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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-06-2017

El espionaje en la vocacin totalitaria del Estado mexicano

Ricardo Orozco
Rebelin


Pese a las catastrficas consecuencias de la filtracin, en materia de prensa y medios nacionales, la noticia de que el gobierno mexicano emplea tecnologa de punta para monitorear y espiar los movimientos de diversos activistas sociales y comuniclogos pas, luego deltrauma inicial en las primeras cuarenta y ocho horas, de un hipcrita descontento concentrado en las principales empresas en el ramo al completo enmudecimiento en aquellos crculos que no pertenecen a la dispora de sujetos e instituciones que juegan su rol de contrapeso al andamiaje estatal.

La noticia, por supuesto, no es nueva. Basta, para poner en perspectiva la magnitud y la permanencia del problema, con recordar cualquiera de los cada vez ms recurrentes casos en los que llamadas telefnicas, documentos confidenciales o personales y otros artilugios tpicos de la cultura poltica mexicana son filtrados a medios de comunicacin en coyunturas polticas, marcadas, generalmente, por procesos electorales, casos insostenibles de corrupcin, sustitucin de agentes polticos en posiciones clave para la administracin pblica, campaas de descrdito a reivindicaciones populares legtimas, procesos de criminalizacin a la ciudadana, espacios de contencin a crisis gubernamentales, estrategias de eliminacin de la disidencia u oposicin, etctera.

Los casos ligados a Andrs Manuel Lpez Obrador, por razones de una poltica pblica que ya se consolida en trminos transexenales, son los que el imaginario colectivo nacional tiene ms presentes. Sin embargo, las llamadas de Carlos Salinas en torno a los crmenes de su hermano, Ral; las de Vicente Fox, en abierto hostigamiento a los Castro; las de Josefina Vzquez Mota, acusando a Genaro Garca Luna de espiar al Partido Accin Nacional por rdenes del entonces presidente de la repblica, Felipe Caldern; las de Andrs Granier, presumiendo su coleccin de zapatos, financiada por el erario de Tabasco; y ms recientes, las de Elba Esther Gordillo, de la Tuta o de cualquier otro capo de la droga y/o gobernador que se haya desalineado de la estrategia general de control y circulacin del narcotrfico; dan cuenta de una actitud reiterada de prctica de espionaje gubernamental, por un lado; y de su aceptacin pblica, por el otro.

En 2015, por ejemplo, justo cuando la agenda del Pacto por Mxico se consolidaba en materia de Reforma General de Telecomunicaciones y Radiodifusin una reforma que, en las menores de sus disposiciones, criminalizaba la libertad de expresin, sujetaba las polticas editoriales a criterios moralistas, sancionaba la potestad del Estado para anular las comunicaciones en eventos que alterasen el orden y la estabilidad pblicos, y finalizaba legalizando la intervencin de las comunicaciones de los individuos que el Estado considerase una amenaza a sus intereses; la ciudadana se preocup ms por saber cul de las dos televisoras dominantes sera la encargada de transmitir los principales partidos de soccer; en lugar de cobrar conciencia de que el gobierno, amparado por las modificaciones legales en la materia, ya empleaba software de la empresa italiana Hacking Team para ampliar la cobertura de sus instrumentos de espionaje a la ciudadana.

Claro que los casos de espionaje emprendidos por el gobierno mexicano, cuando se conocen, suelen respaldarse sobre la premisa de que son acciones emprendidas en contra de potenciales amenazas a la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas (la demagogia de la retrica gubernamental, huelga sealarlo, tambin suele ser ms artera que las palabras aqu empleadas). Por eso, cuando un poltico incmodo, un activista de izquierda, un empresario que se pas de la raya, o cualquier otro individuo que no se ajuste a los intereses gubernamentales en turno es balconeado, la mayor alegacin en contra del acto mismo es que quiz se debi hacer por medios un poco ms transparentes, o por lo menos, menos cuestionables en materia de legalidad.

Porque en realidad, lo que se sanciona, popularmente, es el acto de exponer a cualquier miembro de las redes criminales o de corrupcin gubernamental; siempre en la misma lnea de ideas que afirma la criminalidad y la corrupcin, slo esperando que un caso de espionaje, una filtracin de un documento o una llamada, una confesin de un testigo protegido o de un desertor del sistema verifique y valide esa acusacin a ciegas.

No se coloca en perspectiva, pues, que detrs de esos actos de espionaje siempre se encuentra oculta la posibilidad, real y potencial, de que a un costado de todos esos casos de filtraciones se hallan los miles, o quiz millones, de objetivos no filtrados que, en las mismas condiciones, sus actos y palabras, sin importar que tan prximos o lejanos se encuentren de las arcas del poder gubernamental son monitoreados. Porque lo cierto es que, en estas tesituras, cuando se revela que Carmen Aristegui o Juan Pardinas (y ntese el recorrido que se da de la izquierda crtica a la derecha dogmtica, personalizadas en la figura de una y otro) la resistencia social no versa sobre las violaciones a la individualidad y los derechos humanos que la protegen.

Versa, por lo contrario, en la negativa a reconocer que las instituciones en torno de las cuales se articula la totalidad de la vida en sociedad, dentro de la cual nos desenvolvemos como individuos y como colectividad, se encuentran, siempre, en permanente escrutinio de la sociedad, colocndola bajo la mirada inquisidora de un aparato gubernamental, de una estructura estatal, que tiene por vocacin ser totalitaria, autoritaria en sus designios.

Y es que, en efecto, apelando al argumento en defensa de la individualidad, la privacidad y los derechos humanos, se legitima la lgica de que las experiencias histricas en las que el Estado mexicano ha recurrido a la matanza de estudiantes, a la guerra sucia en las sierras, a la represin de los sindicatos opositores, a la criminalizacin de la protesta social, al uso de la guerra en contra del narcotrfico como instrumento de dominacin sobre la sociedad, en general, fueron, son y seguirn siendo, cada vez que se presenten, excepciones a la regla de moralidad, o de conduccin tica, de las instituciones y las normas legales que le dan sustento en cuanto Estado-nacional.

Mientras que recurriendo al reconocimiento de que las instituciones mexicanas no son inherentemente bondadosas, ticamente correctas de origen, con lgicas funcionales en favor de la sociedad que las engendr, el individuo se queda abandonado a s mismo, en el vaco que significa mirar la naturaleza represiva, homicida y autoritaria de la institucionalidad y la legalidad que le da fundamento a su colectividad. En este sentido, aun cuando se tiene cierta presuncin de culpabilidad generalizada en la instrumentacin que hace el Estado de sus dispositivos de vigilancia, la poblacin se niega a considerar, verdaderamente y en su totalidad, la posibilidad de que cada individuo es un peligro potencial al que se debe vigilar y castigar.

Escndalos como el de Pegasus amplificado en sus efectos por el hecho de haber sido visibilizado por un medio de comunicacin extranjero, como si la extranjera en las acusaciones siempre fuese una carta de verdad incuestionable, no suelen ser recurrentes. Sin embargo, no se requiere que cada da se transparente la actividad de las instituciones de inteligencia, de procuracin e imparticin de justicia, y de la defensa nacional, para dimensionar las estrategias de las que se vale el gobierno de Mxico para mantener la correlacin de fuerzas vigente.

El nmero de personas involucradas en la operacin del dispositivo, el costo del programa, las instituciones que lo operan y los objetivos sobre los cuales se despliega son banalidades cuando se contrastan con el acto mismo de desdoblar todo un andamiaje de vigilancia en el que el software especializado en la materia es la menor de las preocupaciones de una sociedad que cada da se sumerge ms en su dependencia a los medios electrnicos, y en el deslizamiento de su vida por un burdo reflejo de su existencia que ofrece el universo virtual.

Que los objetivos del presente escandalo fuesen activistas sociales y comuniclogos que en diferentes grados han cuestionado alguna poltica del gobierno en turno parece dar la impresin de que, en esta ocasin, el acto de espionaje es atroz, ticamente condenable por el solo hecho de atacar a luchadores sociales, a individuos que, se presume, intentan mejorar a la sociedad. Sin embargo, y ms all de la respuesta desafiante del titular del ejecutivo federal por lo dems despreciativa de las demandas de sus gobernados, en un tiempo en el que empresas del calado de Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, etc., contienen en sus bases de datos una mayor cantidad y calidad de informacin sobre sus usuarios que los propios archivos de las dependencias gubernamentales, hacer visible el espionaje gubernamental es slo el primer paso en una carrera a contracorriente con el desarrollo del Big Data.

Por ello, la peor consecuencia a la que se llegara en el presente caso no sera ninguna que tenga que ver con mayores filtraciones o con una correcta respuesta del aparato de gobierno.El peor de los escenarios, ms bien, comienza con una sentencia que afirma que, en un mundo inherentemente violento, agresivo por naturaleza, con regmenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba (acusacin preferida de la derecha ms conservadora e intransigente),los servicios de espionaje y de inteligencia son necesarios para el mantenimiento de la propia vida.

Porque cuando Google tiene el registro ms exacto de la geolocalizacin diaria de millones de sujetos, cuando Facebook tiene el perfil psicosocial de miles de millones de usuarios, cuando Microsoft tiene al archivo ms abultado de conversaciones interpersonales y Apple la mayor reserva de imgenes privadas en sus servidores; argumentos como el anterior sirven para montar estrategias discursivas y prcticas cotidianas de (re)produccin de la criminalidad en las que, adems, cada mbito de la socialidad humana es susceptible de ser moldeado a travs del velo de los servicios informticos.

Y por supuesto, no cuestionar esto es, siempre, aliciente para no cuestionar la configuracin poltica, las instituciones, las normas jurdicas, y los sistemas de gobierno y autoridad pblica vigentes. Este no es, y no debe ser considerado como tal, un caso aislado en el que los operarios del programa se desviaron de sus verdaderas funciones, de la real naturaleza tica de sus funciones. El Estado es totalitario justo porque en su actividad gubernamental progresa en los mecanismos de observacin y sujecin de la individualidad.

Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/2017/06/el-espionaje-en-la-vocacion-totalitaria.html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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