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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-07-2017

Ochenta y cinco organizaciones pidieron al obispo castrense que abriera los archivos sobre el terrorismo de Estado
Una deuda pendiente de la Iglesia Catlica

Washington Uranga
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En una carta entregada a Santiago Olivera, que asume hoy, le reclamaron un pronunciamiento acerca del rol de la institucin durante la ltima dictadura. Entre 1975 y 1982 al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares, sealaron.

Ayer inici formalmente sus funciones el nuevo obispo castrense Santiago Olivera. Y por ese motivo un grupo de 85 organizaciones, entre ellas muchas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, le presentaron una carta en la que sostienen que asume un obispado con una deuda histrica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostn y reproduccin del terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983).

En el documento se le reclama al obispo Olivera que, al comenzar su nueva tarea, resuelva de manera inmediata la apertura y puesta a disposicin para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la curia como de las distintas capellanas y que, junto a otras medidas, realice un pronunciamiento pblico acerca del rol cumplido por la institucin durante la ltima dictadura cvico-militar.

Los firmantes, entre los que se incluyen tambin un nmero importante de personalidades vinculadas a los temas religiosos, sealan que pasadas ya cuatro dcadas, resulta una provocacin que la Conferencia Episcopal Argentina contine reflexionando y escuchando testimonios de vctimas de la guerrilla y vctimas del terrorismo de Estado acerca de los acontecimientos ocurridos durante la ltima dictadura militar, como si desconociese lo sucedido o se hubiese mantenido al margen.

El documento, entregado ayer al propio obispo Olivera, lleva la firma, entre otros, de Madres de Plaza de Mayo Lnea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fundacin Servicio Paz y Justicia, de Miembros de la Comisin por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, de varias delegaciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de asociaciones de ex presos polticos, de la Asociacin de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), de la Asociacin de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, Cristianos para el Tercer Milenio, CTA Autnoma de la provincia de Buenos Aires, Curas en la Opcin por los Pobres, de distintas delegaciones de H.I.J.O.S., de la Junta de la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos, a los que se suman numerosas adhesiones individuales de personalidades como Adolfo Prez Esquivel, la investigadora Nora Barrancos, sacerdotes, militantes polticos, religiosos y laicos catlicos y protestantes de diferentes profesiones.

Le dicen los firmantes al obispo Olivera que la jerarqua catlica que Ud. integra, contina eludiendo su responsabilidad en el genocidio. Porque, sealan, en sus discursos y escritos, jams ha hecho mencin alguna de la actuacin del obispado castrense, al mismo tiempo que esquiv exitosamente el proceso de verdad y justicia reabierto en la dcada pasada.

En relacin a ello se sostiene que la dictadura cvico militar tuvo, necesariamente, un componente eclesistico-religioso. Hace tiempo que los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad, venimos sosteniendo que la dictadura que ocup el poder entre 1976 y 1983 fue cvico-militar y tambin eclesistica. Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el poltico y el econmico, dice la carta. Porque la profundidad y la extensin temporal que alcanz, no se hubieran logrado sin la legitimacin que la doctrina catlica brind al gobierno militar y a la violencia desplegada, se subraya.

Y al respecto argumentan los firmantes de la carta a Olivera que dicha legitimacin repos en el discurso pblico de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por dcadas realiz el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas. Porque a travs de esta institucin situada simultneamente sobre las estructuras eclesistica y estatal, la Iglesia se convirti en un engranaje fundamental de la maquinaria represiva.

Parte de la prueba aportada se apoya en los diarios personales del fallecido obispo Victorio Bonamn, provicario castrense entre 1960 y 1982, que contienen anotaciones diarias del religioso en los aos 1975, 1976 y 1982 respecto de los acontecimientos polticos y militares de la poca, del funcionamiento de las capellanas militares a su cargo e incluso apreciaciones sobre la metodologa represiva de entonces y de gestiones hechas por parte de familiares de presos polticos (ver facsimil).

De acuerdo a la informacin incluida en la nota, durante el perodo 1975-1983 pasaron por el vicariato castrense ms de 400 capellanes y los generales que comandaron las cinco zonas militares en que se dividi el plan de exterminio fueron asistidos cada uno por dos capellanes en el perodo ms feroz de la represin. Al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos de detencin se denuncia en la carta.

Respecto del tipo de trabajo que realizaban los capellanes militares se dice que estos sacerdotes gozaban de una posicin de estima al interior de cada una unidad militar, con influencia incluso sobre los jefes de las unidades y que en esas condiciones, ejercieron una forma de poder espiritual que favoreci sobre la conducta de los militares un resultado tan efectivo como la propia disciplina castrense.

En sustento de que las torturas tambin contaron con el respaldo de los religiosos, se cita un apunte del diario de Bonamn, donde el obispo resea el contenido de un dilogo que sostuvo con el arzobispo Adolfo Tortolo, entonces vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal. Problemas de Tucumn, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, segn Sto. Toms, es lcita la pena de muerte, la tortura es menos que la muerte). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios, escribi Bonamn el 1 de julio de 1976 en su diario personal.

En otro prrafo de la carta entregada ayer a Olivera se advierte que a pesar del avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, en cuyo desarrollo han surgido evidencias de la participacin de los capellanes militares, el Poder Judicial todava no ha puesto la mira en las responsabilidades de la Iglesia Catlica respecto del terrorismo de Estado y un solo sacerdote, Christian Von Wernich, ha sido condenado.

Refirindose de manera directa a Olivera los firmantes recuerdan que el nuevo obispo castrense se ha expresado pblicamente en los trminos de una remozada teora de los dos demonios, idea que conlleva una falsa lectura del pasado, que es funcional a la impunidad penal de los perpetradores del genocidio, y que se ha ido superando con el tiempo y el esfuerzo pedaggico de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, intelectuales, docentes y referentes polticos lo cual constituye, junto a otras manifestaciones del religioso, seales de una perniciosa continuidad con el pasado. Entre los reclamos de accin inmediata se pide tambin que los capellanes que an viven digan lo que saben sobre los cuerpos de los desaparecidos y sobre los nietos nacidos en cautiverio a los que an falta restituir su verdadera identidad.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/47218-una-deuda-pendiente-de-la-iglesia-catolica



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