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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-06-2017

Violencia de Estado & Violencia machista
Violencia de Estado contra ngela y su hija asesinada

Cristina Fallars
http://ctxt.es

El repaso completo al asesinato de una nia tras 51 denuncias de su madre por violencia machista muestra cmo las instituciones se desentienden de estos crmenes


Conoc a ngela Gonzlez Carreo el martes 2 de febrero de 2016. Haca entonces casi trece aos que su exmarido haba asesinado a la hija de ambos de un tiro de revlver. Nos encontramos en la sede que la organizacin pro derechos humanos Womens Link tiene en el centro de Madrid, y le cont que desde que, en 2003, un par de das despus del crimen, le la noticia en los diarios, no haba dejado de pensar en ello. ngela pas tres aos llamando a todas las puertas semanalmente 3 aos, cada semana, alertando de lo que sucedera si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre.

Finalmente, una jueza le oblig a acatar un rgimen de visitas que inclua el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como haba avisado ngela con desespero, l la mat. La nia tena 7 aos y haba repetido una y otra vez que no quera ir con su padre. Cuando la conoc, hace algo ms de un ao, ngela y las abogadas de Womens Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional. La ONU haba condenado al Estado espaol a reparar e indemnizar a ngela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia espaola, que desoy en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo haban intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasin Juan Fernando Lpez Aguilar (PSOE).

Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado espaol reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea. La historia de ngela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostracin palmaria de que el Estado espaol, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiacin de la prevencin de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza. La historia de ngela es seguramente la descripcin ms clara en Espaa de la violencia que las instituciones ejercen contra las vctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional. Esta:

Una historia de tortura y asesinato

El 3 de septiembre de 1999, un hombre llamado Felipe Rascn agarr del pelo a su mujer, la derrib contra el suelo de la cocina y le arrim al vientre un cuchillo jamonero. Se haban casado tres aos antes, y tres aos tena en el momento de esa agresin su hija Andrea. No era el primer ataque, tampoco la primera amenaza de muerte: Rascn vigilaba a su esposa, la segua, la insultaba habitualmente y la maltrataba aludiendo a imaginarios amantes. No era la primera vez, pero la mirada de la cra, su presencia en aquella cocina, fue lo que determin la huida. ngela Gonzlez Carreo agarr a su hija Andrea y sali de la casa familiar de Arroyomolinos para no volver ms.

Tres aos y siete meses despus, el 24 de abril de 2003, en aquel mismo adosado del suroeste dormitorio de Madrid, Rascn agarr un revlver sustrado a su dueo en 1985 y mat a su hija Andrea, mat a su perra y se suicid. Solo unas horas antes, a la salida de una audiencia judicial, se haba acercado a la madre para decirle te quitar lo que ms quieres. Entre el momento en que el hombre, armado con un cuchillo, tir a su mujer al suelo de la cocina y el momento en que ese mismo hombre, armado con un revlver, mat a la hija de ambos, ngela, la madre, curs 51 denuncias agobiadas en juzgados y comisaras.

Cuando una lee la documentacin legal del caso varios volmenes de archivadores, tiene la sensacin de que media una voluntad minuciosa, notarial, un obstinado rastro de migas de pan que alguien se empe en ir dejando. ngela sembr de migas el camino de su tortura. Migas desde la huida a cuchillo hasta el momento en el que su exmarido apunt a la hija de 7 aos y le descerraj un tiro, migas para que alguien pudiera, llegado el caso, entender lo incomprensible. 51 denuncias. Pero siempre hay un pjaro que se come las migas, incluso una bandada. En el caso de ngela, los pjaros aparecieron definitivamente el 6 de mayo de 2002. Llevaba dos aos y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso de Rascn, su exmarido insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la nia, golpes cuando la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia nmero 1 de Navalcarnero decidi que no existan razones para que el padre no estuviera a solas con su hija.

Tres das despus, ngela recurri la decisin de la jueza aludiendo al inters superior del menor, pero el 17 de junio el juzgado repiti su sentencia. De nada sirvi el informe del Centro de Servicios Sociales vigilante del rgimen de visitas, donde se alertaba de que la nia no quera pasar ms horas con su padre y recomendaba no dejarla a solas con l, sin vigilancia. De nada sirvi el escrito del fiscal en el mismo sentido. El 8 de enero de 2003, tres meses antes de que mataran a su hija, ngela present ante el juzgado un escrito en el que rogaba que escucharan a la nia, que la cra no quera estar con su padre, que la violentaba con insultos a la madre.

Ese mismo 8 de enero, los Servicios Sociales encargados del caso presentaron un informe en el que aconsejaban no permitir que padre e hija se encontraran sin vigilancia, ya que l usaba a la cra para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que confundan a Andrea. No fue el nico informe. Una semana antes del asesinato, la trabajadora social que supervisaba las visitas entre Felipe Rascn y su hija emiti un escrito en el que detallaba varias incidencias alarmantes sucedidas entre los das 9 de enero y 3 de abril de 2003. En todas ellas alude al uso de la hija para agredir a ngela, e insiste en que la nia no quiere estar con su padre, que se siente incmoda y confusa.

El jueves 24 de abril de 2003, por la maana, ngela Gonzlez Carreo y su exmarido, Felipe Rascn Caldern, se encontraron en una vista oral relativa al derecho de uso de la vivienda. A la salida, el hombre se acerc a ella y le advirti de que le iba a quitar lo que ella ms quera. Pocas horas despus, obedeciendo las rdenes del juzgado, ngela llev a su hija Andrea al Centro de Servicios Sociales, donde la recogi su padre. A las 20.00, como cada jueves, volvi a recogerla. Ante la tardanza de padre e hija, acudi a la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Fueron ellos quienes entraron en el adosado de Arroyomolinos, por la puerta de atrs. En el saln, donde la televisin permaneca encendida, encontraron tres cadveres: el de una perra, el de Andrea, 7 aos, y el de Felipe Rascn, su padre, an con el revlver en la mano.

Violencia tras el asesinato

Cuatro das despus del crimen, el 28 de abril de 2003, la presidenta de la Federacin de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana Mara Prez del Campo, envi sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al ministro de Justicia. Al CGPJ le solicitaba una investigacin para esclarecer las responsabilidades que supona la presumible negligencia judicial, y un expediente disciplinario para la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia nmero 1 de Navalcarnero. Al ministro de Justicia le solicitaba una audiencia para exponer las deficiencias del funcionamiento de los servicios psicosociales de la Administracin en casos como el de ngela. Asimismo, solicitaba una investigacin sobre lo sucedido.

El ministro de Justicia entonces era Jos Mara Michavila (PP), y el del CGPJ, Francisco Jos Hernando Santiago. Tras poco ms de dos meses, el 9 de julio, el Magistrado Jefe de la Seccin de Rgimen Disciplinario del CGPJ respondi que, tras revisar la actuacin del Juzgado de Navalcarnero, no apreciaba ninguna actuacin que tuviera relevancia disciplinaria y, por lo tanto, archivaba el caso. Resulta imprescindible repasar la historia de ngela fecha a fecha, solo las muy sealadas. Se necesitara un centenar de pginas para hacer constar todas y cada una de sus denuncias, todos y cada uno de los rechazos institucionales recibidos, todos y cada unos de sus desgarros.

El 2 de enero de 2004, el Juzgado de Instruccin nmero 3 de Navalcarnero declar extinguida la responsabilidad penal en el asesinato de Andrea Rascn. Inmediatamente, ngela recurri dicha decisin, que fue desestimada. Tambin lo fue la presentada ante la Audiencia Provincial de Madrid, en una resolucin contra la que no caba ya recurso. En 23 de abril de 2004, a falta de un da para que se cumpliera un ao del asesinato, ngela Gonzlez Carreo arranc su particular pelea con la Administracin pblica espaola, una lucha sin cuartel ni victorias que llega hasta hoy. En esa fecha, de la mano de la abogada Ana Mara Ruiz Tagle, inici un procedimiento de reclamacin de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia espaol. Defenda y defiende que la Administracin de Justicia y los Servicios Sociales espaoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea.

Defenda y defiende que el Estado prim el derecho de Rascn a tener una relacin con su hija, en lugar de velar por el inters superior de la menor. Ao y medio ms tarde, el 3 de noviembre de 2005, el Ministerio de Justicia resolvi desestimar su reclamacin, alegando que la va judicial elegida era errnea. Aseguraba que ngela deba haber solicitado una indemnizacin por error judicial, pero que para ello estaba fuera de plazo. ngela recurri y el 22 de enero de 2007 el mismo ministerio volvi a desestimar su queja.

Al rechazo del Ministerio de Justicia, siguieron el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que adems le oblig a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmiti la demanda. A todos ellos ngela les peda solo una cosa: que admitieran la responsabilidad de la Justicia espaola en el asesinato de su hija. Ninguno de ellos acept sus razones, por lo que ya no le quedaron instancias nacionales a las que acudir.

La ONU condena a Espaa

La Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer (o CEDAW en sus siglas en ingls) es un tratado internacional de la ONU firmado en 1979. Est firmado y ratificado por Espaa. En septiembre de 2012, agotadas todas las vas en su pas, ngela Gonzlez Carreo y la organizacin internacional Womens Link presentaron el caso ante la CEDAW, que en julio de 2014 emiti un dictamen que afirmaba que el Estado [espaol] ha infringido los derechos de la autora [Gonzlez Carreo] y su hija fallecida.

Asimismo, conminaba al Estado a otorgar a la autora una reparacin adecuada y una indemnizacin integral y proporcional a la conculcacin de sus derechos. Por otra parte, indicaba que se deba llevar a cabo una investigacin exhaustiva e imparcial sobre lo sucedido. Nada de eso se hizo. Las ltimas resoluciones sobre el caso datan del ao pasado, trece aos despus del asesinato de la nia Andrea Rascn Gonzlez, y son sendas sentencias de la Audiencia Nacional. En ambas (25 de abril y 2 de noviembre de 2016), se insiste en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia espaola entre septiembre de 1999 fecha en la que ngela y su hija huyen y abril de 2003 fecha del asesinato fueron correctos.

Por lo tanto, el hecho de desatender las 51 denuncias de la madre y los informes de los Servicios Sociales, as como no tener en cuenta el inters superior de la menor tambin entraba dentro de la normalidad. En la ltima sentencia, que data de hace apenas 7 meses, se pueden leer afirmaciones como las que siguen: La recurrente present un escrito de alegaciones el 7 de enero de 2003 en el que se opuso a pasar a ese nuevo rgimen [el de las visitas paternas sin vigilancia] y denunciaba la falta de apego de la pensin de alimentos, pero no se desprendan de su escrito que se opusiese al rgimen de visitas existente o advirtiese riesgo para la vida de la menor.

En la fecha a la que hace referencia la Audiencia Nacional, ese enero de 2003, ngela Gonzlez Carreo y sus abogados ya haban presentado al menos 45 denuncias por acoso y maltrato a la madre y a la hija, alertando del peligro que supondra dejar a la nia a solas con el padre. Este Tribunal, aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no aprecia que en el supuesto que nos ocupa existiese un funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia.

Tras un constante seguimiento del rgimen de visitas e informes psicolgicos de los padres y de la menor, con intervencin del Ministerio Fiscal a lo largo de las actuaciones y con constantes escritos de alegaciones de los progenitores, y permanentes informes de seguimiento emitidos por los servicios sociales, resolvieron lo que estimaron conveniente respecto de la forma en que deba canalizarse la comunicacin de un padre separado con su hija, sin que existiesen datos que indicasen que el rgimen de visitas que exista [las visitas sin vigilancia] implicase peligros para la vida o salud fsica o psquica de la menor, por lo que el posterior asesinato de sta a manos de su progenitor no aparece conectado con funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores, de modo que no se aprecia la existencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado.

Si el Estado acatara


Muy otro es el punto de vista de Teresa Fernndez Paredes, abogada de Womens Link al frente del caso. ngela confi en el sistema de justicia y en las administraciones del Estado, que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de gnero que terminaron en el asesinato de su hija Andrea, afirma. Fernndez Paredes critica duramente el caso omiso que Espaa hace a las recomendaciones de la CEDAW sobre violencia machista. Si el Estado acatara las recomendaciones del Comit CEDAW, las mujeres supervivientes de violencia de gnero no tendran que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisin con los padres maltratadores.

Y aade: El Estado tiene responsabilidad en la proteccin a las mujeres vctimas de violencia de gnero y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de proteccin falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables. Si el Estado espaol firma y ratifica tratados internacionales que lo comprometen a proteger y a garantizar derechos, luego no puede pretender que estos tratados no van a tener ningn efecto en las instituciones espaolas. O simplemente, se firman para quedar bien ante la comunidad internacional?, concluye la abogada.

ngela

ngela Gonzlez Carreo responde al telfono el jueves 1 de junio. El fin de semana anterior, tres hombres asesinaron a sus mujeres. Este fin de semana han matado a tres mujeres y no ha sido capaz nadie del Gobierno de comparecer. Pero de este y de ninguno. No veo que el resto de partidos polticos haga presin alguna. Estoy indignadsima. No entiendo cmo puede haber 2.500 efectivos en un partido de ftbol para prevenir incidentes y que no haya para las mujeres que han denunciado que las van a matar. Y qu se puede hacer? No lo s. Lo nico que yo poda hacer era recurrir a la justicia y creer en ella, pensando que iba a estar de mi lado reconociendo lo evidente: lo que me estaba pasando. Puse 51 denuncias! Y no hubo ni reconocimiento antes ni despus.

Y es que no interesa Los asesinatos por violencia machista no interesan al Gobierno. Es ms, cuando matan a una mujer o a una criatura no le dan importancia ninguna.

El Gobierno no responde?

El Gobierno s responde, pero con negativas. Negando lo evidente: que son responsables.

Usted ha vivido el mayor desamparo por parte de la Administracin.

Hay un desamparo evidente y total por parte del Estado, de las instituciones, los jueces en relacin no slo en lo que rodea a las mujeres sino tambin a las criaturas. Mira lo que est pasando con los nios. Sigue prevaleciendo el inters de un padre maltratador a la proteccin de un nio, porque es invisible, no se escucha a los nios. Es indignante que no se escuche lo que sufren.

Existe la suficiente presin en la calle?

Yo he dejado de ir al minuto de silencio porque no vale de nada. Qu se ve ah? A cuntas personas? Quince con una pancarta frente a la sensacin de mira estas locas? Esto no sirve para nada. Necesitamos ms. Que se involucre el Gobierno, que adopte medidas Que se lleve a cabo lo que estableci la ley de 2004. Ah se contempla que no se puede entregar un nio a un padre maltratador. No debera dejarse decidir a un juez, sino imponerlo con una ley. Porque hay jueces y jueces, y juezas y juezas Debe ser una imposicin por ley, no se les debe dejar pensar porque cada uno tiene una ideologa y ve las cosas a su manera.

Despus de lo vivido y tras aos de pelea, qu pasos cree que se debe dar?

Para empezar, muy fcil: proteccin a las vctimas, a las mujeres, y destierro a los maltratadores. Ellos son los que deben irse, y no las mujeres. Una mujer no puede salir a la calle mirando a todos lados para ver si est el maltratador, si la sigue Por qu el resto de asesinos sale en televisin y un asesino por violencia de gnero sale con el rostro oculto? Va a estar en la crcel 5 o 7 aos, y cuando salga lo volver a hacer. No les conocemos, hay que conocer a los asesinos y reconocerlos como asesinos, como los de ETA, como el resto de asesinos. Hay que comparar los asesinatos por violencia de gnero con el resto de asesinatos. Que una mujer asesinada tenga el mismo valor que otras vctimas.

Cada vez es ms evidente el uso de los hijos para agredir a las madres.
Con respecto a los hijos, muchos tienen una fachada de buenos padres se la ha llevado, le ha comprado esto o lo otro cuando en realidad est machacando a esa criatura por detrs para maltratar a la mujer. Y el hijo lo ve, no es tonto. Se dio cuenta mi hija, y se da cuenta el resto de los hijos. El Gobierno, la gente Yo no s si se dan cuenta. Lo que quieren es hacer el mayor dao posible a la mujer que les ha abandonado. Y ese dao son los hijos, por supuesto. Por eso no hay que entregrselos, no s, no s por dnde empezar

Dnde cree usted que estn las responsabilidades?

Hay muchos responsables cuando un juez permite las visitas de un padre maltratador. Empezando por los servicios sociales, que no deberan consentir los puntos de encuentro cuando tienen informes de que existen denuncias. Luego, adems, los informes que realizan las trabajadoras sociales no valen para nada. No involucran nada. Ese fue mi caso. Como los informes psicolgicos. Cuando suceden estas cosas, lo primero es un psiclogo para el pap, la mam y el hijo. Tampoco valen para nada. No se mojan.

Las denuncias a usted no le sirvieron para nada.

Hay que ver la evidencia cuando hay denuncias, cuando se ven los malos tratos, es que no hay ms. Prdida de custodia totalmente. Es la nica manera de empezar a evitar, de entrada, la muerte de los hijos. Las de las mujeres, pues bueno, aprender a vivir con el miedo. El hecho de que no haya proteccin, que no manden a estos delincuentes fuera de la provincia donde vive su mujer Es que no hay manera, porque aunque lo mandes lejos, la orden de alejamiento no vale para nada. Debera estar controlado de alguna manera, informando incluso a sus empresas. La mujer tiene todas las de perder. Pierden su trabajo, su vida, sus amigos porque viven en autntico pnico. El maltratador sigue libre, en su trabajo no saben nada, siguen pensando que es una persona muy responsable con sus hijos y que la mala es la mujer, etc. etc. Hay que cambiar la forma de pensar: es el maltratador quien debe sufrir, no la vctima. Me indigno, me indigno, me indigna que no se d la visibilidad suficiente para que este problema nos afecte a todos.

Repetirlo todas las semanas, no medio minuto. Slo sirve para ir sumando un nmero ms y a final de ao hablen de un porcentaje en relacin al anterior. Y en enero, contador a cero. Las vctimas de ETA las siguieron sumando, les hicieron estatuas, plazas, jardines, eventos, manifestaciones, conmemoraciones Y a las asesinadas por violencia de gnero, nada.

A usted, la ONU le dio la razn.

El da que me dio la razn la ONU fue un da feliz y, de alguna manera, me devolvi la esperanza. Pens que finalmente alguien haba ledo mi caso y recuperara mi dignidad, pero me sirvi de poco. En cuanto vi la respuesta del Gobierno se me vino el mundo abajo. Que a m no me restituyan es un acto de violencia institucional. Y es un problema social y parece que cuantas ms asesinadas hay, ms crece la violencia de gnero. Porque el resto de los hombres que son violentos piensan en primer lugar que la mujer se merece que la maten. Lo primero que hay que pedir a los polticos es que estos asesinatos sean visibles, que se recuerden, que se nombren.

Nios asesinados


El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad empez a recoger estadsticas sobre menores en 2013. Desde esa fecha, al menos 22 menores fueron asesinados por la llamada Violencia de Gnero. Las cifras, no obstante, no son concluyentes y podran ser ms. En cuanto a las fechas anteriores, la Federacin de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas maneja un nmero de menores asesinados que supera los 70, entre 1999 y 2012. En lo que va de este ao 2017, al menos tres menores han sido asesinados por Violencia machista.

El 3 de febrero, Vladimir Valdovinos se lanz desde una ventana del Hospital de La Paz con su hija Arams en brazos. La cra tena 18 meses. Murieron los dos. Antes, l le espet a su mujer, Noem Dvila: Te voy a dar donde ms te duele. El 29 de marzo, Jos Manuel-Garca Bustamante estrangul a su mujer, Ana Mara Rosado, y asesino a sus dos hijos, una nia de 5 aos y un nio de 8, por asfixia en Campo de Criptana.



(ngela Gonzlez Carreo denuncio 51 veces a su exmarido antes de que ste asesinara a la hija de ambos)



Fuente:http://ctxt.es/es/20170607/Politica/13124/violencia-genero-angela-carre%C3%B1o-ctxt-ONU-justicia-violencia-machista-mujeres.htm#.WTvI0jPClbw.twitter





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