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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-06-2017

Problemas y perspectivas de la crcel PPP en Uruguay
Lucro y encierro

Manuel Gonzlez Ayestarn
Caras y Caretas

En setiembre de este ao se espera inaugurar la primera prisin regida por la Ley de Contratos de Participacin Pblico Privada de 2011. Varios expertos discutieron en la Udelar lo que inicialmente parece una contradiccin para un sistema que pretende reducir la sobrepoblacin carcelaria.


Uruguay es el pas de Amrica Latina que tiene ms presos por habitante. La poblacin carcelaria no deja de crecer desde 2006, llegndose a la cifra rcord de 11.103 reclusos en 2017, segn el informe Privacin de libertad y reinsercin social en Uruguay, elaborado por el excomisionado de crceles, lvaro Garc, Luca Casal, Carlos Daz y Luca Donnangelo. Segn este texto, las crceles uruguayas no habilitan ni rehabilitan debido a cuestiones como el hacinamiento crtico, el ocio compulsivo y los niveles de violencia sin precedentes que se han registrado durante los ltimos aos.    

Los autores indican que estas situaciones son especialmente visibles en los centros de encierro masivo, en los que existe consenso mundial al catalogarlos como los ms violentos, en la medida en que son ms difciles de controlar y de gestionar. De hecho, 70 por ciento de las muertes de reclusos en Uruguay durante el pasado ao se produjo en la crcel de Santiago Vzquez (donde habitaban 3.888 reclusos en un sitio que tena un mximo de 2.540 plazas en junio de 2016) o en el Penal de Libertad (con ms de 1.300 presos en 1.149 plazas). Ante esta situacin, el gobierno opta por introducir el negocio privado en el sector carcelario, una iniciativa que se empez a poner en prctica en Estados Unidos durante la administracin Reagan y que tanto en este pas como en Chile o Mxico ha resultado en el aumento del nmero de presos y en el recrudecimiento del sistema punitivo. Adems, el proyecto del gobierno consiste nada menos que en la construccin de una megaprisin con 2.000 plazas, dotada de un alto contenido tecnolgico.

Se trata de la primera prisin que se regir por la Ley de Contratos de Participacin Pblico Privada (PPP) promulgada en 2011, por la cual la realizacin de obras de infraestructura y la prestacin de servicios se deja en manos de empresarios. El proyecto conlleva una inversin de alrededor de 120 millones de dlares a cargo del consorcio Sociedad Annima Punta Rieles, el cual est integrado por las firmas Teyma e Inabensa (filiales de la multinacional de origen espaol Abengoa) y la uruguaya Goddard Catering Group. Este grupo se encargar de los servicios de alimentacin, limpieza y lavandera de la nueva prisin durante el perodo de 27 aos y medio que habilita el contrato.

Durante este tiempo, el Estado uruguayo abonar al consorcio alrededor de 670 pesos diarios por recluso. Esto implica que, estando la crcel llena, el Estado pagar un monto estimado de 18 millones de dlares por ao, lo que durante el perodo habilitado por el contrato equivale a un total de 500 millones de dlares. Desde las visiones ms optimistas se destaca que la administracin central se ahorrar ms de 20 millones de dlares construyendo este proyecto va PPP en comparacin con la va tradicional. Adems, se destaca que se pagar por una instalacin con determinados estndares de calidad que el privado deber garantizar para recibir la remuneracin acordada. En caso de no cumplir con la calidad acordada, se realizarn reducciones de precio, pudindose llegar al pago cero si se llega a un incumplimiento extremo por parte del consorcio. En este sentido, los favorables a la crcel PPP sostienen que, mediante el pago de un precio fijo, el Estado se desprende de los riesgos econmicos que implica la construccin y el mantenimiento de la megaprisin, para dedicar todos sus esfuerzos a los aspectos de gestin, salud, educacin y seguridad.

Problemas del negocio de las crceles

Sin embargo, esta visin presenta abundantes problemas derivados de la llegada del lucro a un entorno tan delicado, histricamente gestionado por el Estado, como es el sistema punitivo. Algunos de ellos fueron presentados en la charla "Qu implica introducir la lgica empresarial en la gestin de centros de privacin de libertad?", celebrada el mircoles 14 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repblica (Udelar). En ella participaron el comisionado parlamentario para las crceles, Juan Miguel Petit, el socilogo Rafael Paternain, la psicloga especializada en personas privadas de libertad Mara Ana Foll y el integrante del Servicio de Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) Mauro Tomasini.

Paternain cuestion el proyecto en la medida en que se enmarca en una tendencia avasalladora de privatizacin del sistema de seguridad en su conjunto, que est derivando en un crecimiento sin precedentes del mercado de la seguridad. Para l la mezcla de la crcel como instrumento de incapacitacin de los sujetos y la crcel como instrumento de negocio no da perspectivas auspiciosas, ya que garantiza en forma unvoca que se siga abonando la lgica de seguridad basada en lo punitivo, con las consecuencias denunciadas en informes como el citado al principio de esta nota.

En este sentido, el socilogo seal que la tendencia a la privatizacin agudiza este proceso en la medida en que focaliza al privado de libertad como una mercanca. Es decir, un sujeto pasa de tener cero valor para el sistema socioeconmico dominante a obtener un estatus de revalorizacin econmica. El preso se convierte, segn l, en un extrao consumidor sin autonoma de los nuevos servicios que brindar la crcel PPP. Esto implica que va a haber una necesidad agregada de mantener llenas estas prisiones-negocio para conservar la tasa de ganancia de los empresarios que lucran con ellas. De hecho, Paternain destac que con este modelo el hacinamiento se convierte en una nueva fuente de beneficio para el privado, ya que el Estado va a pagar sobrecostos en concepto de penalizaciones cuando los presos superen el nmero de plazas habilitadas en el bloque.

Esto es como las tarjetas de crdito, que ganan justamente con los atrasos de los clientes. Y ac, la posibilidad cierta de que se sobrepase esa frontera va a hacer que el hacinamiento sea un excelente negocio para el administrador, quien seguramente encuentre sus maneras de promoverlo, explic el experto. En este sentido, en la experiencia chilena de insercin de negocios privados en las crceles se observ que en prcticamente todos los casos hubo pagos en materia de sobrecostos por hacinamiento. Por otro lado, Paternain seal que la crcel se inaugurar al mismo tiempo que el nuevo Cdigo Penal, en el cual se presupone que habr un uso menos abusivo de la privacin preventiva de libertad en aras de reducir la tendencia a la encarcelacin masiva. No obstante, el analista se mantuvo escptico ante la nueva medida.

Por otro lado, el comisionado parlamentario para las crceles declar que la presencia de lo privado no siempre anula la accin del Estado en una institucin. No nos cerremos de entrada a esto nuevo, ya que ha habido un esfuerzo y una inversin; tratemos de que funcione de la mejor manera posible. No obstante, para Petit hay cuestiones que de entrada generan perspectivas dudosas, empezando porque se trata de una crcel de gran tamao. Las normas internacionales y el propio sentido comn indican que es bueno tener crceles pequeas, manejables, en las que los presos no caigan en el anonimato y puedan tener un trato humano y ms individualizado, seal. Segn l, la crcel debe ser parte del programa educativo de un pas.

Por otro lado, el experto agreg que este tipo de prisiones PPP plantean problemas de autoridad y competencias entre los trabajadores privados y los funcionarios pblicos. En este sentido, este es uno de los tantos interrogantes que cit Petit acerca del nuevo proyecto. Tampoco se sabe nada de cmo ser el funcionamiento interno en el da a da. El preso no es como un estudiante que est en un campus universitario yndose a dormir tranquilo, el preso duerme angustiado, preocupado por lo que vivi, por lo que puede estar pasando afuera, por las novedades judiciales que recibi. Entonces, como todos nosotros cuando estamos agitados, va a querer fumar, tomar mate o ver televisin. La gestin de este tipo de cuestiones cotidianas fue sealada por Petit como parte de los dilemas que hay que tener en cuenta al crear un modelo nuevo como el que se va a implementar.

Para Mauro Tomasini, sin embargo, discutir las PPP es discutir una agenda conservadora que nos aleja del debate acerca de cuestiones trascendentales, como el propio sentido del sistema carcelario actual o la disminucin de la poblacin reclusa mediante la reduccin de penas para delitos menores en caso de hacinamiento. Este modelo de PPP est vinculado con el pago, con la videovigilancia y con toda la serie de restricciones que tienen las polticas sociales, que son bsicamente restringidas por el mismo Estado que desarrolla polticas policiales, declar el integrante del Serpaj. El ponente plante que, internndose en este tipo de proyectos, Uruguay vivir en cuestin de tres o cuatro aos una explosin carcelaria. Por otro lado, Tomasini entiende que es una mala idea construir esta crcel de 2.000 presos, con una lgica vertical de separacin, al lado de una prisin como la de Punta de Rieles, que mnimamente funciona bien.

Tras toda su experiencia en el tratamiento con personas privadas de libertad, el experto afirma que an no entiende el sentido del sistema carcelario, cules son sus objetivos, ni qu se pretende lograr con l, ya que cada nuevo estudio que se realiza coincide en afirmar que la crcel genera incapacidad, subalternidad y, en definitiva, incapacita ms al sujeto que se interna en el sistema de reclusin.

Por otro lado, Mara Ana Foll se centr en denunciar las carencias de los presos que viven actualmente el sistema punitivo nacional, exigiendo al Estado responsabilidad por los 36 reclusos que murieron el pasado ao. No hay un planteo serio. No hay acompaamiento posterior a la libertad del sujeto, no se sabe cmo se trabaja dentro de la crcel, no hay abordaje ni intervencin. Antes de hablar de una nueva crcel y cmo va a operar, es necesario definir esto, declar. Para ella, los trabajos cientficos, acerca de la incursin de las PPP en las crceles estadounidenses y chilenas, coinciden en que es difcil que un emprendimiento privado pueda cumplir con las funciones debidas. Me parece que no podemos dejar de subrayar que se va a abrir una crcel pblico privada en medio de un contexto de neoliberalismo muy complejo, porque es un neoliberalismo gestionado desde un gobierno progresista, concluy.


Fuente original: http://www.carasycaretas.com.uy/lucro-y-encierro/



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