido ante situaciones abusivas. Apenas hace falta sealar que una situacin semejante no favorece la integracin en lo ms mnimo, mxime cuando el desarrollo de una actividad laboral semejante supone a menudo conflictos con los trabajadores locales por considerarse competencia desleal. Para mayor escarnio, aquellas trabajadoras que logran acceder a un contrato de trabajo en el sector, son discriminadas institucionalmente, estando privadas del derecho a ser beneficiarias de las prestaciones por desempleo.

2) La segunda regularidad est ligada a la segregacin ocupacional que afecta de manera inequvoca a la mayora de las personas inmigradas o refugiadas. No es ninguna novedad sealar que aproximadamente el 80 % de estos colectivos trabaja en sectores de baja cualificacin, con tasas de temporalidad y precariedad comparativamente ms altas que las de la poblacin local: 8 de cada 10 inmigrantes sigue trabajando en hostelera, industria, comercio minorista, servicio a personas, agricultura y pesca y construccin. Confinados en sectores econmicos intensivos y con empleo de carcter estacional, la inestabilidad laboral se transforma en perodos de alternancia entre empleo y paro dificultando seriamente la consolidacin de un proyecto migratorio satisfactorio. No es azar que la tasa de pobreza tambin afecte ms a esta categora de trabajadores. Si hace unas dcadas la idea de trabajador pobre pareca un oxmoron, dada esta situacin de empleo precario y salarios bajos, hoy da se conjugan de forma creciente, afectando a uno de cada tres trabajadores inmigrados, en un proceso social de etnificacin de la pobreza que afecta, segn la EAPN, al 63,9 % del total de la poblacin extracomunitaria, a diferencia de la tasa AROPE de la poblacin espaola que es del 25,5 en el mismo aoii. No hay integracin sociolaboral satisfactoria si se trata desigualmente a los otros, si slo se les reservan puestos laborales considerados indeseables o si se los emplea como mano de obra barata y precaria, acorde a una visin puramente instrumentalista de las migraciones. No es superfluo preguntar qu presencia tienen estos colectivos en nuestros espacios de trabajo (incluyendo el mbito educativo) y qu posiciones laborales ocupan. Es fcil advertir que el lugar que socialmente se les asigna a estos otros es un lugar tendencialmente subalterno o subordinado, ms all de sus capacidades o competencias tcnicas y sociales. Ante esta desigualdad de trato, es previsible que las barreras que dividen poblacin local y poblacin inmigrada no cesen de acentuarse.

3) De forma complementaria a esta segregacin, en el contexto del mercado laboral se produce un fuerte desconocimiento de la formacin y educacin de origen (de forma similar a la experiencia laboral de origen, que tampoco suele reconocerse por falta de acreditacin o por no reconocerse las acreditaciones de los pases de origen). Siguiendo a Euroestat, los niveles educativos y formativos de la poblacin inmigrada, contrariamente a los prejuicios dominantes, es porcentualmente semejante a la de la poblacin local. Aunque a menudo suelen plantearse las desigualdades laborales como diferencias en las cualificaciones profesionales, un anlisis comparativo de cualificacin desmonta esta falacia. Si la sobrecualificacin profesional en Espaa es de por s elevada, el fenmeno de la sobrecualificacin se acenta de forma notable entre los colectivos inmigrantes. A pesar de ello, a efectos laborales, una parte significativa de trabajadores inmigrados son considerados como mano de obra no cualificada, cuando no directamente analfabeta (incluso en los servicios pblicos de empleo, cuando no han logrado homologar o convalidar sus estudios o acreditar sus competencias). Si bien una parte de la poblacin inmigrada se embarca en el laberinto burocrtico que suponen los procesos de homologacin o convalidacin de ttulos (dados los tiempos prolongados para gestionarlos, las tasas que implican y las dificultades operativas que suponen), es previsible que una amplia mayora de inmigrados sin estudios superiores desista de convalidar sus estudios en Espaa, entre otras cuestiones, por no poder reunir toda la documentacin requerida, incluyendo traducciones juradas, programas de estudios con especificacin de horas, contenidos desarrollados en cada materia y promedio de estudios, todos debidamente apostillados por organismos internacionales. La consecuencia ms manifiesta es que una parte muy significativa de la poblacin o bien termina re-cualificndose en el pas de destino segn sus previsiones de insercin (sin garantas de xito) o bien terminan accediendo a puestos de baja cualificacin, reforzando la segregacin ocupacional.

4) De forma complementaria a este confinamiento, la tasa de desempleo de inmigrantes supera en ms del 7 % la tasa de paro de trabajadores nacionales, situndose en el primer trimestre de 2017 en el 25,46%, a diferencia de la tasa de paro de nacionales que es de 17,85%iii. A pesar de que la tasa de actividad en estos colectivos es porcentualmente mayor al de la poblacin local, el desempleo se ensaa especialmente con estos grupos. Cabe preguntarse si, adems de cuestiones idiomticas, de convalidacin de ttulos o de acreditacin profesional, no hay aqu un claro factor discriminatorio que opera bajo la forma de una desigualdad manifiesta en el acceso y permanencia en el mercado laboral. Hay indicios suficientes para responder afirmativamente: por qu hay ms parados extranjeros que nacionales si los niveles formativos son similares, aunque no siempre estn acreditados de forma oficial? Se sigue considerando que los trabajadores nacionales deben tener preferencia en el acceso al empleo, contrariamente a la presunta igualdad de oportunidades? Y, finalmente, qu polticas de empleo especficas se estn desarrollando para corregir esta situacin desigual?

5) De forma similar a lo que ocurre con otros grupos, el anlisis sistemtico y comparativo de las condiciones laborales de los inmigrantes extracomunitarios que logran acceder a un empleo arroja resultados de mnima preocupantes: tanto en trminos salariales como en acceso a puestos jerrquicos dentro de empresas y otras organizaciones (incluyendo la administracin pblica, ONG y asociaciones), la desigualdad es notoria y relevante. Si por una parte la calidad desigual de los empleos a los que acceden respectivamente inmigrantes y locales es clara, por otra se repiten los fenmenos que ya conocemos con respecto a los colectivos de mujeres: techo de cristal, brechas salariales, falta de promocin interna o de movilidad ascendente y serias dificultades para la conciliacin (especialmente, en el caso de mujeres inmigradas monoparentales). En cualquier sentido relevante, la integracin supone no slo la obtencin de un empleo, sino garantizar su calidad y dignidad, en igualdad de condiciones. Basndonos en diferentes informes de Inmigracin y mercado de trabajo elaborados por el SEPE, cabe constatar que las diferencias salariales entre espaoles y extranjeros se mantiene. Ya en el informe de 2011 se sealaba la discriminacin como uno de los factores de esta desigualdad. El informe es contundente: La participacin laboral de los extranjeros nacidos fuera de Espaa sufre de sesgos terciarios y sesgos femeninos, concentraciones en puestos de trabajo de baja cualificacin y mayor especializacin en ramas y categoras laborales concretasiv.

A estas regularidades socioeconmicas hay que introducir un elemento heterogneo pero no menos importante: la permanente produccin de estereotipos y prejuicios en torno a estos colectivos, comenzando por los discursos dominantes en los medios masivos de comunicacin. Sera un error suponer que esos discursos que estigmatizan a los otros no incide en la discriminacin laboral. Hay que seguir recordando que la xenofobia y el racismo aparecen como refugio no slo de grupos de ultraderecha, sino tambin de una parte importante de la poblacin, expuesta a situaciones de exclusin social y a la cada de su calidad de vida. Ello crea las condiciones ideolgicas propicias para que los discursos xenfobos y racistas tengan mayor calado, incluso dentro del mercado laboral. No por azar escuchamos de forma frecuente que la inmigracin es una amenaza laboral, cuando no una amenaza para la seguridad e incluso para la identidad europea. La extensin del racismo y la xenofobia exige un debate pblico pendiente, que constituye una deuda estructural de cualquier sociedad democrtica. Nada seala que esta ofensiva discriminatoria (que incluye la islamofobia, el antisemitismo o el antigitanismo) que recorre Europa vaya a detenerse en los prximos aos, como no sea con un giro no slo de las polticas pblicas predominantes sino tambin de los discursos mediticos hegemnicos.

La resultante de estas regularidades es una fuerte segmentacin al interior de las poblaciones inmigradas y refugiadas dentro del mercado laboral. Eso significa que incluso dentro de estos colectivos se construye una jerarqua entre diferentes categoras socio-econmicas. Por un lado, se favorece la movilidad geogrfica de inmigrantes con tarjeta azul (ejecutivos, universitarios, profesionales con alta cualificacin) y, de manera ms reciente, adems de los inversores, a un tipo de inmigrante de una franja de ingresos elevada (como es el caso de los compradores de viviendas de 500000 que adquieren permiso de residencia y trabajo de larga duracin o de pensionistas europeos que se instalan en Espaa como segunda residencia). Por otro lado, se multiplican las dificultades para el paso a flujos migratorios marcados no slo por sus carencias econmicas sino tambin por sufrir un importante rechazo cultural.

En sntesis, el mercado laboral se caracteriza por una fuerte selectividad de inmigrantes segn su posicin socioeconmica (o, si se prefiere, segn su poder adquisitivo) y su identidad cultural, instaurando un patrn selectivo que plantea una relacin de apertura ante elites profesionales y econmicas en simultneo a la restriccin de derechos que padecen especialmente trabajadores manuales y personas en situacin precaria procedentes del sur.

La discriminacin laboral por razones de origen o etnia, en definitiva, se hace manifiesta de diversas formas: bajo la forma de una mayor precariedad y pobreza, segregacin ocupacional y especializacin por gnero, desigualdad salarial y contractual, tasa de paro ms elevada, mayor temporalidad de los contratos, falta de promocin interna y asimetra en las oportunidades laborales, entre otras cuestiones. Es evidente que semejante trato desfavorable hacia los inmigrantes extracomunitarios obstruye seriamente cualquier integracin que se diferencie realmente de la mera asimilacin. Volviendo al Informe antes citado se seala: Apenas existen estudios que hayan determinado con rigor la discriminacin que sufren los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, pero hay indicios claros de que tal discriminacin existe. Por el momento, la discriminacin no ha merecido una atencin especial en el proceso de insercin laboral de la poblacin inmigrada, porque la simple legalizacin de tal insercin ha sido prioritaria. Ahora, sin embargo, combatir la discriminacin es ya asunto inaplazable y ello demanda, en primer lugar, cierto aprendizaje para detectarla y calibrarla. La lucha contra la discriminacin requiere una vigilancia especfica que comienza por el acceso al trabajo, asegurando que se cumple el principio de igualdad de oportunidades y sigue con las condiciones laborales y los procesos de promocin interna en las empresas. La discriminacin en algunos casos puede ser burda, pero en otros es muy sutil, y es por ello por lo que no puede ser detectada ni corregida sin mecanismos especficos establecidos a tal efectov. Cito este informe de 2011 porque lamentablemente esta advertencia fundamental no ha sido retomada en los informes sucesivos y, lo que es peor, ni siquiera ha dado lugar a decisiones que corrijan estas graves falencias no slo econmicas sino tambin sociales. Varios aos despus, todava estamos esperando que deje de aplazarse este asunto inaplazable en el que se juega la vida de millones de personas.

En cualquier caso, sigue siendo pertinente preguntar qu polticas y medidas se estn implementando a nivel pblico para garantizar la inclusin institucional igualitaria de estos sujetos diversos, en funcin de sus perfiles competenciales y no de su procedencia tnica o cultural. Queda todava por saber si en la prxima dcada Espaa afrontar de forma ms efectiva esta autntica fractura en trminos de derechos o si se limitar a disimularla bajo la alfombra del empleo precario y la marginacin social.


Notas

i El empleo sumergido, adems de privar del acceso a las prestaciones contributivas, conlleva a menudo la prdida de los permisos de trabajo y residencia de miles de personas inmigradas, que necesitan trabajar al menos 6 meses por ao para poder renovar su documentacin segn la actual Ley de Extranjera. La imposibilidad de cumplir con este requisito supone el trnsito hacia una situacin irregular, as como la exclusin del sistema sanitario gratuito y, con ello, el deterioro de sus condiciones materiales de vida, la dificultad para asumir sus deudas y la urgencia de trabajar en cualquier condicin laboral, lo que significa seguir trabajando en la economa sumergida en condiciones penosas.

ii Segn el informe de la EAPN, la mayora de la poblacin inmigrante extracomunitaria en 2015 ya estaba afectado por al menos uno de los tres factores que integran el AROPE: desempleo, pobreza y privacin material. Semejantes informaciones, en este sentido, reafirman que la crisis econmica no ha afectado de forma similar a los diferentes colectivos sino que se ha ensaado con la poblacin inmigrada. http://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2016_Resumen_Ejecutivo.pdf

iiiVer Nota de prensa: Encuesta de poblacin activa. Primer trimestre de 2017, en http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0117.pdf, p.5.

iv Carrasco Concepcin y Garca Carlos (2011): Inmigracin y mercado de trabajo, p. 158, versin electrnica en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_28_Inmigracion_y_Mercado_de_trabajo-Informe2011.pdf.

v Carrasco Concepcin y Garca Carlos, op. cit., pg. 160.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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