Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-06-2017

Cmo va la Jurisdiccin Especial para la Paz?

Camilo Bernal Sarmiento
Razn Pblica


Un pas legalista

Aunque el Acuerdo del Teatro Coln se suscribi hace seis meses, su implementacin parece atrapada en una maraa jurdica. Las ltimas semanas han estado llenas de debates sobre si las partes estn cumpliendo sus obligaciones respectivas, principalmente acerca del desarme y el desarrollo normativo de las medidas acordadas.

En un pas de tradicin legalista no sorprende que el alma del Acuerdo est pendiendo de un inciso. Y sin embargo cabe preguntarse por qu las partes parecen haber confiado el xito a la produccin rpida de reformas constitucionales, leyes y decretos? A qu se debe esta dependencia de las formas jurdicas para brindar firmeza a un acuerdo fundamentalmente poltico?

Quiz las FARC supusieron que las probabilidades de incumplimiento en un contexto poltico adverso -como el prximo escenario electoral- se reducen si el Acuerdo se transforma en un conjunto de normas jurdicas aparentemente difciles de derogar. De otra parte, es probable que tanto el gobierno como las FARC sean conscientes de la precaria legitimidad poltica del proceso y hayan decidido apostarle al imperio de la ley para blindar las medidas acordadas.

Los avances

El objetivo principal de las nuevas normas es brindarles seguridad jurdica a quienes incurrieron en crmenes internacionales en el marco del conflicto y temen acabar en la crcel si lo pactado no se cumple o si un nuevo gobierno decide hacer trizas el Acuerdo.

Por eso el desarrollo jurdico del punto 5, relativo a las vctimas, es tan importante en el momento actual. Crear la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) fue la garanta de una futura tranquilidad jurdica para aquellos victimarios que esperan redimir sus delitos sometindose a la justicia transicional.

Esa seguridad jurdica para los beneficiarios de la JEP est bastante avanzada, como se puede ver en las normas promulgadas hasta ahora:

  1. Se cre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin, y con l la Jurisdiccin Especial para la Paz (Acto Legislativo 1 del 4 de abril de 2017).
  2. Se modific la Constitucin para dar estabilidad y seguridad jurdica al Acuerdo estableciendo los parmetros de interpretacin de las normas (Acto Legislativo 2 del 11 de mayo de 2017).
  3. Se estableci el Comit de Escogencia para la seleccin, entre otros, de los magistrados y fiscales que integrarn las salas, secciones y la unidad de investigacin de la JEP (Decreto 587 de 2017).
  4. Se expidi la Ley de amnista, indulto y tratamientos penales especiales que regulan las libertades de los miembros de las FARC, de los agentes del Estado y de involucrados en protesta social, as como las competencias de varias de las salas de la JEP (Ley 1820 de 2016).
  5. Con el fin de aclarar los procedimientos necesarios para la aplicacin de la Ley de amnista, se facilit el sometimiento a la JEP y se aceler el trmite de las libertades condicionadas de las FARC (Decreto 277del 17 de febrero de 2017).
  6. Se abri la posibilidad de interponer la accin de habeas corpus en casos de prolongacin indebida de la privacin de la libertad, frente a los retrasos en la concesin de los beneficios judiciales a los miembros de las FARC (Decreto 700 del 2 de mayo de 2017).
  7. Para garantizar un tratamiento simtrico a los miembros de la Fuerza Pblica y con el fin de promover su liberacin, se facilit la suspensin de la ejecucin de las rdenes de captura, la revocatoria o sustitucin de las medidas de aseguramiento, y la interposicin de la accin de habeas corpus en casos de prolongacin indebida de privacin de la libertad (Decreto 706 de 3 de mayo de 2017).
  8. Se abri la posibilidad de suspender la ejecucin de las rdenes de captura expedidas en contra de miembros de las FARC, incluyendo las que tienen fines de extradicin, una vez terminen las zonas veredales transitorias de normalizacin (ZVTN) y los puntos transitorios de normalizacin (PTN) (Decreto 900 del 29 de mayo de 2017).
  9. Con el fin de buscar recursos para los programas de reincorporacin civil, econmica, social y poltica y la reparacin material de las vctimas del conflicto, se habilit la realizacin de un inventario de los bienes y activos a disposicin de las FARC (Decreto 903 del 29 de mayo de 2017).

Todos estos instrumentos normativos estn sujetos a control de constitucionalidad y es probable que sufran modificaciones o interpretaciones condicionadas que quiz no sean del agrado de las partes involucradas en la negociacin, como sucedi con la decisin del procedimiento legislativo especial (fast track). Si bien la decisin de la Corte Constitucional produjo una enorme turbulencia poltica, es claro que sus efectos solo tendrn impacto en el futuro, por ejemplo, en el proceso de reglamentacin de la Ley estatutaria de la JEP que tendr que debatir el Congreso.

Y las vctimas qu?

El mayor desafo del proceso de reglamentacin es hacer efectiva la promesa del Acuerdo: poner a las vctimas en el centro de los procesos de esclarecimiento judicial.

Una evaluacin mesurada de las normas expedidas hasta ahora muestra que hemos presenciado un ejercicio de retrica sobre la importancia de reconocer los derechos, resarcir el dolor sufrido y promover la no repeticin, pero prcticamente nada se ha avanzado en la creacin de mecanismos para la participacin de las vctimas.

En el proceso de construccin normativa se han puesto en evidencia tres posturas que han obstaculizado el avance en la materia:

Frente a estas posturas es oportuno hacer algunas aclaraciones.

Algunos de estos planteamientos reducen a las vctimas a meros espectadores del ritual judicial. Esta visin reduce la legitimidad de los procedimientos judiciales y hace inaceptable la concesin de beneficios judiciales a los victimarios. Si los procesos judiciales se convierten en un escenario donde el victimario es activo y la vctima es pasiva la desconfianza de estas ltimas y de la sociedad frente al nuevo modelo de justicia se har todava ms profunda.

Por otra parte es claro que si las vctimas intervienen activamente en los procesos penales los ritmos sern ms lentos. Pero justamente esa participacin le otorga al proceso su legitimidad. Si la JEP impulsa procesos judiciales exprs, tendremos fallos rpidos que mostrarn estadsticamente que la impunidad se reduce, pero difcilmente podremos decir que brindamos a las vctimas justicia material.

Finalmente, en cualquier marco legal una persona o grupo tiene efectivamente un derecho cuando cuenta con garantas judiciales para reclamarlo o hacerlo efectivo. En lo reglamentado hasta ahora brillan por su ausencia las estipulaciones que garantizan la participacin de las vctimas. La Ley estatuaria de la JEP es el mejor escenario para cumplir los principios reconocidos en el Acto Legislativo 1 de 2017, que reconoci su papel como interviniente especial en el proceso penal. El reglamento de los magistrados ser un mecanismo adicional, no sustitutivo, para cumplir este objetivo.

Los desafos

Los meses venideros van a mostrar lo difcil que ser poner en marcha el modelo de justicia transicional.

En medio de tantos retos es importante no perder de vista que el paso de la retrica a las garantas implica el reconocimiento de que no habr paz sostenible si la justicia especial no es efectiva. Adems, esta no lograr sus propsitos si las vctimas no pueden participar activamente en los procesos judiciales y contar con los mecanismos efectivos para la realizacin de sus derechos.


Camilo Bernal Sarmiento, Abogado criminlogo y profesor de la Universidad Santo Toms.

Fuente original: http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10320-c%C3%B3mo-va-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=La+desesperada+lucha+de+Ecopetrol+por+sobrevivir&utm_campaign=20170612_m139792050_La+desesperada+lucha+de+Ecopetrol+por+sobrevivir&utm_term=Camilo+Bernal



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter